Más de cuatro años después de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia (24 noviembre 2016), democraciaAbierta hace un balance sobre cómo se ha avanzado en cada punto, para descubrir flagrantes incumplimientos y el deterioro de la situación en demasiados frentes.
Un informe presentado en agosto de 2020 por senadores y representantes de los partidos políticos independientes titulado "¿En qué va la paz a 2 años del gobierno Duque, informe multipartidista" hizo un recuento sobre en qué iba el Acuerdo cuatro años después de haberse firmado. Cuatro meses después de ese informe demoledor, las cifras de violencia siguen siendo abrumadoras y lo que era una gran oportunidad histórica para Colombia ha visto un estancamiento incomprensible en algunos aspectos clave.
Según el informe, hubo un aumento muy importante en el número de asesinato de líderes sociales, confinamientos y desplazamientos forzados. Asimismo, en el tema de la reparación de las víctimas y dotación de tierras, se encontró que, al ritmo actual, al Estado colombiano le tomaría 43 años indemnizar a todas las víctimas y que solo se está cumpliendo con un 0.08% de lo que debería para cumplir con la meta de 3 millones de hectáreas que, en base al acuerdo, deben entregarse a campesinos en los 12 años siguientes al Acuerdo.
Lo anterior prende - o debería prender - alarmas muy serias sobre la ejecución de un Acuerdo que trajo esperanza para muchísimos colombianos, así como para muchos países y sectores ya que, no solo acababa con la guerrilla más antigua del continente, sino que también representaba la oportunidad para acometer transformaciones sociales que Colombia necesitaba desde hace décadas como: equidad en el campo, reparación de víctimas y avances en la perspectiva sobre el manejo del tráfico de drogas.
Nada de esto se ha conseguido todavía, y no parece que exista a día de hoy la voluntad política exigible para dar el impulso urgente necesario para avanzar en estas cuestiones clave para la estabilidad y el futuro del país.
A continuación, democraciaAbierta analiza, punto a punto, en qué va el Acuerdo.
El primer punto del acuerdo, titulado Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral, se creó para revertir los efectos del conflicto y garantizar la sostenibilidad de la paz, aumentar el bienestar de los campesinos e impulsar la integración y el desarrollo social, promoviendo oportunidades para la ruralidad colombiana, especialmente para las poblaciones más afectadas por el conflicto armado y la pobreza. Era, en pocas palabras, la fórmula para transformar el campo a nivel nacional.
Hace falta cooperación activa del gobierno para asegurar una participación política plural y efectiva para los excombatientes, tema que es clave para que tengan oportunidades al reincorporarse a la sociedad civil colombiana
Dentro de este punto, se acordó crear un Fondo de Tierras de distribución gratuita para campesinos sin tierras o con tierra insuficientes, que dispondría de 3 millones de hectáreas en sus diez primeros años, es decir, en 2028.
En julio de 2020, el Fondo alcanzó el millón de hectáreas ingresadas. Esto le deja al gobierno actual y a los que vengan ocho años para ingresar dos millones más. Aquí lo clave es entender que no necesariamente todas las tierras ingresadas son tierras entregadas. El proceso de adjudicación de las tierras tiene varias etapas. Entonces, lo primero que se hace es encontrar la tierra, para luego hacer un proceso de caracterización, que implica ir al territorio para saber si los terrenos tienen vocación productiva, y, finalmente, tenerlo listo para entregar. Así, es clave que el gobierno avance o no habrá tiempo suficiente para ingresar el total de tierras y cumplir con el proceso de entrega.
Otro acuerdo importante dentro del primer punto fue crear un catastro multipropósito que en 7 años lograra concretar la formación y actualización del catastro rural. A la fecha, el catastro no ha sido creado, lo que impide una distribución y fiscalización real de los predios rurales.
Se esperaba también que, en 2020, los avances de los planes nacionales para erradicar la pobreza extrema en el campo estuvieran adelantados. Sin embargo, según el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto, SIIPO, se ha avanzado un 53.12% en los planes.
