Colombia es un territorio con un largo historial de violencia y destrucción del medioambiente. Los líderes ambientales han sido sistemáticamente asesinados en el país durante décadas. Según un informe de Global Witness, entre 2002 y 2021, Colombia tuvo el mayor número de defensores ambientales asesinados en el mundo, con al menos 357 defensores muertos entre 2009 y 2022.

No parece que estas cifras vayan a decrecer mientras continúe la actual dinámica de violencia y la destrucción medioambiental, a pesar de múltiples declaraciones oficiales de que se va actuar para cambiarla.

El asesinato de defensores ambientales en Colombia es síntoma de la persistencia de un conflicto antiguo y más amplio que vive el país desde hace décadas, que no quedó del todo resuelto con la firma en 2016 de los acuerdos de paz con las FARC, y que hace que el Estado colombiano no sea capaz de estar presente en amplias zonas del país.

La ausencia del Estado se traduce en la inoperancia del Ejército, de las fuerzas de seguridad y de la justicia en territorios donde prolifera la violencia contra los defensores del medio ambiente. Allí, la persistencia de economías ilegales vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal manejadas por actores no estatales, incluidos guerrilleros del ELN, disidencias de las FARC, paramilitares y cárteles de la droga hace que las comunidades afectadas sufran la violencia de manera impune.

En consecuencia, la actividad de grupos armados dedicados a la explotación ilegal de los recursos naturales, como extracción de oro y minerales, la pesca ilegal, la deforestación y el acaparamiento de tierras imponen su ley por la fuerza de las armas, de manera que los activistas medioambientales, que siguen trabajando para proteger el territorio de la explotación, están pagando un alto precio por sus esfuerzos.

Si bien en los últimos años el gobierno colombiano ha tomado algunas medidas para proteger a los activistas medioambientales, como la firma del Acuerdo de Escazú o la creación de una Unidad Nacional de Protección para ofrecer seguridad a los activistas en peligro de asesinato, sobre el terreno la violencia, indiferente a estas acciones, persiste y prolifera.

El asesinato de activistas medioambientales tiene fines disuasorios y ha creado un clima de miedo para quienes intentan proteger a sus comunidades y al medio ambiente. Según un informe de la Comisión Colombiana de Juristas, entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de octubre de 2019, 131 activistas medioambientales fueron asesinados en Colombia. Este informe también señala que la inmensa mayoría de estos asesinatos no fueron investigados ni castigados. Los departamentos más afectados fueron Cauca y Valle del Cauca, con 35 y 31 asesinatos respectivamente. Pero también en zonas de los departamentos del Putumayo y de Nariño la situación es insostenible.

Los riesgos de informar desde el territorio

Además de las dificultades de acceso a territorios controlados por actores no estatales, uno de los principales problemas a la hora de informar sobre la Amazonía colombiana son las amenazas, a menudo de muerte, a los periodistas. Algunos trabajos de investigación realizados en departamentos de la Amazonía colombiana, que ponen en evidencia injusticias e ilegalidades, se ven frenados y silenciados por la coyuntura de acoso e intimidación que prevalece, según informa El País.

En declaraciones a democraciaAbierta, José Cote, editor y periodista colombiano especializado en la cobertura de la Amazonía, dijo: “Al hacer trabajo de campo en Colombia, los periodistas enfrentamos muchos peligros, pero me gustaría hablar de uno que pocas veces consideramos. Muchas fuentes me han dicho “Tú vienes aquí, investigas y te vas, y nosotros somos los que tenemos que afrontar las consecuencias de lo que haces”. La mayoría de las veces, por muy discreto que seas, en comunidades pequeñas o rurales. todos conocen la llegada del periodista y a quién está entrevistando, y esta situación muchas veces pone en peligro a la fuente. La seguridad de las fuentes también es responsabilidad del periodista”.

Según un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en el 2022, 218 periodistas colombianos fueron víctimas de amenazas, la cifra más alta que registraron en los últimos quince años. Y en los últimos tres años, cinco periodistas fueron asesinados.

Jonatan Bock, director de la FLIP, señala que hay “decenas de reporteros y reporteras que han sido víctimas de amenazas, desplazamientos y de censura. Son los guardianes del territorio, que ejercen su trabajo en medio de un contexto violento, y protegerlos a ellos debe ser una prioridad del Estado”.

La Amazonía es una de las regiones más silenciadas, según la FLIP. En la investigación cartografías de la información, la organización defensora de la prensa en Colombia asegura que en regiones como el Putumayo, los medios locales, comunitarios y redes de comunicadores indígenas, por las mismas condiciones de inseguridad y falta de recursos económicos, no informan a profundidad sobre la gravedad de los hechos que ocurren en la región.

La FLIP también documentó que “en Putumayo el 70% de la población vive en municipios en silencio, lugares donde no existen medios de comunicación que produzcan noticias locales, sólo en su capital, Mocoa y Puerto Asís sus habitantes tienen una oferta con suficiente información local”. A ello se suma que el Putumayo tiene una limitación de conectividad a Internet, lo mismo que ocurre en los demás departamentos amazónicos y que dificulta enormemente el trabajo sobre el terreno.

El ambientalista colombiano Óscar Sampayo y sus compañeros, citados por el blog “Ethic”, son testimonio de los que han recibido amenazas de muerte: «Recibimos panfletos o comunicados membretados dados por estas fuerzas narco-paramilitares donde nos mencionan que somos un obstáculo al desarrollo, que estamos impidiendo que […] las empresas realicen y ejecuten sus trabajos. Por eso muchos de nosotros hemos decidido abandonar el territorio para que no nos asesinen o exiliarnos para que no nos criminalicen ni judicialicen».

