¿Qué comenzó el 18 de octubre de 2019? Probablemente aún sea demasiado pronto para trazar una caracterización definitiva de qué fue lo que realmente empezó ese día, pero una cosa parece clara: la vida social y política de Chile cambió para siempre ese día. Ese 18 de octubre estallaron las movilizaciones más grandes, intensas y extensas del último tiempo en ese país.

Tal vez la metáfora que mejor dé cuenta del octubre chileno sea la idea de erupción volcánica. Fuerzas magmáticas que a simple vista no son observables hasta que su presión se hace insostenible, emergiendo hasta la superficie de un modo arrollador y altamente destructivo. Sin embargo, las erupciones volcánicas poseen al mismo tiempo una enorme capacidad modeladora, reconfiguran los paisajes políticos a su alrededor y sus sedimentos, una vez estabilizados, abonan zonas que se vuelven más fértiles para nuevos escenarios.

El 18 de octubre nace como un estallido, como una fuerza incontenible que sorprende, pero las fuerzas subterráneas que la activaron siempre estuvieron ahí. De hecho, varias son las explicaciones que se han esbozado sobre su origen: la desigualdad, el abuso, la falta de democracia y de derechos. Un rayado cerca de la hoy rebautizada Plaza de la Dignidad, sugería lo siguiente: “El neoliberalismo nace y muere en Chile”.

¿Cómo una movilización que surge a propósito del alza de la tarifa del metro en 30 pesos podría dar origen a un cuestionamiento del modelo económico que transformó a Chile en su principal laboratorio? “No son 30 pesos, son 30 años” han respondido los manifestantes, o sea, el alza del transporte permitió la eclosión de un descontento que se venía larvando desde hace mucho tiempo. Con los 30 años, se hace referencia y se cuestiona a la post-dictadura y al arreglo inter-elites que le dieron estabilidad al país, a cambio de la mantención sustantiva precisamente del modelo económico y de la institucionalidad política que lo resguardaba, siendo su principal expresión la Constitución Política del 80. No por ello, el alza deja de ser considerable, si se la mira en términos acumulativos, las alzas sucesivas habían transformado al metro de Santiago y al transporte público en general en uno de los más costosos de la región, representando una parte significativa del gasto de los trabajadores chileno.

El modelo chileno

El modelo económico heredado de la dictadura, aunque fue moderado en ciertos aspectos durante los gobiernos de la Concertación, por ejemplo, mediante políticas públicas focalizadas que redujeron la pobreza, fue presentado a lo largo de los últimos años como la única forma de desarrollo posible.

La consolidación del neoliberalismo en el mundo ha tenido como pieza clave la pérdida de capacidad decisoria de los Estados-Nacionales, pero sobre todo de los gobiernos, para definir de modo autónomo y soberano sus ordenamientos económicos. En contraste, organismos internacionales (el FMI, el BID, el Banco Central Europeo) y las empresas transnacionales han ganado en capacidad decisoria.

El fenómeno anterior ha introducido una contradicción fundamental en el mundo entero entre neoliberalismo y democracia, pues esta última se ha visto limitada, en la medida que existiría un área fundamental de la vida colectiva, la economía, que quedaría excluida de la capacidad decisoria de los ciudadanos. Pero no sólo eso, especialmente en el caso chileno, el neoliberalismo además de inevitable fue presentado como deseable.

La economía de libre mercado no sólo sería el resultado natural de las fuerzas sociales, o sea, según esta lógica, del mercado, sino que además era la mejor opción posible para maximizar el bienestar social de la población. Chile, como laboratorio del neoliberalismo y señalado como un ejemplo exitoso de combinación de economía de mercado con democracia, fue promovido como el modelo a seguir para la región y para otros países emergentes.

Sin duda, si se toma como parámetro la vida en dictadura, el bienestar material desde el retorno a la democracia se ha incrementado. Sin embargo, lo que ha sostenido el crecimiento económico ha sido nuestra dependencia de la explotación y exportación de materias primas, notablemente del Cobre.

Nuestra matriz productiva ha vivido un proceso de reprimarización económica, iniciada con la desindustrialización promovida por la dictadura y que, con los gobiernos democráticos, no se ha visto alterada. Por lo demás, la deschilenización de la explotación de las materias primas con condiciones extremamente favorables para empresas transnacionales, con royalties mínimos y leyes permisivas, han transformado vastas extensiones de nuestro territorio en zonas de sacrificio, produciendo una enorme fuga de recursos hacia el exterior, sin ampliar los empleos y, paradojalmente, empobreciendo zonas ricas en recursos naturales (Atacama y la Araucanía son casos insignes al respecto).

