La incipiente democracia de Brasil corre el peligro de fracasar. Mientras tanto, su economía política, tanto a nivel federal como a nivel local y regional, está envuelta en una conducta ilegal.

En una democracia moderna con una economía política robusta, como la de Canadá, la política y la economía son fundamentalmente inseparables, mutuamente interdependientes, no dicotómicas, y las acciones políticas influyen en los resultados económicos. Además, la economía política es fundamentalmente interdisciplinaria y se basa en la economía, las ciencias políticas, el derecho, la historia y otras ciencias sociales.

Mientras que en Brasil, colonia de Portugal durante más de tres siglos, hasta hace poco no había ninguna democracia. Y la economía política era de naturaleza colonial. En 1985, unas elecciones dieron paso a un gobierno civil y así comenzó la esperada democratización del país, y con ello una economía política naciente y poscolonial comenzó a tomar forma lentamente. Sin embargo, el progreso se ha visto constantemente obstaculizado por la corrupción endémica, el quebrantamiento del orden público, las debilidades de una democracia incipiente y la propagación del coronavirus.

En enero de 2019, Jair Bolsonaro, un ex oficial militar, fue elegido presidente con la promesa de abordar los problemas de orden público. Había basado su campaña sobre un nuevo comienzo que limpiaría la corrupción, el crimen y otras conductas ilegales. Por contra, la corrupción y los escándalos han sacudido su presidencia implicando a Bolsonaro, directa e indirectamente, y su conducta se considera cada vez más ilegal.

Para agravar esta situación, el coronavirus ha tenido un amplio impacto en todos los aspectos de la vida, la gobernanza y la democracia en Brasil. Esto ha llevado a que la economía política de la nación tome una forma que expone acciones que no están fundadas en la buena gobernanza sino más bien en estupideces, maniobras políticas, valores de derechas (como los que dominaron la época colonial) y la promoción de las agendas personales e ideológicas de Bolsonaro.

Mientras tanto, la economía del país se encuentra en una situación difícil debido a las repercusiones económicas, sociales y políticas del coronavirus, que Bolsonaro no ha manejado bien, al descartar a la Covid-19 como nada más que una gripe común, y por lo tanto algo no digno de preocupación, a pesar de que las muertes y los casos de infección aumentan diariamente en todo el país. Otra preocupación es que, en los últimos tres meses, el gobierno de Bolsonaro se ha visto sacudido por la dimisión del muy respetado Ministro de Justicia Sergio Moro, que ha acusado al presidente de prevaricación en el despido de Mauricio Valeixo, el jefe de la policía federal – es decir, el despido se hizo tanto sin causa como sin justificación. Además, la decisión estaba fuera de su área de responsabilidad designada (ya que el jefe de policía es independiente de la presidencia).

Tanto la dimisión de Moro como el despido de Valeixo fueron especialmente incriminatorios para Bolsonaro, que está siendo investigado por su conducta en el despido de Valeixo. A mediados de abril de este año, Bolsonaro despidió al Ministro de Salud por abogar por políticas de distanciamiento social para hacer frente a la propagación del coronavirus.

Estos tres acontecimientos recientes han socavado los principios democráticos, y la joven democracia brasileña está siendo atacada por su propio presidente. Para empeorar las cosas, tres hijos del presidente están siendo investigados por la policía federal por posibles infracciones (incluidas acciones corruptas, como el lavado de dinero por parte de uno de los hijos, y la difusión de noticias falsas que atacan a los jueces del Tribunal Supremo por parte de los otros dos).

Además, las repercusiones económicas, políticas, sociales y culturales de las políticas de extrema derecha de Bolsonaro en el desarrollo temerario de la Amazonía, especialmente con un total desprecio por el bienestar y la supervivencia de las poblaciones indígenas, son preocupantes y contrarias a una gobernanza ilustrada y democrática.

Su incapacidad para abordar las preocupaciones ambientales es también otra grave preocupación. La visión de Bolsonaro de la economía política de Brasil está conformada por sus ambiciones personales y políticas (especialmente, su objetivo de reelección en 2022) y su programa de negocios (por ejemplo, la reactivación de la economía de manera prematura e imprudente, vinculada a sus planes de reelección). Estos acontecimientos, junto con sus valores, dictan qué políticas públicas y económicas se deben promover.

De hecho, la respuesta de Bolsonaro a la propagación del coronavirus y su desarrollo agresivo y acelerado de la Amazonía a cualquier precio, personifican su postura política, su estrategia y sus correspondientes acciones. En consecuencia, la economía política de Brasil está mostrando, en realidad, tanto una débil convergencia (en términos de las bases que soportan el liderazgo, el gobierno, la ideología y el sector empresarial) como una divergencia, en términos de que la política y la economía son interdependientes, pero están separadas.

Como resultado de ello, la gobernanza de Brasil está mostrando signos de un retorno de facto a una economía política de tipo abiertamente colonial, especialmente cuando se ven expuestas dos naciones separadas, una en gran medida "no indígena" y la otra indígena. Estos hechos también significan que Bolsonaro muestra una fachada en la que la política y la economía aparentemente no son dicotómicas, aunque en realidad la dicotomía y la divergencia son la nueva norma. Esta situación guarda cierta semejanza con el caso de Bolivia, donde, como resultado del golpe militar de noviembre de 2019, se está produciendo, de manera agresiva y rápida, el retorno a una economía política de la época colonial.

Para entender la naturaleza de la economía política a nivel local y regional, me remito al caso de Itaboraí, un centro urbano con una población de un cuarto de millón, situado a unos 50 kilómetros al este de Río de Janeiro. La corrupción proyecta una larga sombra sobre esa ciudad y da forma a su economía política.

Douglas y Valle han noticiado en Bloomberg Businessweek (23 de abril de 2019) que las milicias, compuestas por bandas de policías y agentes de seguridad deshonestos y fuera de servicio, comenzaron a operar en Itaboraí, así como en los empobrecidos barrios del oeste de Río hace un tiempo. "Los políticos hicieron la vista gorda o colaboraron con los grupos”. Estas milicias cobran por una amplia gama de servicios, incluyendo seguridad, gas para cocinar, acceso a Internet y televisión por cable. También han acaparado el mercado de tabaco de contrabando y han obligado a los vendedores a comercializarlo. Estas bandas son ahora activas en todo Río y otras catorce ciudades del estado, afectando la vida de millones de personas. Douglas y Valle dicen:

"La corrupción tiene un costo muy alto en todo Brasil. Consume hasta un 2,3% del producto interno bruto, según la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo. Eso es alrededor de US$ 38 mil millones al año. ...tenemos una corrupción sistémica en todos los niveles. Es una práctica que está profundamente arraigada en el país, y en la seguridad pública no es diferente".

El problema se agrava porque muchos gobernadores de estado y alcaldes de ciudades no apoyan las políticas de Bolsonaro. Cuando el aparato del gobierno, los sistemas de apoyo y las políticas y reglamentos fomentan la corrupción y la delincuencia profundamente arraigadas en los planos local y regional, se produce un profundo fracaso en la gobernanza. La economía política tiene que desempeñar un papel de refuerzo en los diversos niveles de la gobernanza (zona urbana pequeña, zona rural, ciudad, región y nación). Por consiguiente, en más de un sentido, en Brasil mantener y promover los principios de la democracia es un profundo desafío.

Por último, a la vista de que el coronavirus está causando estragos en todos los frentes del país, la sombría situación está impulsando a Bolsonaro a manejar sus asuntos de manera no democrática, dando claras muestras de su deriva hacia una economía política de tipo colonial.