El 16 de mayo, cientos de indígenas viajaron desde diferentes regiones de la Amazonía ecuatoriana a Quito para exigir respeto por la histórica sentencia del 26 de abril, en la que el pueblo Huaorani de Ecuador defendió con éxito medio millón de hectáreas de territorio indígena en la selva amazónica de la explotación extractivista.

Al cabo de dos semanas de deliberaciones, la histórica decisión del panel de tres jueces de la Corte Provincial de Pastaza suspendió de manera inmediata e indefinida los planes de subastar alrededor de 180.000 hectáreas del territorio indígena huaorani a las compañías petroleras. Esto representa un gran revés para el gobierno ecuatoriano.

El área total de tierra que el fallo protege, al menos por ahora, es mucho más grande incluso que la tierra que estaba en subasta. Según Amazon Frontlines, un organización de defensa del medioambiente que asistió al caso legal de los Huaorani, "El veredicto también interrumpe la subasta contemplada de 16 bloques petroleros que cubren más de 7 millones de hectáreas de territorio indígena al proporcionar un precedente legal válido para otros pueblos indígenas a lo largo de la Amazonía ecuatoriana".

Durante la movilización del 16 de mayo en Quito, los grupos indígenas también denunciaron las declaraciones del gobierno tras el fallo. "Esperamos que en la apelación esa sentencia pueda ser revocada", dijo el Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez. Haciendo caso omiso de la autonomía y los derechos indígenas, Pérez agregó: "No es posible tomar decisiones regionales o locales sobre ciertas cosas que tienen un impacto nacional como en el caso de los hidrocarburos y la minería". En su fallo, los jueces se atuvieron a las normas de la Corte Constitucional del Ecuador y al derecho internacional. Las decisiones sobre el territorio indígena simplemente no pueden ser tomadas unilateralmente por el gobierno central.

El fallo anula el proceso de consulta con los Huaorani que fue llevado a cabo por el gobierno ecuatoriano en 2012, el cual, según los jueces, violó el derecho de los Huaorani a una consulta libre, previa e informada y a la autodeterminación. El fallo dice que la consulta se realizó de mala fe, no informó adecuadamente a los huaorani de los riesgos e impactos de los planes del gobierno para subastar su territorio, y no tomó en cuenta la cultura huaorani ni los métodos tradicionales de toma de decisiones.

Después de que los Huaorani fueron llamados a una audiencia el 13 de marzo para argumentar su caso en la capital provincial de Puyo, Lina María Espinosa, abogada de los Waorani, dijo que la corte demostró "las prácticas discriminatorias del Estado ecuatoriano, y su incapacidad o falta de interés en respetar los derechos y costumbres de las culturas y pueblos milenarios que buscan proteger sus territorios y sus derechos constitucionales".

"Los huesos de nuestros antepasados están enterrados bajo esta tierra", dijo el pueblo Huaorani en una declaración en la Frontera Amazónica. "Ciervos, jabalíes y jaguares aún vagan libres por esta tierra. Nuestra memoria, nuestro idioma y nuestras canciones nacen del bosque, y nos aseguraremos de que vivan, generación tras generación". Uno de los elementos clave del fallo es el hecho de que las tierras en cuestión están protegidas por la Constitución de Ecuador, que establece los derechos "inalienables, inembargables e indivisibles" de los pueblos indígenas "de mantener la posesión de sus tierras ancestrales y obtener su libre adjudicación".

El panel de jueces dictaminó que el gobierno ecuatoriano debe repetir el proceso de consentimiento libre, previo e informado de acuerdo con las normas del derecho internacional y la Corte Constitucional del Ecuador, y que el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y el Ministerio de Medio Ambiente deben capacitar suficientemente a los funcionarios del gobierno sobre el derecho al consentimiento libre, previo e informado y a la libre determinación antes de enviarlos al campo.