Otra base del modelo, ha sido la financierización de economía. Lo que mueve a los mercados mundiales es la especulación. En el caso chileno, han sido los ahorros previsionales de las Administradoras de Fondos de Pensión (AFPs) una de las principales fuentes para sostener la inserción empresarial chilena en las lógicas especulativas, privatizando las ganancias (para las empresas) y socializando las pérdidas (para los trabajadores).

No por casualidad una de las principales demandas de las movilizaciones ha sido la exigencia de un nuevo sistema previsional. Muchos jóvenes a la hora de explicar su presencia en las marchas, afirman que están ahí por sus abuelos. Conforme ha pasado el tiempo, las movilizaciones se han vuelto cada vez más juveniles, pero manteniendo un alto grado de solidaridad intergeneracional en sus motivaciones.

Este modelo, aunque ha traído buenos resultados macroeconómicos, por un lado, tanto en las balanzas comerciales, en el ingreso per cápita y en la imagen país; por otro, ha dado pie a una profundización de la desigualdad económica. Más que producir riqueza, el modelo ha producido ricos.

Unas cuantas familias concentran la mayor parte de nuestro PIB, mientras la mitad de los chilenos viven con poco más de un salario mínimo al mes. Es cierto, en los últimos años la desigualdad económica ha comenzado a decrecer, pero la sociedad percibe la desigualdad de otras formas: en el trato, en la existencia de privilegios y en el abuso (PNUD, 2017).

El depertar de Chile

Pero, ¿qué ha hecho posible que la desigualdad hoy se haya vuelto una realidad intolerable que debe ser cambiada imperiosamente? Podríamos aventurar que la desigualdad chilena se enmascaró de dos formas. Primero trató de mostrarse como una desigualdad justa, el principal mecanismo ideológico para esa operación ha sido el discurso meritocrático, o sea, que las mejoras en nuestra posición social o en nuestro bienestar son proporcionales al esfuerzo invertido para ello. La sencilla fórmula de: “eres pobre, porque no te has esforzado lo suficiente”. Los chilenos históricamente han confiado en la educación como el principal mecanismo de movilidad social o, en otras palabras, como el principal generador de desigualdades percibidas como justas.

Sin embargo, el ciclo de movilizaciones iniciado por el movimiento estudiantil secundario (2006) y universitario (2011) asestaron un golpe demoledor al discurso del mérito, no por negar que éste exista, sino que porque evidenciaron que el proceso de mercantilización de la educación la había transformado en un potente reproductor y amplificador de la desigualdad social: quien podía pagar, obtenía mejor educación y con ella una mejor posición social. En otras palabras, no bastaba con (endeudarse para) estudiar, pues al final del proceso lo que terminaba primando no era el esfuerzo, sino más bien cuestiones ligadas al origen: si se nació en una familia con recursos o no.

La promesa de masificación de la enseñanza superior para permitir movilidad social se mostraba como una estafa. “Invertir” en educación mediante el endeudamiento no necesariamente mejoraba la situación del estudiante, no sólo hipotecaba su futuro financiero, sino que además lo que le esperaba una vez concluidos sus estudios eran empleos precarios y mal pagados, sin mencionar las expectativas sobre la jubilación, las que con el paso del tiempo se han vuelto amenazantes para todos los chilenos; en Chile, la jubilación es un pasaporte a la pobreza. En todo ese proceso, la banca y un importante número de “empresas” educacionales (Colegios, Pre-universitarios, Universidades, Centros de Formación Técnica) capitalizaron enormes ganancias, avaladas por el Estado.

Pero el endeudamiento ha funcionado también como un retardador de la conflictividad que podría ocasionar la desigualdad económica. Antonio Gramsci señalaba, a propósito del fordismo, que en los EEUU este tipo de empresas producían hegemonía directamente desde la fábrica, pues los obreros podían acceder a su propio automóvil y a buenos salarios, promoviendo una identificación con el capitalismo, sin recurrir a intermediaros, o sea, ideólogos que convenzan a los trabajadores de que su situación es la mejor posible.

