Breiner David Cucuñame. Ese era el nombre del niño indígena de 14 años asesinado a tiros a las 10:30 de la mañana en el resguardo Las Delicias, en el Cauca, Colombia, este 14 de enero.

Según un informe del director de la policía Nacional, Jorge Luis Vargas del 18 de enero, el asesinato fue cometido por la columna Jaime Martínez, una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El día del asesinato, la columna Jaime Martínez entró al resguardo, y una comisión de la guardia indígena Kiwe Thegnas se movilizó para verificar qué estaba pasando

En mitad del camino la guardia se encontró con la columna disidente, que les disparó. Primero murió Guillermo Chicame, miembro del esquema de seguridad del líder indígena Uka We´sx, Fabián Camayo. Al niño Breiner David lo asesinaron después a balazos en la carretera.

La guardia indígena del Cauca tiene como objetivo proteger el territorio indígena y fue concebida como un organismo ancestral propio y como un instrumento de unidad, resistencia y autonomía de los indígenas Nasa del Cauca. No es una estructura policial, sino un mecanismo humanitario de resistencia civil.

La foto que acompaña este artículo, publicada por el Servicio de Parques Nacionales Naturales de Colombia, muestra al niño indígena con su bastón de mando, que representa la autoridad de la guardia, y su chaleco de guardia indígena rodeado de frailejones en medio de un páramo y recuerda que, como él, 611 defensores ambientales han sido asesinados en Colombia desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.

El caso de Cucuñame se produce después de que en 2021 la ONG Global Witness confirmara que Colombia es, por segundo año consecutivo, el país donde más asesinan líderes ambientales en el mundo. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, 152 líderes sociales fueron asesinados en Colombia en 2012; dentro de los líderes ambientales Global Witness destacó que los más afectados y perseguidos son los indígenas. a violencia contra líderes sociales y especialmente contra líderes ambientales no cesa en Colombia mientras el gobierno de Iván Duque sigue sin proporcionar ninguna garantía para protegerlos y sigue sin ratificar el Acuerdo de Escazú, un marco internacional que podría protegerlos en la región.

El norte del Cauca, donde habita la mayoría del pueblo Nasa al que pertenecía Breiner David, colinda con el Valle del Cauca y es un corredor de las rutas del narcotráfico por su salida al Pacífico, lo que ha hecho que, por décadas, haya sido escenario de guerra. En este lugar operan varios grupos al margen de la ley como disidencias de las FARC, el ELN e incluso cárteles mexicanos de la droga.

Valeria Murillo es el nombre de la niña que murió en Chocó, una de las regiones más pobres de Colombia, el domingo 15 de enero luego de recibir balas de miembros del Clan del Golfo, la peligrosa banda narcotraficante. Valeria estaba en su casa, hecha de madera, donde se resguardaba con su madre cuando miembros del grupo narcotraficante entraron al corregimiento de Dipurdú de Andagoya en el municipio de Medio San Juan. Los colombianos habían conocido a Valeria el año pasado cuando se hizo popular en redes sociales un video donde, en la clausura de su escuela, afirmaba que su sueño era ser profesora de danza.

El coronel Efrén Blanco, comandante encargado de la policía de Chocó, explicó que en la jurisdicción donde murió Valeria "hay una situación grave entre grupos criminales. el ELN y el Clan del Golfo".

El corregimiento donde vivía Murillo nunca ha sido un lugar de paz; en agosto de 2021 1.150 personas fueron desplazadas del lugar por enfrentamientos entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Para ese momento, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana debido al fortalecimiento de la guerrilla en esa zona. Hoy, un año después, todo sigue igual.

En medio de la violencia cabe preguntarse por qué el gobierno no implementa la ejecución efectiva del Acuerdo de Paz, no promueve un programa estructurado para proteger a los líderes sociales y se niega a la ratificación de Acuerdos regionales como el de Escazú. El mandato de Iván Duque se ha caracterizado por la inacción y la indiferencia ante el aumento, año tras año, de los asesinatos de líderes sociales y de civiles en el país perpetuando sine die una crisis de derechos humanos que ya está durando demasiado tiempo.

Todo esto sucede en el primer mes de un año electoral en el que, al elegir nuevo Congreso y nuevo presidente de la república, los colombianos decidirán qué futuro quieren para su país. El fin efectivo de esta violencia sin sentido debería ser una prioridad absoluta de quienquiera esté llamado a gobernar el próximo cuatrienio.