En 2018, un tribunal especial guatemalteco de "alto riesgo" condenó a cuatro altos mandos militares a penas de hasta 58 años de prisión por su participación en crímenes de lesa humanidad y agresión sexual agravada contra Emma Molina Theissen y la desaparición forzada de su hermano de 14 años, Marco Antonio Molina Thiessen.

Estos crímenes tuvieron lugar en 1981, en el punto álgido del conflicto armado interno que dejó 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos, incluidos unos 5.000 niños y niñas.

La justicia tomó su tiempo. Para la familia Molina Theissen, y muchas otras familias guatemaltecas que continúan buscando la verdad en la justicia por crímenes de la era de la guerra civil, la condena -que siguió a una búsqueda sinuosa de justicia que implicó llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos- fue un gran avance.

Se reivindicó la larga búsqueda de justicia por parte de la familia, al tiempo que se subrayó que nadie está por encima de la ley y que no se tolerará la impunidad de los delitos graves.

Pero las fuerzas de la impunidad están contraatacando. En enero, el Congreso guatemalteco votó una propuesta legislativa que estancaría una década de progreso en los esfuerzos para procesar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos durante la guerra.

Si se aprueba, podría bloquear todas las investigaciones criminales futuras sobre violaciones de derechos humanos y los cuatro hombres condenados en el caso de Molina Theissen, y docenas de otros condenados o en espera de juicio, quedarían en libertad en un plazo de 24 horas. En respuesta, la Corte Interamericana ha convocado una audiencia el 11 de marzo y ha pedido al Estado de Guatemala que explique la propuesta de amnistía.

El largo camino de Guatemala hacia la justicia

El 27 de septiembre de 1981, Emma Guadalupe Molina Theissen fue detenida en un puesto de control militar y llevada a una base militar en Quetzaltenango, donde fue interrogada, torturada y violada en grupo.

El 5 de octubre, Emma logró escapar. Una unidad de inteligencia militar se dispuso a buscarla al día siguiente en la casa de sus padres en la ciudad de Guatemala. Sólo su madre y su hermano estaban en casa. Al no encontrar a Emma, los militares secuestraron a Marco Antonio. Sería la última vez que vería a Marco Antonio.

Años más tarde, después de la firma de los acuerdos de paz en 1996, la familia presentó una denuncia ante los fiscales locales. Aunque los militares ya no estaban al mando, su poder seguía siendo omnipresente. El caso no llegó a ninguna parte.

Como resultado, la familia Molina Thiessen presentó una denuncia con el apoyo del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en 1998. Finalmente, el caso fue examinado por la Corte Interamericana.

En una sentencia de 2004, la Corte declaró al Estado de Guatemala responsable de la desaparición de Marco Antonio y ordenó a Guatemala que identificara, enjuiciara y sancionara a los autores materiales e intelectuales del crimen, entre una serie de otras reparaciones.

Durante la última década, motivada por fallos de la Corte Interamericana como éste, una Fiscalía General de la Nación que antes era tímida e ineficaz ha llevado a juicio varios casos clave de derechos humanos en Guatemala, y los tribunales han dictado sentencias condenatorias en una serie de casos.

La condena de mayo de 2018 en el caso Molina Theissen se destaca porque encontró a altos oficiales militares responsables de los crímenes contra Emma y Marco Antonio Molina Theissen, incluyendo al ex Jefe de Estado Mayor del Ejército y al general retirado Manuel Benedicto Lucas García, quien es considerado el arquitecto de la estrategia de contrainsurgencia del Ejército de Guatemala.

Ni un paso atrás: mantener la línea contra la impunidad

La familia Molina Thiessen expresó su satisfacción con el juicio, que calificó como "histórico y revolucionario". Emma dijo que los procedimientos del juicio le resultaron difíciles, pero profundamente reparadores.

Esto subraya que la justicia es clave para reconstruir sociedades que han experimentado largos ciclos de impunidad, corrupción y violencia. Ilustra que los tribunales nacionales, cuando disponen de los instrumentos y las condiciones para ello, son plenamente capaces de llevar a cabo juicios por crímenes de guerra que respetan las garantías procesales y al mismo tiempo ofrecen a las víctimas la oportunidad de ser oídas. Los juicios públicos también brindan a la sociedad en general la oportunidad de conocer la verdad sobre lo ocurrido durante el conflicto armado interno.

Sin embargo, el esfuerzo de los miembros del Congreso guatemalteco por aprobar una ley de amnistía que liberaría a los cuatro hombres condenados en este caso revela que las estructuras de poder que organizaron y facilitaron la violencia estatal en Guatemala siguen siendo poderosas.

En alianza con los políticos y las élites conservadoras, están tratando de hacer retroceder el estado de derecho y restaurar su poder y privilegio. Cerrar los juicios por crímenes de guerra y garantizar la impunidad de los responsables es una parte clave de esta campaña.

Por esta misma razón, se espera que la Corte Interamericana del 11 de marzo sirva una vez más como guardián contra los reveses en materia de derechos humanos.

Emma Molina Theissen, su madre y sus hermanas tendrán la oportunidad de explicar al tribunal por qué la propuesta de amnistía viola sus derechos y los derechos de miles de víctimas del conflicto armado guatemalteco.

También podrán expresar su preocupación de que, si bien el veredicto del año pasado ha sido increíblemente sanador para ellos, no pueden descansar hasta que sepan toda la verdad sobre lo que le sucedió a Marco Antonio y hasta que sus restos les sean devueltos para que puedan darle un entierro adecuado.

Y, aun así, tienen razones para esperar un resultado positivo. Basándose en sus acciones anteriores, es probable que la Corte reitere su apoyo al estado de derecho y a los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia, e inste a Guatemala a que se abstenga de aprobar el proyecto de ley de amnistía.

En ese sentido, la Corte recordará al Estado los principios básicos de igualdad y justicia: que nadie está por encima de la ley.