En el caso chileno, se podría decir que el endeudamiento y más específicamente, la tarjeta de crédito, era una productora directa de hegemonía, pues los chilenos podían acceder a bienestar material en cómodas cuotas, a pesar de sus precarias situaciones. Sin embargo, la generalización del endeudamiento entre las familias chilenas colapsó.

Las tarjetas permitían enmascarar los bajos salarios, pero el malabarismo financiero de las familias para llegar a fin de mes comenzó a fallar. El endeudamiento empezó a cubrir incluso necesidades básicas como la alimentación y los medicamentos y las formas de repactación con las instituciones financieras se volvieron se volvieron cada vez más abusivas. En Chile, 1 de cada 3 chilenos está moroso, siendo que la mayor parte (40%) corresponde a deudas con el retail (comida, ropa y medicinas).

La democracia desigual

Además, la desigualdad económica tiene una enorme capacidad de transformarse en desigualdad política, erosionando las instituciones democráticas que se conciben a sí mismas como igualitarias. Tal como ha ocurrido en democracias como la estadounidense, las brechas económicas producidas por el neoliberalismo no tardan en expresarse políticamente (Bartels, 2008). Los “súper ricos” son los principales sostenedores económicos de las campañas electorales, a su vez, los políticos electos tienden a ser más receptivos a los intereses de sus financistas.

Bajo esta dinámica, el sistema político, en vez de ser el espacio para revertir la desigualdad económica se transforma en una extensión de la misma promoviendo leyes que favorecen a los más ricos.

En el caso chileno, los escándalos relativamente recientes de financiamiento ilegal de la política, configuraron en muchos casos, lo que se podría denominar como “democracia directa del capital”. Diputados y senadores pauteados por los asesores de las empresas legislan a favor de esos intereses particulares y no del bien común. Las irrisorias sanciones recibidas por los empresarios y políticos implicados consagraron una sensación de impunidad que ha contribuido a hacer más severa la crítica de los ciudadanos a ambos.

El hecho de que sea Sebastián Piñera el Presidente de la República ha permitido concentrar ese rechazo en una sola persona, en tanto, su propia trayectoria personal resume el poder directo que puede ejercer el capital en una democracia debilitada: evasión fiscal, uso de información privilegiadas y fraude financiero.

La democracia chilena ha amparado el abuso generalizado provocado por un modelo económico que ha mercantilizado todas las dimensiones de la vida social. No hay necesidad que no haya sido transformada en un gran negocio. Por eso, el primer grito de estas movilizaciones ha sido “no más abusos”, por lo mismo lo que se exige es “dignidad”. Los chilenos se sienten abusados, ofendidos e indignados. Estos sentimientos no aparecieron el 18 de octubre, estaban presentes desde antes, lo que ocurrió ese día fue que esos sentimientos se potenciaron con la disposición a la movilización que mostraron. Es cierto las movilizaciones sorprendieron, pero mucho más sorprende que éstas no se hayan producido antes.

La politización acelerada

La organización de evasiones por parte de los estudiantes secundarios cumplió el rol de gatillar la transformación desde la indignación a la movilización. Inicialmente las masivas evasiones provocaron simpatía entre los usuarios del metro, pues el alza se consideraba un abuso. Los estudiantes eran capaces de hacer, lo que todos deberíamos haber hecho: reclamar. Como ha sido la tónica a lo largo de estas movilizaciones, el gobierno optó por responder ante este escenario con represión, afectando a evasores y usuarios normales. Esto generó aún mayores grados de identificación con los estudiantes. Finalmente, cuando el 18 de octubre se decreta el cierre del metro y el transporte en superficie suspende sus operaciones en pleno horario de retorno laboral, se creó el cóctel perfecto para la explosión. Los trabajadores que tuvieron que iniciar largas marchas a pie para volver a sus casas, espontáneamente empezaron a engrosar barricadas en cada esquina de la ciudad. Fue la gota que rebalsó el vaso. Las manifestaciones de descontento se fueron radicalizando y la protesta al otro día ya se había nacionalizado, desde la capital a todo el país.

Todo estaba en cuestión, nada parecía imposible de ser cambiado. La movilización operó como un poderoso desnaturalizador de todo el modelo político y económico. Lo que hasta ayer se toleraba, aunque fuera a regañadientes, a partir de ese momento era abiertamente cuestionado. La movilización se volvía transversal, no había rincón del país que no se sintiera parte de este “estallido”. Rápidamente la demanda económica para congelar el alza se transformaba en una lucha altamente politizada, siendo la crítica a la constitución la mayor expresión de ese paso.

