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Chile: el agotamiento de la democracia representativa

Hoy, con una democracia representativa fallida, no podemos restringir la voluntad ciudadana a una expresión pasiva de consentimiento. English

Cristobal Escobar
6 July 2015
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Melissa Sepulveda exigiendo una educación universal y de calidad n Chile. June 2014. Demotix/Andres Bravo.All rights reserved

En las últimas décadas, nuevas formas de participación política han cuestionado una conocida fórmula de organización social que, sin mucho dudarlo, creíamos  como la mejor alternativa posible. Esto es, democracia representativa más libre mercado. La creciente deslegitimación del sistema político, la catástrofe ecológica y la crisis económica desatada en el mundo han introducido amplios sectores de la sociedad, especialmente a los más jóvenes, a nuevas ideas de resistencia y emancipación política. Renovadas formas de militancia ciudadana hemos visto aparecer con los indignados españoles, los aganaktismenoi griegos y el movimiento Occupy Wall Street en los Estados Unidos. Todos ellos han perseguido formas de auto-gobierno que busquen dar cuenta de una democracia más efectiva para la base social.

 En efecto, la creciente negación de jerarquías en el mundo –desde 1994 con el movimiento zapatista en México, hasta las más recientes manifestaciones ciudadanas desatadas con la primavera árabe-  ha puesto en marcha el concepto de horizontalidad como nueva categoría de organización política. Dichas insurgencias, que hoy cuentan con una membrecía social e ideología heterogénea, apuntan al corporativismo del Estado Nacional y al sistema financiero en Occidente como claros responsables de la desproporcionada inequidad que azota a la sociedad. Y como revisaremos en lo que sigue, ha sido también en Chile donde un indisciplinado movimiento ciudadano ha puesto en jaque la capacidad del Estado como comandante de reformas estructurales.

 En el año 2006, durante el primer periodo presidencial de Michelle Bachelet, un amplio cuerpo estudiantil comenzó a desafiar el legado de la dictadura militar encarnado en el Estado Chileno. Estudiantes secundarios comenzarían a plantear demandas por reformas institucionales que dieran cuenta de una real educación pública para el país, esto es, una educación gratuita y de calidad. Organizados a través de un sistema de vocería interno y asambleas estudiantiles, las masivas protestas contarían desde el inicio con un amplio apoyo social que, para el año 2011, alcanzaría un 89% de aprobación nacional. De esta forma, las demandas juveniles comenzaban a reflejar no solo la evidente precariedad del sistema educativo en Chile: aparecían junto a ellos una creciente combinación de actores que subrayaban las profundas desigualdades del actual modelo de desarrollo en el país.  El antagonismo resultaba común para muchos sectores que, aisladamente, se sentían excluidos.

 El rol subsidiario del Estado, su práctica liberal y la estructura anti democrática de su actual constitución política habrían desatado una indignación social que hoy rechaza más que nunca la figura del Estado como comandante de reformas estructurales. Al preguntársele porqué no habría asistido a las urnas en las últimas elecciones presidenciales, Melissa Sepúlveda respondía que “la posibilidad de cambio no está en el congreso” y que “los chilenos estamos desilusionados con la manera de conducir la política desde el retorno a la democracia”. Así, comenzaba a quedar en manifiesto  el desvinculo ciudadano con la manera de ejercer la practica gubernamental.

 Surge hacerse la pregunta: ¿por qué la posibilidad de cambio ya no pareciera estar contenida en el congreso? ¿De qué Estado hablamos cuando hablamos de Estado en Chile? La lectura que aquí propongo toma en cuenta, por una parte, todos los instrumentos ideológicos y coercitivos con los que cuenta el Estado, y por la otra, toda su práctica económica y la centralidad que en ella la ideología neoliberal ha adquirido.  Por consiguiente, esta noción de Estado emerge como un cuerpo burocrático que no solo tiene el monopolio de la fuerza –represión de las protestas- sino que también, como un cuerpo que despliega una amplia red institucional –partidos políticos y elecciones, medios de comunicación, instituciones educacionales, etc.- para socializar a la población en la ideología dominante.

