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Defensores de los cerros sagrados en la Amazonía colombiana: derechos irrespetados

En Vaupés, Amazonía colombiana, los indígenas se aferran a sus creencias para protegerse de la minería. Una concesión para la explotación de coltán tiene en vilo a tres comunidades: hay líderes amenazados y su derecho a la consulta previa no fue respetado. Parte 4 de 4. English

Edilma Prada
3 February 2020
Los afluentes, ricos en minerales, son protegidos por los indígenas porque son su sustento y única forma de movilidad en la zona.
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Luis Ángel. Todo los derechos reservados

Un puñado de guardianes indígenas vigila la selva para evitar una de las tragedias que los abuelos ven en sus sueños: la destrucción de sus “casas sagradas”, los cerros. Un joven líder recuerda el día que se irrumpió la tranquilidad en su comunidad al enterarse de que su territorio fue concesionado por treinta años para extraer coltán, uno de los minerales más escasos y preciados por las grandes industrias tecnológicas del mundo para la fabricación de celulares, computadores y dispositivos electrónicos. En África, la República Democrática del Congo tiene la mayor cantidad de reservas del considerado nuevo ‘oro negro o azul’. En América Latina hay minas en Venezuela y en Colombia.

El derecho a la consulta previa se ha irrespetado y el ingreso a los territorios indígenas en Vaupés, Colombia, para la explotación minera se ha hecho mediante engaños. La concesión otorgada en un resguardo indígena presenta vicios de ilegalidad.

Los estudios previos del territorio –donde se asientan las comunidades Murutinga, Timbó de Betania y Bogotá Cachivera, en Vaupés– para la entrega de una concesión de explotación de tierras negras o coltán se hicieron mediante engaños.

Gilma Román, profesional indígena de la etnia Huitoto, le aseguró a Agenda Propia que un intermediario de la firma minera la contactó para realizar una consultoría independiente sobre el resguardo como “área de protección y de reserva forestal”, pero nunca le dijeron “la verdad de las cosas”, es decir, dicha consultoría era para obtener información que luego se utilizaría para la concesión.

La mujer menciona que tras la visita del ingeniero geólogo a las comunidades, en 2017, fue cuando se enteraron de que “habían unos intereses en explotar los recursos”. Luego, junto a su esposo, Libardo Medellín, exdiputado del Vaupés, pusieron el caso en conocimiento de la Defensoría del Pueblo a la espera de que se adelantara una investigación.

Ella también comenta que en 2018 se reunieron con uno de los socios de la empresa minera en un centro comercial de la ciudad Bogotá, y le hicieron saber que los indígenas están en contra de toda explotación, y que para entrar al territorio se requería consulta previa. “El señor dijo que si era así con inconveniente, que él no se metía más. Y ahí quedó el tema”, contó Gilma, quien finalizó aclarando: primero, que no conocen a Claudia Patricia Gómez González, representante del título minero; segundo, que la consultoría no se terminó, y tercero, que tampoco recibió ningún pago por dicho trabajo.

Este relato fue apoyado por Fernel Eladio Estrada Ramírez, representante de la Asociación de las Autoridades Tradicionales de la Carretera aledaños a Mitú – Bogotá Cachivera (Aatac), que reúne a una decena de comunidades nativas. Fernel sostiene que tras la comunicación con los encargados de la concesión en la que les informó que los indígenas no querían la minería en sus territorios, el tema ha estado más tranquilo en la zona.

Lo que ocurre en Vaupés va en contra de la autonomía de los pueblos indígenas. Para el sacerdote Edwin Balarezo, exdirector de la Pastoral Social de Mitú, el mismo gobierno vulnera y amenaza los derechos colectivos de los grupos étnicos al otorgar concesiones para la explotación de recursos.

El padre explica que la forma como funcionan estos permisos es que los contratos se los dan a nacionales, quienes luego los ceden a “empresas extranjeras para la explotación de estos territorios que son ancestrales, que gozan del privilegio de ser resguardo y que tienen una comunidad de seres humanos al cuidado”.

La institución religiosa, que acompaña el proceso con asesoría jurídica, sabe que una empresa española tendría relación directa con ese contrato de concesión. Agenda Propia conoció que la misma firma también estaría tramitando un contrato en el departamento de Guainía y tiene conexiones con una decena de mineras en varias regiones.

“Acá nunca se viene a consultar”, sostiene el padre Edwin en tono molesto. Asegura que las entidades sean estatales o no, en muchos casos “les pagan a los capitanes, los llevan a Bogotá (capital del país), los sacan, los ponen en buenos hoteles y luego los mandan con unas listas a que les firmen en las comunidades”.

Según la Corte Constitucional, la consulta previa es un instrumento “básico para preservar la integridad étnica, social, económica y cultural de las comunidades de indígenas y para asegurar, por ende, su subsistencia como grupo social”. Además, la Amazonía colombiana es “sujeta de derechos”, por lo que desde 2018, la Corte Suprema obligó al Estado a establecer medidas urgentes para su protección y la de quienes la habitan.

En Colombia, la Ley 685 de 2001 estipula que “los minerales de cualquier clase y ubicación, yacentes en el suelo o el subsuelo, en cualquier estado físico natural, son de la exclusiva propiedad del Estado”. Ello, ha generado debate en las organizaciones indígenas que aseguran que lo enunciado en la ley va en contravía de sus creencias, pues en el subsuelo hay seres espirituales y elementos sagrados para sus culturas.

