Un grupo de abogados brasileños, junto a un poderoso grupo de derechos humanos y algunos ex ministros, denunciaron al presidente Jair Bolsonaro ante la Corte Penal Internacional (CPI) por incitar al "genocidio de pueblos indígenas" de Brasil y cometer "crímenes contra la humanidad".

La Comisión Arns y el Colectivo de Defensa de los Derechos Humanos entregaron una nota a Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Internacional en La Haya, este último miércoles. Los abogados promotores de la denuncia informaron a democraciaAbierta y a otros medios que el documento tiene 60 páginas e identifica 33 actos y discursos oficiales de Jair Bolsonaro que podrían tener carácter criminal crímenes según lo establecido por el Estatuto de Roma, ratificado por Brasil en 2002.

"Ayer presentamos, a través de CADHuy la Comisión Arns, una denuncia contra el presidente Jair Messias Bolsonaro en la Corte Penal Internacional, por crímenes contra la humanidad por sus discursos y actuaciones sistemáticas destinados a desmantelar las políticas públicas de protección social y ambiental en la Amazonía", informaron los abogados.

El documento fue firmado por el ex ministro José Carlos Dias, actualmente presidente de la Comisión Arns. El ex ministro José Gregori también estampó su firma en la denuncia.

Bensouda solicitará información a los gobiernos de los estados brasileños y a los de otros países, a las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales, ONGs y otras fuentes, antes de tomar la decisión de solicitar o no autorización para iniciar una investigación.

"El propósito de la queja es poner en marcha un organismo de monitoreo internacional para las acciones y omisiones del Presidente y responder a sus delitos contra activistas, organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas", dice la nota enviada a democraciaAbierta.

La denuncia tiene lugar un día después de que la nueva versión del Código Penal Militar fuera aprobada por el Comité de Constitución y Justicia de la Cámara, el pasado martes (26). Los grupos de derechos humanos temen que el nuevo texto sea una licencia para matar civiles, ya que amplía peligrosamente el concepto de autodefensa. Según la nueva ley, el personal militar que usa la fuerza para prevenir la agresión puede estar exonerado, puesto que no se requiere una amenaza real o inminente para actuar.

Desde que subió el poder en enero de este año, Bolsonaro ha atacado repetidamente a los pueblos indígenas de Brasil, comparándolos con animales en zoológicos y hombres prehistóricos. Bolsonaro también lideró los esfuerzos para desmantelar la Fundación Nacional Indígena (Funai), la agencia que protege a las más de 300 comunidades indígenas de Brasil. El presidente también presionó para abrir reservas indígenas para las empresas mineras.

La denuncia pone más presión internacional a un presidente que se enfrenta sistemáticamente a las organizaciones no gubernamentales, niega la emergencia climática y confirma su desprecio por la verdad, a la que antepone sus intereses y los de los grupos ultraconservadores que le apoyan.