El pasado 5 de abril, un grupo de más de 500 manifestantes, conformado principalmente por colombianos pertenecientes a colectivos ciudadanos en Europa, se dieron cita en la Haya, la ciudad de la Paz y la Justicia, con el fin denunciar ante la Corte Penal Internacional la situación de impunidad frente al asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales en Colombia.

El hashtag #MarchamosALaHaya sirvió para difundir la iniciativa en las redes sociales.

La movilización hacia la Corte Penal Internacional inició el 28 de marzo en París. Un grupo de 15 personas comenzó a caminar desde la Plaza de Trocadero hacia Holanda, llevando consigo un telón de más de 30 metros que incluía los nombres de 472 líderes y lideresas que han perdido la vida desde el año 2016. Tamara Ospina, una de las caminantes, cuenta que durante el recorrido se detuvieron en distintas ciudades para realizar demostraciones artísticas que tenían un doble propósito.

Por un lado, transmitir de una manera emocional a la comunidad internacional el sentimiento de pérdida y dolor que se vive en Colombia. Y por el otro, enviar un mensaje de apoyo y solidaridad a quienes continúan en la defensa de los territorios en el país.

Una vez en La Haya, la voces de protesta de los caminantes se sumaron a la de centenares de colombianos provenientes de Holanda, Alemania, Francia, Bélgica, España, Suiza, Estados Unidos, entre otros.

Al son de gaitas, tambores y maracas, y en medio de un colorido cortejo fúnebre, los manifestantes rindieron homenaje a los líderes y lideresas que han perdido la vida y demandaron justicia frente a estos asesinatos sistemáticos.

Combatir la impunidad y solicitar la implementación de los acuerdos de paz, fueron las dos razones principales que motivaron esta marcha, según declaraciones de Milton Puerta, vocero del comité amplio de apoyo la marcha.

¿Qué pasa con el liderazgo social en Colombia?

Según el informe "¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el post acuerdo", entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de julio de 2018, 343 líderes y lideresas sociales fueron sujetos de violación al derecho a la vida, y de acuerdo con el programa “Somos Defensores” 1046 líderes y lideresas han recibido amenazas. Estos ataques exhiben una tendencia común de tener como objetivo el silenciamiento del activismo social en Colombia.

Adicionalmente, el estudio revela dos factores que aumentan la complejidad de la problemática y evidencian el riesgo de impunidad denunciado en la manifestación. Primero, en un 45,9% de los casos de violación contra el derecho a la vida de líderes y lideresas sociales se desconoce la autoría.

Segundo, en los casos que se ha establecido una presunta autoría, se puede identificar la intervención de varios agentes entre los que se encuentran: grupos paramilitares (17,12%); grupos disidentes de las FARC (7,39%); agentes de la fuerza pública (5,44%); Ejército de Liberación Nacional (3,11%); grupos de seguridad privada (1,55%); y Ejército Popular de Liberación (0,77%). En esa medida, al considerar que los posibles responsables operan al margen de la ley o pertenecen a la fuerza pública, es posible anticipar dificultades para esclarecer los hechos y adelantar las acciones para que estas personas sean sometidas a la justicia.

Este complicado escenario constituye un gran reto que sólo puede resolverse si existe voluntad política para hacerlo. La violencia sistemática contra el liderazgo social debe reconocerse como un asunto grave para la situación humanitaria en Colombia, la cual afecta de manera transversal los derechos humanos y la convivencia pacífica en los territorios, y por tanto, debe ser un asunto central en la agenda política de los distintos niveles del gobierno y del Congreso de la República, incluyendo a todos los sectores del espectro ideológico.

Así mismo, esta problemática pone en jaque la reconstrucción del tejido social durante la etapa del pos-conflicto.

Los líderes y lideresas son personas que gozan de reconocimiento en sus comunidades por promover dinámicas colectivas para mejorar las condiciones de vida en los territorios. En consecuencia, su condición de amenaza no sólo tiene impactos negativos sobre individuos concretos sino que también perjudica dinámicas de empoderamiento local y transformación social.

