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¿Cómo hacer la paz con la selva? Desarrollo y guerra en Colombia

Lanzamos una serie de artículos que analizan la relación entre los derechos humanos y ambientales, una de las guerras más duraderas del mundo, el Acuerdo de Paz y su aparente colapso. English

Hannah Meszaros Martin
27 October 2016
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Captura de pantalla.

El 26 de septiembre el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP se firmó con un “balígrafo” (bala convertida en un bolígrafo), mientras la Fuerza Aérea "fumigaba" los colores de la bandera de Colombia sobre una multitud vestida de blanco. Estos aviones eran muy similares - si no los mismos- a los que hasta hace muy poco fumigaban herbicidas químicos sobre vastas zonas del campo colombiano.

Seis días más tarde, en un plebiscito diseñado por el gobierno de Santos como la forma final de refrendación del acuerdo, del 51.2 por ciento de los colombianos que se presentaron a votar, apenas un 38 por ciento de las personas habilitadas para votar, escogió un "NO" al acuerdo. La diferencia fue 55,651 votos.

Las diferencias mostradas por el "no" frente al "sí" son mucho más profundas que el actual modelo de Uribe contra Santos que los medios de comunicación están mostrando. De hecho, el ex presidente Álvaro Uribe y el actual, Juan Manuel Santos, quien fue ministro de guerra durante la presidencia de Uribe, no son realmente tan políticamente diferentes.

Las fracturas de la sociedad colombiana están históricamente arraigadas. Desde su independencia y la formación del Estado moderno, Colombia ha tenido seis guerras civiles causadas ​​en gran parte por las divisiones entre estratos sociales y la ideología política, en particular en torno a la propiedad de tierras. Lo que el referéndum ha hecho cada vez más evidente es que estas divisiones - divisiones que son a la vez geográficas, ecológicas y sociales - no pueden ser reparadas por un proceso de paz cerrado entre el gobierno y un sólo grupo armado - un proceso que excluyó una participación más amplia de la sociedad civil.

Ahora, con el país atenazado por las protestas masivas, hay una gran incertidumbre sobre el futuro de los Acuerdos de Paz - un documento de 297 páginas que requirió cuatro años para ser redactado. Pero en medio de la confusión, la devastación, la ira y - para ciertos individuos - alegría - vale la pena pensar en algo que no ha cambiado, a pesar del resultado de la votación: el papel crítico del ambiente en el conflicto colombiano, en el que las balas y los tóxicos son la armas.

Esta serie de artículos revisará la relación entre los derechos humanos y los ambientales con el fin de analizar una de las guerras más prolongadas del mundo, el Acuerdo de Paz y su colapso aparente.

Los Acuerdos, y sus reformas propuestas, tenían el potencial de abrir el debate en torno a los problemas estructurales que ponen de manifiesto la mayor parte de la guerra, en particular, la reforma agraria y el desarrollo económico. Las FARC-EP se originó como una organización campesina y ha tenido la reforma agraria como su pilar principal desde su fundación en 1964, y el primer capítulo de los Acuerdos de Paz se centra en esto. Sin embargo, paradójicamente, mientras que se discutían cuestiones directamente entrelazadas con la economía, tales como la reforma rural, en las negociaciones no se permitió discutir el actual "modelo económico" de Colombia. Germán Vélez, director del Grupo Semillas - una organización de derechos agrarios y ambientales, explica: "Santos dijo vamos a negociar todo, menos el modelo de desarrollo. Entonces yo creo que de todas formas  sobre todo en el punto uno, cierto, de la reforma agraria integral, tenemos que partir de la premisa de que en realidad no se está tocando los temas estructurales de la problemática del campo".

Santos dejó vamos a negociar todo, menos el modelo de desarrollo.

Una de las críticas de los acuerdos ha sido su incapacidad para hacer frente a los problemas estructurales del conflicto. Si Colombia quiere lograr alguna vez una paz real y significativa, el desarrollo económico y su papel como factor determinante en gran parte de la violencia en el campo, tiene que reconocerse. Un ejemplo muy claro y directo de esto ha sido la contratación de grupos paramilitares por parte de las compañías multinacionales para "garantizar la seguridad" de sus industrias extractivas, que a menudo implica la intimidación, el secuestro, la tortura y en algunos casos, el asesinato de dirigentes y defensores de los derechos ambientales.

La brecha entre la visión económica del gobierno y el de los movimientos sociales colombianos podría ser vista como un choque de visiones diferentes del propio territorio nacional, donde de acuerdo con el plan nacional de desarrollo, la naturaleza se presenta como un recurso infinito que puede ser excavado, cortado, cosechado, transportado fuera o quemado como combustible, sin precaución o fin a la vista. La biodiversidad en este modelo desde hace mucho tiempo es vista como potencial de capital y, sin embargo, otro modo de oportunidad de inversión. Por otro lado, grupos campesinos, afrocolombianos e indígenas insisten en que este modelo de desarrollo no los incluye, ni su visión del mundo ni sus creencias. Por lo tanto, la lucha por el medio ambiente es vista por estos grupos como una lucha por existir. Por lo que muchos movimientos sociales diferentes, tales como la liberación de la madre tierra en el norte de Cauca, reafirman sus derechos colectivos y culturales a través de la conservación de la biodiversidad y las técnicas agrícolas tradicionales.