En la Amazonía se han otorgado 53 títulos mineros entre 2014 y septiembre de 2019

“Esos sitios (donde fue otorgado el contrato minero) son territorios Sirianos, son sitios sagrados, tenemos que mirar cómo va a afectar la llegada de la minería”, dice Julio César Estrada, indígena asesor de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac). Por esta razón, exigen que sus lugares sagrados sean respetados “porque hacen parte de los derechos fundamentales que no se reglamentan, se practican”, expone el líder.

La ANM respondió a un derecho de petición enviado por Agenda Propia, señalando que los contratos de concesión minera se otorgan cuando las empresas han entregado una serie documentos y se han cumplido todas las etapas establecidas por la Ley 685, también conocida como Código de Minas. Entre estas fases se encuentran la ejecución de “un programa de relacionamiento en el territorio” y una pre-audiencia para verificar situaciones sociales, de “actividades de influencia y observaciones de la comunidad (…) sin perjuicio de la especial protección de los grupos étnicamente diferenciados”. Adicional, el artículo 121 de dicha ley menciona que “todo explorador o explotador de minas está en la obligación de realizar sus actividades de manera que no vayan en desmedro de los valores culturales, sociales y económicos de las comunidades y grupos étnicos ocupantes real y tradicionalmente del área objeto de las concesiones o de títulos de propiedad privada del subsuelo”.

La única licencia ambiental que existe en Vaupés se expidió el 30 de diciembre de 2019, así lo dio a conocer Miguel Antonio Villamil Vargas, quien entregó el cargo de director regional de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA) el 31 de diciembre pasado. Esta fue otorgada a la Asociación de Mineros Independientes de Vaupés (Asomiva) para explotar oro durante diez años en el municipio de Taraira. El permiso se dio luego del reporte de viabilidad entregado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

Para el caso del contrato minero que hay en territorios de las comunidades Timbó y Murutinga, no se han adelantado los trámites de la licencia ambiental en la CDA y se desconoce si el proceso avanza ante la ANLA. Además, en esa área donde está la concesión se debe hacer un proceso de sustracción de la Ley Segunda por estar en una reserva forestal.

“Nosotros como corporación ambiental, le hemos venido haciendo seguimiento, acompañamiento con el Ejército y con la Policía y con el mismo Capitán de la comunidad hemos ido, pero hasta el momento no hemos encontrado nada”, dijo Miguel Villamil de la CDA, en entrevista con Agenda Propia en septiembre de 2019.

En la Amazonía se han otorgado 53 títulos mineros entre 2014 y septiembre de 2019. El único entregado en ese periodo en Vaupés es el que aparece a nombre de Claudia Patricia Gómez González. Ante la ANM para ese departamento hay varios trámites de títulos en marcha. Así también lo registra la Fundación Gaia Amazonas, que en su Geovisor presenta información de una solicitud de concesión para la extracción de oro, platino, niobio, tantalio, vanadio o circonio en 1.910,5 hectáreas, ubicadas en jurisdicción de Mitú, muy cerca del lugar ya concesionado.

El interés de explotación en Colombia se acrecentó luego de que en el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) se promoviera la “locomotora minera”, y en 2010 se abrió la ventana para que muchos territorios, entre ellos la Amazonía, estén en la mira de las grandes industrias.

Sobre el contrato minero en el Resguardo Indígena Vaupés, Agenda Propia se contactó con uno de los números de celular que aparece en documentos obtenidos firmados por Claudia Patricia Gómez. Una persona que dijo llamarse Carlos afirmó ser socio de la concesión minera, y el 2 de diciembre de 2019, respondió un chat de WhatsApp sobre Claudia y aseguró representarla. Con relación al permiso, escribió que “allá nunca se ha hecho explotación minera, se está haciendo todo como lo exige la ley, sustracción de Ley 2, después toca socialización y estudios ambientales. Por el momento solo se tiene la concesión firmada desde 2009”. Luego de varios días de insistencia para obtener una entrevista formal, esta no se logró ni siquiera por teléfono. Adicional, a inicios de enero de 2020, Agenda Propia fue a la dirección que aparece en esos mismos documentos y la ubicación registrada corresponde a un edificio residencial. Uno de los porteros, que lleva tres años trabajando en el lugar, aseguró que nunca ha escuchado que allí funcionen oficinas de empresas mineras.

Mientras pareciera que avanzan los trámites legales para que los mineros se asienten en el territorio en un tiempo por ahora no tan claro, los indígenas quieren hacer oír sus voces, cantos, creencias, lenguas, rezos y tradiciones para decirle al resto de Colombia y de la Amazonía que existen, viven y quieren cuidar a la selva, su casa y la casa de todos, pero necesitan que el Estado y la sociedad los respeten y los ayuden en su deseo de preservar las costumbres y el medio ambiente.

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Agenda Propia, con el apoyo del Pulitzer Center y el Rainforest Journalism Fund, se adentró en las selvas del Vaupés para caminar uno de los territorios de la Amazonía que está en la mira de empresas extranjeras para la explotación de coltán, combinación de los metales columbita y tantalita, también conocido como tierras negras. Este es la tercera de 4 partes. Lea la primera parte aquí, la segunda aquí y la tercera parte aquí. Publicado originalmente en Agenda Propia

Créditos:

Coordinación editorial, investigación periodística y textos - Edilma Prada Céspedes

Fotos y Video- Luis Ángel

Edición de textos- Nathalia Salamanca Sarmiento

Diseño y gráficos web -Mariana Villamizar y Camila Achuri

Diseño creativo social media- Paola Andrea Nirta Pérez

Medios aliados - Democracia Abierta, InfoAmazonia, Cuestión Pública, Ojo Público, Datasketch, Connectas, El Espectador.

Este proyecto fue financiado por el Pulitzer Center y el Rainforest Journalism Fund.

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