Líderes y lideresas en el exilio exigen justicia

Entre los aspectos más significativos de la marcha del 5 de abril debe destacarse la participación de varios líderes y lideresas que desde el exilio siguen acompañando las causas de sus comunidades. Uno de estos activistas es Daniel Álvarez, psicólogo de la Universidad Javeriana y miembro por adopción de la comunidad indígena Nasa.

En entrevista para Democracia Abierta, este activista relató que comenzó a trabajar con las autoridades indígenas desde el año 2009. Durante sus más de 6 años de labor comunitaria tenía la misión de crear una simbiosis entre el conocimiento tradicional y la sabiduría ancestral de la cosmovisión Nasa.

Recorrió los territorios indígenas de Cauca dictando talleres, charlas, acompañando a los líderes en las mingas y apoyando pequeños proyectos productivos como la siembra de café.

Sin embargo, en el año 2016, cuando se encontraba invitando a la comunidad a participar de una minga, Daniel fue víctima de un ataque con explosivos que comprometió gravemente su integridad física y lo obligó a abandonar el país. El 1 de agosto de 2016, llegó a Holanda con Marisol, su compañera, y solicitó el asilo político. Daniel manifestó que en este país europeo, recibe toda la atención y médica y la seguridad que le fueron negadas en Colombia.

Desde la distancia, este líder social mantiene el contacto con su comunidad y continúa apoyando su causa. Durante la marcha de La Haya, Daniel caminó junto a la bandera verde y roja, símbolo de la resistencia indígena. “¡Viva la minga!” “por mi raza, por mi tierra” y “¡solidaridad con la minga” fueron varias de las expresiones de los carteles y los cánticos de protesta que demostraron el apoyo a la protesta indígena.

Daniel considera que la manifestación del 5 de abril fue un saludo a la minga y un mensaje a la comunidad europea. Para él, es importante que se conozca que en Colombia, la reivindicación de derechos les está costando la vida a pueblos ancestrales como las comunidades campesinas, afros e indígenas. Además, resalta que este tipo de situaciones no ocurren en Europa, y que sería coherente que de acuerdo con su discurso democrático y de respeto por los derechos humanos, los países europeos hicieran un fuerte llamado al gobierno colombiano para que brinde todas las garantías a la protesta social.

#MarchamosALaHaya en Colombia

Desde su posesión en agosto de 2018, el presidente Iván Duque ha enfrentado una gran resistencia social. Numerosas protestas se han desatado en las distintas regiones del país frente a un programa de gobierno, que al sentir de importantes grupos sociales como los estudiantes, trabajadores, campesinos y comunidades indígenas, no responde a sus demandas básicas.

El aumento del IVA en la canasta familiar, el presupuesto para la educación, el Plan Nacional de Desarrollo, la abstención en la ONU frente a la aprobación de la Declaración de Derechos de los Campesinos, y más recientemente, las objeciones de inconveniencia a la Justicia Especial para la Paz, son algunas de las acciones gubernamentales que han generado mayor inconformismo entre la sociedad civil colombiana.

Así las cosas, el episodio de la marcha del 5 de abril en La Haya, no puede entenderse como un evento esporádico o aislado de la movilización social que se ha desatado en Colombia para apoyar el proceso de paz y proteger la vida de los líderes y lideresas sociales.

Por el contrario, esta manifestación frente a la Corte Penal Internacional demuestra que los grupos sociales están incluyendo dentro de sus estrategias nuevas herramientas de protesta como la movilización legal y la abogacía a nivel internacional.

Ahora solo queda ver como el tiempo garantizará la efectividad de estos mecanismos. Mientras tanto, los colombianos y colombianas, que creemos en la solución pacífica del conflicto y la justicia social, seguiremos encontrando canales de diplomacia ciudadana para alzar nuestra voz y exigir al gobierno colombiano que brinde condiciones duraderas que garanticen la transición de Colombia del conflicto a la convivencia pacífica. Y sobre todo, para evitar que ese listado de 472 nombres siga aumentando.