Un cartel de la campaña SomosObservadores durante una protesta. Foto: SomosObservadores/Facebook.

La madrugada del 15 de junio de 2012 cambió la historia de Paraguay. Sesenta campesinos sin tierra — hombres, mujeres y niños — que ocupaban una parcela de suelo público de 2.000 metros cuadrados en la ciudad de Curuguaty se despertaron con el sonido de helicópteros sobre sus cabezas. Al cabo de poco, 300 efectivos armados del Ejército y de las Fuerzas Especiales de la policía llegaban a la propiedad y les requerían que abandonasen el lugar.

No tardó en empezar el tiroteo. Unas horas más tarde, 17 personas — 11 campesinos y 6 agentes de la policía — estaban muertos. Y siete días más tarde, el Presidente Fernando Lugo se veía sometido a un juicio político y forzado a abandonar el cargo.

Casi cuatro años después de la matanza de Curuguaty, el caso todavía se arrastra en los tribunales de Paraguay. Catorce personas, una de ellas menor de edad, fueron imputadas por crímenes relacionados con la tragedia, acusados de asociación criminal, tentativa de homicidio y la muerte de seis agentes de la policía. Once de ellas se enfrentan a un juicio conjunto que ha sido pospuesto varias veces en el último año.

Ningún agente de la policía ha sido inculpado por la masacre. Ninguna persona ha sido acusada formalmente por su implicación en la muerte de los 11 campesinos sin tierra.

Desde el principio, las denuncias de violaciones de derechos han acompañado la gestión del caso por parte de las autoridades. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha expresado su preocupación por la investigación, y un relator de la ONU ha señalado que el hecho de que sólo campesinos hayan sido imputados por el derramamiento de sangre indica el sesgo de la judicatura.

Algunos observadores han identificado otras inconsistencias en la narrativa oficial. Por ejemplo, aunque los agentes de la policía han asegurado que no iban armados cuando entraron en la zona de Marina Kue — el solar público-privado que los campesinos estaban ocupando — la evidencia fotográfica demuestra lo contrario.

El año pasado, el día en que empezó el juicio, 12 acusados decidieron prescindir de sus abogados, por falta de confianza, y solicitaron los servicios de abogados de oficio. Sus nuevos abogados defensores han presentado recientemente una solicitud ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos para que se suspenda el juicio.

La destitución del Presidente

Las tierras que los campesinos estaban ocupando pertenecían al gobierno y, en cierto momento, incluso habían sido incluidas en una serie de medidas de reforma agraria destinadas a distribuir de manera más equitativa las tierras del país. Paraguay es el cuarto exportador mundial de soja, y en un país en el que un 2% de la población posee el 80% de las tierras, el problema de la desigualdad de la propiedad agraria no ha hecho más que agrandarse con la expansión de las plantaciones de soja.

Pero el gobierno había llegado a algún tipo de acuerdo con una compañía propiedad de la familia de Blas Riquelme, destacado político del Partido Colorado, según el cual dicha compañía podía operar en Marina Kue.

Cuando se produjo la mortífera operación policial, el Partido Colorado, por primera vez en 61 años, no estaba en el poder. Había sido desplazado por Fernando Lugo, un ex obispo católico que se convirtió en el primer presidente de izquierdas elegido en el país.

Tras la matanza, Lugo fue destituido. Sus partidarios sostienen que su destitución fue orquestada por la élite del país para parar la reforma agraria.

El proceso de destitución fue considerado un golpe de Estado por parte de otros gobiernos latinoamericanos, ya que a Lugo ni le dejaron tiempo para preparar su defensa. Y menos de un año más tarde, el Partido Colorado volvía a hacerse con la presidencia de la mano de Horacio Cartes. Curuguaty no fue ni siquiera un tema electoral.

“Esto no fue una coincidencia”

En 2013, Al Jazeera ofreció un documental sobre el tema que tituló “El golpe olvidado de Paraguay“. Por lo general, sin embargo, los medios internacionales han prestado muy poca atención al caso.

Dos campañas ciudadanas, ¿Qué pasó en Curuguaty? y Somos Todos Observadores, han estado tratando de llamar la atención a nivel mundial acerca de la persecución de los campesinos y las violaciones de derechos que aseguran que se han cometido contra los sin tierra.

La última semana de mayo se reanudó el juicio. Global Voices ha hablado con los organizadores de Somos Observadores para entender qué está sucediendo.

Global Voices: ¿Qué pasó en Curuguaty el 15 de junio de 2012?

