Un puñado de guardianes indígenas vigila la selva para evitar una de las tragedias que los abuelos ven en sus sueños: la destrucción de sus “casas sagradas”, los cerros. Un joven líder recuerda el día que se irrumpió la tranquilidad en su comunidad al enterarse de que su territorio fue concesionado por treinta años para extraer coltán, uno de los minerales más escasos y preciados por las grandes industrias tecnológicas del mundo para la fabricación de celulares, computadores y dispositivos electrónicos. En África, la República Democrática del Congo tiene la mayor cantidad de reservas del considerado nuevo ‘oro negro o azul’. En América Latina hay minas en Venezuela y en Colombia.

Timbó de Betania es multiétnica. La habitan 23 familias de siete pueblos indígenas con creencias arraigadas en su entorno natural. Conviven Desanos, gente del relámpago; Guananos, gente del agua; Sirianos, gente de la nube; Cubeos, hijos de Kubai; Tucanos, gente del tucán; Tuyucas, gente de la arcilla; y Barás, gente pez. Todos son amigos de la naturaleza, subsisten de la pesca, la caza y de la recolección de frutos de la selva.

La comunidad está rodeada de cerros –que consideran “casas sagradas”–, de caños y de ríos caudalosos. Timbó de Betania queda en medio de los asentamientos Murutinga y Bogotá Cachivera, a 50 kilómetros de Mitú, capital del departamento, al final de la única carretera que hay en Vaupés, caracterizada por sus arenas blancas y greda rojiza. En esta zona del país, localizada al suroriente de Colombia y en la frontera con Brasil, hay 37.600 personas y conviven 27 etnias de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Allí las viviendas son de madera y se han construido elevadas del piso para que sus habitantes se cuiden de las culebras y animales salvajes que rondan en las noches. En la comunidad hay una escuela, una caseta comunal, una capilla y una maloca.

A las cinco de la mañana, los rayos del sol se asoman entre robustos árboles y palmeras. Se escucha el cantar de los pájaros. A las seis, suena una campana. Es el llamado a la quiñapira (caldo de pescado con ají), un espacio tradicional en el que la comunidad comparte la comida. Los indígenas se reúnen en la caseta ubicada en el centro del caserío. Las mujeres llevan caldo y casabe, una especie de tortilla dura hecha con almidón de yuca.

Todos con plato, pocillo y cuchara en mano reciben los alimentos. A las siete, cuando el calor empieza a sentirse, las niñas y niños van a la escuela, y los más pequeños, menores de cinco años, acompañan a sus madres a las chagras, un pedazo de tierra donde cultivan plátano, yuca, ají, ñame y frutales, como la piña. Los hombres se van a pescar o a recolectar semillas. Algunos se quedan en la caseta para dialogar y atender las necesidades del territorio.

A las tres de la tarde regresan a Timbó y en familia van al caño. Allí, mientras las mujeres lavan la ropa, las niñas y niños, a carcajadas, juegan desnudos en aguas cristalinas que corren entre grandes piedras terrosas. Las noches son silenciosas y estrelladas; en el firmamento se ve la vía láctea en su esplendor y en las casitas algunas velas encendidas. En la maloca se reúnen los abuelos, quienes con rezos y leyendas reviven sus costumbres.

Así son casi todos los días, tranquilos.

Sin embargo, también tienen muchas necesidades. No hay agua potable. No hay energía. Si bien se observa una red eléctrica, no funciona desde que se instaló hace diecisiete años. No hay puesto de salud y escasean los medicamentos. Algunos de los niños, los más pequeños, padecen de desnutrición, sus cabellos son monos, tienen contextura delgada y sus barrigas están hinchadas. La desnutrición es uno de los problemas que afrontan las más de 350 comunidades indígenas que hay en Vaupés.

Y sus recursos naturales están en riesgo de ser explotados.

Rubén Darío Ardila Montalvo, de treinta años y perteneciente a la etnia Desano, es el capitán de Timbó (como se le conoce al líder principal de las comunidades indígenas en esa zona del país). Es de contextura gruesa, y sus ojos son rasgados y negros como la noche. Junto con varios líderes están en una reunión en la caseta comunal, de paredes y bancas de madera. Conversan de las amenazas que hay en el territorio y Rubén muestra en un mapa los sitios sagrados –cerros, nacimientos de agua y salados– que están en peligro por la minería.