"El gobierno intentó vender nuestras tierras a las compañías petroleras sin nuestro permiso", dijo Nemonte Nenquimo, presidente del Consejo Coordinador de la Nacionalidad Huaorani de Ecuador-Pastaza (Pastaza CONCONAWEP), una organización política de los Huaorani y demandante en la demanda. "Nosotros decidimos lo que pasa en nuestras tierras. Nunca venderemos nuestra selva tropical a las compañías petroleras. El interés del gobierno en el petróleo no es más valioso que nuestros derechos, nuestros bosques, nuestras vidas".

Junto con Pastaza CONCONAWEP y la Defensoría del Pueblo ecuatoriana contra el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, la Secretaría de Hidrocarburos y el Ministerio de Medio Ambiente ecuatoriano, la demanda alegó que los derechos de los Waorani que les fueron otorgados bajo la Constitución ecuatoriana "fueron violados debido a un proceso de consulta inapropiado previo a una subasta petrolera que ofrecería las tierras de los Waorani en la región de Pastaza a la compañía petrolera de más alta puja", de acuerdo con Amazon Frontlines.

La subasta del gobierno, anunciada en febrero del año pasado, incluyó 16 nuevas concesiones petroleras que cubren más de siete millones de hectáreas de bosque amazónico primario sin carreteras en el sureste de Ecuador. Pastaza, una provincia de la selva oriental cuyo río homónimo es uno de los más de 1.000 afluentes que alimentan al poderoso Amazonas, abarca algunas de las regiones más biodiversas del mundo.

El vocero waorani Oswando Nenquimo dijo que si bien el fallo es "un precedente legal para los derechos indígenas", admitió que "la lucha está lejos de haber terminado". Y agregó: "El gobierno apelará porque todavía quieren el petróleo bajo nuestra tierra". De hecho, al día siguiente de la sentencia, el gobierno ecuatoriano lo anunció. En un comunicado, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables dijo que "apelará la decisión, ya que aunque se presentaron documentos y videos y se demostró el cumplimiento de todas las normas, éstas no se tuvieron en cuenta".

"El próximo llamamiento es un momento crítico para los Waorani, pero también para los pueblos indígenas de todo el país que buscan proteger millones y millones de hectáreas de tierras ancestrales de bosques nativos", dijo Brian Parker, abogado de Amazon Frontlines, al Independent Media Institute. "Se están uniendo con los Waorani porque el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado y a la autodeterminación ha sido violado sistemáticamente por el gobierno ecuatoriano en beneficio de los proyectos petroleros, mineros e hidroeléctricos en todo el país".

El 21 de mayo, el Presidente Lenín Moreno emitió un nuevo decreto, entregando dos bloques de territorio indígena en el área del Parque Nacional Yasuní, sin consultar a las comunidades indígenas waorani, lo que podría dar lugar a otro enfrentamiento legal.

Concesiones vs. Derechos Constitucionales

Las concesiones se superponen con los territorios titulados de las naciones Shuar, Achuar, Kichwa, Waorani, Shiwiar, Andoa y Sápara, con un bloque ubicado casi totalmente dentro del territorio Waorani. Si la industria de los combustibles fósiles se hace cargo, la coalición indígena advierte que la salud y los medios de vida de las comunidades que viven en el área -así como la biodiversidad única y el ecosistema sensible de la región- se verán amenazados. Pero independientemente de la amenaza ambiental y sociocultural, los demandantes argumentaron con éxito que las concesiones pisotean sus derechos constitucionales.

El petróleo y otras actividades extractivas también pueden plantear un desafío constitucional separado. En 2008, Ecuador se convirtió en el primer país en reconocer los derechos de la naturaleza en su constitución, que fue reescrita para reconocer que la naturaleza en todas sus formas de vida "tiene derecho a existir, persistir, mantener y regenerar sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos en evolución".

