Además, permite fortalecer la democracia y las instituciones mejorando la gestión, los procesos, la protección y las políticas ambientales. En esencia, garantiza y robustece cinco derechos: 1) la información pública; 11) la participación; iii) la justicia ambiental; iv) la protección efectiva a las/os defensores/as ambientales y de la tierra; v) la garantía a un ambiente sano.
Estos derechos benefician, principalmente, a los líderes ambientales, y a todos los sectores implicados, incluyendo los que se opusieron a la ratificación del Acuerdo. Con su ratificación, esperada por más de dos años, Colombia dejó clara la intención de iniciar una nueva era en el país: la del mandato ciudadano que pone primero los derechos humanos, el cuidado del planeta y la igualdad social.
Haber aprobado el Acuerdo, en el caso colombiano, significa un paso más en el tránsito del país hacia la superación de un conflicto armado interno que, en gran parte, es también ambiental, territorial y político. Escazú puede brindar las herramientas y las garantías para que los diferentes conflictos socioambientales, armados y no armados, se resuelvan de forma pacífica; esa fue de hecho la intención inicial del Principio 10 de la Declaración de Río de 1992 y uno de los propósitos centrales de Escazú.
Otro beneficio innegable de la aprobación del Acuerdo es que ayudará a fortalecer la institucionalidad ambiental. En Colombia solo se destina el 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB) a temas ambientales, lo cual es mínimo para los problemas ambientales que enfrenta el país.
Dada su megadiversidad, algunos estudios coinciden en señalar que Colombia debería destinar al menos el 2% del PIB nacional para poder avanzar de forma contundente en temas como la transición energética, el cambio climático y la deforestación.
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