Un periodista enmascarado sostiene una pancarta que dice en español: "sin libertad de expresión, huele a dictadura", durante una protesta en la Ciudad de Panamá. Foto AP / Arnulfo Franco.

Según el último Índice de Libertad de la Prensa Mundial, hecho público el 20 de abril, que publica anualmente Reporteros sin Fronteras (RSF), la libertad de los medios de comunicación disminuye a nivel mundial. El Índice, que mide el nivel de libertad de que disponen los periodistas en 180 países usando criterios como el pluralismo, la independencia de los medios, el entorno mediático, la autocensura, el contexto legislativo, la transparencia, las infraestructuras y los abusos, refleja una declive de 3.71 % en relación a 2014 y de 13.6 % desde 2013.

Varios factores explican este descenso. Desde el autoritarismo de los gobiernos a la concentración de la propiedad de los medios, los enemigos de libertad de la prensa son muchos y no conocen fronteras.

Las ideologías religiosas, las maquinarias de propaganda estatales, los oligarcas y los magnates de la comunicación están socavando uno de principios básicos de la democracia liberal - la libertad de expresión e información - en todo el mundo. Los medios se utilizan para difundir agendas iliberales a audiencias masivas y presionar a los gobiernos, los medios de producción e internet se bloquean o suprimen en distintos países, se aprueban leyes para reprimir a los periodistas y crear un ambiente de miedo y autocensura, y la violencia a sangre fría se usa y tolera para remachar el clavo.

Pecados latinoamericanos

En un contexto en que la libertad de los medios está siendo atacada a nivel mundial y cada continente ve disminuir su puntuación, América presenta uno de los peores escenarios. Según el Índice de RSF, la libertad de prensa en la región ha caído un 20.5%. 

Hay numerosos motivos que explican este declive, especialmente en América Latina: tensión política creciente, recesión económica, corrupción, crimen organizado y monopolios mediáticos.

La violencia institucional es el principal factor en países como Venezuela y Ecuador. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro se ha centrado en silenciar a los medios independientes, mientras que varios medios de comunicación, tales como "El Universal" y "TV Globovisión", han sido adquiridos por simpatizantes del gobierno, aumentando así el control del régimen sobre lo que es (y no es) noticia en el país. Además, una ley de 2010 que limita las críticas que se pueden formular al gobierno ha dado lugar a detenciones arbitrarias de periodistas y a varios procesos de difamación. En Ecuador, el control del gobierno sobre los medios de comunicación ha aumentado desde que Rafael Correa asumió la presidencia en 2006. Al igual que en Venezuela, desde 2013 se han endurecido las condiciones legales para el funcionamiento de los medios de comunicación privados e independientes, limitando así lo que los periodistas pueden y no pueden decir y creando un entorno en el que impera el miedo y el hostigamiento.

La delincuencia organizada relacionada con el tráfico de drogas constituye la principal amenaza a la libertad de prensa en Colombia y América Central. En Colombia, los periodistas son a menudo objeto de ataques por parte de paramilitares convertidos en traficantes (conocidos como bacrims). Las bandas criminales utilizan la violencia como medio habitual para silenciar a los medios comunitarios, y suelen salirse con la suya por los fuertes lazos que mantienen con los funcionarios locales. En Honduras, el Presidente Juan Alvarado es famoso por sus ataques verbales contra los medios de comunicación, en un contexto en el que la amenaza de violencia física a periodistas es práctica común, empeorando una situación ya de por si poco favorable para la práctica del periodismo. Algo similar sucede en El Salvador, uno de los países más peligrosos del mundo, donde los periodistas heridos o muertos cada año se cuentan por docenas. Los periodistas salvadoreños no solo sufren con frecuencia el acoso de funcionarios, sino que el propio presidente del país, Salvador Sánchez Cerén, ha acusado a los medios de estar librando una "campaña de terror psicológico".

En Brasil, el ataque a la libertad de prensa proviene principalmente de la corrupción. La corrupción nutre la impunidad y esto, teniendo en cuenta que el país carece de mecanismos de protección para los periodistas, hace que Brasil sea un lugar altamente peligroso para trabajar. Además, la estrecha vinculación que existe entre políticos y magnates de la comunicación contribuye a desdibujar los límites entre información y propaganda. Dilma Rousseff y su probable destitución es un buen ejemplo de ello.

El país americano mejor colocado en el ránking, Costa Rica, ha entrado por primera vez en el top ten mundial en el Índice de RSF. Una legislación favorable a los medios de comunicación, la acreditación y adecuada protección de los periodistas, el acceso a la información, y la inexistencia de corrupción convierten Costa Rica en un ejemplo a seguir por todos los países de América Latina. El país peor clasificado en cuanto a la libertad de medios en América Latina es Cuba, que ocupa el número 171 del Índice.

La tierra de los cárteles

Mención especial merece México, el país más peligroso del mundo para los periodistas y uno de los que registra niveles más altos de criminalidad impune contra la prensa, según el Comité para la protección de los Periodistas (CPJ). 120 periodistas han sido asesinados en México en los últimos 25 años. En lo que llevamos de 2016, cinco periodistas han perdido ya la vida: Moisés Dagdug Lutzow, Anabel Flores Salazar, Reinel Martínez Cerqueda, Marcos Hernández Bautista y Francisco Pacheco Beltrán. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, el estado más peligroso para los periodistas es Veracruz: el 15% de los asesinatos registrados desde 2000 ocurrió en este estado.

