La incertidumbre, las objeciones al proceso de Paz y los fantasmas de la guerra acechan a Colombia.

El país se enfrenta al desafío de materializar los acuerdos de paz y avanzar en consolidar un verdadero posconflicto que no acaba de llegar pese a que ya pasaron más de 2 años desde el histórico acuerdo por el que el ex-presidente Juan Manuel Santos ganó el Premio Nobel de la Paz.

En medio de una grave crisis de institucionalidad, el presidente actual, Iván Duque, sigue balanceándose entre los detractores del acuerdo de paz y la presión de ciudadanos y comunidad internacional.

Los ciudadanos exigen que, sin más dilatación, se implementen estructuras claves como la Jurisdicción Especial para la Paz. Es urgente avanzar en la justicia y reparación para los millones de víctimas que dejó la violencia en Colombia.

Además del juego político, los intereses económicos, y las trabas que quieren imponerse a la verdad y justicia, para entender este momento crítico de la implementación del proceso de paz en Colombia es necesario conocer lo siguiente.

El terremoto político de la JEP

Un componente fundamental para los acuerdos de paz es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un mecanismo de justicia transicional que durante 15 años tendrá la tarea de juzgar a todos los actores que hayan cometido crímenes durante el conflicto.

En marzo de este año, el presidente Duque presentó 6 objeciones a la JEP, entre las que se destacaba su desacuerdo con la “no extradición” que se establece en los acuerdos como una garantía al derecho de las víctimas de obtener justicia, verdad y reparación.

Tras intensas discusiones en el senado y el congreso a propósito de la aprobación o no de estas objeciones, el presidente sufrió un fuerte revés político al ser derrotadas.

A esto se sumó un verdadero terremoto que incluso obligó a renunciar al fiscal general cuando la JEP decidió no extraditar a Jesús Santrich, ex-comandante de las FARC.

La JEP apeló a la garantía de no extradición que ampara la seguridad jurídica a los ex-guerrilleros y da al país una posibilidad más amplia de verdad y justicia.

“Falsos positivos” y el pasado de la guerra

Pero llueve sobre mojado. En los pasados días, un artículo del NY Times puso en tensión al gobierno y sus fuerzas militares. Su autor reveló que un comandante del ejército habría ordenado a sus tropas duplicar la cantidad de criminales y rebeldes que matan, capturan o obligan a rendirse.

La orden además señalaba que no se podía exigir la perfección al momento de acciones letales, inclusive si se cuestionan quiénes son los objetivos que se atacan. Estas revelaciones provocaron amenazas de muerte al periodista, que tuvo que abandonar el país.

Esta alarmante orden, en la práctica facilita que civiles sean víctimas del Ejercito, situación reflejada en el pasado en las denominadas ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”, donde las fuerzas armadas colombianas asesinaron a más de 2.000 civiles, incluyendo estudiantes y campesinos.

El objetivo: hacerlos pasar irregularmente como supuestos miembros de la guerrilla, engrosar los números y así aparentar cumplir sus objetivos militares.

La denuncia causó un tal escándalo que el Ejército de Colombia anunció que se retiraba cualquier orden relacionada con aumentar los resultados operacionales de las tropas. Con este tipo de decisiones militares, el fantasma de la guerra regresa.

El incumplimiento del acuerdo

Por ahora lo más crítico de esta crisis institucional y terremoto político es el freno a los avances del acuerdo de paz. Ante la incertidumbre y las vacilaciones del gobierno para avanzar con mecanismos como la JEP, se ha denunciado que al menos 3.000 milicianos han regresado a la lucha armada.

Además, a esto se suma el macabro asesinato de al menos 500 activistas y líderes sociales desde que se firmó el acuerdo de paz.

Una investigación revelada por el Instituto Kroc de Estudios Internacionales para la Paz reveló que, a pesar del esfuerzo por hacer progresar los acuerdos de paz, solo un tercio de los compromisos se podrán lograr en el plazo acordado. El resto de acuerdos están en una fase de implementación mínima o ni siquiera se han abordado.

Este panorama deja en alerta máxima un país que sigue viviendo entre la zozobra y el miedo de la guerra, y en el que los intereses hegemónicos siguen galopando fuerte para que los acuerdos de paz no afecten el status quo de quienes detentan el poder.

Se perpetúan así los problemas estructurales como la masiva concentración de la tierra, la enorme desigualdad y que Colombia siga siendo uno de los países más violentos de la región.

El país no puede permitirse estos retrocesos, y la paciencia de sus ciudadanos no será infinita.