Un informe presentado en agosto de 2020 por senadores y representantes de los partidos políticos independientes titulado "¿En qué va la paz a 2 años del gobierno Duque, informe multipartidista" hizo un recuento sobre en qué iba el Acuerdo cuatro años después de haberse firmado. Cuatro meses después de ese informe demoledor, las cifras de violencia siguen siendo abrumadoras y lo que era una gran oportunidad histórica para Colombia ha visto un estancamiento incomprensible en algunos aspectos clave.
Según el informe, hubo un aumento muy importante en el número de asesinato de líderes sociales, confinamientos y desplazamientos forzados. Asimismo, en el tema de la reparación de las víctimas y dotación de tierras, se encontró que, al ritmo actual, al Estado colombiano le tomaría 43 años indemnizar a todas las víctimas y que solo se está cumpliendo con un 0.08% de lo que debería para cumplir con la meta de 3 millones de hectáreas que, en base al acuerdo, deben entregarse a campesinos en los 12 años siguientes al Acuerdo.
Lo anterior prende - o debería prender - alarmas muy serias sobre la ejecución de un Acuerdo que trajo esperanza para muchísimos colombianos, así como para muchos países y sectores ya que, no solo acababa con la guerrilla más antigua del continente, sino que también representaba la oportunidad para acometer transformaciones sociales que Colombia necesitaba desde hace décadas como: equidad en el campo, reparación de víctimas y avances en la perspectiva sobre el manejo del tráfico de drogas.