La mayor amenaza para los periodistas mexicanos son los grupos criminales. Cuando la prensa no acepta las exigencias de cobertura favorable de estos grupos, suelen producirse violencia y ejecuciones. Pese a que la responsabilidad directa del estado en dicha violencia es discutible en algunos casos, su incapacidad para investigar la inmensa mayoría de ellos, que quedan sin esclarecer, favorece un ambiente de impunidad y de miedo.

Debe reconocerse que esta tragedia es un síntoma de que algo va mal en la democracia mexicana. La violencia contra periodistas indica que la corrupción y la impunidad son moneda común en el país y que el gobierno está fallando claramente a la hora de hacer algo para atajar la situación. La tierra de los cárteles de la droga es un caso paradigmático que demuestra que la democracia es mucho más que sólo papeletas y gobiernos.

Macri y los monopolios

Existen, sin embargo, otros mecanismos no violentos – o no declaradamente violentos – que limitan la libertad de prensa en América Latina. En Argentina, por ejemplo, el grado de concentración del mercado en el sector de los medios de comunicación es muy alto (casi el 40% de la televisión está controlada por dos grupos, según Martín Becerra) y el papel de los medios de comunicación en la conformación de la opinión pública dista mucho de ser neutral políticamente. La Ley de Medios aprobada en 2009 pretendía fomentar el pluralismo y evitar los monopolios. Mauricio Macri, sin embargo, en sus primeros días en el cargo, se apresuró a derogar la ley mediante un decreto de emergencia.

El uso por parte de Macri de este recurso extraordinario para modificar una ley que fue diseñada para fomentar la libertad de expresión y democratizar el ecosistema de los medios de comunicación argentinos es un hecho alarmante: el decreto disuelve los organismos reguladores de los medios de comunicación (AFSCA) y de telecomunicaciones (AFTIC) y los sustituye por un solo ente controlado por la mayoría oficialista.

El jefe de gabinete de Macri declaró que esto marcaba el "fin de la guerra contra el periodismo". Sucede exactamente lo contrario: la derogación de la Ley de Medios conducirá a una mayor concentración de los medios de comunicación en un país donde la posición de dominio del Grupo Clarín se encuentra ya entre las mayores del mundo. La expansión ulterior de dicho Grupo supone, por supuesto, una grave amenaza para la libertad de expresión en Argentina.

Este es, sin duda, un mecanismo distinto al que se usa en México para lograr un mismo objetivo: limitar la libertad de prensa. Se trata de un mecanismo no-violento en el sentido de que no se producen ejecuciones a sangre fría, y los periodistas arriesgan su puesto de trabajo en lugar de su vida. Los resultados, sin embargo, son similares: la difusión del miedo y la autocensura, obstaculizando el interés público en beneficio de empresas, individuos particulares, dirigentes y partidos políticos.

Quiosco en Lexington Avenue en Nueva York, 1997. Foto AP / Rosario Esposito.

Defender el periodismo y la democracia

Tras una década de prosperidad económica y de mejoras en políticas sociales, en un momento como el actual, crucial para las democracias latinoamericanas, la necesidad de fortalecer la libertad de prensa en la región es particularmente apremiante si América Latina quiere consolidar sus instituciones democráticas. En este sentido, proteger a los periodistas y garantizar espacios de discusión y reflexión pacíficos, libres e independientes es clave para el progreso de la democracia en la región. ¿Qué es la democracia sino ciudadanos bien informados, marcos apropiados para el debate libre y abierto, y gobiernos que rindan cuentas?

En el prólogo de Rebelión en la granja, George Orwell reflexionaba sobre la naturaleza de la libertad de prensa en aquel momento (1945), pero sus comentarios son asombrosamente actuales. "Quien desafía a la ortodoxia imperante", escribía, "es silenciado con sorprendente eficacia. Una opinión que no se ajuste a la moda casi nunca recibe justa atención, tanto en la prensa popular como en las revistas intelectuales." La cobardía intelectual, agregaba Orwell, es el peor enemigo de los periodistas.

Debilitar la libertad de prensa deteriora obviamente la salud de las democracias latinoamericanas. Y a la mayoría de los actores, de todos los sectores del espectro político, parece que no les conviene reconocerlo. Ciertamente no está de moda hoy, en América Latina, discutir la situación de la libertad de prensa. Los predicadores políticos están ocupados debatiendo si el ciclo está, o no, llegando a su fin, y buscando culpables del declive económico de la región.

Sin embargo, si América Latina quiere evitar caer en lo que se considera democracia de baja calidad o peor, los periodistas deben protegerse de acosos violentos y no violentos, tanto por parte de gobiernos como de intereses privados. Si tenemos en cuenta la afirmación de Orwell de que "si la libertad significa algo, significa el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír", y que la raison d'être del periodismo es "publicar de lo que alguien no quiere que se publique", es evidente que para ser sanas y vigorosas, las democracias latinoamericanas deben garantizar que no haya nada de lo que los periodistas no puedan hablar, nada que no puedan escudriñar y nada que no puedan decir. Lamentablemente, este no es el caso – excepto en Costa Rica.

De momento, los periodistas latinoamericanos, y a través de ellos las sociedades a las que deberían informar, están siendo atacados.