Once miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el segundo mayor grupo rebelde de Colombia, se rinden en Tumaco, Colombia, en 2009. AP Photo/William Fernando Martinez.

El proceso de paz de Colombia es hoy el principal referente de construcción de paz en el mundo. El próximo 26 de septiembre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) sellaran el acuerdo que pone punto final a 52 años de confrontación armada. Si la ciudadanía refrenda los acuerdos en el plebiscito del 2 de octubre estaremos ante el principal logro de construcción de paz desde el fin de la guerra en Nepal en 2007. Sin embargo aún estaremos hablando de unos acuerdos cojos,  porque no incluyen al otro movimiento armado insurgente –el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Sin el ELN no habrá paz completa.

Si bien el pasado 30 de marzo el Gobierno y el ELN anunciaron el inicio de negociaciones formales, con una agenda de cinco puntos, hasta la fecha las conversaciones se han estancado por desacuerdos procedimentales. El gobierno ha exigido a la guerrilla terminar con la práctica del secuestro antes de proceder con los diálogos de paz, a lo cual la insurgencia ha respondido con estupefacción que no acepta ningún condicionante para iniciar las negociaciones.  El resultado de este desacuerdo ha sido un mayor descrédito de la guerrilla ante una opinión pública, que no entiende y no acepta que el secuestro sea materia de negociación. Pero con este golpe mediático y moral a la guerrilla también ha salido perdiendo el gobierno y el país.

Sumar al ELN al proceso de paz es una prioridad por coherencia política del gobierno y por razones prácticas. Si fracasan las negociaciones con el ELN, el riesgo sería una ofensiva total contra la guerrilla. Pero esta opción deslegitimaría seriamente toda la apuesta del gobierno para resolver por la vía del diálogo los conflictos con raíces políticas. ¿Cómo explicar en Colombia y ante el mundo que mientras se negocia con una guerrilla se combate a la otra?

Desde una perspectiva práctica al gobierno le urge negociar un acuerdo de cese al fuego bilateral con el ELN para facilitar el cumplimiento del reciente cese al fuego con las FARC. Un acuerdo con las guerrillas facilitaría enormemente la labor de la fuerza pública en combatir y ejercer el control sobre los restantes actores armados ilegales en los territorios de conflicto.

Dos guerrillas, dos procesos

El ELN tiene menos combatientes que las FARC y tiene una estrategia político-militar que tiende a poner más énfasis en fortalecer movimientos sociales y la oposición política clandestina que en las acciones armadas. Por estas razones tiene menos visibilidad mediática y, en términos militares, es percibida coma la guerrilla “menor”.

Al mismo tiempo la toma de decisiones al interior de la guerrilla es más horizontal –“democrática” en la concepción elena (es decir, del ELN)- que en las FARC. Lo cual genera procesos lentos, más proclives a visibilizar disensos internos y, en consecuencia, con resultados en ocasiones confusos.  Si añadimos que los diferentes frentes cuentan con una elevada autonomía en su accionar, no es de extrañar que la guerrilla se perciba como un ente indeciso y, en cierto modo, incoherente.

Finalmente, pervive en el ethos del ELN el compromiso irrenunciable a las transformaciones sociales y políticas a las cuales ha dedicado tantos años como las FARC. Con una clara inspiración en la teología de la liberación, su interpretación del compromiso con las clases desfavorecidas e históricamente marginadas les deja poco margen para el compromiso.  Una desconfianza profunda hacia la clase dirigente del país les impide comprometerse con la dejación de armas en ausencia de garantías de transformaciones estructurales.

Muchos no entienden las razones por la cuales los elenos no se han sumado al tren de la paz. Se les critica por no entender el momento político que vive el país, de ser prisioneros de una mentalidad y unas prácticas que forman parte del pasado, de desperdiciar una ventana de oportunidad sin precedentes.

Y, sin embargo, desde la percepción elena hay serios reparos al proceso de paz dominante. Hay frustración porque un menor accionar bélico que las FARC les ha situado en un papel secundario. Hay desacuerdo con la forma elitista de las negociaciones de la Habana, donde un grupo reducido de personas han tomado decisiones que afectan al conjunto del país. Y hay desazón ante la aparente renuncia de las FARC en afianzar mayores transformaciones sociales, políticas y económicas en la mesa de negociación.

El escenario de negociaciones

A pesar de los tropiezos actuales, en una reciente entrevista el máximo comandante de la guerrilla Nicolás Bautista “Gabino” reiteró el compromiso del ELN con las negociaciones de paz y mostró su confianza en que prosperen los diálogos.

