Los símbolos son esenciales para entender la crisis actual en Bolivia. Desde el 10 de noviembre de 2019, se ha arriado la bandera Wiphala de los edificios públicos. La policía la ha arrancado de sus uniformes, donde la han lucido durante los últimos 10 años. La auto-proclamada presidenta interina Jeanine Áñez sostuvo una biblia en su juramentación. Líderes de la Iglesia, presuntamente, dijeron que “la Pachamama no volverá nunca más al Palacio del Gobierno. Bolivia le pertenece a Cristo.”

Los acontecimientos, y el análisis institucional, hacen evidente que Evo Morales fue expulsado del poder a través de un golpe de Estado. La Organización de Estados Americanos (OEA) recomendó nuevas elecciones alegando irregularidades en las elecciones del 20 de octubre. Hasta ahora, el análisis estadístico muestra que es posible que estas irregularidades no hayan sucedido en absoluto. No obstante, siguiendo las recomendaciones de la OEA, Morales anunció nuevas elecciones. Pero a pesar de esto, el general jefe de las fuerzas armadas le “sugirió” que dimitiera.

Para explicar las controversias generadas sobre las imágenes que vimos en Bolivia, es fundamental considerar las clases, razas y relaciones de género. Cuando el gobierno de Morales asumió el poder en 2005, lo hizo representando un fuerte deseo de cambio. Los niveles de pobreza habían alcanzado 80% en las zonas rurales; existían fuertes conflictos sociales sobre la privatización de bienes públicos (agua) y la extracción de recursos naturales (gas). Ese descontento llevó a diversos grupos indígenas y movimientos sociales a apoyar la candidatura de Morales, señalando que ni las instituciones, ni las políticas del Estado les representaban.

El objetivo del “proceso de transformación” de la administración de Morales, plasmado claramente en la innovadora constitución de 2009, era transformar fundamentalmente el estado. Este proceso convirtió al país, simbólicamente, en el Estado Plurinacional de Bolivia. Esto es lo que significa la bandera wiphala: un reconocimiento a la mayoría de las personas en Bolivia, que se identifican como indígenas.

Los cambios que se sucedieron después del 2005 fueron dramáticos. Las políticas de redistribución redujeron la pobreza de manera importantísima, pasando del 63.9% (2004) al 32.7% (2013). La desigualdad de ingresos se redujo notablemente hasta el 2011. Se introdujeron pensiones incluso para los trabajadores del sector informal; la inversión pública en educación y salud creció; la constitución limitó la propiedad privada; y comenzó una reforma agraria. Polémicos acuerdos sobre conflictos de interés entre inversionistas y el Estado fueron suspendidos. Bolivia nunca había permitido a mujeres indígenas entrar en el parlamento y sin embargo tuvo a Casimira Rodríguez como primera mujer indígena ministra de Justicia.

Sin embargo, este “proceso de transformación” no fue interrumpido únicamente por el reciente golpe. Los conflictos dejaron al descubierto las contradicciones estructurales, producto de una larga integración asimétrica a la economía mundial. Precisamente gracias la intensificación de la industria extractiva, fueron posibles las políticas sociales. Fue el super-ciclo de las materias primas, con la alta demanda y los altos precios del petróleo y el gas natural, lo que permitieron la distribución, más que la redistribución de la riqueza. La nacionalización de la extracción del petróleo y el gas natural solo fue parcial, a pesar de que contaba con el apoyo del 92% de la sociedad. Algunas empresas transnacionales aceptaron impuestos más altos y aceptaron negocios conjuntos con compañías del Estado.

Esto no solo aumentó la dependencia del Estado de los ingresos por las exportaciones por parte, sino que también impidió la diversificación de la economía, la acumulación de industrias de producción de valor añadido y la protección contra la volatilidad de los precios en el mercado global. Como era predecible, con la caída del precio del petróleo, el déficit fiscal aumentó. El 76% de las exportaciones de Bolivia consisten en minerales y metales preciosos y solo el 15.9% son productos agroindustriales. Desde el 2015, el balance comercial entró en déficit, algo que no había sucedido desde el 2005.

