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Devastadores incendios en Bolivia: un instrumento político

En un año electoral en Bolivia, los incendios descontrolados vinculados a la expansión agrícola son un instrumento político que está teniendo consecuencias catastróficas. English Português

Carlos Guzmán Vedia
5 September 2019
28 de agosto de 2019, Bolivia, Santa Rosa de Tucabaca: el bosque de Chiquitania en llamas.
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Foto: Gaston Brito/DPA/PA Images. Todos los derechos reservados.

Los incendios que suceden en las tierras bajas de Bolivia y que han consumido más de un millón de hectáreas afectando reservas forestales, áreas protegidas y parques nacionales, reflejan las tensiones ambientales que genera el modelo de extractivismo agrario (Mc Kay:2018) que impulsa el gobierno boliviano, que en los últimos años ha favorecido a los sectores agroindustrial y ganadero, mediante Leyes y acuerdos políticos, generando una alianza agroestatal en torno a la ocupación de la tierra como fuente de riqueza.

Ante la caída de los precios de los hidrocarburos y los minerales en el año 2013, el gobierno ve oportuno promover el aumento de monocultivos de exportación (3er producto de mayor exportación), para elevar su aporte al PIB nacional, que en en la última década ha tenido un crecimiento promedio del 4,5%, dato que presume el oficialismo. Es así que en el año 2015, los agroindustriales y el gobierno nacional alistan una Cumbre Agropecuaria (CA), donde se van a definir los detalles de la nueva expansión agrícola afianzando los pactos políticos entre ambos actores.

Una de las metas de la CA, es expandir la frontera agrícola en 10 millones de hectáreas hasta el año 2025, hacia el este sobre la chiquitania boliviana (actual área afectada), y al noreste en tierras colindantes con el departamento de Beni, para el monocultivo de exportación (soya, sorgo, maíz ), ganadería, producción de etanol y biocombustibles. Promoviendo y reforzando asociaciones con las elites terratenientes del país y las corporaciones transnacionales de la alimentación (Monsanto, Cargill, Bayern Syngenta), quienes son las encargadas de la cadena de producción del monocultivo; mediante la provisión de semillas transgénicas e insumos químicos a los productores; su transformación en commoditie (torta, harina de soya); y su comercialización a los mercados internacionales (CAN). Todo esto, a través del clúster agrícola asentado en Santa Cruz desde la década del noventa.

En ese contexto, las políticas agropecuarias en Bolivia están diseñadas para priorizar los monocultivos de exportación. Esta obsesión de aumentar la productividad y el área de cultivo, con el propósito de multiplicar los ingresos que dejan los commodities agrícolas, ha puesto en tensión el modelo de desarrollo de agricultura moderna con la preservación del medio ambiente. Además, que evidencia la contradicción del gobierno entre las prácticas más arcaicas del capitalismo agrario (los chaqueos), con la retórica discursiva del respeto a la madre tierra.

Por otro lado, un actor clave para entender estos incendios y deforestación en el marco de la expansión agrícola, son los sindicatos campesinos afines al oficialismo, pues, su rol en el conflicto tiene varios propósitos. Primero, se benefician de tierras por parte del gobierno, mediante la dotación prebendal de títulos agrarios para comunidades campesinas en áreas protegidas no aptas para cultivo, esto con una doble intención; que los campesinos ejecuten el desmonte (deforestación) mediante chequeos indiscriminados protegidos por las leyes (Ley 741, DS 3973); y sentar presencia política territorial en función al partido de gobierno. Segundo, la dotación de tierras está condicionada a que se incorporen al circuito del monocultivo como pequeños y medianos productores. Tercero, gran parte de estas tierras dotadas, son posteriormente vendidas y/o alquiladas a terratenientes agrícolas o ganaderos a través de un tráfico de tierras que se produce en la zona.

Este desastre demuestra que las políticas referidas a tierras, medio ambiente y pueblos indígenas están subordinadas a un modelo de desarrollo extractivo que amenaza el patrimonio natural y cultural del país.

