Partidarios de la oposición protestan durante una manifestación contra presunto fraude electoral en Tegucigalpa, Honduras, el 3 de diciembre de 2017. Una victoria del presidente Juan Orlando Hernández se cierne sobre el horizonte una semana después de las disputadas elecciones presidenciales en Honduras. La oposición acusa al gobierno de fraude electoral y no reconocerá los resultados. La situación podría escalar. Imagen: Delmer Membreno/DPA/PA Images. Todos los derechos reservados.

Tras las elecciones del 26 de noviembre, cuando el Tribunal Supremo Electoral (TES) – con un retraso nunca visto de 10 horas y bajo la presión de los observadores internacionales – anunciaba que el candidato de la Alianza de Oposición Salvador Nasralla aventajaba en un 5% al actual presidente Juan Orlando Hernández, la ciudadanía celebró el triunfo en las redes sociales, si bien aún sospechando la posibilidad de fraude y complicidad institucional e el conteo final. Cabe recordar que el candidato-presidente no debería haber sido candidato a la presidencia, porque la Constitución prohíbe la reelección mediante un artículo pétreo – es decir, en términos jurídicos, imposible de modificar, interpretar o reformar.

Ante la ventaja y la tendencia, que parecía irreversible, a favor de la oposición, el presidente del TSE, dándole razón a las sospechas, se negó a reconocer oficialmente la victoria de Nasralla y anunció que debía esperarse el conteo final. En declaraciones posteriores al periódico digital salvadoreño El Faro, Ramiro Lobo, magistrado suplente del TSE, aseguraba que el presidente “no quería divulgar los resultados porque su partido, el Partido Nacional, iba perdiendo”. Según él, el sistema de recuento, aunque lento, funcionó como se esperaba en las primeras horas y los días posteriores, en los que “Nasralla tenía una ventaja que ya marcaba tendencia. Pero cuando el sistema se cayó, al volver, ya la tendencia se había revertido y no volvió a cambiar”.  Tras el colapso aparente y posterior recuperación del sistema, los resultados divulgados por el TSE mostraban una clara ventaja del candidato oficialista sobre el candidato de la oposición. Gracias  a la magia del colapso, se revertía una tendencia que parecía irreversible.

Las protestas y bloqueos de carreteras no se hicieron esperar y, con ello, la represión policial y militar. Volvían, como un déjà vu, los fantasmas de la crisis que generó el golpe de Estado de 2009. Sin embargo, la ciudadanía hondureña, muy decidida, se mantuvo en las calles. Entre saqueos al sector privado y bajo acusaciones políticas de unos y otros de ser los causantes del caos, el 1 de diciembre el gobierno decretó el Estado de Sitio durante 10 días, a fin de mantener a la población silenciada en arresto domiciliario. Pero como en épocas anteriores en Argentina, un inédito cacerolazo cobró vida en diferentes ciudades de Honduras, desobedeciendo el toque de queda y retando al poder político.

Es hora de que se retire, por el bien de Honduras, si todavía le queda algo de dignidad.

Lamentablemente, los desafíos costaron vidas. Según el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras (COFADEH), del 30 de noviembre al 4 de diciembre se registraron 12 asesinatos a manos de la Policía Militar en todo el país. El día en que se produjeron más hechos violentos fue el 1 de diciembre, fecha en que entró en vigor la suspensión de las garantías constitucionales.

La misión de observadores de la Unión Europea manifestó que permanecería en el país “hasta que concluya el proceso electoral y cada voto emitido sea tomado en cuenta”.  Marisa Matias, jefa de dicha misión, expresó asimismo su condena por los disturbios postelectorales, lamentó profundamente las muertes y las personas que resultaron heridas y pidió que se aclarasen en qué circunstancias ocurrieron.

En otro hecho sin precedentes, el 4 de diciembre, policías de diferentes grados y los agentes Cobras anunciaron que no obedecerían las órdenes de sus superiores y que declaraban huelga de brazos caídos – es decir, que no acudirían a las calles a reprimir protestantes. A su vez, pedían al TSE que se respetase la voluntad popular y que se llevase a cabo un conteo de votos transparente. Sin embargo, las Fuerzas Armadas y la Policía Militar, creada por el presidente, continuaron – y continúan - activas, de modo que no puede afirmarse que la población haya quedado a salvo del abuso del ejercicio monopólico de la fuerza.

Imagen de un oficial de policía tomado durante una manifestación de protesta contra presunto fraude electoral en Tegucigalpa, Honduras, el 3 de diciembre de 2017. Una victoria del presidente Juan Orlando Hernández se cierne sobre el horizonte una semana después de las disputadas elecciones presidenciales en Honduras. La oposición acusa al gobierno de fraude electoral y no reconocerá los resultados. La situación podría escalar. Imagen: Delmer Membreno/DPA/PA Images. Todos los derechos reservados.

Honduras ocupa el lugar 130 en el índice de Desarrollo Humano y, según el Banco Mundial, el 60% de su población vive en situación de pobreza. El servicio de salud básico se encuentra disponible solo para un tercio de la población. Los altos índices de criminalidad y desempleo, la involucración de personajes políticos e influyentes en el narcotráfico, así como la de jóvenes pobres en pandillas y narcomenudeo, dan una idea de la crisis política, económica y social que vive Honduras. Con un salario aproximado de 232 dólares, es sencillo concluir que muchos de esos policías que se plantaron y sus familias pertenecen a esa gran mayoría hondureña que vive en la pobreza. Y que ellos también, al parecer, están hartos de la violencia - física, pero sobre todo estructural.

Mientras la comunidad internacional se mantiene impávida, en un país que vive de crisis en crisis institucional desde el golpe de Estado de 2009, el presidente se aferra al poder.  La gota que colma el vaso es sin duda el saqueo y la utilización de fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social para financiar campañas políticas del partido del gobierno, cuyos principales autores y beneficiarios se mantienen impunes.

La población viene pidiendo la renuncia del presidente desde 2015, con multitudinarias marchas con antorchas. La pretensión de ser reelegido a pesar de la prohibición constitucional ha sido el detonante que explica la amplitud del rechazo y por qué el presidente perdió las elecciones. Es hora de que se retire, por el bien de Honduras, si todavía le queda algo de dignidad.

Este artículo fue publicado previamente por Asuntos del Sur.