Informar desde el territorio es a menudo demasiado comprometido y demasiadas veces, los líderes ambientalistas y los periodistas prefieren guardar silencio a poner en riesgo sus vidas y la de sus familiares y comunidades. “Hacer investigación en Colombia sobre temas de violaciones de derechos humanos –le dice a democraciaAbierta José Guarnizo, cofundador y director de Voragine, un sitio web de periodismo de investigación–, conlleva muchos riesgos. Para nadie es un secreto, por ejemplo, que hay zonas del país donde no hay Estado, incluso lugares donde ni siquiera llega el ejército. En esos territorios son los grupos armados ilegales los que controlan la entrada y salida de personas. Y en muchas ocasiones hemos tenido que abortar misiones porque no hay garantías de seguridad, como es el caso de algunas zonas del Putumayo, Tumaco, Amazonas, por citar algunos ejemplos”.

Los llamados “actores del conflicto", que habitualmente son simplemente miembros del crimen organizado, incluidos mineros ilegales y narcotraficantes, aprovechan la ausencia del Estado para imponer su ley particularmente en el sur del país, en los departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo. Confrontarles a ellos es exponer la propia vida, por lo que es muy difícil reportar sobre lo que realmente está ocurriendo en los territorios que ellos controlan con total impunidad. Una periodista beneficiaria de una beca para reportería sobre crisis climática de democraciaAbierta, nos escribió recientemente diciendo que "por motivos de seguridad no he podido entrar al resguardo indígena Awá. Ha sido muy difícil pero el tema de las minas antipersonal y el recrudecimiento del conflicto ha llevado a que lxs líderes me recomienden no ingresar por ahora". 

La situación es conocida por el nuevo gobierno de Gustavo Petro que, en su declarado empeño por acabar con la violencia armada por medio de su apuesta por la Paz Total, puede prestar especial atención a este fenómeno, enquistado por causa de la ausencia del Estado en el territorio y la impunidad alrededor de los crímenes. Las cifras son elocuentes: según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, entre enero y diciembre de 2022, 189 líderes defensores de los derechos humanos, entre los que se encuentran 33 líderes ambientales, habían sido asesinados.

Existen numerosas razones por las que hacer periodismo en la Amazonía es complejo y peligroso, y muchas veces casi imposible. Juanita Rico, periodista ambientalista de democraciaAbierta, enumera las principales:

● El acceso: La selva amazónica es una zona remota y de difícil acceso, a menudo controlado por actores no estatales, lo que impide que periodistas lleguen al territorio desde donde se proponen reportear, o que los periodistas locales salgan de él con facilidad y rapidez en caso necesario. También el acceso a internet es muy difícil lo que añade inseguridad a las comunicaciones

● La seguridad: La Amazonía colombiana tiene un larguísimo historial de violencia, conflicto e impunidad, por lo que es peligroso para los periodistas, tanto locales como foráneos, trabajar en la región sin exponer sus vidas. Muchos periodistas han sido objetivo de grupos armados ilegales, que los consideran una amenaza para sus operaciones. Como consecuencia, algunos han sido secuestrados, amenazados o asesinados mientras trabajaban en la región. Esto crea un clima de miedo y autocensura entre los periodistas que intentan cubrir lo que sucede en la Amazonía, lo que limita la cantidad y calidad de la información que se difunde.

● Barreras culturales: Muchos periodistas llegados de las ciudades o del extranjero se encuentran con dificultades para comunicarse y comprender las culturas de las comunidades indígenas que viven en la Amazonía, por lo a menudo sus reportes, sesgados por estereotipos, carecen de la profundidad y comprensión necesarias para informar con eficacia sobre la compleja problemática que viven las comunidades

● Barreras legales: En algunos casos, existen leyes y normativas que restringen el acceso a determinadas zonas de la Amazonía, lo que impide que los periodistas informen sobre ciertos temas.

● Censura: El gobierno colombiano tiene un historial de censura y represión de periodistas, lo que a menudo dificulta que puedan informar libremente sobre ciertos temas en medios grandes y de impacto. La censura también la ejercen actores que controlan el mismo territorio e imponen la ley del silencio.

El asesinato en el oeste de la Amazonía brasileña, ya hace casi un año, de Dom Philips y Bruno Pereira, hizo que se visibilizara el problema de ejercer el periodismo con seguridad en la región. El asesinato hizo que saltaran las alarmas a nivel internacional, pero el problema no es de ahora y los riesgos de informar sobre la región son compartidos en toda la cuenca.

En la actualidad, la selva amazónica colombiana sigue siendo golpeada duramente con total impunidad. Enfrentada a la tala ilegal, a los cultivos ilícitos, a la minería o la extracción de petróleo, carece prácticamente de herramientas realmente eficaces para detener los efectos medioambientales y sociales devastadores que estas actividades tienen sobre el territorio y las comunidades.

El Estado colombiano debería proteger y promover el esfuerzo conjunto que realizan el activismo medioambiental y el periodismo que se hace desde esta vasta región, proporcionando seguridad y acceso a los lugares problemáticos, combatiendo la impunidad y persiguiendo eficazmente unos crímenes que implican a la vez homicidio y ecocidio. Informar libremente y con seguridad ayuda a crear conciencia sobre la profundidad y la complejidad de estos problemas, además de hacer que los actores criminales, y las empresas y las autoridades que les dan cobertura, rindan cuentas de sus acciones.

Informar desde la Amazonía sigue siendo una necesidad imperiosa. La selva amazónica es una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta y es un componente vital en el esfuerzo global para combatir la crisis climática. Periodismo y medioambientalismo deben ir de la mano con las comunidades indígenas y campesinas, que son un factor determinante en el cuidado y la supervivencia de los territorios y de su biodiversidad. Sin su protección activa por parte del Estado, la Amazonía corre el riesgo de morir.