El 11 de diciembre, la Corte Constitucional colombiana falló que una mujer que fue reclutada por la fuerza por las FARC a los 14 años debe ser incluida en el Registro de Víctimas (RUV). Helena (un seudónimo) se vio obligada a usar métodos anticonceptivos y a someterse a un aborto mientras estaba en las filas del grupo rebelde y continúa sufriendo problemas físicos y psicológicos. Su inclusión en el RUV significa que tendrá acceso al sistema de salud pública y a las reparaciones integrales incluidas en la Ley de Víctimas de 2011.

Su caso fue llevado ante la Corte por Women’s Link Worldwide, una organización de litigios estratégicos. En octubre, la misma organización presentó un informe que incluía 35 historias similares ante del JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia.

Sin embargo, el fallo de este mes va más allá de este caso individual. En la práctica, significa que la Corte reconoce que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas dentro de las filas de las FARC fueron violados sistemáticamente, y que esta es una violación grave de los derechos humanos. Estas mujeres, a pesar de que pertenecían a un grupo rebelde armado, ahora también pueden considerarse víctimas del conflicto.

En Colombia, la palabra "víctima" no implica necesariamente una falta de agencia o un estado de vulnerabilidad constante. Más bien, es un término que refleja una identidad política en torno a la cual las víctimas se han movilizado para denunciar la violencia y exigir sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

Violencia sexual dentro de las filas de las FARC

El número oficialmente registrado de víctimas civiles de violencia sexual en el conflicto colombiano es de 25,295.

La cuestión de la violencia sexual y reproductiva dentro de las filas de las FARC es un secreto a voces dentro de Colombia, que en gran medida aún está oculto. Muchas mujeres, algunas de las cuales fueron reclutadas por la fuerza como menores, fueron objeto de abuso sexual regular. Algunas de ellas están empezando a hablar.

Muchas de las mujeres que quedaron embarazadas se vieron obligadas a abortar. En 2017, "El Enfermero" fue extraditado a Colombia, donde continúa en espera de juicio. Se alega que cometió más de quinientos abortos forzados contra mujeres dentro de la guerrilla.

En los últimos años, la Corporación "Rosa Blanca" ha dado un importante impulso al debate sobre la violencia sexual dentro de las filas de las FARC. Esta corporación, formada por mujeres que fueron reclutadas por la fuerza como menores y sufrieron violencia sexual dentro del grupo, ha denunciado abiertamente estos abusos.

Sin embargo, la mayoría de las mujeres que aún forman parte del partido político de las FARC niegan con vehemencia tales acusaciones. La senadora de las FARC, Victoria Sandino, ha negado en repetidas ocasiones que la violencia sexual entre las filas fuera sistemática, mientras que tanto los hombres como las mujeres que actualmente se están incorporando a la vida civil a nivel local con frecuencia preguntan: ¿cómo podrían haber sido víctimas sexuales las mujeres si portaban armas?

Sin embargo, la experiencia internacional muestra que a menudo toma mucho tiempo para las mujeres en grupos armados hablar sobre experiencias de victimización. Admitir tales experiencias no solo dañaría la imagen de sus pares, que a menudo ya están estigmatizadas, sino que también afectaría su autoimagen de mujeres emancipadas que mostraron agencia al unirse a una lucha revolucionaria con la que a menudo todavía se identifican.

Otra cuestión controvertida es si se permitió a las mujeres tener hijos dentro de las FARC. Aunque Rosa Blanca denuncia la anticoncepción sistemática y los abortos, las mujeres de las FARC como Victoria Sandino afirman que el aborto era opcional. De hecho, muchas mujeres de las FARC tuvieron hijos durante el conflicto. Sus hijos fueron criados por familiares o simpatizantes de las FARC; Muchas parejas han comenzado a buscar a sus hijos y se encuentran en diferentes etapas de reunificación, no acompañadas por las FARC o el gobierno.

La verdad probablemente se encuentra en algún lugar en el medio. Si bien algunas mujeres de las FARC han admitido que decidieron abortar (considerando que no era el momento adecuado para tener hijos), tampoco está claro cuánto espacio la jerarquía y la disciplina militar permitieron tomar decisiones personales libremente.

Romper el binario víctima-perpetrador

La decisión de reconocer que las mujeres y las niñas dentro de las FARC deben incluirse en el RUV tiene un significado simbólico enorme; efectivamente, reconoce la universalidad de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos fundamentales.

Además, toma la controvertida decisión de romper con un binario víctima-perpetrador que ha impedido en gran medida que las mujeres de las FARC reconozcan sus múltiples experiencias de conflicto.

Este binario no es exclusivo al caso colombiano; en cambio, refleja una larga tendencia dentro de los enfoques internacionales de justicia y reconciliación de considerar víctimas y perpetradores en escalas en blanco y negro. Esto ignora el área gris de las personas que podrían haberse unido a grupos armados después de haber sufrido violencia, que fueron reclutados por la fuerza o que sufrieron violencia mientras formaban parte de grupos armados. Estas dinámicas complejas significan que en realidad, las víctimas y los perpetradores no siempre se pueden distinguir claramente, una situación que el presente juicio reconoce.

Si adoptamos una lente de género, podemos ver que las mujeres son consideradas casi exclusivamente víctimas de conflictos. Son vistas como pacíficas por naturaleza, en función de sus roles como madres. De hecho, las consignas de las organizaciones de mujeres colombianas a menudo se refieren al hecho de que "las mujeres no dan a luz a niños para la guerra". Sin embargo, tales afirmaciones afianzan nociones simplificadas y de género sobre la dinámica de las víctimas y los perpetradores, ocultando el hecho de que las mujeres también forman parte de grupos armados.

En las últimas décadas, la investigación académica sobre género y conflicto ha tratado de romper con la narrativa de que las mujeres son pacíficas por naturaleza, demostrando diversas formas de participación de las mujeres en grupos armados no estatales en El Salvador, Ucrania, Medio Oriente y Colombia, y más recientemente señalando los roles de las mujeres en ISIS o Boko Haram. Algunos académicos incluso consideran a las mujeres como perpetradoras de violencia sexual.

Esta investigación resalta rápidamente que no podemos entender a las mujeres solo como víctimas o perpetradoras. El conflicto es de género y tanto los hombres como las mujeres tienen diversas experiencias y roles en los conflictos armados que van más allá de las nociones simplificadas de lo bueno o lo malo.

La importancia del presente juicio radica en reconocer que la pertenencia a un grupo rebelde que cometió actos de guerra no niega que las mujeres dentro de las filas también puedan haber sido víctimas de violencia sexual y reproductiva. Si bien las mujeres podrían necesitar más tiempo para presentar historias sobre tales experiencias victimizadoras, el juicio sienta un precedente importante que les garantiza el acceso a apoyo y reparaciones, si así lo deciden.