En el 2010, Bolivia organizó la Conferencia Mundial del Pueblo contra el Cambio Climático, que elaboró declaraciones de gran envergadura, que establecieron una agenda para atender el cambio climático. No obstante, diversas políticas entraron en contradicción con la transformación socio-ecológica a la que se aspiraba.

El Plan de Desarrollo Nacional 2025 (PDN 25), publicado en 2015, declaró a Bolivia como una “potencia energética” de la región, basada primordialmente en combustibles fósiles y enormes represas hidroeléctricas. El vicepresidente García Linera declaró:

“El siglo XXI para Bolivia pasa por producir petróleo, industrializar petroquímica, industrializar minerales… Estamos en busca de dónde hay más gas y dónde hay agua, dónde hay represas. Allí donde hay agua está cayendo oro puro.”

El plan contradecía, tanto la Agenda del “Buen Vivir”, como el potencial para una transformación energética y, además, ignoraba en gran parte los efectos ecológicos negativos de los proyectos hidroeléctricos a gran escala. Las fuentes de energía renovable solo componen un 2% de la producción energética en Bolivia.

El PDN 25 revivió el conflicto con los planes del Estado para construir carreteras a través del Parque Nacional TIPNIS. En 2011, grupos indígenas muy decepcionados marcharon en contra del gobierno, porque temían que los planes de infraestructura destruyeran sus territorios. Morales detuvo el proyecto de carreteras pero tanto el CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano) y el CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu) retiraron su apoyo.

En 2015, decretos del PDN 25 revivieron las exploraciones de petróleo, gas natural y carreteras en áreas protegidas del TIPNIS condicionadas bajo la mitigación ecológica. Muchas concesiones de petróleo y gas natural se solaparon con parques nacionales y tierras comunales indígenas como el TIPNIS, lo cual exacerbó las contradicciones.

En medio de estas contradicciones, la consolidación del MAS, el partido político de Morales –un proyecto político en sí mismo, cambió los actores capaces de influenciar las políticas del Estado. Las facciones ideológicas internas y las iniciativas fuera del MAS, perdieron acceso a la toma de decisiones. El MAS parecía coartar, canalizar y restringir la participación política. Por mucho tiempo, grupos feministas criticaron a Morales y al MAS por minimizar los efectos que sus propias actitudes patriarcales tenían sobre las relaciones de género en Bolivia. Las tasas de violencia de género en Bolivia son muy altas, y la inversión en políticas de género no son prioridad.

Poco a poco, la base electoral diversa de Morales empezó a disminuir. Esto llegó a un punto clave cuando el 21 de febrero de 2016, el gobierno llevó a cabo un referéndum para determinar si Morales podía presentarse como presidente para una cuarta legislatura. Una mayoría, aunque muy corta, del electorado votó que no, y el gobierno recurrió a mecanismos legales a través del parlamento. Pero en 2018 el Tribunal Constitucional declaró que negar la candidatura de Morales violaría sus derechos políticos. Como respuesta, la crítica de estas prácticas poco democráticas del MAS creció en diferentes sectores de la sociedad boliviana. El “proceso de transformación” dejó de ser su proyecto.

Sin embargo, el trasfondo económico y cultural de aquellos sectores hegemónicos tras el golpe de Estado es completamente distinta de los movimientos indígenas y medioambientales que criticaban a Morales por no ser radicalmente transformador.

Supremacistas blancos de clase alta, de las provincias del Este, profundamente racistas y sexistas, parecen haber formado una alianza con organizaciones indígenas primordialmente del sector minero de Potosí, que han mantenido largos conflictos con el MAS. El candidato presidencial Carlos Mesa, fue apartado, y en su lugar se formó un grupo radicalizado alrededor del empresario Luis Fernando Camacho. Camacho dirige el Comité Cívico de Santa Cruz y, aparentemente, consiguió el apoyo de la policía prometiéndoles aumentos en las pensiones.