Para movimientos como estos, el Acuerdo de Paz representaba una ventana de oportunidad, que quedaría algo entreabierta, dando al público la oportunidad de cambiar la forma de las políticas públicas regionales, tales como las relativas al desarrollo económico. Pero ahora que el acuerdo ha sido rechazado, esa oportunidad, por muy pequeña que hubiera sido, parece estar cerrándose. En la incertidumbre política resultante es probable que el debate sobre el medio ambiente va a pasar a segundo plano dado que todos se enfocan en los problemas de impunidad y la rendición de cuentas. La impunidad sistémica de alto nivel ha sido una característica en curso de la política colombiana desde hace algún tiempo. Muchos partidarios del «no» estaban en contra del grado de inmunidad legal que se concede a los oficiales y soldados rasos de las FARC, mientras que muchos funcionarios públicos de alto nivel y aquellos que participaron en grupos paramilitares han disfrutado verdadera impunidad durante décadas. Pero los resultados del referéndum no cambian el hecho de que el medio ambiente y aquellos que dependen de este para su supervivencia son las principales víctimas de esta impunidad generalizada y sistémica en Colombia.

A lo largo de la guerra, el medio ambiente ha sido víctima de las actividades tanto del Estado y los diversos grupos armados, lo que perpetúa las economías tanto legales como ilegales. Un ejemplo muy claro de esta destrucción legal/ilegal dual se presenta en el caso de la extracción de oro, donde la minería ilegal de oro a menudo ha allanado el camino para las formas legales de extracción - contaminando el medio ambiente local hasta el punto de que ninguna otra actividad es posible, como puede ser visto en el Chocó, una región en la costa noroeste del Pacífico, que ahora experimenta devastación ambiental masiva debido a la intoxicación por mercurio de las minas ilegales de oro.

El Desarrollo como Desplazamiento

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Mina ilegal de oro en el norte del Cauca. Foto: Juan Gabriel Salazar Gaviria

Las expertas jurídicas que trabajan en la organización Tierra Digna por la defensa e incidencia de los derechos ambientales ven que este patrón emerge en su trabajo con las comunidades que enfrentan el desplazamiento debido a los proyectos industriales a gran escala. Hay un caso en el Cesar, un departamento en el norte que limita con Venezuela con la mayoría de la minería de carbón en el país, de una comunidad que llegó allí en el cambio de siglo y ha vivido y trabajado a través de la introducción de industrias del algodón y de la palma; sin embargo, cuando la mina de carbón se trasladó a la zona hace unos 25 años, la vida comenzó a ser imposible. Nadie se molestó en calcular las toxinas que se liberaron en el aire y el agua con el tiempo, así que después de dos décadas de funcionamiento, la infertilidad de los suelos y el aire y el agua contaminados, el gobierno está utilizando el marco jurídico de los derechos humanos para forzosamente desplazar a la comunidad, afirmando que es por su propio interés que deben cambiarse de sitio con el fin de proteger su salud, dado que el medio ambiente ya no es apto para la vida humana.

Las actividades de desarrollo hasta el momento han sido sostenidas por el desplazamiento forzado de más de 6 millones de personas. El desplazamiento masivo en las áreas rurales ha permitido la concentración de tierras en pocas manos. Este modelo de concentración a través de la apropiación de tierras apuntala todo el modelo económico, lo que permite la creación de zonas extensas para la cría de ganado, los monocultivos y la minería.

El desplazamiento masivo en las áreas rurales ha permitido la concentración de tierras en pocas manos.

Otro impacto ambiental devastador de la guerra ha sido la fumigación aérea de los cultivos de coca, marihuana y amapola con el herbicida glifosato - clasificado como probable cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud - en alrededor de 1,75 millones de hectáreas de la Colombia "selvática" - en áreas de hecho habitadas y cultivadas. Otros impactos de la erradicación de la droga incluyen el aumento de la deforestación para crear nuevas áreas de cultivo de los cultivos ilícitos. La fumigación aérea también ha dado lugar a todavía más desplazamiento forzado, ya que los cultivos mueren, la tierra se vuelve estéril y las familias y las comunidades ya no puede sobrevivir. Los terrenos afectados a menudo tienen un patrón específico de ocupación post-abandono, y en la mayoría de los casos son finalmente tomados por grandes terratenientes, a veces asociados con los grupos paramilitares que luego las venden a las industrias extractivas.

Por supuesto había ya preocupación por un escenario "post-acuerdos", es decir, por el potencial aumento de la violencia en las zonas previamente controladas por las FARC. En estas zonas las posibilidades de que otros grupos armados entraran y causaran un mayor daño ambiental a través del tráfico de drogas y la minería ilegal son increíblemente altos, por no mencionar el peligro que esto representa para las comunidades en estas áreas. Y cuando las industrias legales, tales como las empresas mineras o petroleras entran, bajo el marco de la legalidad, la destrucción del medio ambiente será incluso peor. Este proceso ya ha comenzado con la expansión de las industrias del petróleo y de hidrocarburos en el departamento de Caquetá, después de que las FARC dejó ciertas áreas. El presidente de Ecopetrol, una de las compañías petroleras más grandes del mundo indica explícitamente que "la paz nos va a permitir tomar más petróleo de zonas previamente cerradas por el conflicto."