 Las prácticas gubernamentales que, a partir del siglo XVIII, intentan administrar los problemas propios de la población, han sido descritas en detalle por Michel Foucault. En su análisis sobre el arte de gobierno -tomado de El Príncipe de Macchiavello- vemos reaparecer con frescura una vieja noción política mandataria para el renacimiento italiano, esta es: “divide y vencerás”. Y es en esta lectura, si quisiéramos entender cómo el Estado administra a un conjunto de seres vivos, donde el retorno de la economía a la práctica política resulta fundamental. Diríamos que emerge entonces el nacimiento de una biopolitica, la noción de un Estado que opera sobre los individuos con nuevos instrumentos e instituciones, haciendo del sujeto un agente responsable de sus actos. De ahí la centralidad que tuviera el liberalismo en el pensamiento político de Foucault. Liberalismo no ya como una teoría ni como una ideología, sino como una práctica gubernamental, es decir, como una manera de hacer y de gobernar.

 La cuestión del liberalismo emergería durante los años setenta en Chile con la dictadura militar, como una crítica al “gobernar demasiado” de las políticas intervencionistas del gobierno de Salvador Allende. Desde Pinochet en adelante, la razón de Estado se plantearía la siguiente pregunta: ¿Cómo gobernar lo máximo posible con el menor costo posible? Extender una racionalidad de mercado a campos que no son ni exclusiva ni primariamente económicos comenzaría a transformar la práctica de gobierno en un esquema de análisis cuya lógica podríamos llamar instrumental –una de medios y fines-. Este modelo, quizá más que en cualquier otro de la región, presenta hoy claros síntomas de su racionalidad capitalista. El rol subsidiario del Estado Chileno y su constante protección del sector privado, ha demostrado ser sumamente eficiente en la creación de riqueza, aunque igualmente inefectivo en su distribución. Según las estadísticas proporcionadas por la OCDE, mientras Chile cuenta con la tasa de crecimiento económico más alto entre 34 países desarrollados, también cuenta con la tasa de mayor desigualdad. Técnicamente, esto quiere decir que su Coeficiente de Gini no baja del 0,50.

 Otro aspecto de esta práctica de gobierno han sido las estructuras anti democráticas establecidas durante los 17 años del régimen Pinochetista, las cuales hoy siguen presentes en la constitución política del país. Y como si se tratara de un silencioso y progresivo reclamo colectivo, desde el retorno a la democracia en 1990, aquí se propone pensar que la agencia ciudadana ha ejercido su soberanía a través del no-voto. En 1988 el electorado nacional alcanzaba un 89,1%, cifra que disminuiría en el tiempo hasta llegar a un  56,7% en el año 2009. Ya para las últimas elecciones presidenciales del año 2012, con una modificación de la ley que hacía del voto un acto voluntario y de la inscripción su entrada automática, el padrón electoral se reduciría aun mas, llegando a un 51%. En dicha oportunidad, entre aquellos que se abstuvieron para ir a votar, un 60% estimado se encontraría en el grupo etario de 18-34 años de edad –justamente, el principal grupo demográfico del movimiento social-. En el 2015, entre los países con sistema de voto voluntario, Chile alcanza los niveles de abstención más altos, equivalentes a un 56%.  

 Al contrastar este fenómeno de abstención electoral con los elevados niveles de participación ciudadana alcanzados en casi una década de movilizaciones, más que reflejar una generalizada apatía hacia “lo político”, sugiere pensar en la auto-exclusión colectiva como un rechazo al tradicional método de representación que el actual sistema brinda. Decimos Política, y no policía como nos enseña Jacques Rancière: auto-exclusión como el acto de un sujeto colectivo que interrumpe en el proceso para transformarlo, y no adscripción al proceso mediante el cual se organizan los poderes y se distribuyen los lugares y las funciones sociales. Y es que con estos datos en mano ¿quien sigue creyendo en las elecciones? Hoy, con una democracia representativa que ha fallado miserablemente, no podemos restringir la voluntad ciudadana a una expresión pasiva de consentimiento o aprobación. Los individuos, nos dice Kant, tenemos la cualidad y el poder de ser la causa y los autores  de nuestro propio drama.