Partiendo entonces de la premisa de un inicio formal de diálogos, las dudas más apremiantes son metodológicas. Si el eje central del proceso con el ELN es la participación ciudadana, ¿cómo se articularía tal participación? Más concretamente, se plantean cuatro preguntas clave: ¿Quién convoca a la participación (¿quién tiene el poder de convocatoria para que participe el conjunto de la sociedad)? ¿Quién sistematiza la información del proceso participativo? ¿Quién tomará las decisiones finales? Y ¿Cuánto tiempo requiere este proceso de negociación?

Diversas organizaciones sociales han elaborado propuestas al respecto. Y una de las primeras decisiones de la mesa de negociación deberá ser la de dar respuesta a estas preguntas. Observando las dinámicas sociales y políticas del país, cabe sugerir tres ideas-guía para la discusión pendiente:  

Aprovechar lo acumulado. Los movimientos sociales llevan años articulando agendas de transformaciones sociales, económicas, políticas y hasta culturales. Es más, el Gobierno y la sociedad han protagonizado múltiples procesos de negociación, desde los espacios sindicales a la Cumbre Agraria, pasando por las reivindicaciones indígenas y de afrodescendientes, y las resistencias ciudadanas ante grandes proyectos energético-mineros. Varias de las agendas están claras; incluso hay compromisos gubernamentales, actos legislativos y sentencias de las Cortes que apuntan a transformaciones significativas. Sin embargo, los cambios son lentos o no llegan. Cabe empezar entonces por un diagnóstico compartido sobre las fallas en los mecanismos de participación existentes, antes de elaborar una nueva larga “lista de mercado”.

Reconocer la autonomía. Las dinámicas de movilización ciudadana y de negociación con el Estado tienen un alto componente de autonomía. La mesa de negociaciones puede visibilizar y reconocer estas iniciativas y, así, incrementar su impacto. También puede propiciar otros procesos a lo largo del país. Pero no será posible ni deseable un diseño centralizado del proceso de paz. Habrá que buscar una fórmula creativa que promueva sinergias entre los procesos sociales y las mesas de negociación, sin que nadie pretenda atribuirse el poder representativo e vinculante. Un resultado positivo de este ejercicio tendría un gran impacto sobre el compromiso de fortalecimiento de la democracia.

Acotar los tiempos. Los cambios no llegan con el acuerdo de paz, sino que el acuerdo de paz debe propiciar los cambios. Para evitar frustraciones y posibles nuevos episodios de violencias, es importante identificar claramente los resultados que se pueden esperar de un proceso de paz en el corto, medio y largo plazo. El éxito más significativo en el corto plazo sería eliminar la violencia de la vida política. Esta es la raíz principal del alzamiento en armas de la guerrilla. Otros cambios se demorarán más tiempo, como los procesos para acordar e implementar nuevas políticas públicas a nivel local, regional y nacional. Lastimosamente, eliminar las violencias estructural y cultural puede llevar décadas.

Un marco de confluencia de las negociaciones con el ELN y las FARC.

El gobierno debe ofrecer al ELN las garantías de poder negociar en condiciones de dignidad, es decir que no se les ofrezca solamente sumarse a lo acordado con las FARC sino un proceso autónomo, serio, con los recursos y los tiempos necesarios para proceder respetando la identidad política del ELN.

Al mismo tiempo, es fundamental que ambos procesos tengan un marco común. En este sentido parece oportuno recordar la secuencia del proceso de paz acordado entre el Gobierno y las FACR en 2012: el objetivo de las negociaciones en la Habana es “terminar el conflicto armado”, mientras que la “construcción de paz” es una tarea que le corresponde al conjunto de la sociedad después de concluir las negociaciones. Esta tarea está apenas anunciada, pero no se han concretado la agenda, los actores, los procesos y los tiempos de lo que se ha denominado Fase 3 del proceso de paz. Al poner el énfasis en la participación ciudadana, en la democracia y las transformaciones para la paz, el proceso entre el gobierno y el ELN puede llenar este vacío y, de esta manera, completar un nuevo marco global de construcción de paz.

Gestos y decisiones necesarias

Hacer la paz es más difícil que la guerra. Requiere visión, valor, liderazgo y capacidades para sustituir una retórica polarizada y de maximalismos por un accionar que responda a la diversidad de expectativas de la sociedad.

Sin haber logrado configurar el respaldo de mayorías sociales, las guerrillas parten de una situación compleja. Ante una opinión pública escéptica –cuando no hostil- necesitan  demostrar con hechos su compromiso con la paz. Lo mismo le pasa al Gobierno.

La construcción de la paz no pasa sólo por recuperar la confianza entre gobierno e insurgencias, sino entre ambos y el conjunto de la sociedad.

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