Los otros acuerdos del punto uno han avanzado así: El ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo se ha ejecutado en un 22.31%; Infraestructura y adecuación de tierras en un 55.73%; Desarrollo social y de salud en un alarmante 3.08%; Desarrollo social o educación rural en un 41.91%; Vivienda y agua potable en un bajo 29%; Producción agropecuaria y economía solidaria en un 59%; Garantía al derecho de alimentación en un también bajo 30%; y planes de acción para la transformación regional en un 48%. Aunque hay acuerdos avanzados, algunos clave están muy por debajo de lo que se espera.
El punto 2 del acuerdo busca ampliar la democracia y facilitar que, en el escenario político, los excombatientes tengan voz y voto. Para lograrlo, se establecieron tres acuerdos. A la fecha, ninguno tiene un 50% de ejecución.
El primer acuerdo son los derechos y garantías para la oposición y los nuevos movimientos que surgieron después de la firma del Acuerdo. Se ha ejecutado en solo un 8.24%. El segundo acuerdo habla sobre los mecanismos democráticos de participación ciudadana para los excombatientes y solo se ha ejecutado en un 35%. Finalmente, el último acuerdo del punto 2 busca promover una mayor participación en la política Nacional. Aunque varios líderes de las FARC hoy hacen parte de la política colombiana, este acuerdo solo cuenta con el 24% de ejecución.
Lo que muestran las cifras es que hace falta cooperación activa del gobierno para asegurar una participación política plural y efectiva para los excombatientes, tema que es clave para que tengan oportunidades al reincorporarse a la sociedad civil colombiana.
Este punto es clave porque plantea la hoja de ruta para acabar definitivamente con la guerra entre las FARC y el Ejército de Colombia. Asimismo, es el punto que definía cómo se haría la dejación de armas y cómo se iniciaría el proceso de reincorporación de los excombatientes.
Este es uno de los puntos más avanzados. El primer acuerdo, que trata sobre el cese al fuego, se ejecutó en un 100%. El segundo, que hace referencia a la reincorporación de los excombatientes, va en un 70%. El tercero, sobre las garantías de seguridad y luchas contra las organizaciones y conductas criminales, va en un 43%.
Hay, sin embargo, un pedazo de este punto que es polémico y es el de la reincorporación de los excombatientes. Uno de los logros más importantes del Acuerdo fue la entrega de las armas por parte de las FARC. Sin embargo, el futuro de la reincorporación sigue siendo incierto. Los excombatientes, a la fecha, no tienen tierras propias, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de sus proyectos y su estabilidad económica. A esto se suma que hace un año se terminó la vigencia del decreto que creó los espacios de reincorporación o ETCR. En teoría, el Gobierno iba a comprar esos espacios para los excombatientes, pero esto solo ocurrió con dos de los 24 ETCR previstos.,
A lo anterior se suma que, para julio de 2020, el 71.3% de los excombatientes no estaba vinculado a un proyecto productivo desembolsado por el Gobierno Nacional.
Otra cifra alarmante es que, desde el inicio del proceso de dejación de las armas al 13 de julio de 2020, los asesinatos de excombatientes ascienden a 250, lo que sólo enfatiza su vulnerabilidad y desprotección en clara violación del Acuerdo. Asimismo, preocupa que desde el 24 de marzo, día en que inició la cuarentena por la pandemia de la Covid-19, más de 20 firmantes han sido asesinados.
El punto 4 del acuerdo contiene el acuerdo sobre Solución al problema de las drogas ilícitas, en el que es indispensable promover una nueva visión sobre el fenómeno del consumo, el problema de los cultivos de uso ilícito y la criminalidad organizada asociada al narcotráfico.
Lo que muestra el informe de los partidos independientes es que, en los últimos dos años, Colombia redujo las hectáreas de coca, pero aumentó la productividad de cocaína. En 2018 había 169.000 hectáreas de coca y en 2019 había 154.000, es decir, 15.000 hectáreas menos, lo que confirma el quiebre de la tendencia incremental que inició en 2014. Sin embargo, la producción potencial de clorhidrato de cocaína aumentó en un 15%, lo que muestra un mayor grado de tecnificación en la producción, es decir, que se requiere menos hoja de coca para producir la misma cantidad de cocaína.
