La nueva lista de vigilancia del CIVICUS Monitor resalta serias preocupaciones con el ejercicio de libertades civiles en China (Hong Kong), Colombia, Egipto, Guinea y Kazajistán. La lista de vigilancia llama la atención a países donde ha habido una rápida y seria disminución de los espacios cívicos, basado en evaluaciones de resultados investigativos de CIVICUS Monitor, nuestros socios de investigación y consultas con activistas en el campo.

Manifestantes, activistas y organizaciones de la sociedad civil en estos países están experimentando violaciones a sus libertades civiles, protegidas por el derecho internacional. Estas violaciones incluyen el uso excesivo de la fuerza por los cuerpos policiales en protestas pacíficas en Guinea, Egipto y Hong Kong, como también ataques violentes contra defensores de los derechos humano y periodistas. En Colombia, mientras continúan incrementando los ataques contra defensores de los derechos humanos, la violencia se ha disparado mientras se avecinan las elecciones municipales. Egipto continua la represión contra la oposición mientras que protestas masivas en contra del gobierno han sacudido el país, y miles han sido detenidos, incluyendo niños. En Kazajistán, aunque el presidente Nursultan Nazarbayev ha dimitido luego de casi tres décadas en el poder, las esperanzas de mejoría de los derechos humanos bajo la administración de Tokayev se han desvanecido con la respuesta de las autoridades a las protestas relacionadas a las elecciones presidenciales que se realizaron en el país, y por el acoso a activistas.

En las próximas semanas, el CIVICUS Monitor seguirá vigilando los eventos en cada uno de estos países, como parte de los esfuerzos de asegurar que se presione a los gobiernos. CIVICUS hace un llamado a estos gobiernos a hacer todo lo que esté en su poder para acabar inmediatamente la represión y asegurar que los perpetradores asuman la responsabilidad.

Debajo proporcionamos descripciones de las violaciones del espacio cívico que están ocurriendo en cada país.

CHINA (HONG KONG)

Ha habido una marcada regresión de los espacios cívicos en Hong Kong luego de que millones de personas salieran a la calle el 9 de junio de 2019 a protestar en contra de la ley de extradición. Enmiendas a la Ley de Ordenanza de Fugitivos Delincuentes permitiría que individuos, incluyendo extranjeros, pudieran ser enviados a China a juicios en cortes controladas por el partido comunista.

Grupos de derechos humanos han reportado el uso ilegal y excesivo de la fuerza por los cuerpos de seguridad en Hong Kong, incluyendo el uso de porras, gas pimienta, gases lacrimógenos y balas de goma. Más de 1,300 personas han sido arrestadas desde mediados de septiembre 2019 a causa de las protestas masivas. También hay evidencia de tortura y tratos crueles a los manifestantes encarcelados. A la fecha, no se ha hecho una investigación independiente de los abusos. Mientras que la mayoría de los manifestantes han sido pacíficos, ha habido violencia, que parece estar incrementando con el uso excesivo de la fuerza policial.

Manifestantes también han sido atacados por criminales impunes, mientras que los periodistas que cubren las protestas han sido acosados y atacados, tanto por la policía antidisturbios, como por la masa pro-Pekín. Activistas prodemocracia que participan de las protestas han sido arrestados o atacados. En octubre de 2019, el gobierno de Hong Kong anunció que invocaría una ley de los tiempos coloniales, la Ordenanza de Regulaciones de Emergencia, para prohibir que las personas se cubran los rostros durante reuniones públicas. La ley también otorga facultades al gobierno de Hong Kong relacionadas a las detenciones y a la restricción del derecho de libre expresión y asamblea pacífica.

COLOMBIA

Colombia ha visto un incremento en la violencia contra periodistas y líderes sociales en los pasados años. En el 2018, fue considerado el país más peligroso para defensores de los derechos humanos y también el más mortífero para vivir en Latinoamérica para defensores medioambientales. Una preocupante ola de ataques llevó a informes escalofriantes, indicando que un defensor de derechos humanos era asesinado cada 3 días. Las organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos en Colombia, trabajan en un ambiente hostil donde las amenazas y ataques han incrementado y la impunidad ha sido la orden del día.

Este panorama ha llevado a miles a las calles en julio de 2019, a demandar acción del gobierno para proteger a los líderes locales y activistas. Sin embargo, comunidades que han sido históricamente marcadas por la violencia continúan retrocediendo a la violencia. El 29 de agosto de 2019, un excomandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), anunció que retomaría las armas luego de casi tres años de haber firmado el acuerdo de paz con el gobierno colombiano. Márquez fue el principal negociador de las FARC en los diálogos con el gobierno, y su decisión de convocar a la guerrilla para una nueva fase de conflictos armados, es alarmante.

