La noche del 10 de octubre la Cámara de Representantes del Congreso de Colombia aprobó con 120 votos a favor y uno en contra, el Acuerdo de Escazú, que pasará a conciliación para su posterior sanción presidencial antes de convertirse en Ley de la República.

“Que se comiencen a materializar las acciones en el territorio y se disipen conflictos que ponen a las comunidades vulnerables en una posición bastante delicada”, dijo la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), Susana Muhamad. Señaló, además, que una vez el Acuerdo sea sancionado por el jefe de Estado, se hará ́ realidad en Colombia a través de cinco acciones a corto plazo: una política de manejo de información ambiental, una estrategia de acompañamiento a defensores ambientales, la ampliación de la participación ciudadana en las decisiones ambientales, apoyo a la creación y el fortalecimiento de las veedurías ciudadanas y un sistema de información sobre conflictividad socioambiental.

Es, sin duda, un tratado que favorece a todo el país porque, de aplicarse con rigor y voluntad política, puede garantizar la vida y la integridad de las personas, reducir y ayudar a resolver pacíficamente los conflictos socioambientales, fortalecer los derechos de acceso en asuntos ambientales, las capacidades públicas y la seguridad jurídica.

El Acuerdo y sus beneficios

El Acuerdo de Escazú es un instrumento internacional que puede salvar vidas. En 2020 y 2021 Colombia fue el país con más asesinatos de líderes sociales y ambientales en el mundo con 65 y 33 muertes respectivamente; las cifras más altas registradas en ocho años por cualquier país según Global Witness, la organización que hace la medición cada año.

Además, permite fortalecer la democracia y las instituciones mejorando la gestión, los procesos, la protección y las políticas ambientales. En esencia, garantiza y robustece cinco derechos: 1) la información pública; 11) la participación; iii) la justicia ambiental; iv) la protección efectiva a las/os defensores/as ambientales y de la tierra; v) la garantía a un ambiente sano.

Estos derechos benefician, principalmente, a los líderes ambientales, y a todos los sectores implicados, incluyendo los que se opusieron a la ratificación del Acuerdo. Con su ratificación, esperada por más de dos años, Colombia dejó clara la intención de iniciar una nueva era en el país: la del mandato ciudadano que pone primero los derechos humanos, el cuidado del planeta y la igualdad social.

Haber aprobado el Acuerdo, en el caso colombiano, significa un paso más en el tránsito del país hacia la superación de un conflicto armado interno que, en gran parte, es también ambiental, territorial y político. Escazú puede brindar las herramientas y las garantías para que los diferentes conflictos socioambientales, armados y no armados, se resuelvan de forma pacífica; esa fue de hecho la intención inicial del Principio 10 de la Declaración de Río de 1992 y uno de los propósitos centrales de Escazú.

Otro beneficio innegable de la aprobación del Acuerdo es que ayudará a fortalecer la institucionalidad ambiental. En Colombia solo se destina el 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB) a temas ambientales, lo cual es mínimo para los problemas ambientales que enfrenta el país.

Dada su megadiversidad, algunos estudios coinciden en señalar que Colombia debería destinar al menos el 2% del PIB nacional para poder avanzar de forma contundente en temas como la transición energética, el cambio climático y la deforestación.

Finalmente, contrario a lo que dicen grupos que se oponían a la aprobación del Acuerdo, en el texto queda claro que no reducirá la seguridad jurídica para inversiones y desarrollo de proyectos económicos ya que aumenta y garantiza la seguridad jurídica, la transparencia y rendición de cuentas porque permite acoger las directrices de organismos multilaterales como la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE) o el Banco interamericano de Desarrollo (BID).

Los países que hacen parte de la OCDE ratificaron el Convenio sobre acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, conocido como Convenio de Aarhus; y el BID definió en su Marco de Política Ambiental y Sociedad que respetará los derechos de acceso a información definidos en el Acuerdo de Escazú.

La aprobación de Escazú puede abrir un nuevo camino para la historia del medio ambiente en Colombia. Su ejecución debe ser prioritaria para el gobierno y necesitará importantes recursos y voluntad política para su implementación. Sólo así se verá si ese camino podrá proteger no solo el medio ambiente, sino a quienes lo defienden. Un indicador claro de su éxito se verá directamente reflejado en una cifra: el número de líderes ambientales asesinados en Colombia en 2023. Atajarlo es algo urgente y necesario para todos,. De lo contrario, Escazú será papel mojado.