La senadora de extrema derecha de Beni, Jeanine Áñez, se auto -proclamó presidenta sin el quórum necesario. Archivos de audio publicados por el periódico costarricense El Periódico, sugieren que ejecutivos brasileños de extrema derecha, con quienes Camacho se reunió repetidamente, pudieron haber estado involucrados en la operación. La alianza con Marcos Pumari, líder del Comité Cívico de la región minera de Potosí, quien ha mantenido enfrentamientos con el MAS sobre regalías desde la aprobación de la ley minera (2013), validó que este grupo, que es blanco y homogéneo, reclamase que también integraba diversidad.

Los comités cívicos son similares a las cámaras de comercio. Santa Cruz, que es la región más rica de Bolivia, produce el 70% del alimento en el país, es sede de importantes proyectos hidroeléctricos y de extracción de gas natural, y también expandió las agroindustrias. La familia de Camacho es copropietaria del grupo empresarial Inversiones Nacional Vida S.A., que tiene inversiones en gas natural, compañías de servicios y aseguradoras.

Las elites empresariales de la misma región rica de las provincias del Este, los llamados media luna, se opusieron frontalmente a las políticas de Morales desde el 2005. El miedo de perder el acceso privilegiado a los recursos, el inicio de la redistribución de las tierras y el aumento de la fuerza de las comunidades indígenas, fueron factores importantes que escalaron estas tensiones hasta amenazas de secesión en 2008. Camacho era vicepresidente de la Organización Juvenil Cruceñista (UJC), una organización que fue acusada de actuar como guerrilla violenta durante los conflictos.

Las negociaciones entre las élites económicas y el gobierno de Morales atenuaron el conflicto por varios años, pero ello significó que se hicieran grandes concesiones a estos grupos. El MAS se abrió a propuestas de agronegocios. No obstante, las políticas que permitieron que se despejaran más tierras para las agroindustrias, retrasaron significativamente la reforma agraria y contribuyeron a la intensificación de la deforestación y a incendios que, a su vez, horrorizaron a las comunidades indígenas.

Ahora la fractura parece ser más profunda que nunca. La organización de extracción de litio, fundamental para la transición a vehículos eléctricos, incrementó las tensiones existentes. Las protestas dirigidas por Pumari y la presión poselectoral, llevó a Morales a cancelar el acuerdo entre la recién fundada corporación pública de litio YLB (Yacimientos de Litio Bolivianos) y la compañía alemana de sistemas de energía ACI Systems, que incluía el procesamiento del litio en Bolivia. Morales había presentado en septiembre el primer automóvil eléctrico producido enteramente en Bolivia. Sin embargo, el Comité Cívico de Potosí pedía mayores regalías para su región.

Tras el 20 de octubre, las propuestas estuvieron dominadas por la juventud urbana y de clase media, pero se amplificaron a sectores que protestaban contra Morales por varias de las razones antes mencionadas. La confluencia de manifestantes indígenas contra el MAS y de protestas anteriores contra Morales y los simpatizantes del golpe es muy problemática.

La multiplicidad de voces revela una sociedad politizada y muy heterogénea. La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) destacó los logros de Morales, pero le pidió la renuncia para evitar más derrame de sangre.

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) pedía que no se aceptara la renuncia de Morales y que la policía operara conforme a la ley.

Otros grupos indígenas criticaron fuertemente a Morales por no transformar nunca el “modelo de desarrollo”. Ellos piden una transición energética en lugar de grandes proyectos de infraestructura, pero además, responsabilizan a los Comités Cívicos del entorno de Camacho por provocar los fuegos en Santa Cruz. Grupos feministas han condenado el golpe de Estado - a pesar de la crítica a Morales – y al mismo tiempo a los ataques violentos y racistas a cargo de los partidarios del golpe y el ejército.

En la ciudad de El Alto, tanto el MAS como otros movimientos, se han movilizado contra estos ataques, a tal punto que la policía se retiró de este centro urbano indígena.

La represión contra seguidores del MAS y contra otras movilizaciones que condenan el golpe, es un signo de que esta heterogeneidad es tanto una fortaleza como una debilidad: aquellos que marcharon en octubre contra Morales ahora pueden ser víctimas de la represión severa a cargo de un gobierno de extrema derecha.

De hecho, las críticas indígenas hacia Morales nunca tuvieron la intención de acabar en un golpe de Estado, sino en una transición democrática.