Los campesinos, además de cargar el estigma social por practicar el chaqueo, también se encuentran sin alternativas de sembrar otras semillas que no sea soya, sorgo u otro monocultivo, pues, además de las tierras, los créditos están condicionados a dicho cultivo. Atados a créditos financieros tienen que pagar maquinaria e insumos químicos (herbicidas y pesticidas como el glifosato que causan desertificación de los suelos), tambien cuidar que las inundaciones, sequías o plagas no afecten su cultivo arruidando su inversión. Generando una agricultura desigual que enriquece a las grandes empresas, empobrece a las pequeñas familias y destruye el medio ambiente.

Los incendios descontrolados que afectaron el Bosque Seco Chiquitano, se deben a esta irresponsabilidad del gobierno en la entrega de tierras en un área protegida, y al desconocimiento de los campesinos colonos de practicar el chaqueo en un Bosque Seco. El Bosque Secho Chiquitano, es una ecoregión de transición entre la humedad de la amazonia brasilera y la aridez del chaco paraguayo, que por las caracteristicas de su vegetación, alberga más de 200 especies de madera, muchas de ellas, inflamables en periodos secos como el actual. (Ibisch & Mérida:2008)

La pérdida de biodiversidad y de riqueza natural es incalculable; el Parque Nacional Otuquis, el Valle de Tucabaca, el área de manejo integrado de San Matias, la serrania Chiquitana, entre otras, son escenarios naturales que brindan un equilibrio ecológico a la zona. Se estima tienen que pasar entre 50 a 170 años para recuperar la riqueza forestal devastada, alrededor de 500 especies de animales se encuentran en situación de vulnerabilidad y más de 50 comunidades campesinas del lugar han visto como sus cultivos y pastos para ganado se han vuelto cenizas; son algunos datos preliminares del daño ambiental que ha ocasionado este incendio. También, el daño a la Reserva Natural Ñembi Guazú, hogar del pueblo indígena ayoreo, de los pocos pueblos no contactados que hoy están amenazados por la desposesión de sus tierras.

Este desastre demuestra que las políticas referidas a tierras, medio ambiente y pueblos indígenas están subordinadas a un modelo de desarrollo extractivo que amenaza el patrimonio natural y cultural del país. La destrucción del medio ambiente a cambio de crecimiento económico y agricultura moderna, es también consecuencia de la falta de políticas agrarias que promuevan una agricultura sostenible y diversificada, que aproveche de mejor manera el área de cultivo actual y cuya expansión sea destinada al consumo interno y no obedezcan las presiones del mercado internacional.

Por el contrario, este modelo agrícola que promueve el gobierno nacional, es funcional a sus fines políticos, pues; cumple con la promesa de tierra a sus bases campesinas; incrementa su presencia territorial y política en el oriente; complace los intereses de las elites agroindustriales al expandir el área de monocultivo y conseguir mercados internacionales para la futura producción (China); y a su vez, multiplica los ingresos de la renta agraria.

Sin embargo, no solo la política agraria es utilizada como instrumento político; también los incendios descontrolados han sido aprovechados por el presidente en esta coyuntura electoral pensando en las elecciones del 20/10. La negativa del gobierno a declarar desastre nacional, la descoordinación entre los niveles de gobierno, la tardía respuesta a la ayuda internacional; además de las declaraciones y apariciones proselitistas en las zonas deforestadas, han develado la incapacidad gubernamental y falta de voluntad política para atender un desastre de magnitud.

Vistas así las cosas, los incendios y deforestación que suceden en Bolivia, están dentro de las tendencias globales del desarrollo agrícola, donde la alianza agroestatal obedece los mandatos de las empresas multinacionales de la alimentación, que ubican a los monocultivos como los productos a impulsar en los países del Cono Sur. Al mismo tiempo, este modelo es utilizado políticamente por el gobierno, regalando tierras a sus bases campesinas en áreas protegidas, ignorando la vocación productiva del suelo y provocando un daño ecológico irreparable.

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