El jueves 29 de Agosto, Colombia despertó reviviendo una vieja pesadilla. El retumbar de los tambores de una guerra de más de 50 años, que la firma de los Acuerdos de Paz en 2016 pareció dar por acabada tres años atrás, volvieron a sonar.

La declaración en video de la retoma de armas por parte de varios disidentes de unas FARC que ya se habían desarmado fue un golpe irreal, una regresión al pasado.

En el citado video reapareció el líder de las negociaciones de paz de la Habana, y número dos de las FARC, Iván Márquez, que estaba en paradero desconocido desde abril de 2018.

Nueve meses después, el 15 de enero 2019, Márquez publicó un video clandestino en que manifestó que “fue un error” el haber entregado las armas a “un Estado tramposo”.

“Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia” declara Márquez en un nuevo video. Junto el Paisa, aparecen otros pesos pesados de la guerrilla, entre los que destacan el ex-congresista controversial Jesús Santrich, Henry Castellanos Garzón alias Romaña, y Walter Mendoza. Están ahí todos los fantasmas del pasado.

“Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los Acuerdos de Paz de la Habana”, dice Márquez con solemnidad impostada, rodeado de lo que parecen combatientes armados, en uniformes militares.

Muchos en Colombia se preguntarían si esto no es más que una farsa, un “coup de theatre” donde unos viejos veteranos de guerra se reúnen para recordar viejos tiempos.

Pero para la mayoría de los ex-combatientes de las FARC, para quienes ha supuesto un enorme esfuerzo acomodarse a su nueva situación, lo visto es vivido como una traición. Por eso están alzando sus voces para defender los acuerdos y oponerse a las declaraciones de Márquez.

Por todo eso, te presentamos claves que tienes que saber sobre los hechos recientes en Colombia, y qué tienen que ver Venezuela y la política del gobierno colombiano actual con el rearme de ex-combatientes.

¿Por qué estaría implicada Venezuela?

La declaración del presidente colombiano Iván Duque, como reacción al comunicado de Márquez y su cuadrilla, no estuvo a la altura de la circunstancia. En vez de reclamarles que vuelvan a la legalidad, acusó a la “dictadura de Nicolás Maduro” de proporcionar apoyo y albergue a los exguerrilleros disidentes.

Para Duque, esto no es más que nueva munición para alimentar la tensión entre los gobiernos de Colombia y Venezuela. Es dudoso el involucramiento directo del gobierno Venezolano, pero para el gobierno, alineado en política exterior con la agresiva actitud de Washington hacia Maduro, resulta muy conveniente cargar las culpas al vecino país.

Puede así desviar la atención sobre su estrepitoso fracaso a la hora de hacer avanzar de verdad los acuerdos de paz y de detener la masacre de líderes sociales, de indígenas y de excombatientes en muchos territorios de Colombia.

Ahí, actores criminales imponen su ley a sangre y fuego ante la clamorosa ausencia del Estado y el desprestigio de un ejército, que ha vivido escándalos debidos a ejecuciones extrajudiciales, llamadas eufemísticamente “falsos positivos”.

Tibio cumplimiento con los acuerdos de paz

El pasado 7 de Agosto el gobierno de Iván Duque cumplió un año al frente de Colombia, y en este tiempo ha puesto demasiados impedimentos al pleno desarrollo de los Acuerdos de Paz.

Duque vive a la sombra de su valedor, el ex-presidente ultraconservador Álvaro Uribe, quien promovió el ‘no’ a los acuerdos en el referéndum de 2016 y acabó agudizando la gran polarización existente en la sociedad colombiana, que aún perdura.

Los Acuerdos de La Habana, tras años de complejas negociaciones con las FARC, quisieron poner fin a 52 años de guerra civil, y consiguieron desarmar a la guerrilla, bajo la supervisión de la ONU.

Sin embargo, la violencia sigue extendida por muchas áreas rurales del país, donde hay poca institucionalidad y donde la manifiesta falta de voluntad política a favor del gobierno de Duque abre la puerta a múltiples abusos y asesinatos, que quedan siempre en la impunidad.

Bajo la tutela del ahora senador Uribe, Duque ha presentado múltiples batallas jurídicas contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Duque, que compró el argumento de que la JEP llevaría a la impunidad de la guerrilla, ha puesto en marcha una fracasada política obstruccionista, aunque ha sido rechazada repetidamente por el Senado.

También han fracasado varias veces los intentos de negociación con el ELN. Ante las dificultades que presenta este grupo, mucho más desestructurado que las FARC, Duque ha sido incapaz de dar continuidad al trabajo del gobierno anterior.

Haciendo estallar un mortífero coche bomba en una escuela de cadetes de policía de la capital el pasado mes de enero, el ELN puso en evidencia el muy escaso interés que tiene en una paz verdadera, y proporcionó al gobierno el argumento que necesitaba para cerrar la puerta definitivamente.

Ahora, aunque la capacidad real de Márquez, el Paisa y Santrich de reconstruir un ejército combatiente que ponga en jaque al gobierno es prácticamente nula, el mensaje que envían es un duro golpe para un Proceso de Paz ya muy debilitado.

Duque solo ha asumido una “agenda mínima de paz” que se centra en la reincorporación de guerrilleros a la vida civil y algunos programas de desarrollo, muy poca cosa para una herida tan profunda que puede volver a sangrar.

En cualquier caso, el anuncio de Márquez es una noticia trágica para Colombia. El hecho de haber permitido que la situación se deteriorara hasta el punto de que los exguerrilleros disidentes se hayan visto legitimados para situarse de nuevo al margen de la ley es un fracaso de toda la sociedad política colombiana.

Con los Acuerdo de Paz, que fueron costosísimos pero que llegaron a puerto, Colombia quiso despertar de un sueño atroz. Sin embargo parece que, gracias al error de convocar un referéndum que fue usado para boicotear la esperanza, y por culpa de la incapacidad de unos y la irresponsabilidad de otros, la pesadilla de la violencia está aquí para quedarse.