Es preocupante que, según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés), si bien los cultivos de coca se redujeron en todas las regiones del país, la región de Catatumbo fue la excepción, con aumento de un 24% de los cultivos. Esto es grave si se tiene en cuenta que ahí fue donde avanzó el primer ejercicio de Hoja de Ruta y que este no prioriza ninguna de las iniciativas de sustitución necesarias para avanzar en un proceso comunitario de tránsito a economías legales.
El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS, ha avanzado muy lentamente. Es preocupante que, a más de tres años de su implementación, solo el 12% de las familias vinculadas cuenten con un proyecto productivo. Si el ritmo sigue como va, tomarán 139 años para que las familias con acuerdo individual cuenten con un proyecto productivo. Lo anterior no tiene en cuenta las familias que firmaron acuerdos colectivos y las que quieren erradicar y que no han sido vinculadas a un proyecto de sustitución.
A la incertidumbre de estas cifras se suman las recientes declaraciones del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien ha afirmado que la violencia en Colombia se debe a los cultivos ilícitos y que la solución es el regreso del glifosato. Esto, además de ir en contra del Acuerdo y de la Corte Constitucional, amenaza la vida y la salud de las poblaciones y los ecosistemas donde hay cultivos ilícitos.
Por eso, es importante mirar las cifras de erradicación forzada. Para 2020, la meta de erradicación forzada de coca era de 130.000 hectáreas, un 62% más que en 2019, que era de 80.000 hectáreas. Así, las actividades de erradicación en cabeza de la Fuerza Pública han aumentado en regiones como el Catatumbo, el Bajo Cauca, Putumayo y el Pacífico Nariñense. La consecuencia es que ha aumentado la conflictividad social. El Observatorio de Tierras registró que han muerto cuatro campesinos y más de cinco indígenas como resultado de operativos del Ejército y la Policía Antinarcóticos a lo largo de 2020.
Lo anterior muestra que no hay articulación entre las políticas de erradicación forzada, que deberían ser el último recurso cuando no hay voluntad de erradicar de forma concertada, y los programas de sustitución, lo que abre la puerta a propuestas como la de Holmes Trujillo de retomar la aspersión de glifosato.
Existe un desbalance para las mujeres y una necesidad de mejorar el enfoque de género en la implementación del Acuerdo.
Este uno de los puntos clave del Acuerdo. En el Registro Único de Víctimas están inscritas 9.031.048 víctimas, de las cuales 7.299.457 son sujetos de atención, con corte a junio de 2020. Asimismo, el promedio anual de víctimas indemnizadas desde 2012 a 2019 fue de 103.536. En 2020, la Unidad de Víctimas entregó 72.539 indemnizaciones, lo que muestra que, de seguir con la misma tendencia, las indemnizaciones suben en un 40.1% cada año. Lo anterior, sin embargo, no es suficiente, ya que tomaría 43 años indemnizar a todas las víctimas. Igualmente, la Jurisdicción Especial para la Paz ha acreditado a más de 300 mil víctimas. Estos números dan cuenta de la deuda impagada del país hacia las víctimas.
En temas de restitución de tierras, con corte a junio de 2020, la Unidad de Tierras (URT) había recibido 125.513 solicitudes de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, RTDAF, por 95.926 personas. De estas solicitudes, el 83.5% fueron gestionadas por las URT y 94.1% están en zonas microfocalizadas. Por otro lado, se culminó el trámite administrativo de 81.820 solicitudes. Al 30 de junio de 2020, se habían proferido 5.811 sentencias que resolvieron 11.265 solicitudes de la Unidad, lo que significa que, del total de solicitudes de restitución, tan solo el 5.5% habían sido resueltas por un juez.
En cuanto a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, para junio de 2020 la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, determinó la apertura de siete macro casos que están en proceso de ser ampliados e investigados y que van desde falsos positivos hasta reclutamiento de niños en el conflicto armado.