 Durante las últimas décadas en el país, cada vez que la izquierda ha obtenido cuotas de poder, su energía transformadora se diluye rápidamente. La concertación ha incurrido en tantos compromisos con el sector privado para obtener buenos resultados electorales que a estas alturas, como nos dice Gianni Vattimo, es la propia izquierda quien nos llama a salvar la banca “por el bienestar de los trabajadores”. Entonces, ¿si el socialismo ha fallado en Chile, el capitalismo está globalmente en quiebra y la democracia –como hasta ahora la hemos conocido- ya no parece ser un nombre apropiado para esta explotación ciudadana, que es lo que buscamos? Vattimo ofrece una respuesta: “necesitamos una práctica social indisciplinada que comparta  con el anarquismo el rechazo a formular un sistema acorde con los métodos tradicionales de representación política, como por ejemplo, ganar las elecciones”

 De esta forma, una vez que la acción colectiva se ha opuesto al Estado como garante de justicia e igualdad, vuelven a aparecer los rudimentos de la vieja hipótesis comunista, pues como nos dice Alain Badiou, desde Platón en adelante la única idea política digna de ser pensada por un filósofo ha sido la idea de comunismo. Sin embargo, el fracaso del Estado Comunista en el mundo entero ha corrompido el concepto de manera tal que hoy, en nuestro propio vocabulario,  la palabra ha llegado a significar su opuesto, esto es, total control Estatal de la vida económica, política y social. Por consiguiente, lo que aquí se entiende por comunismo -y que vemos reaparecer con renovada fuerza en Chile- es un proyecto emancipador no ya como ideal, sino como movimiento ciudadano que reacciona frente a los antagonismos sociales contemporáneos –incluidos los grupos ambientalistas, minorías étnicas y sexuales, los trabajadores, los pensionados y los estudiantes. La horizontalidad y auto organización generada por la multiplicidad colectiva nos invita a explorar en nuestro presente, un nuevo imaginario político que ya no se encuentra respaldado en la propiedad privada del capitalismo ni tampoco en la propiedad pública del socialismo, sino que requiere de lo común que hay en el comunismo. Aquí decimos común, sin el ismo.   

 Luego de casi una década de movilizaciones, la agencia democrática del movimiento social en Chile enfrenta por estos días una posibilidad real de transformación social. Después de conocerse una seguidilla de escándalos de corrupción en el país –que vinculara el financiamiento de campañas políticas con importantes grupos económicos-, las protestas ciudadanas han regresado con fuerza para exigir una asamblea constituyente que reforme desde las bases sociales la actual constitución política de Chile. Ese es el derecho fundamental reclamado por el colectivo.  Y si bien en años previos Bachelet ya anunciara un proyecto para modificar la carta magna, dichos mecanismos de reforma nunca incluyeron mayormente a la asamblea ciudadana. Sin embargo, ha sido durante este último periodo -de baja aprobación política para Bachelet por lo demás-  donde nuevos discursos han surgido desde el gobierno. En una reciente conferencia de prensa, el ex vocero de gobierno Álvaro Elizalde, comentaba que desde La Moneda “se han considerado todos los mecanismos democráticos, participativos o institucionales para formar parte de la alternativa en la que finalmente la Presidenta basara su decisión.” 

 La asamblea constitucional vía referéndum sería una valiosa alternativa de integración social y participación ciudadana en Chile. Allí, con una estructura de vocería interna representando la voluntad popular, el poder quedaría siempre en las manos del colectivo y nunca en las de sus representantes. Tal como lo destacara el historiador Gabriel Salazar, la capacidad de auto-organización política generada por este movimiento -con sus constantes proyectos de reforma y tensiones con el Estado-, reflejaría una victoria ciudadana que concretaría su habilidad para manejar demandas sociales de una forma radicalmente democrática, esto es, como una democracia de todos y para todos. Y es que como aquí comenzara argumentando, son justamente estas renovadas formas de militancia ciudadana  las que han estado persiguiendo nuevas alternativas de gobierno que busquen dar cuenta de una democracia más efectiva para la sociedad.  En Chile, la opción de una asamblea constituyente pareciera orientarse a transformar radicalmente el funcionamiento del Estado –quizá como una consecuencia de su excesiva  práctica neoliberal-, al punto de acercarlo lo más posible a sus bases, que somos carne y no mercancía.  Y es que como dijera Marx en El Capital, mientras más funciones del Estado sean ejercitadas por toda la ciudadanía, menos necesario será su poder.

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