El Capitán recuerda que, en ese mismo lugar, en la caseta, un recinto de diálogo, en abril de 2017 su tranquilidad habitual fue interrumpida por un ingeniero geólogo de acento paisa, alto y canoso, quien llegó a exigirles la firma de un documento de autorización de una concesión para la explotación de minerales por treinta años.

“‘Pero yo sin saber, cómo voy a firmar’. Le dije: ‘Ingeniero, qué pena con usted, yo no voy a firmar un documento sin conocimiento, a vista ciega no puedo firmar. Sin autorización no puedo firmar, ¡qué pena!’”, relata Rubén atormentado.

Todos quedaron sorprendidos. No entendían por qué sus territorios fueron entregados para la explotación de coltán, es decir, para extraer los minerales niobio, tantalio, vanadio y circonio, o tierras negras, de acuerdo con la denominación otorgada por la Agencia Nacional de Minería (ANM). Incluso, la mayoría de los indígenas desconocían esos términos, tan solo sabían que estaban junto a un hombre que les comunicó, a los gritos, la existencia de un contrato.

En total fueron concesionadas 2.004,08 hectáreas que hacen parte del Resguardo Indígena Vaupés, de 3.896.190 hectáreas, constituido en 1982 por el antiguo Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder). En los registros de la ANM, el título está vigente y empezó a ser tramitado desde 2007 a nombre de Claudia Patricia Gómez González.

Esta licencia es considerada minería de mediana escala, debido a que la etapa de exploración está entre el rango “mayor a 50, pero menor o igual a 5.000 hectáreas”, según lo establece el Decreto 1666 del Ministerio de Minas y Energía de 2016 que reglamenta la clasificación minera. Para subir a categoría gran escala dependería de la producción anual que se reporte en la etapa de explotación.

Rubén vuelve al mapa dibujado por la comunidad y señala el cerro Abejorro: “La concesión fue otorgada en ese punto entre Murutinga y Timbó de Betania”. Explica que queda a unos cinco kilómetros en línea recta de Timbó y el área es reserva forestal, además de ser resguardo.

Los indígenas y la Pastoral Social aseguran que el título ha pasado a manos de una empresa española.

Junto a Rubén está Gladys Socorro Jaramillo García, lideresa de cincuenta años de la etnia Bará. Gladys tiene ojos café oscuro, piel cobriza y una sonrisa amplia. Al recordar la presencia del ingeniero, dice que los alteró a todos.

En su relato, ella se encontraba en la cocina de su casa, a unos 200 metros de la caseta, sirviendo chicha (bebida elaborada con almidón de yuca). Cuando escuchó la discusión, salió corriendo para saber qué pasaba: “Él (ingeniero) nos decía que era para bienestar de nosotros, pero luego de reclamarle, nos dijo que no lo estorbe, que tenía un documento con el permiso para estar aquí”.

En aquel momento, la comunidad estaba concentrada con sacerdotes de la Pastoral Social, quienes suelen acompañar programas de seguridad alimentaria y guían a los indígenas en la elaboración del plan de vida (ruta para recuperar los saberes y organización comunitaria). Fue justamente el llamado de los religiosos el que hizo que el ingeniero respetara a los pobladores, sus derechos colectivos y se retirara de la caseta.

Luego, llegaron los reclamos de la comunidad contra Rubén y otros líderes.

“Salgo señalado. Me dicen que yo vendí el territorio por una plata, que recibí treinta millones, quince millones. Eso es falso”, asegura el Capitán.

En Timbó de Betania consideran que se irrespetó el derecho a la consulta previa porque no dialogaron con todos los habitantes de las tres comunidades, Bogotá Cachivera, Murutinga y ellos. Al parecer, se dio una reunión con algunos indígenas en donde firmaron un acuerdo.

José Ernesto Uribe Suárez, capitán entre 2005 y 2014, cuenta que él se enteró de que los mineros realizaron un encuentro en Murutinga y que incluso un ingeniero llegó a la zona a tomar coordenadas, pero en su momento desconocía lo que estas personas estaban fraguando.