Somos Observadores: El 15 de junio de 2012 hubo un operativo policial en una ocupación de campesinos sin tierra en el lugar llamado Marinakue. Las tierras correspondían a una fracción en disputa judicial entre el Estado paraguayo y una empresa llamada Campos Morombi. Este operativo se realizó por una orden de allanamiento emitida por la fiscalía. El grupo de campesinos reclamaba esas tierras para la reforma agraria, para lo cual debían haber sido destinadas de no haber sido por la apropiación ilegal realizada por la mencionada empresa. Los campesinos estaban en número aproximado de 60 personas y los policías eran más de 300. Al ingresar la policía al lugar se produjeron varios tiros iniciales, cuya proveniencia hasta ahora no fue identificada. Se desató una balacera, y terminaron muertos un total de 11 campesinos y 6 policías.

Armas halladas a los campesinos tras los acontecimientos en Marina Kue. Foto: Somos Observadores/Facebook

GV: ¿Cuáles son las principales quejas acerca del proceso legal de la matanza?

SO:
1. La fiscalía nunca investigó cómo fue que se inició la masacre. Inmediatamente divulgó la versión de que los campesinos iniciaron el tiroteo, lo que ha sido negado por campesinos y por testigos. Hasta ahora nadie puede afirmar quiénes realizaron los primeros tiros.

2. Hay elementos de prueba que no fueron incluidos en el proceso y que servirían para acercarse a la verdad (por ejemplo, casquillos de armas largas, mientras que los campesinos sólo portaban escopetas, de las cuales ninguna fue disparada, salvo una que fue denunciada como robada luego del suceso y que se incorporó como prueba de manera extemporánea).

3. La fiscalía imputó a más de 60 campesinas/os a partir de un listado de aspirantes a obtener tierras, anotado en cuaderno, a lápiz, elemento de supuesta prueba que luego se perdió, por lo que no figura en el proceso.

4. La fiscalía formuló acusación y pidió juicio para 14 campesinas y campesinos (2 de ellos adolecentes cuando la masacre), bajo las figuras de homicidio doloso en grado de tentativa, invasión de inmueble ajeno y asociación criminal. Afirma que acusa “en grado de tentativa” porque no tiene la certeza de quiénes dispararon. ¿Cómo es posible que pida la condena si ni siquiera puede afirmar que los acusados dispararon? Los acusan de invasión de inmueble ajeno, pero las tierras donde ocurrió la masacre son del Estado paraguayo. Los acusan de asociación criminal, por organizarse para luchar por un pedazo de tierra.

5. La fiscalía no investigó la muerte de ninguno de los campesinos y formuló una acusación genérica e infundada de responsabilidad de los campesinos por la muerte de los policías. Hay testimonios y evidencias de que algunos de los campesinos fueron ejecutados, estando ya antes heridos o cuando intentaban esconderse. No se indagaron estos casos.

6. Se mantiene a los campesinos acusados en prisión domiciliaria por ya casi 4 años. Obtuvieron el arresto domiciliario luego de tres huelgas de hambre límite que llevaron a lo largo del proceso.

7. El fiscal que actuó durante gran parte del proceso, Jalil Rachid (hoy viceministro del Interior), tiene lazos estrechos con la familia de Blas N. Riquelme (ya fallecido, fue dirigente colorado y senador). A pesar de eso nunca se aceptaron las recusaciones, ni las que se realizaron contra otros agentes judiciales cuya imparcialidad estaba en duda.

GV: ¿Cuál es la versión oficial que se ha presentado en el juicio en relación a la muerte de los campesinos y los policías? ¿Por qué nadie ha sido acusado de la muerte de los 11 campesinos?

SO: La fiscalía alega que los campesinos prepararon una emboscada para atacar a los policías y que iniciaron el tiroteo. Que las mujeres estaban presentes con sus hijos para “dar un ambiente de confianza” y que los policías entraran desprevenidos a las tierras. No fue procesada ninguna persona por la muerte de los campesinos por parcialidad manifiesta de la fiscalía de los agentes del poder judicial que han actuado en el proceso (tribunal de garantías, tribunal de sentencia, tribunales de apelación y hasta la misma Corte Suprema de Justicia).

SO: La fiscalía alega que los campesinos prepararon una emboscada para atacar a los policías y que iniciaron el tiroteo. Que las mujeres estaban presentes con sus hijos para “dar un ambiente de confianza” y que los policías entraran desprevenidos a las tierras.

No fue procesada ninguna persona por la muerte de los campesinos por parcialidad manifiesta de la fiscalía de los agentes del poder judicial que han actuado en el proceso (tribunal de garantías, tribunal de sentencia, tribunales de apelación y hasta la misma Corte Suprema de Justicia).

GV: Hay un movimiento en América Latina que alega que la sentencia de los campesinos está ya decidida. ¿Qué piensan ustedes de esto?

SO: Tenemos la certeza de que este es un caso afectado por lo que se llama “sentencia previa”, y que el juicio es apenas una farsa para ratificarla.

SO: Tenemos la certeza de que este es un caso afectado por lo que se llama “sentencia previa”, y que el juicio es apenas una farsa para ratificarla.

