La noche del 10 de octubre la Cámara de Representantes del Congreso de Colombia aprobó con 120 votos a favor y uno en contra, el Acuerdo de Escazú, que pasará a conciliación para su posterior sanción presidencial antes de convertirse en Ley de la República.
“Que se comiencen a materializar las acciones en el territorio y se disipen conflictos que ponen a las comunidades vulnerables en una posición bastante delicada”, dijo la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), Susana Muhamad. Señaló, además, que una vez el Acuerdo sea sancionado por el jefe de Estado, se hará ́ realidad en Colombia a través de cinco acciones a corto plazo: una política de manejo de información ambiental, una estrategia de acompañamiento a defensores ambientales, la ampliación de la participación ciudadana en las decisiones ambientales, apoyo a la creación y el fortalecimiento de las veedurías ciudadanas y un sistema de información sobre conflictividad socioambiental.
Es, sin duda, un tratado que favorece a todo el país porque, de aplicarse con rigor y voluntad política, puede garantizar la vida y la integridad de las personas, reducir y ayudar a resolver pacíficamente los conflictos socioambientales, fortalecer los derechos de acceso en asuntos ambientales, las capacidades públicas y la seguridad jurídica.