Desarrollo Industrial vs. Pueblos Indígenas

Ecuador es uno de los productores de petróleo más pequeños de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), sólo la República del Congo, Guinea Ecuatorial y Gabón bombean menos. Pero eso no le ha impedido hacer grandes tratados con naciones hambrientas de petróleo. En 2009, un año después de que Ecuador dejara de pagar una deuda de alrededor de 3.000 millones de dólares, el entonces presidente Rafael Correa firmó un acuerdo de "petróleo por dinero" con China. A cambio de vender el petróleo crudo de su país a Petrochina, China otorgó a Ecuador un préstamo de 1.000 millones de dólares.

Ahora el país busca atraer inversiones por un total de alrededor de 800 millones de dólares para impulsar la producción de petróleo, lo cual, según el gobierno, es fundamental para mejorar la economía de la nación. "Es hora de que el sector privado invierta", dijo el presidente Lenín Moreno en el discurso televisado de 2018, argumentando que las asociaciones público-privadas en los sectores de infraestructura, petróleo, energía, minería y telecomunicaciones podrían generar 7.000 millones de dólares en inversiones para 2021.

La demanda de los Waorani surgió de la promesa incumplida del estado. En diciembre de 2017, después de una marcha de dos semanas y 200 millas de duración de activistas indígenas desde la selva amazónica hasta Quito exigiendo el fin del desarrollo de la industria extractiva en sus territorios, el gobierno de Moreno se comprometió con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la organización indígena más grande del Ecuador, a poner fin a las nuevas concesiones petroleras y mineras en regiones donde no se había consultado a las nacionalidades indígenas locales. Sin embargo, como se alegó en la demanda, no se consultó debidamente a los waorani.

El artículo 57, inciso 7 de la Constitución garantiza "la consulta libre, previa e informada, dentro de un plazo razonable, sobre los planes y programas de prospección, producción y comercialización de recursos no renovables ubicados en sus tierras que puedan tener un impacto ambiental o cultural sobre ellos". La demanda reclamaba que estos derechos fueron violados ya que los Waorani no fueron debidamente consultados antes del anuncio de las nuevas concesiones petroleras. Además, el gobierno ecuatoriano también está obligado por dos acuerdos internacionales a consultar con sus poblaciones indígenas: Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por la nación en 1998, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en 2007.

Sin embargo, muchos activistas y líderes indígenas no quieren que se realicen consultas en este momento; quieren que el desarrollo petrolero termine por completo. "Le tomamos la palabra al presidente sobre el fin de las concesiones petroleras y mineras en nuestros territorios", dijo Jaime Vargas, presidente de la CONAIE. "Sin embargo, no necesitamos más consultas. Dada la destrucción en el norte de la Amazonía ecuatoriana y en otras áreas del mundo a manos de la industria petrolera, ya tenemos suficiente información para decir 'No' a toda la actividad petrolera".

Mitch Anderson, director ejecutivo y fundador de Amazon Frontlines, que creó una petición en nombre de los Waorani instando al gobierno ecuatoriano a detener el desarrollo petrolero en tierras indígenas, dijo al Independent Media Institute que en lugar de "la degradación del medio ambiente, la corrupción institucional y un mayor endeudamiento con intereses extranjeros, en este caso con China", el gobierno ecuatoriano debería "tomar un camino urgente de pensamiento progresista que apoye la protección de los bosques, respete los derechos de los pueblos indígenas y promueva la inversión en alternativas económicas ecológicas que, en última instancia, contribuyan a la construcción de un futuro sustentable para el país y el planeta".

Como Alicia Cahuiya del grupo Waorani le dijo al presidente Lenín Moreno en una reunión en el palacio presidencial de Quito en marzo de 2018, "el petróleo no ha traído desarrollo para los Waorani. Sólo nos ha dejado con derrames de petróleo y enfermedades." La perforación en la selva amazónica no sólo puede provocar daños y contaminación del ecosistema amazónico por derrames de petróleo, fugas y vertidos de residuos tóxicos, sino que la construcción de carreteras para acceder a estas regiones remotas puede estimular el desarrollo de otras industrias como la minería o la agricultura, lo que podría conducir a la deforestación masiva que ha diezmado a la Amazonía brasileña.