Mientras el país se acerca a las elecciones municipales de octubre de 2019, la violencia se ha disparado. Siete candidatos políticos han sido asesinados desde el comienzo de las campañas, y otros sesenta han sido atacados. Adicionalmente, ha aumentado la represión en protestas pacíficas desde que asumió el mando el nuevo gobierno en 2018. El ministro de Defensa Guillermo Botero ha criticado a los manifestantes, diciendo que los grupos sociales que salen a la calle a protestar son financiados por grupos criminales para generar caos. El 25 de septiembre de 2019, la policía actuó para reprimir protestas pacíficas de los estudiantes en Bogotá, lo que resultó en encuentros violentos. Luego, el 1 de octubre de 2019, la policía local confirmó que dos de sus oficiales habían infiltrado la protesta y participaron de los actos vandálicos que produjeron la violencia.

EGIPTO

Desde hace ya varios años, la situación de derechos humanos en el país es preocupante. Las protestas que se han llevado a cabo desde el 20 de septiembre de 2019 levantan más preocupaciones, con reportes de arrestos y uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. Las protestas comenzaron con movilizaciones a través de las redes sociales luego que Mohamad Ali, quien trabajó en varios proyectos con las fuerzas armadas, publicó una serie de vídeos acusando al presidente de corrupción.

Reportes por organizaciones de la sociedad civil establecen que los oficiales de seguridad respondieron con fuerza, golpes, arrestando a los manifestantes y disparando gases lacrimógenos. Miles de personas han sido arrestadas desde que comenzaron las protestas, incluyendo manifestantes, periodistas, abogados de derechos humanos y activistas. Muchos de los arrestados han sido acusados de utilizar las redes sociales para diseminar noticias falsas, ayudar a grupos terroristas a lograr sus objetivos y por participar en protestas no autorizadas.

Adicionalmente, se ha intensificado la represión del gobierno a defensores de derechos humanos, la oposición política y los periodistas, con las autoridades saqueando sus hogares y arrestándolos. Como algunos de los activistas no han estado involucrados en las protestas, este acoso indica que el gobierno está deteniendo a los que cree que estuvieron involucrados en las protestas de 2011.

GUINEA

La tensión ha ido en aumento desde que el partido en el poder, el Rassemblement du peuple de Guinée (RPG), hizo un llamado público a enmendar la actual constitución de 2010, reclamando que el cambio es necesario para ‘modernizar las instituciones’. Aunque el presidente Alpha Condé no ha expresado su intención de volver a aspirar a la presidencia, observadores creen que el Presidente busca un tercer término en la presidencia más allá de los dos términos permitidos por la constitución, con las elecciones presidenciales aproximándose en el 2020.

La plataforma Front national pour la défense de la Constitution (FNDC; Frente Nacional para la Defensa de la Constitución), compuesta por miembros de la oposición política, grupos de la sociedad civil y uniones, se creó en reacción a la movida y han dicho que usarán todos los medios legales para prevenir que se modifique las constitución. Se han convocado huelgas y protestas generales, comenzando el 14 de octubre de 2019. Varios miembros del colectivo fueron arrestados previo a las protestas planificadas.

Según organizaciones de derechos humanos en Guinea, los planes para una nueva constitución pueden desestabilizar el país y llevar a que se reanude la violencia política. Las protestas en Guinea se vuelven violentas con frecuencia, y el uso de la fuerza por los cuerpos de seguridad, incluyendo la fuerza letal, han ocasionado demasiadas muertes, incluso de gente inocente. Al menos cuatro personas fueron asesinadas durante una protesta en contra de una posible enmienda constitucional el 14 de octubre en Conakry. Los informes revelan que las fuerzas de seguridad utilizaron fuerza excesiva, munición real y gases lacrimógenos contra los manifestantes.

KAZAJISTÁN

El 19 de Marzo de 2019, el presidente Nursultan Nazarbayey dimitió luego de casi tres décadas en el poder y, según las normas constitucionales, nombró al líder del Senado Kassym-Zhomart Tokayev como presidente interino. Luego, Tokayey convocó elecciones presidenciales tempranas, QUE se llevaron a cabo el 9 de junio de 2019. Según los resultados oficiales, Tokayey ganó con más del 7O% de los votos. Sin embargo, observadores internacionales han denunciado serias irregularidades el día de las elecciones.

Bajo la administración de Nazarbayey, las autoridades kazajas restringían seriamente los derechos de reunión pacífica, asociación y expresión. No obstante, las violaciones de derechos humanos alcanzaron un nivel sin precedentes con la respuesta de las autoridades a las protestas pacíficas realizadas con relación a las elecciones presidenciales y el renombramiento de la capital. Durante varios días de protestas, la policía y fuerzas especiales detuvieron a miles de manifestantes pacíficos, muchas veces utilizando fuerza excesiva. En adición, las autoridades periódicamente interrumpen el acceso a las redes sociales y aplicaciones de mensajería, y obstaculizan el trabajo de los periodistas que cubren las protestas pacíficas. Además, luego de las elecciones presidenciales, las autoridades de ley y orden y los servicios de seguridad, pusieron presión a monitores independientes que documentaron y llamaron la atención a las irregularidades que mancharon las elecciones. La represión ensombreció las elecciones y el comienzo de Tokeyey en la presidencia.