“Vinieron con un ingeniero, según ellos negociaron. Le hicieron una reunión grande y creo que de ahí firmaron el documento. Según la gente me dice, la mayor parte firmó el documento, lo que van a explotar de minería, entonces luego de cinco años, o seis, se comenzó a generar este problema (…) De ahí a un año volvieron así, a la fuerza, llegaron con un proyecto grande, ya hecho, ya firmado”, expresa el ex Capitán, al hacer un llamado a que se aclare lo sucedido.

Los indígenas vuelven hablar de los miedos de ahora. Temen que la llegada de la empresa minera contamine sus ríos y, en el peor de los casos, los destierre.

El vice capitán de Timbó, Luis Octavio González, de 42 años, asegura con preocupación que en el lugar de la concesión nace un caño desde donde se abastece la comunidad. “La contaminación vendría toda hacia abajo, entonces, es por eso que tenemos miedo, los perjudicados seríamos nosotros. ¿Qué haríamos sin agua, sin pescado, sin animales?”, se pregunta angustiado.

Ellos han escuchado que cerca del cerro Abejorro ya están explotando, aunque no se sabe si es la empresa o mineros ilegales que también llegan a sacar oro.

“Me están diciendo que está entrando gente extraña con mercados. Eso pues, ahorita no están entrando a Timbó, sino muy cerca”, menciona Rubén, mientras les recomienda a sus compañeros hacer otros recorridos para verificar esa información.

El Vaupés es rico en oro, plata, tungsteno y tierras negras, como el coltán, lo que ha hecho que detrás de esos recursos lleguen mineros; muchos se acercan al territorio valiéndose de trampas y ganándose la confianza de los nativos.

Un caso sonado en ese departamento es el de la firma canadiense Cosigo Frontier. Hace diez años, ingresó a las entrañas del resguardo y Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis –jurisdicción del municipio de Taraira, muy cerca de la frontera con Brasil–, dejando a su paso comunidades divididas después de violar la consulta previa y las leyes de origen de los pueblos. La Defensoría del Pueblo informó, en respuesta a un derecho de petición enviado por Agenda Propia, que la actividad de las empresas extractivas de oro en este municipio causó “daño a la integridad y unidad de las comunidades indígenas”.

Desde hace más de veinticinco años se explota oro en Taraira, una parte lo han hecho mineros tradicionales y otra, ilegales tanto colombianos como brasileros. La extracción ha causado daños ambientales irreversibles, sus ríos están contaminados con mercurio y sus gentes hoy ven las terribles consecuencias.

Ahora, en Timbó intentan evitar lo que ocurrió en Yaigojé Apaporis. Los indígenas prefieren hablar para que su caso no quede en silencio.

Desde que saben de la amenaza de la minería, en la caseta comunal hombres y mujeres se capacitan en derechos como la consulta previa y junto a los abuelos y autoridades tradicionales, guían el camino en defensa de su territorio.

Al terminar el encuentro con los líderes, Rubén asegura que seguirá denunciando y buscando ayuda con entidades del Estado, la iglesia y organismos internacionales para proteger a la comunidad. Mientras tanto, cuatro indígenas y un sabedor deciden realizar uno de sus acostumbrados recorridos de vigilancia de sus sitios sagrados. Se alistan para ir al cerro Hamaca.

****

Agenda Propia, con el apoyo del Pulitzer Center y el Rainforest Journalism Fund, se adentró en las selvas del Vaupés para caminar uno de los territorios de la Amazonía que está en la mira de empresas extranjeras para la explotación de coltán, combinación de los metales columbita y tantalita, también conocido como tierras negras. Este es la primera de 4 partes. Publicado originalmente en Agenda Propia

Créditos:

Coordinación editorial, investigación periodística y textos - Edilma Prada Céspedes

Fotos y Video- Luis Ángel

Edición de textos- Nathalia Salamanca Sarmiento

Diseño y gráficos web -Mariana Villamizar y Camila Achuri

Diseño creativo social media- Paola Andrea Nirta Pérez

Medios aliados - Democracia Abierta, InfoAmazonia, Cuestión Pública, Ojo Público, Datasketch, Connectas, El Espectador.

Este proyecto fue financiado por el Pulitzer Center y el Rainforest Journalism Fund.