Bolivia transita por una de sus más intensas crisis políticas desde el año 2003. La abrupta salida de Evo Morales, en noviembre de 2019, abrió todas clase de grietas políticas y sociales. El gobierno de transición de Jeanine Añez, en ese contexto, asumió con el único mandato de posibilitar un nuevo acuerdo democrático a través de nuevas elecciones. No obstante, su gobierno se ha caracterizado por una alta desidia democrática al atizar la confrontación, emplazar un control informacional y poner en marcha una irregular gestión de la emergencia de la Covid-19, salpicada de casos de corrupción y abusos de poder.
Desde el primer momento en que asumió el poder, Añez basó su búsqueda de legitimidad en una confrontación abierta frente al gobierno anterior, promoviendo más una narrativa Anti-Masismo (en contra del partido Movimiento al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales), que la de construir nuevos pactos políticos que permitan el desescalamiento del conflicto político y social existente en Bolivia.
Así, gran parte de sus discursos y acciones, fueron proyectadas hacia mostrar que “ordenaba la casa” después de 14 años de mala gestión, siempre según su visión y la del sector que apoyó su llegada al poder. Al mismo tiempo, sus ministros y adeptos llevaron a cabo un minucioso proceso de persecución a ex autoridades y simpatizantes de Morales, con controvertidos y no esclarecidos episodios como el cercado a la Embajada mexicana en La Paz, lugar donde se encuentran asilados algunos ex ministros.
