Bolivia transita por una de sus más intensas crisis políticas desde el año 2003. La abrupta salida de Evo Morales, en noviembre de 2019, abrió todas clase de grietas políticas y sociales. El gobierno de transición de Jeanine Añez, en ese contexto, asumió con el único mandato de posibilitar un nuevo acuerdo democrático a través de nuevas elecciones. No obstante, su gobierno se ha caracterizado por una alta desidia democrática al atizar la confrontación, emplazar un control informacional y poner en marcha una irregular gestión de la emergencia de la Covid-19, salpicada de casos de corrupción y abusos de poder.

Desde el primer momento en que asumió el poder, Añez basó su búsqueda de legitimidad en una confrontación abierta frente al gobierno anterior, promoviendo más una narrativa Anti-Masismo (en contra del partido Movimiento al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales), que la de construir nuevos pactos políticos que permitan el desescalamiento del conflicto político y social existente en Bolivia.

Así, gran parte de sus discursos y acciones, fueron proyectadas hacia mostrar que “ordenaba la casa” después de 14 años de mala gestión, siempre según su visión y la del sector que apoyó su llegada al poder. Al mismo tiempo, sus ministros y adeptos llevaron a cabo un minucioso proceso de persecución a ex autoridades y simpatizantes de Morales, con controvertidos y no esclarecidos episodios como el cercado a la Embajada mexicana en La Paz, lugar donde se encuentran asilados algunos ex ministros.

La decisión de Añez de entrar en la carrera electoral fue, en esa línea, todavía más desatinada, pues abandonó su papel de árbitro supuestamente neutral de la transición y convirtió a todos los partidos en contrincantes. Ello confirmó su poco interés por generar consensos, rompiendo incluso con sus aliados, como fue el caso de Luis Camacho, un ultraconservador y figura destaca en la salida de Morales. Así, lo que debió ser la mayor preocupación de un gobierno de transición, el desescalamiento del conflicto, quedó totalmente en segundo plano.

De hecho, el estilo de confrontación política permanente del Gobierno de Añez ha sido su principal enemigo para la gestión de la crisis de la Covid-19. La concentración en la campaña política, con pocas articulaciones con otros liderazgos a nivel territorial y sectorial, repercutió en la dificultad de generar estrategias consensuadas frente a la pandemia. Así, algunos departamentos y municipios no lograron acordar una misma perspectiva con respecto a las cuarentenas, y sectores productivos, altamente golpeados por la falta de ingresos, terminaron por asumir sus propias medidas. La respuesta de Añez fue la de “tomar” los servicios departamentales de salud (SEDES) y procesar a todos aquellos que incumplieran sus directivas, ahogando toda posibilidad de generar gobernanza.

Un segundo elemento referido a esa falta de capacidad democrática, fue la de emplazar un control informacional fuerte sobre la gestión de la pandemia, siendo este uno de sus rasgos más autoritarios. El mencionado control se observó a través de varias acciones.

Control de la información

El amedrentamiento a medios de comunicación, con amenazas públicas contra periodistas que cometan “sedición”, por parte de la primera Ministra de Comunicación de Añez, Roxana Lizárraga. Más acuciantes fueron las confiscaciones de cámaras, revisión de teléfonos y conversaciones, entre otro tipo de intimidaciones y agresiones directas a periodistas. Varios de estos casos son citados en el Informe Anual de la Relatoría Especial Para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicado en marzo de 2020.

Por otro lado, la pandemia de la Covid-19 se convirtió en un justificativo para cerrar la cerca del control informacional a través de tres decretos: D.S. 4199, 4200 y 4231. Si bien estos se centran en la lucha contra la pandemia, incluían artículos que criminalizaban la desinformación.

Estos artículos fueron señalados por la CIDH y organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional por ser atentatorios contra los derechos fundamentales de libertad de expresión y de información. Uno de los mayores problemas es que estos nuevos artículos buscaban crear un tipo penal no existente en Bolivia: el delito de desinformar. Y buscaban hacerlo a través de un decreto que intenta modificar una ley -algo jurídicamente incongruente- y dejarlo todo a la interpretación del Gobierno transitorio.

A esto se sumaron las declaraciones públicas del Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en el sentido de que la Policía realizaría "ciberpatrullajes" para poder identificar a las personas que presuntamente estarían desinformando. Esta acción no sólo implicaría una medida de vigilancia y monitoreo de sociedad civil, lo que es inconstitucional e ilegal, sino que sería también un acto de amedrentamiento político.

Los controvertidos artículos fueron derogados luego de la presión desde distintos flancos y espacios: el gremio de periodistas, las organizaciones multilaterales, sociedad civil y activistas en defensa de los derechos humanos. Así por ejemplo, 43 organizaciones y 95 activistas de 17 países distintos, firmaron un pedido público de la Fundación InternetBolivia.org para pedir el respeto a los derechos humanos.

Aún así, a través de esos decretos, al menos 67 personas fueron arrestadas, 37 de ellas con juicio abreviado y sin ninguna transparencia a los medios sobre los procesos. De hecho, el propio Gobierno manifestó públicamente que las personas aprehendidas eran activistas políticos que simpatizaban con el anterior gobierno.

Gestión irregular y escándalos

Los últimos acontecimientos suscitados en mayo, mostraron aún más la gestión irregular y éticamente repudiable de la crisis de la Covid-19. Más allá de las dificultades para acceder a la compra de insumos, pruebas y ventiladores, en la dura competencia internacional, en realidad sus puntos más débiles fueron los casos de corrupción y abuso de poder.

En los primeros días de mayo se suscitó un primer escándalo con respecto al uso de aviones de las Fuerza Aérea para el traslado de familiares y amigos de autoridades del Gobierno, al mismo tiempo que, por ejemplo, según una investigación periodística, las pruebas para detectar la Covid-19 se trasladaban vía terrestre.

Pero fue la compra de respiradores que resultaron no aptos para emergencias y que encima se pagaron con sobreprecio, lo que están marcando una dura caída para la gestión de Añez. La adquisición de 170 respiradores a una empresa española, con un precio por unidad 4 veces mayor al de la fábrica, abrió una crisis interna que llevó a la imputación y destitución del Ministro de Salud. En este caso, se abrieron múltiples tramas opacas que requieren investigación.

¿Qué tienen en común todos estos elementos? Que la prioridad ha sido afianzarse en el ejercicio del poder por encima del objetivo de conducir la transición. Es decir, un gobierno cuyo cometido debió ser el de parteaguas para un proceso de re-estabilización política y concertación en Bolivia, se afanó en la concentración del poder y en la prolongación de su mandato. Claramente, el elemento que orienta al Gobierno de Añez es la desidia democrática con respecto a la construcción de acuerdos que son tan necesarios en Bolivia, utilizando la confrontación política y la narrativa anti-MAS como modo de disimular los problemas de gestión y su proyecto de concentración de poder.

Mientras la confrontación y el control informacional sean sus estrategias de gestión, y la dura crisis de la Covid-19 su justificación para perseguir a disidentes y cometer más vulneraciones de derechos, la democracia en Bolivia seguirá aplazada.