La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, por su parte, ha creado nueve planes regionales de búsqueda en curso que tienen como objetivo la búsqueda de un total de 591 personas. En cuanto a la recepción de información, con corte a marzo 31 de 2020, la Unidad había recibido solicitudes de búsqueda correspondientes a 5.389 personas desaparecidas y había establecido el estado de 810 personas, de las que 591 ya estaban incluidas en un plan regional de búsqueda.
Finalmente, la Comisión de la Verdad ha escuchado 11.118 víctimas; 38 % de la guerrilla, 32% de los paramilitares y 16% de la Fuerza Pública, Para finales de 2019, la Comisión había elaborado 23 documentos preliminares sobre patrones y contextos explicativos del conflicto armado que ayudarán a crear el informe final de esta institución. Frente al tema de la No Repetición, la Comisión elaboró 9 documentos que compilan recomendaciones de los procesos de Diálogos para la No Repetición y del análisis de agresiones a líderes sociales. La matanza de líderes sociales, sin embargo, sigue aumentando y, solo en 2020, 310 fueron asesinados, casi uno por día.
En el SIIPO, solo se reportan los avances de los indicadores que tiene una ficha metodológica, que debe ser constituida por cada entidad responsable y aprobada por el Departamento Nacional de Planeación, DNP. Desde el último informe multipartidista, hubo un avance de 5 puntos porcentuales en los indicadores que tienen ficha colgada, llegando al 74% de los indicadores.
Todavía preocupa que el 11.6% de los indicadores con ficha colgada no tienen reporte de información sobre su avance. Las entidades que presentan atrasos para reportar son: el Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y del Derecho y el Ministerio de Salud.
En cuanto al enfoque de género, el Acuerdo contempla 130 medidas relacionadas con este enfoque. Sin embargo, el avance de estas medidas frente al total de los compromisos del Acuerdo es menor. Solo 9% de las 130 disposiciones se ha implementado frente a 25% implementado del total del Acuerdo, que sigue siendo un porcentaje bajo.
Del Fondo de Tierras, 36% se han dado a manos de mujeres ante un 64% más de hectáreas a los hombres. En los PNIS, solo el 1.36% de las familias con titulares mujeres inscritas tenían proyectos productivos formulados e iniciados.
Esto muestra un desbalance para las mujeres y una necesidad de mejorar el enfoque de género en la implementación del Acuerdo.
En cuanto al enfoque étnico, el Acuerdo contempla 80 medidas relacionadas con este enfoque. De estas, solo 10% se han implementado por completo y ninguna de las familias étnicas ha recibido apoyo para proyectos productivos. Asimismo, de los Planes Regionales aprobados, ninguno ha sido concertado con las comunidades étnicas ni contiene componentes diferenciales
A Comienzos de 2020, el 86% de las familias indígenas y el 46% de las familias afrocolombianas con acuerdo de sustitución firmado no habían recibido el componente de seguridad alimentaria. Asimismo, el 45% de las familias afrocolombianas y el 100% de las familias indígenas no habían recibido asistencia técnica.
Lo que pone en evidencia el avance de cada punto es que, a poco más de cuatro años de haberse firmado el Acuerdo, los avances son muy pobres y muy lentos . Sin embargo, todavía hay tiempo para reajustar el camino. Esto, por supuesto, depende del Gobierno Nacional, al cual varias entidades, como Dejusticia y la misma Comisión de la Verdad, le han hecho llamados para cumplir con las promesas del Acuerdo.
Del Acuerdo no solo depende la seguridad del país, sino que se desprenden compromisos con la comunidad internacional y obligaciones jurídicas. La forma del acuerdo representó no solo la oportunidad de acabar con la guerra más antigua del continente Suramericano, sino también un compromiso de reconciliación y avances sociales en muchos frentes.
La evidente falta de voluntad política ralentiza la implementación de los distintos puntos, lo que hace que Colombia siga sumida en injusticias muy graves mientras continúa el goteo de asesinatos de líderes sociales y excombatientes, se consolidan múltiples grupos paramilitares, sigue la producción industrial de pasta de coca y los campesinos siguen sin ver la reparación prometida. A la vista de los datos, el Acuerdo necesita correr como una liebre para alcanzar sus objetivos, y sin embargo avanza a paso de tortuga. Colombia necesita acelerar.
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