GV: El caso es complicado por los acontecimientos políticos que le siguieron – la destitución de Fernando Lugo; el hecho de que Blas Riquelme, miembro del Partido Colorado, reclamase Marina Kue; el retorno del Partido Colorado al poder cuando todavía no había pasado un año desde la destitución del Presidente. ¿Cómo puede interpretarse todo esto desde una perspectiva externa?

SO: La masacre de Curuguaty puede ser vista como un suceso desatado para dar elementos al juicio y golpe parlamentario al gobierno de Fernando Lugo. Se precisaba un elemento de shock para impedir reaccionar a la sociedad. Lo más lógico es suponer que no fue una casualidad, sino un suceso preparado de manera minuciosa.

GV: Lo que pasó en Curuguaty también habla de la realidad de los campesinos sin tierra y de los terratenientes en Paraguay. ¿Qué pueden decirnos acerca de este tema?

SO: El caso Curuguaty muestra de manera evidente la situación de la tierra y el campesinado en Paraguay:

• Tierras mal habidas, usurpadas por personas con poder adquirido durante la dictadura los periodos de gobierno colorados posteriores, constituyendo grandes latifundios.
• Campesinos expulsados de sus tierras por el avance del agronegocio (la soja) y por los negocios ilícitos en grandes extensiones del territorio.
• Campesinos sin tierras en lucha por la reforma agraria y por tierras para sobrevivir.
• Un Estado al servicio de los sectores con poder y en contra de las luchas populares.

SO: El caso Curuguaty muestra de manera evidente la situación de la tierra y el campesinado en Paraguay:

• -Tierras mal habidas, usurpadas por personas con poder adquirido durante la dictadura los periodos de gobierno colorados posteriores, constituyendo grandes latifundios.
• -Campesinos expulsados de sus tierras por el avance del agronegocio (la soja) y por los negocios ilícitos en grandes extensiones del territorio.
• - Campesinos sin tierras en lucha por la reforma agraria y por tierras para sobrevivir.
• -Un Estado al servicio de los sectores con poder y en contra de las luchas populares.

GV: A finales de mayo, el juicio de los campesinos se reanudó de nuevo. ¿Cómo están las cosas en este momento? ¿Qué se puede esperar del juicio?

SO: De los 14 acusados: Un adolescente fue condenado pero con suspensión de condena (es un mecanismo usado para una persona acusada que admite culpabilidad; en este caso, se supone que la admisión de culpabilidad fue inducida indebidamente). Una acusada adolescente en el momento de la masacre aún espera el inicio del juicio, que se le debe realizar bajo las normas del derecho aplicables a la niñez y adolescencia. Ella está en libertad condicional. Para uno de los campesinos adultos se separó la causa y debe ser juzgado en otro juicio, debido a que su acusación era por complicidad, a diferencia de los demás.

Así que 11 campesinos están ahora en el juicio. De ellos 10 guardan arresto domiciliario en Asunción, en tanto se desarrolla el juicio (están en un albergue y se mantienen gracias a la solidaridad ciudadana, pues el Estado no provee para sus necesidades). Un campesino (Rubén Villalba) está preso en la cárcel de Tacumbú (Asunción) mientras se desarrolla el juicio, debido a que en medio del proceso por Curuguaty le “resucitaron” otra acusación anterior por otro caso relacionado con demandas de tierras, y lo condenaron de manera “exprés” a siete años de prisión.

Banderas negras, como protesta, para marcar los tres años y siete meses transcurridos desde la matanza, enero de 2016. Foto: Qué pasó en Curuguaty/Facebook

GV: ¿Cómo han contribuido campañas como Somos Observadores y Qué pasó en Curuguaty a ampliar la conciencia sobre el caso?

SO: Somos iniciativas ciudadanas independientes, constituidas por activistas sociales y organizaciones, que desde el inicio del caso hemos dado a conocer por diversos medios las irregularidades del proceso y hecho difusión sobre el caso Curuguaty. Ahora hay una campaña denominada “Absolución YA”, que busca la adhesión ciudadana nacional e internacional a la causa por la justicia del caso Curuguaty.

En general y en conjunto, hemos logrado poner en duda la versión oficial sobre lo que pasó en Curuguaty y llamar la atención sobre las irregularidades y violaciones de derechos humanos en el caso. Damos información y según las posibilidades de cada quien se organizan acciones de solidaridad con los campesinos presos y procesados.

A pesar de que en Paraguay ya se sabe que en Curuguaty NO pasó lo que dice la versión oficial, el cinismo y gran poder de los actores judiciales y estatales logra que hasta ahora esté en duda que se obtenga justicia y se investigue lo que de verdad pasó en Curuguaty.

Este artículo fue publicado previamente por Global Voices.