Cuando obtuve mi Ph.D. en Física en la Universidad de California (UC), Berkeley en 1970, no podría haber imaginado que unos años más tarde, me convertiría en un prisionero político en Chile, mi país natal. Tampoco podría haber imaginado que Henry Kissinger pondría mi caso en sus manos como resultado de la intervención de la UC.

El 15 de diciembre de 1974 (hace cuarenta y cinco años), fui secuestrado por la DINA, la infame policía secreta de Pinochet. Primero me llevaron a una casa de tortura conocida como "La Discoteca" o "Venda Sexy" en el sureste de Santiago, la capital de Chile.

Más tarde, pasé cinco meses en tres campos de concentración en Santiago y la región de Valparaíso: Cuatro Álamos, Puchuncaví y Tres Álamos. Mi esposa Nora Guillén, bailarina de ballet, también fue encarcelada por razones políticas y siguió un camino similar. Ni ella ni yo fuimos acusados ​​de ningún delito.

Gracias a la diligencia de colegas de la Universidad de Chile, la noticia de mi detención llegó de inmediato a mi antiguo supervisor de doctorado en Berkeley, el profesor Alan Portis (q.e.p.d.), quien convocó a las autoridades de la UC para discutir mi caso.

Paralelamente, un grupo de más de 100 científicos europeos enviaron un telegrama a Pinochet, exigiendo mi liberación. La comunidad artística también se unió, organizando una gala de danza en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México para crear conciencia sobre la situación de mi esposa.

La noticia de mi detención llegó a Washington a través del vicerrector de la UC de Los Angeles (UCLA), el profesor Elwin Svenson, quien en ese momento presidía un importante programa de intercambio científico entre la Universidad de California y la Universidad de Chile.

Un cable de Kissinger fechado el 8 de enero de 1975 muestra que el profesor Svenson notificó al Departamento de Estado de EEUU que la Universidad de California suspendería todas las actividades futuras del programa de intercambio Chile-California hasta que recibiera información positiva sobre mi paradero. Kissinger aconsejó a la Embajada de EE.UU. en Chile que alertara a las autoridades chilenas acerca de este desarrollo.

Al día siguiente, Los Angeles Times publicó un artículo sobre la decisión de la UC de cortar los vínculos con Chile, citando la preocupación del rector de UCLA, Charles E. Young acerca de mi desaparición, la cual veía como una amenaza para el programa de intercambio con Chile.

Una semana después, el artículo completo de Los Ángeles Times fue leído en el Congreso de EE.UU. en un discurso de George E. Brown, Jr., miembro de la Cámara de Representantes. Señalando el hecho de que el paso del tiempo hace disminuir la reacción emocional e intelectual a los eventos, Brown instó a sus colegas Representantes a no olvidar al pueblo chileno. De hecho, habían pasado dieciséis meses desde el golpe de estado de Pinochet el 11 de septiembre de 1973, y las continuas violaciones de los derechos humanos en mi país no recibían tanta atención internacional como en los primeros meses de la dictadura.

Sin embargo, en mi caso y el de mi esposa, los esfuerzos combinados de la UC y las comunidades científicas y artísticas lograron generar una atención significativa de los medios, obteniendo nuestra liberación y visas de refugiados para que nos trasladáramos temporalmente a EE.UU

Fuimos afortunados en ser rescatados. Sin embargo, miles no tuvieron esa suerte, incluido el periodista estadounidense Charles Horman, encarcelado en el Estadio Nacional de Chile, cuyo asesinato es el tema de la película Missing (1982) de Costa Gavras.

Michael Lazzara, profesor de Estudios Hispánicos y Derechos Humanos en la Universidad de California, Davis, comenta que mi caso “habla de la larga trayectoria de la Universidad de California en la defensa de los derechos humanos frente a la tiranía, la violencia y la injusticia.

Ahora que vemos que se vuelven a violar los derechos humanos en Chile, en el contexto de continuas protestas masivas contra la desigualdad socioeconómica, muchos profesores de la UC discuten lo que está sucediendo con los estudiantes y alzan sus voces en solidaridad para defender la cultura de derechos humanos que los chilenos han luchado por construir, incansablemente durante décadas.”

Hoy en día, la información sobre los atropellos a los derechos humanos circula públicamente en Chile, a diferencia de los años de la dictadura, cuando estaba prohibida. Es por eso que se sabe que en los últimos dos meses, veintitrés personas han muerto y 3.449 han sido heridas, según cifras oficiales. Es alarmante que cientos de manifestantes han recibido disparos en los ojos por parte de la policía, convirtiendo a Chile en el país con la cifra récord de lesiones oculares a nivel mundial.

Sin duda el pueblo chileno continuará luchando contra el abuso y la gran brecha de ingresos que divide a las personas ricas y pobres. Nuestro profundo deseo es que el costo humanitario de esta lucha no sea aún más grande de lo que ha sido hasta ahora. La presión internacional puede desempeñar un papel decisivo para lograr este deseo.