El viejo cliché "la acción habla más fuerte que las palabras" tiene un tono mortal para los activistas campesinos. Y es que ellos contemplan un histórico compromiso internacional que los proteja de los ataques patrocinados por el Estado.

Uno de los años más duros y mortíferos para los activistas campesinos en América Latina terminó en diciembre, con una histórica declaración de las Naciones Unidas para asegurar su bienestar y prosperidad.

Unos 121 países, que representan dos tercios de la población mundial, votaron a favor de la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales (UNDROP, por sus siglas en inglés), que se compromete a proteger los derechos, la vida y los medios de subsistencia de los campesinos y trabajadores rurales de todo el mundo.

La declaración estaba por llegar y muchas comunidades campesinas -que han luchado durante años costosas batallas entre corporaciones para proteger sus tierras y sus vidas de los dañinos proyectos mineros y de infraestructura- celebraron el compromiso con sus luchas.

La declaración de la ONU reconoce que los campesinos tienen una relación especial con su tierra, agua y naturaleza, y que sufren cargas desproporcionadas debido a la degradación ambiental y el cambio climático.

Pero como los activistas están descubriendo, una declaración de la ONU para protegerlos a ellos y a sus recursos, y la acción propia de los gobiernos (entre estas, el hecho de ajusticiar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos) son dos cosas diferentes

Esto han descubierto colegas y familiares de Willy René de Paz, un activista indígena del Comité para el Desarrollo Campesino (CODECA). Paz fue asesinado por asaltantes desconocidos hace un par de semanas.

Su asesinato siguió al del activista de la CODECA, Delfino Agustín Vidal, en enero. Guatemala, que se abstuvo de votar sobre el UNDROP en la Asamblea General de la ONU, es uno de los países más mortíferos para los activistas de derechos, en particular los indígenas.

De hecho, la tinta de la histórica declaración apenas se estaba secando cuando, apenas unas horas después de haber sido votada en la Asamblea General de la ONU el 17 de diciembre, un tribunal nicaragüense sentenció a dos líderes locales del movimiento campesino a 21 años de prisión por su participación en protestas antigubernamentales.

Los arrestos, juicios y sentencias de Medardo Mairena y Pedro Mena por cargos de terrorismo fabricado en diciembre, provocaron una amplia condena internacional.

Los dos activistas campesinos, junto con el Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía, habían encabezado una campaña de protesta durante años contra los planes del gobierno para construir un canal interoceánico, el cual resultaría desastroso para la tierra, el agua y el medio ambiente de las comunidades campesinas alrededor de la ruta designada del canal.

Irónicamente, Nicaragua, que se encuentra en una crisis política provocada por la violenta represión estatal de las protestas masivas a favor de la democracia que ha dejado más de 300 muertos, se encontraba entre los países que votaron a favor de la declaración mientras continuaban atacando a las organizaciones de derechos de los campesinos.

Pero la presencia de Nicaragua en la lista de países centrales que apoyan la declaración, mientras en el país se continúa reprimiendo violentamente la disidencia y criminalizando al movimiento campesino, plantea serias dudas sobre la integridad y legitimidad de la declaración.

¿De qué sirve este compromiso de proteger los derechos de los campesinos cuando aquellos que se organizan para exigir sus derechos son encarcelados por gobiernos que se han comprometido a ello?

En varios países de América Latina, los activistas campesinos han sido objeto de persecución, incluyendo intimidación, agresiones, arrestos y detenciones arbitrarias, acoso judicial y asesinatos, por su oposición a proyectos que violan sus derechos y amenazan su supervivencia.

Justo el 27 de marzo, la policía de Paraguay impidió que una marcha campesina anual en el centro de la capital, Asunción, siguiera adelante. La policía actuó bajo una ley restrictiva que prohíbe las manifestaciones en el centro de la ciudad antes de las 7 de la tarde. Los manifestantes exigían urgentemente una reforma agraria. Según la organización internacional de ayuda, Oxfam, cerca del 90 por ciento de la tierra cultivable de Paraguay es propiedad del cinco por ciento de la población.

Pero la persecución de estas organizaciones en la región no ha disuadido al activismo - los manifestantes campesinos guatemaltecos bloquearon caminos y carreteras principales para poner de relieve un deslizamiento hacia una crisis de derechos humanos en su país que incluye el aumento de los ataques contra las comunidades campesinas indígenas que protestan contra los proyectos de las compañías transnacionales que amenazan sus tierras y recursos naturales. Siete activistas fueron asesinados en un solo mes, entre mayo y junio del año pasado, en lo que parece ser una nueva etapa de represión.

En la nación más poderosa de América Latina, Brasil, los defensores de los derechos humanos indígenas y rurales también están luchando contra el crecimiento de la pobreza.

Brasil ya es el país más mortífero del mundo para los indígenas, la tierra y los activistas ambientales en términos de número de asesinatos, según la ONG Global Witness.

La semana pasada, Dilma Ferreira Silva, una activista brasileña reconocida internacionalmente y miembro del Movimiento de Personas Afectadas por Represas (MAB), que era una de las 32.000 personas desplazadas por una construcción de una mega represa, fue brutalmente asesinada en su casa en el estado brasileño de Pará, por agresores desconocidos.

Para que la Declaración de la ONU y los esfuerzos por lograr que los gobiernos respeten los derechos de los campesinos tengan un impacto real, los países que atacan descaradamente a los activistas y a sus movimientos deben rendir cuentas, especialmente si están apoyando de boquilla tales esfuerzos.

En Nicaragua, tiene que comenzar con la revocación inmediata de la condena de Mairena y Mena y la liberación segura de estos y todos los demás miembros de los movimientos campesinos y sociales que languidecen en prisión.

Este artículo ha sido producido en colaboración con CIVICUS en el contexto de la conferencia de la Semana Internacional de la Sociedad Civil 2019, celebrada este año en Belgrado, Serbia.