En lugar de hacer que la economía dependa aún más del combustible fósil sucio, el petróleo representa actualmente entre un tercio y la mitad de sus ingresos totales de exportación, Moreno podría aumentar los incentivos para el desarrollo de energías renovables limpias. En la reunión de la Segunda Comisión de la Asamblea General de la ONU en octubre, la embajadora de Ecuador ante la ONU, Helena Yánez Loza, subrayó la importancia de las energías renovables, al decir que Ecuador "enfatiza que los seres humanos y la Madre Tierra deben vivir juntos, reconociendo a la naturaleza como un sujeto con derechos propios".

Ecuador ya ha demostrado éxito en el desarrollo de la energía solar, eólica, hidroeléctrica y geotérmica. Además, el turismo sostenible podría, en última instancia, alimentar una mayor proporción del PIB de Ecuador, que está bendecido con una notable belleza natural y biodiversidad. Según el Ministerio de Turismo, los ingresos por turismo crecieron en 2018 en comparación con 2017, registrando un estimado de 1.300 millones de dólares. (En comparación, las exportaciones de petróleo crudo de Ecuador en 2017 totalizaron $5.63 mil millones). En 2018, más de 350.000 turistas estadounidenses viajaron a Ecuador, lo que representa un aumento del 44 por ciento en comparación con 2017.

La Contaminación

Durante décadas, el gobierno ecuatoriano se ha enfrentado a una dura oposición contra el desarrollo industrial incontrolado de su población indígena. "Esta lucha no creció de la noche a la mañana; ha sido la lucha de los Waorani durante años", dice Nemonte Nenquimo. De hecho, el fallo de la corte de abril es el final del último capítulo dentro de una larga batalla entre los indígenas de todo Ecuador y los intereses de los combustibles fósiles que ha estado en marcha desde 1993, cuando las tribus locales recurrieron al sistema legal para obligar a Texaco -y ahora a Chevron, su empresa matriz desde el año 2000- a limpiar la selva amazónica ecuatoriana y a cuidar de las personas que se han enfermado por las operaciones petroleras que se iniciaron en 1967, cuando Texaco derramó petróleo en la provincia de Sucumbíos, en el noreste del país.

En un editorial del Los Angeles Times de 2008 sobre esa batalla legal, el autor y ex defensor público David Feige escribió que el legado ambiental de Texaco en la región "incluye hasta 16 millones de galones de crudo derramado -50 por ciento más que el Exxon Valdez arrojado en Prince William Sound, Alaska, en 1989; cientos de pozos de desechos tóxicos, muchos de los cuales contienen los subproductos químicos de las perforaciones; y un estimado de 18 mil millones de galones de desechos, o "producidos", de agua, que algunas pruebas han demostrado que contienen posiblemente hidrocarburos aromáticos policíclicos que causan cáncer a niveles muchas veces más altos que los permitidos en la U.S. Todos estos contaminantes fueron descargados en uno de los ecosistemas más sensibles del mundo, la selva amazónica".

Esta historia preocupante hace que el empuje de la actual administración para subastar tierras para la perforación petrolera sea aún más desacertado. "Cuando extraemos petróleo, tiene un precio muy alto para el medio ambiente, y a veces no lo pagan los que lo usan", dijo Antoni Rosell-Melé, químico ambientalista de la Universidad Autónoma de Barcelona en España, quien fue coautor de un estudio en 2017 que encontró que la selva amazónica en el vecino Perú está sufriendo de una extensa contaminación por décadas de desarrollo de combustibles fósiles.

