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Se ha hablado mucho acerca del nuevo estatus de Brasil en el ámbito internacional. Por mucho tiempo, el gigante sudamericano ha aspirado a ser un campeón internacional de peso pesado, pero fue únicamente hasta el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) que su aspiración empezó  a convertirse en realidad. La combinación de estabilidad nacional, tanto de las instituciones democráticas como de la economía, y una política exterior ambiciosa y más asertiva creó las condiciones correctas para que Brasil llegara explosivamente al escenario mundial como una de las potencias emergentes más dinámicas y emocionantes. 

La política exterior brasileña ha retado frecuentemente el statu quo internacional, el cual se caracteriza por una relación desigual entre el norte y el sur. Los principios rectores de su política exterior, la no intervención y la solución pacífica de conflictos, distinguen a Brasil por mucho del enfoque frecuentemente intervencionista de las potencias occidentales establecidas.

Brasil está excelente posición para asumir el importante papel de desafiar el statu quo en la arena internacional. Con respecto a los elementos nacionales, es una democracia, aún en proceso de consolidación como todas las democracias, pero con bases institucionales y sociales sólidas. Tiene una economía estable, la cual ha demostrado ser resistente a varias crisis financieras en los años recientes. En cuestiones internas, ha intentado reducir la desigualdad y luchar contra la pobreza y la exclusión social, e incluso se le ha considerado como un modelo para otros países. Aunque siguen existiendo violaciones serias, como un sistema de prisión medieval y una tendencia a favorecer los proyectos de infraestructura sobre los derechos de las comunidades vulnerables que residen en su camino, Brasil ha logrado mantener una imagen positiva en los asuntos internacionales.

Este país audaz, rico en recursos, vibrante y étnicamente diverso está, en varios sentidos cruciales, en una mejor posición que las demás potencias emergentes para obtener grandes logros en el ámbito internacional. El país no tiene relaciones hostiles con ninguno de sus vecinos. Más aún, ha desarrollado, a través su diplomacia, una aptitud envidiable para el diálogo con un amplio rango de países tanto del norte como del sur, incluidos los regímenes no democráticos. Finalmente, nunca fue  un colonizador que dominara a otras naciones. 

De todas las agendas internacionales, Brasil tiene el potencial de tener un impacto real en materia de derechos humanos. En términos generales, el gigante latinoamericano tiene una opinión crítica sobre el sistema internacional de derechos humanos. Con acierto y valentía, ha identificado problemas reales en el sistema y los ha desafiado. Sin embargo, no ha propuesto alternativas que sean lo suficientemente buenas.

El gobierno brasileño ha criticado el enfoque de “nombrar y avergonzar” que ha adoptado el occidente en materia de derechos humanos. Su argumento es que dichas tácticas tienen el riesgo de aislar aún más a los regímenes que violan derechos y de alimentar el radicalismo. En cambio, el gobierno actual brasileño propone el diálogo y la cooperación como la estrategia a seguir. Sin embargo, los críticos han argumentado que con este enfoque se corre el riesgo de que parezca que se respaldan actitudes cómplices y complacientes hacia las violaciones de derechos humanos. Si Brasil quiere fomentar el diálogo y la cooperación, debe presentar con claridad un enfoque de estándares mínimos de derechos humanos, o corre el riesgo de que parezca que tolera los abusos. En segundo lugar, Brasil debe demostrar cómo ha determinado que la cooperación y el diálogo pueden lograr mejores resultados que los señalamientos acusatorios.

Sin embargo, Brasil ha demostrado una alarmante renuencia a alzar la voz sobre asuntos de derechos humanos en sus relaciones bilaterales. Ha usado el argumento conocido como de las “casas de cristal”, el cual dice que los países no deben involucrarse en los problemas de derechos de otros ya que todos tienen muchos problemas propios, para justificar su silencio sobre los derechos humanos durante visitas de estado a países como Cuba. La Presidenta Dilma Rousseff tampoco habló del asunto de Guantánamo durante una visita a Estados Unidos, a pesar de que la ONG brasileña Conectas Derechos Humanos la exhortó por escrito a hacerlo. El gobierno ha declarado que prefiere que los asuntos de derechos humanos se traten en entornos multilaterales. 

Pero Brasil ha hecho muy poco para llevar sus preocupaciones al sistema multilateral. Es crítico del funcionamiento selectivo y, en cierta medida, no democrático de los organismos internacionales y regionales, pero raramente ha acompañado sus críticas con una posición más constructiva y deliberada.

Quizá la contribución más concreta que ha hecho Brasil para cambiar el statu quo ha sido la propuesta del concepto de la “Responsabilidad al proteger” (Responsibility while Protecting, RWP) en los debates del Consejo de Seguridad acerca del uso de la fuerza para proteger a las víctimas civiles de violaciones de derechos humanos. La propuesta brasileña, presentada por Rousseff ante la asamblea general de la ONU en 2011, fue una respuesta constructiva a la preocupación generalizada de que la intervención de la OTAN en Libia había excedido su mandato. La RWP exige mejores definiciones y monitoreo del uso de la fuerza dentro del marco de la “Responsabilidad de proteger” (Responsibility to Protect, R2P), con base en la cual se aprobó la intervención en Libia. El concepto de la RWP necesita desarrollarse, pero es un comienzo. 

En el caso de Siria, el gobierno de Rousseff no ha trabajado con decisión para resolver la crisis, y se ha mantenido completamente dentro de su zona de comodidad. En repetidas ocasiones, el gobierno ha dejado claro que no apoya la solución militar a la crisis siria, pero no ha indicado cuáles son las medidas multilaterales concretas que sí apoya. La remisión del caso a la Corte Penal Internacional, por ejemplo, no tiene el apoyo de Brasil.

La campaña brasileña para obtener un lugar permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es bien conocida. De acuerdo con Brasil, la democratización del organismo resultará en más eficacia y eficiencia. Se ha reconocido, sin embargo, que además del anacronismo de su composición, el Consejo de Seguridad encara problemas más allá de la expansión del número de asientos. Hasta ahora, la propuesta de Brasil, apoyada por el G4 (Alemania, Brasil, India y Japón), es de unirse al club sin alterar necesariamente las reglas del juego. El asunto del poder de veto, el cual es tan central y delicado, no se trata directamente en la propuesta actual del G4, la cual declara que el derecho de veto de los cinco miembros permanentes actuales no será sujeto a debate o alteración por lo menos en 15 años.

Dado que Brasil, en su propuesta de “Responsabilidad al proteger”, ha planteado el asunto de la responsabilidad en las operaciones militares autorizadas por el Consejo de Seguridad, sería interesante que Brasil exigiera que haya una mayor responsabilidad dentro del propio Consejo de Seguridad. Hasta el momento, sin embargo, la idea de Brasil sobre la reforma del Consejo de Seguridad se ha enfocado solamente en aumentar el número de miembros. 

Ya sea al cuestionar la política de nombrar y avergonzar, la selectividad en el sistema de derechos humanos internacionales o el uso irresponsable de la fuerza en asuntos internacionales, Brasil tiene una gran destreza para identificar problemas en la manera en que los derechos humanos se están manejando internacionalmente. Pero sólo emitir críticas no es suficiente. Brasil necesita presentar alternativas concretas y poner un ejemplo a través de sus propias acciones. Si Brasil realmente quiere ser el motor del cambio, necesitará ser mucho más audaz en el futuro.