El ministro de medio ambiente, investigado. El jefe del instituto de protección ambiental, suspendido. El gobierno brasileño enfrenta las acusaciones más fuertes que se le han hecho hasta la fecha, donde se le señala no solo de connivencia frente a la deforestación ilegal en el Amazonas, sino de participación activa en el saqueo.

El 19 de mayo, la policía allanó varias propiedades y oficinas conectadas con el ministro del medio ambiente Ricardo Salles y con el jefe del Instituto de medio ambiente y recursos renovables (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Ibama) Eduardo Bim, según un comunicado de la policía federal.

El operativo policial, llamado Akuanduba por una deidad entre los indígenas Arara, fue provocado por sospechas de que Salles, Bim y otros funcionarios de gobierno hubieran ayudado a empresas madereras a exportar mucha más madera de los topes permitidos para extracción de la selva del Amazonas.

El magistrado del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes autorizó el operativo y suspendió la política del Ibama que permitía a las madereras exportar productos forestales sin autorización específica. En febrero de 2020, Salles y Bim se reunieron con empresas del sector de la madera y, poco después de eso, flexibilizaron las regulaciones, según informó Reuters. La orden incluso permitió la legalización retroactiva de exportaciones anteriores. La policía federal afirmó que gracias a esa normativa pudieron exportarse alrededor de 8.000 cargamentos ilegales de madera.

La primera alerta sobre estos cargamentos de madera sospechosos lo enviaron las autoridades estadounidenses después de hallar irregularidades en cargamentos de madera procedentes del Amazonas brasileño que llegaron al estado de Georgia, en Estados Unidos, en 2019 y 2020. En Bélgica y Dinamarca se hallaron otros pedidos.

La Operación Akuanduba es notable por su envergadura. Los funcionarios implicados son sospechosos de corrupción, peculado y facilitación del tráfico, aunque los investigadores han tenido acceso a sus cuentas bancarias personales y profesionales.

La investigación busca actualmente evidencia concreta de que los funcionarios de gobierno, con conocimiento de causa, ayudaron a las empresas en el contrabando de madera hacia el exterior, incluido el pago de sobornos, según informó Globo. Ni Salles ni Bim han sido acusados formalmente hasta el momento, y el ministro ha negado cualquier participación en actividades ilegales.

El gobierno del presidente Jair Bolsonaro ha desatado la controversia al asociársele con varias acciones de destrucción del Amazonas. La acusación más importante entre las anteriores puede ser cómo se permitió la expansión de las industrias de soja y de ganado vacuno, facilitadas por los incendios forestales desenfrenados.

Pese a la creciente presión internacional, hay pocos incentivos para que estas empresas frenen su expansión, pues las grandes empresas occidentales siguen comprando sus productos, en flagrante desprecio de los compromisos adquiridos en la vía contraria, según una investigación de The Guardian.

Pero las revelaciones sobre la participación activa en tráfico ilegal de madera del Amazonas por parte de los más altos funcionarios ambientales de Brasil puede cambiar esta dinámica.

Por ejemplo, Salles había sido por mucho tiempo un entusiasta defensor de algunas de las causas de la deforestación y blanco constante de los activistas ambientales. “Tenemos que atraer capital privado al Amazonas. Esa es mi postura en todas las reuniones en las que participo en Europa y Estados Unidos”, declaró a Al Jazeera en una entrevista el pasado noviembre. También respaldó el recorte al presupuesto del Ibama, trató de facilitar las condiciones para que emprendimientos agrícolas y ganaderos entraran a tierras protegidas y promovió el retroceso de algunas leyes ambientales, mientras el mundo tenía la atención puesta en el COVID-19.

Pero hasta ahora, no había habido sospechas formales de que hubiera infringido la ley. De probarse las acusaciones que lo conectan con el tráfico de madera, lo más probable es que se redoblen de manera significativa las investigaciones de vínculos con el gobierno y empresas que se lucran de la destrucción del Amazonas.

Y el Ibama ha perdido toda credibilidad real. Las acusaciones de que su director ayudó a empresas a beneficiarse de la deforestacion ilegal no harán más que incrementar la vigilancia sobre sus acciones.

Este organismo fue alguna vez un modelo de la lucha contra la deforestación, como responsable de una reducción de 80 por ciento en la deforestación entre 2004 y 2012. En 2010, tenía 1.311 funcionarios de la autoridad ambiental dedicados a la vigilancia en todo Brasil.

Para 2019, ese número había caído a 591, una contracción de 55 por ciento.

Lo peor es que los instrumentos a su disposición para regular la deforestación han caído en desuso. Las multas por deforestación ilegal se redujeron a un piso histórico, lo que obligó a cada estado a tomar cartas en el asunto. Y de las multas impuestas, se dice que Salles se aseguró de que la mayoría de ellas se desatendieran de manera impune. De octubre de 2019 a mayo de 2020, se habían aplicado “miles de multas por deforestación ilegal y otras infracciones ambientales”, pero los procedimientos implementados por Salles llevaron a que solo se pagaran cinco de ellas, según una denuncia de Human Rights Watch.

Asimismo, varios altos funcionarios fueron despedidos al parecer por desempeñar sus funciones demasiado bien y dejar mal a sus superiores, incluido Salles.

Cualquier refuerzo del escrutinio por parte de los fiscales a las acciones del Ibama al menos puede impedir que este participe activamente en la destrucción de los mismos recursos naturales, cuya protección era la razón de ser del organismo.

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Este artículo se publicó previamente en InSightCrime