Las réplicas del terremoto político que dejó Odebrecht en América Latina continúan. Con la muerte del expresidente de Perú Alan García, que antes de ser detenido decidió dispararse en la cabeza, las consecuencias del dinero ilegal que repartió esta constructora no se detienen. Se trata de uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia latinoamericana, y estamos aún lejos de conocer todo su alcance.

Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Venezuela y Perú son los países en que operaba esta enorme red de sobornos que, desde que un juez brasileño la destapó en el 2014, ha dinamitado muchas tramas políticas corruptas en los gobiernos de la región.

Que una empresa constructora brasilera haya pagado sobornos por hasta $788 millones de dólares para conseguir favores políticos y la concesión de más de 100 contratos de construcción, la mayoría en infraestructuras de obra pública, es un crimen que corroe la legitimidad de nuestras democracias.

De entre todos los afectados, el de Perú ha sido uno de los gobiernos que más ha avanzado en combatir la corrupción de Odebrecht. Con expresidentes como Alejandro Toledo, prófugo en Estados Unidos, o la detención del expresidente Ollanta Humala, y la renuncia hace un año a la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, el sistema judicial peruano, que en su día fue capaz de encarcelar a Fujimori, ha demostrado su determinación en no dejar impune a nadie.

Demostrar que la cúpula que gobierna un país se implicó en esta red de sobornos y enfrentarse a la anticorrupción en sus más altos niveles puede tener consecuencias trágicas, como ha sido el suicidio de Alan García. ¿Hasta dónde llegará el castigo de los crímenes de Odebrecht?.

Nueva munición para la anticorrupción

Con la politización de la muerte de este ex-presidente se abre nuevamente la cuestión que plantea, por un lado, la necesidad de no dejar impunes los crímenes de corrupción, y las limitaciones del poder y de la dignidad de un aparato Estatal peruano que no supo prevenirla ni atajarla.

La firmeza de muchos sectores y de la misma ciudadanía en juzgar y castigar los la corrupción, han logrado una investigación sin precedentes. Pero difícilmente nadie imaginó que alcanzaría a los peces más gordos.

Con la confirmación de que Odebrecht sí aportó dinero a la campaña de Alan García, se demuestra el nivel que alcanzó la corrupción en la región. La captura de la democracia por parte de élites económicas logró escalar hasta los niveles más altos y controlar multimillonarias inversiones en infraestructura.

Pareciera que la única forma de hacer política en América Latina es recibiendo financiación de elites y grupos empresariales. Ahí están los multimillonarios gastos de campaña que se hacen en elecciones presidenciales o regionales donde el que más dinero tiene es el que más probabilidades tiene de hacerse con el poder o perpetuarse.

De ahí que las consecuencias criminales de la corrupción de Odebrecht deberían servir de acicate para que emerjan nuevas formas de hacer política de forma transparente y honesta, En democracia, las elecciones no se deberían ganar con dinero sino con ideas y propuestas políticas en favor de todos los ciudadanos.

Cuatro años buscando justicia

Más allá de Perú, la mayoría de los países involucrados en el escándalo Odebrecht parecen eternizar o bloquear sus investigaciones. ¿Quieren realmente enjuiciar a los sobornados?.

En Colombia, si bien Odebrecht fue sancionada por 10 años para no realizar ningún tipo de operación en el país, las investigaciones ralentizan su marcha para desentrañar a dónde fueron a parar los 26 millones de dólares que habría pagado por la concesión de obras.

En Argentina recién hace dos semanas un juez procesó finalmente a 26 personas, incluyendo a un ex-ministro kirchnerista, que solo ahora se enfrentarán a la justicia para seguir esclareciendo la verdad en este país.

Y en Brasil, desde donde se originaron las coimas y se desenmascaró el caso, las sentencias han llevado a la cárcel al dueño de la empresa, Marcelo Odebrecht, pero también a políticos como el expresidente Lula Da Silva.

Aún quedan muchas cuestiones abiertas. Una de ellas es hasta dónde llega la responsabilidad no solo de las personas, políticos o empresarios en pagar y recibir coimas sino de las mismas instituciones estatales en este tipo de dinámicas corruptas.

Odebrecht nos puso frente al espejo de una realidad que supera los actos individuales. Muchas instituciones que colaboraron con esta constructora terminaron siendo cooptadas por mafias económicas que determinaban las dinámicas de contratación.

Por eso, esclarecer a fondo la operación de Lava Jato y su relación profunda con las instituciones públicas, es una tarea pendiente si se pretende aprender la lección y generar mecanismos reales de transparencia y rendición de cuentas del Estado.

¿Hasta dónde llegará el esclarecimiento del escándalo de Odebrecht en cada uno de los países en los que se vio involucrados en la región? El suicidio de Alan García debería servir de revulsivo moral.

Es importante que la firmeza que ha tenido Perú sirva de ejemplo para otros. Los coletazos de la corrupción no deben seguir perpetuando las estructuras de poder y de desigualdad que están minando la infraestructura que millones de personas siguen esperando en la región.

La corrupción ataca los cimientos de la democracia y puede provocar que el edificio se venga definitivamente abajo.