Vista panorámica del área de operaciones de Yanacocha. La Minera Yanacocha es la empresa que explota está la mina de oro más grande de Latinoamérica. Fuente: wikipedia

Que las consultas populares definan el futuro de un territorio es un derecho constitucional en Colombia. Y ahora está en peligro. Este mecanismo de participación ciudadana está diseñado para que las comunidades puedan decidir sobre asuntos de competencia territorial.  El resultado de las consultas es de obligatorio cumplimiento por parte de las autoridades. 

Pero ahora, todo esto se encuentra en suspenso. Un fallo de la Corte Constitucional el pasado 12 de Octubre sentenció que las comunidades no podrán usar las consultas populares como un mecanismo para detener proyectos extractivos mineros y de explotación de hidrocarburos.

En 9 municipios de Colombia, ante la pregunta: ¿quieren que se realice un determinado proyecto extractivo en su municipio?, más del 90% de los habitantes respondieron un contundente NO. Está claro que estas consultas representaron un enorme choque de trenes entre los que promueven los proyectos de extracción minera y los que se oponen a ellos. 

La alegría de los ambientalistas, que celebraban la garantía constitucional para proteger el medio ambiente y los territorios, duró muy poco. Y ahora la frustración es abrumadora. 

Por todo eso, aquí planteamos 3 claves para entender la trascendencia de las consultas populares en Colombia y su incidencia en la región.

La alegría de los ambientalistas, que celebraban la garantía constitucional para proteger el medio ambiente y los territorios, duró muy poco. Y ahora la frustración es abrumadora. 

La decisión de frenar consultas es antidemocrática

Lo cierto es que las consultas populares han sido uno de los mecanismos más representativos creados por la democracia con la voluntad de dar voz y voto a la ciudadanía sobre los asuntos que afectan a su territorio. 

Con la popularidad expansiva que el uso de esta herramienta tuvo entre el movimiento ambientalista colombiano, la sociedad civil puso en marcha consultas ciudadanas para hacer frente a proyectos mineros extractivistas y pensar en alternativas de desarrollo menos agresivas y depredadoras. 

Ante la popularidad que han adquirido estos ejercicios democráticos se hace evidente que frenarlos es enfrentarse a la democracia misma, y a una ciudadanía empoderada que, justamente, se valió de su derecho constitucional para exigir su cumplimiento.

Tanto es así, que uno de los magistrados que votó a favor de la sentencia limitatoria, decidió después usar su voto particular (conocido como “salvamento de voto” en Colombia) y manifestar que la Corte está tomando una decisión “regresiva y antidemocrática” puesto que limita injustificadamente la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones acerca de proyectos que impactan directamente en su ecosistema. 

La sociedad civil puso en marcha las consultas populares para hacer frente a proyectos mineros extractivistas y pensar en alternativas de desarrollo menos agresivas y depredadoras. 

El páramo más grande del mundo, en peligro

Un gran proceso de movilización ciudadana se unió para proteger un ecosistema único en el planeta: los páramos colombianos. Sumapaz, una región al sur de Bogotá que alberga en páramo más grande del mundo, ya había adelantado dos consultas en dos de sus municipios, para detener el fracking. Con la decisión de la Corte Constitucional, los promotores de estas consultas sienten violentado su derecho a la participación ciudadana y al legítimo ejercicio de definición del futuro de sus territorios por parte de las comunidades. 

Una de las aportaciones fundamentales de estos procesos de consulta es el ejercicio de sensibilización ambiental por el que la misma ciudadanía se ha dado cuenta de las desventajas de la minería. Resulta evidente que, en muchos lugares de la región con extracción minera, se han desencadenado procesos de profundización de la pobreza. Estos proyectos, que prometen incrementar el desarrollo, terminan convirtiéndose en tragedia para comunidades y territorios donde, una vez se acaba la extracción, resulta que son más pobres que al inicio. 

Gracias a las consultas, los ciudadanos han comprendido las claras desventajas sociales y ambientales de la macro-explotación de los hidrocarburos en los páramos y los han rechazado con amplias mayorías.

Los procesos de consulta son ejercicios de sensibilización ambiental por el que la misma ciudadanía se ha dado cuenta de las desventajas de la minería.

Están en juego la vida y el ambiente

Lo dijo un habitante de Cajamarca, uno de los municipios que el pasado 26 de marzo votó masivamente NO a la extracción petrolera en su territorio: “Nos jugamos la vida en la consulta popular de Cajamarca. No solamente nos referimos a la vida ambiental de la región, sino a la vida económica del país, a la legitimidad del régimen político, y a la posibilidad de construir una paz estable y duradera”. Está claro que la tensión fundamental radica en el rechazo a un modelo avasallador de desarrollo económico cimentado en el extractivismo como mecanismo de rápida acumulación de riqueza en pocas manos. 

De ahí el importante conflicto que el Estado colombiano está viviendo con las consultas. Lo que está realmente en juego aquí es el poder de las multinacionales y sus agendas económicas frente a la decisión democrática de unas comunidades empoderadas para defender su vida y su territorio. 

Los usos del territorio, el desarrollo económico, el fortalecimiento institucional y la protección de la democracia ambiental son elementos fundamentales en la estructuración de un Estado. El caso de Colombia pone en tensión el futuro de las comunidades en los territorios frente al poder de multinacionales que muchas veces logran controlar los aparatos estatales para vulnerar derechos básicos como lo es el de la participación. 

No solamente nos referimos a la vida ambiental de la región, sino a la vida económica del país, a la legitimidad del régimen político.

Cómo se acabe resolviendo este conflicto en Colombia afectará sin duda a muchos otros procesos en marcha en una región tan rica en recursos como amenazada humana y medioambientalmente por la ansia depredadora de una economía extractivista que arrasa Latinoamérica en beneficio de muy pocos.