En ese estudio, los investigadores analizaron cerca de 3,000 muestras de agua de cuatro ríos amazónicos recolectadas entre 1987 y 2013 y encontraron una "presencia extremadamente elevada de cloruro, cromo, bario, plomo y cromo hexavalente", químicos industriales involucrados en la perforación petrolera que son tóxicos para los humanos, la vida silvestre y el medio ambiente. Los investigadores también estiman que las actividades de extracción de petróleo en la región han cambiado la composición química general de las aguas del Amazonas, incluyendo un 30 por ciento más de sal de la que está naturalmente presente.

Destruir los bosques tropicales, destruirnos a nosotros mismos

La lucha indígena en Ecuador es una lucha a la que todos los que se preocupan por la biodiversidad y el clima global deberían unirse. Después de todo, la Amazonía ecuatoriana no es sólo uno de los ecosistemas más sensibles del mundo, es clave para la salud ambiental de todo el planeta. Conocida como los "pulmones del planeta", la selva amazónica "inhala" dióxido de carbono y "exhala" oxígeno, ayudando a estabilizar el clima global al almacenar de forma segura hasta 140.000 millones de toneladas métricas de carbono. La deforestación por parte de las industrias extractivas y agrícolas libera este carbono a la atmósfera, acelerando aún más el calentamiento global, cuyos efectos se sienten en todo el mundo, desde el aumento de los mares a lo largo de las costas de Estados Unidos y el derretimiento de los glaciares del Ártico, hasta los incendios forestales en Europa y las sequías en África.

Ecuador es también el hogar de un asombroso número de especies. La nación es la octava más biodiversa de la Tierra y la más biodiversa si se considera el número de especies por unidad de área. Es el hogar del mayor número de especies por área en todo el mundo, incluyendo más de 1.500 especies de aves, más de 840 especies de reptiles y anfibios, y más de 300 especies de mamíferos. El Parque Nacional Yasuní de Ecuador cuenta con casi 20.000 especies de plantas, más flora que en cualquier otro lugar del mundo.

Pero a pesar de su alto nivel de biodiversidad, Ecuador también tiene una baja representación de especies que viven dentro de sus áreas protegidas. Según un estudio realizado en 2014 por un equipo de investigadores de la Universidad Tecnológica Indoamericana en Quito, hay más de 100 especies vulnerables, en peligro de extinción y en peligro crítico en la Amazonía ecuatoriana para las cuales no se han alcanzado las metas de conservación. Los abogados de las comunidades indígenas que luchan contra el desarrollo petrolero también pueden remitir a los tribunales a la constitución de la nación, que establece "la protección de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad de los activos genéticos del país,[así como] la prevención de los daños ambientales".

Desafortunadamente, aquellos a favor de la perforación "no ven al bosque", dijo Nemonte Nenquimo, líder de los Waorani, en su discurso de apertura en la conferencia Bioneers celebrada el año pasado en Marín, California, que reunió a líderes y activistas involucrados en la protección ambiental y los derechos de la naturaleza en todo el mundo. "Ellos ven pozos de petróleo donde nosotros vemos jardines. Ellos ven el dinero donde nosotros vemos la vida". Compartiendo su lucha para proteger sus tierras ancestrales de la explotación por el desarrollo industrial, Nenquimo advirtió que si se le da "un punto de apoyo en nuestras tierras", la industria petrolera "traerá dinero, enfermedad y contaminación". Tratarán de dividir a nuestras familias y cambiar nuestra forma de pensar".

"Exigimos que se respeten nuestros derechos. Por nuestros hijos, por otras comunidades indígenas", dijo Nenquimo a los jueces en su alegato final. "Nuestro territorio no está en venta. Nuestro territorio es parte de nuestra vida. Moriremos si las compañías petroleras entran en nuestras tierras. Lucharemos hasta el final, no sólo aquí en esta corte. Es mi última palabra, con todo mi corazón y toda mi alma."

Este artículo fue producido por Earth | Food | Life, un proyecto del Independent Media Institute.