Lo que hasta ayer era identificado como un problema individual o personal: el endeudamiento o el abuso, empezó a ser significado por los chilenos como problemas colectivos, como custiones públicas: pensiones, sueldos, salud o servicios básicos. Momentos de densidad histórica, como el que se inició el 18 de octubre, incuban transformaciones radicales en las trayectorias de quienes participan en ellos (Bringel and Pleyers, 2015). Uno de los más visibles son los procesos de politización acelerada. Es necesario notar, que estas nuevas formas de politización no siempre se expresan bajo las parámetros usuales en los que se da la política tradicional, sobre todo mediante la participación en partidos o mediante comportamiento electoral. Lo que se percibe son politizaciones de las conversaciones cotidianas, manifestaciones contra-culturales que retejen vinculaciones perdidas, espacios organizaciones vaciados que se repotencian (sindicatos, colegios profesionales, clubes deportivos o juntas de vecinos) o nuevas plataformas de articulación que emergen (cabildos, asambleas territoriales, etc.). Los barrios, los lugares de trabajo, el espacio público, no volverán a ser los mismos. No sólo ahora nos conocemos, sino que además hemos visto que nuestras rabias, frustraciones y esperanzas son compartidas. Es posible que estas transformaciones políticas profundas demoren en expresarse, de manera contundente, en término político-electorales, pero en algún momento se sincronizarán. Por mientras, sigue siendo un enorme desafío el establecimiento de puentes que conecten la política institucional con estas nuevas politizaciones.

El desfase anterior ha contribuido a alimentar discursos alarmistas en actores de la opinión pública sobre el peligro que este movimiento representa para la democracia: el mismo Presidente de la República declaró, sobre las movilizaciones, que “estamos en guerra, ante un enemigo poderoso”. Sin embargo, aunque de modo general, el movimiento expresa una crítica al cómo se ha desarrollado la democracia en Chile y ha dejado aún más en evidencia la profunda crisis del sistema político, las movilizaciones parecen tener un enorme potencial democratizador. En primer lugar, porque resitúan el conflicto como un elemento fundamental para la vida colectiva y, segundo, porque han permitido que el soberano, en este caso, el pueblo movilizado, reconozca su poder transformador.

La democracia chilena, limitada por los enclaves autoritarios heredados, ha privilegiado la estabilidad por sobre el conflicto, otorgándolo además un poder de veto determinante a las elites empresariales. Pocos días antes del estallido, la principal organización gremial empresarial (SOFOFA) publicó un documento que señalaba los riesgos para el crecimiento económico de la agenda legistaltiva (resguardo medioambiental, reducción de la jornada laboral, reforma del sistema de pensiones, etc.). De este modo, toda aspiración de transformación o reforma de los pilares del modelo que han agobiado a los chilenos son tipificados como amenazas al crecimiento económico y, por ende, a la democracia. Con ello, el sistema político se ha vuelto cada vez más insensibles a las demandas de cambio expresadas por la ciudadanía, esto, a pesar de que la modificación del sistema binominal durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet ha permitido que el Parlamento se haya vuelto más representativo de la diversidad política del país.

Muchos analistas se preguntaban por qué los chilenos se expresaban de modo tan radical, mediante movilizaciones que incorporaban un alto grado de violencia a sus repertorios de acción colectiva. ¿Qué se podía esperar si los intentos de reforma del sistema en buena parte han naufragado una y otra vez? El gobierno de la Nueva Mayoría, coalición de centro izquierda que llevó por segunda vez al gobierno a Bachelet, representó un intento de canalización de la crítica emergida por las movilizacinoes del 2011, pero la mayor parte de su agenda transformadora fracasó, en parte por el boicot interno de partidos como la Democracia Cristiana, pero, sobre todo, por el veto empresarial y el candado del Tribunal Constitucional, lo que ha hecho inútiles las mayorías parlamentarias, pues aunque que se logren aprobar leyes transformadoras, el TC funcionará contramayoritariamente declarándolas inconstitucionales. Por eso ganó tanta fuerza la demanda por una Nueva Constitución, no porque ésta signifique la solución a todos lo problemas, sino porque con la actual prácticamente es imposible cualquier cambio, por mayoritario que sea su apoyo.