Vélez expresa esta preocupación en relación con la expansión de ZIDRES, o Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social, un plan que hace que todos los terrenos "no ocupados" o "no cultivados” se consideren como propiedad nacional que pueden ser vendidos luego a las multinacionales: "porque gran parte de lo que quiere el gobierno es atraer inversionistas para que inviertan en el sector rural y a partir de ahí gran parte de las tierras o van a quedar otra vez en manos de unas…. va a haber una  nueva concentración de tierras ".

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Zona fumigada en Putumayo. Foto de la autora

A raíz del plebiscito, la cuestión del medio ambiente sigue siendo fundamental, más aún teniendo en cuenta los nuevos intereses y actores que han obtenido un asiento en la mesa de negociación de la mano con los líderes de la votación por el "NO". Esto ha cambiado el proceso de paz a lo que la sociedad está llamando 'un pacto entre élites' para tratar de imponer ciertas revisiones a los acuerdos. Las propuestas procedentes de la extrema derecha (alineada con Uribe) serían devastadoras para la participación de los movimientos sociales en las cuestiones ambientales. Las "revisiones" a los acuerdos propuestas por Uribe, por ejemplo, sugieren quitar el derecho de la ciudadanía a desafiar los proyectos de desarrollo que ocurren cerca de sus comunidades, conocido como la consulta popular. Este derecho ya ha sido objeto de ataques. En los días siguientes al plebiscito, la consulta popular de Ibagué, una ciudad situada en el departamento del Tolima, fue cancelada y activistas continúan recibiendo amenazas de muerte. Los Acuerdos ofrecían una potencial participación ciudadana. Ahora que todos estos progresos han sido desechados (temporal o permanentemente estamos todavía por ver) la ultra derecha está haciendo todo lo posible para garantizar que las comunidades no puedan detener los planes de desarrollo regionales destructivos.

Los próximos meses serán cruciales. A medida que el gobierno empieza las negociaciones con el otro grupo guerrillero grande, el Ejército de Liberación Nacional (ELN por sus siglas en español), y los medios de comunicación cambian su enfoque, será muy revelador observar los patrones de apropiación de tierras, desplazamiento forzado y activistas atacados. Muy a menudo en el pasado, estos ataques han aumentado durante los tiempos de la "incertidumbre política". Entre el acuerdo a finales de agosto y la firma final de los acuerdos de paz el 13 de septiembre activistas y dirigentes de movimientos sociales fueron asesinados, con grupos paramilitares derechistas como sospechosos. De acuerdo con un informe de Somos Defensores "la mayoría de los casos de agresiones contra defensores de derechos humanos en la primera mitad de 2016 son sospechosos de ser perpetrados por fuerzas paramilitares, seguidos por el Estado, y por último los dos grupos guerrilleros." En particular, los incidentes de agresión de las fuerzas de seguridad del Estado se han duplicado desde el año 2015.

La 'Paz' debe ser vista como sinónimo de justicia social y ambiental. Antes del plebiscito, una coalición de diferentes movimientos sociales y medioambientales estaba solicitando una comisión de la verdad del medio ambiente. Su finalidad sería examinar la devastación a largo plazo de los recursos hídricos, la biodiversidad y los ecosistemas como un síntoma de la guerra y por lo tanto un punto clave para abordar el camino hacia la paz. El reconocimiento de las formas en que la violencia de la guerra ha impactado el medio ambiente significa que también podemos empezar a ver muchos sectores diferentes de la sociedad, incluidos los afrocolombianos, los indígenas y los campesinos como víctimas del desarrollo atrapados en el fuego cruzado. Reconocer grupos tan diversos como víctimas de una forma de desarrollo perpetuada por la guerra es el primer paso para rehacer el modelo económico que se puso fuera de los límites de las negociaciones de paz. Llamar a una "comisión de la verdad del medio ambiente” en este momento es políticamente urgente, sobre todo porque el desarrollo y su conexión con la destrucción ambiental irreversible y las violaciones graves de los derechos humanos está ahora atrayendo la atención de la Corte Penal Internacional (CPI).

La 'Paz' debe ser vista como sinónimo de justicia social y ambiental.

Pero esta visión de la paz - una paz hecha con la selva - no es la visión del gobierno. Los siguientes artículos examinarán cómo los movimientos sociales están desafiando esta perspectiva - a partir del agua, el suelo y el aire - afirmando que el medio ambiente ha estado siempre en el corazón del conflicto colombiano, y que el futuro de la "paz" en el país depende en gran medida de éste que sigue siendo un tema central en el debate.

(Próximamente: la periodista Gina Spigarelli explorará las luchas por los recursos hídricos en el departamento de Antioquia ...)

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Traducido del original inglés por Héctor Herrera Santoyo, abogado de la Universidad de los Andes con Maestría en Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Colombia.

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