La radical crítica al sistema político dificultará la construcción de proyectos que aspiren a expresar las ansias de cambio. Más aún si se considera que la principal fuerza renovadora de la política chilena, el Frente Amplio, ha tenido un comportamiento errático en esta coyuntura, sufriendo una profunda crisis en su interior, ya que algunos de sus sectores más radicales lo han acusado de reproducir las lógicas elitistas de la política tradicional. Aunque hay partidos de izquierda que seguramente capitalizarán electoralmente la “explosión”, todos ellos se han visto superados por la fuerza de la calle. La construcción de puentes entre “los movilizados” y los partidos no será fácil, pero la renuencia de aquéllos no es hacia la política de modo general.

En esa línea, a diferencia de otras experiencias de movilización recientes, como las ocurridas en Brasil en junio de 2013, en donde las manifestaciones fueron capitalizadas por una derecha extremamente reaccionaria, lo que estuvo antecedido por la expulsión violenta de la izquierda de las calles (así como de sus símbolos); en Chile, por ahora, el movimiento ha tendido hacia pautas progresistas. Los símbolos en las calles se identifican históricamente con la izquierda: la bandera mapuche, la de la diversidad sexual, del escritor homosexual Pedro Lemebel, de la fallecida líder comunista Gladys Marín, del cantautor asesinado por la dictadura Víctor Jara o por la artista Violeta Parra.

La Mesa de Unidad Social, que ha agrupado al mundo organizado, desde el movimiento sindical, pasando por el estudiantil, el de pobladores, hasta la Coordinadora feminista 8 de marzo ha sido una experiencia enormemente meritoria, considerando la fragmentación y diferencias que habían imperado hasta el momento entre los sectores organizados. Sin embargo, aunque Unidad Social no ha pretendido arrogarse la conducción de este movimiento, la invisibilización de esta orgánica por parte del gobierno y la prensa, ha sido una forma de debilitar las movilizaciones, pues un movimiento que no puede interlocutar, es un movimiento sin demanda que pueda ser satisfecha.

No obstante, a esta altura parece claro que el Movimiento Social que se inicia el 18 de octubre tiene dos expresiones que dialogan: la vertiente inorgánica con alta capacidad de convocatoria y de reinvención, sin caras visibles ni estructuras organizacionales; y la vertiente orgánica, representada por Unidad Social, con alto grado de articulación discursiva y con demadndas claras. Esa es otra diferencia con Brasil el 2013, en nuestras movilizaciones entre la calle y el mundo organizado hay sintonía y complementariedad, por más que en determinadas circunstancias también pueda haber tensiones.

En Brasil el 2013, sindicatos y organizaciones estudiantiles fueron desplazadas, se podría decir incluso expulsadas, por los sectores conservadores. Los dos paros productivos convocados por el Bloque Sindical de la Unidad Social durante las movilizaciones son la mejor expresión de esa fuerza: los manifestantes apoyaron la huelga y marcharon lado a lado con los sindicalistas.

Por otro lado, no hay que desconsiderar las potencialidades de los que hoy se movilizan inorgánicamente para fundar nuevas formas de activismo y para potenciar las organizacinoes ya existentes. Puede que demore más o menos, pero la politización de trayectorias que produjo el estallido, las nuevas solidaridades creadas, en algún momento se traducirán políticamente renovando o recreando el paisaje actual.

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A modo de conclusión, podríamos decir que las movilizaciones que comenzaron en octubre han evidenciado la profunda tensión existente en el país entre el modelo económico neoliberal y la democracia. No está del todo claro cómo será la salida de la actual crisis, pero parece evidente que las contradicciones que han provocado el actual momento no se resolverán dentro del neoliberalismo ni dentro de los estrechos límites de nuestra actual democracia. Las movilizaciones han cuestionado al neoliberalismo, no de modo abstracto, sino en sus expresiones concretas, en sus consecuencias vividas por los chilenos.

Sin embargo, el neoliberalismo no ha muerto. Aunque sí podemos decir que la narrativa que identificaba al modelo chileno como un paradigma a ser imitado por los países de la región se acabó. Hoy cuando América Latina se debate entre restauraciones conservadoras e intentos de reimpulso progresista, el fin de la vía chilena al neoliberalismo, como modelo de exportación, es una buena nueva.

La erupción chilena de octubre continuará modelando nuevos paisajes, aunque no sabremos qué forma adquirirán, pues su fuerza ha sido tan arrolladora que es difícil canalizarla. Pero, el magma liberado creará también terrenos fértiles para nuevos futuros. ¿Qué semillas serán esparcidas? La respuesta está en nuestras manos.