Protesta en la Plaza de Mayo, Enero 2016. Maximiliano Ramos/Demotix. All rights reserved.

A mediados de 2013, Mauricio Macri lideró el grupo de políticos que criticaron fuertemente las reformas al Poder Judicial “Democratizar la justicia” propuestas por el Kirchnerismo. La principal objeción realizada fue que éstas no se ajustaban a la dinámica del diálogo institucional típico de los sistemas republicanos, erosionando la independencia judicial. En la oposición, Macri (en ese entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) lideró varias movilizaciones contra las reformas, que fueron aprobadas por el parlamento argentino, aunque finalmente serian rechazadas en gran parte por la Corte Suprema.

Desde el inicio del 2015, en plena campaña electoral por la presidencia de la Argentina, Mauricio Macri proponía en su plataforma de gobierno de su partido PRO (Propuesta Republicana): “Argentina debe fortalecer su Estado de Derecho, con un estricto respeto de la división de poderes, la independencia de la justicia y los principios y garantías constitucionales, y con una total libertad de expresión”. El líder del PRO remarcaba que el gran déficit del Kirchnerismo era la falta de respeto a las instituciones argentinas, afectando los principios de la separación de poderes. La restitución de la independencia de los jueces fue una de las grandes consignas cuando discursaba sobre el poder judicial. Finalmente, Macri sería elegido presidente.

El 10 de diciembre de 2015, el día de su asunción, Macri declaró ante el parlamento: “En nuestro gobierno no habrá jueces macristas. No existe justicia ni democracia sin justicia independiente, pero hay que acompañar a la justicia en un proceso en el que se limpie de vicios políticos. No puede haber jueces militantes de ningún partido”. Macri señalaba cuáles serían los pilares de su futuro gobierno: consolidar las instituciones, la separación de poderes y la independencia de los jueces.

Después de asumir la presidencia

El 14 de diciembre, pocos días después de su victoria en la segunda vuelta electoral, Macri nombró a dos nuevos magistrados para la Corte Suprema. Como había anunciado en su campaña electoral, la justicia sería un sector a ser alterado: por un lado debía completar las vacantes en la Corte Suprema; por el otro, intentaría restituir la independencia judicial, evitando nombrar jueces militantes.

La Constitución Nacional establece que la lista con los nombres de los candidatos a la más alta Corte debe ser enviado al Senado de la Nación, debe pasar por el periodo de impugnaciones y el proceso de audiencia pública y, finalmente, debe obtener la aprobación de las dos terceras partes del Senado Nacional. Sin embargo, los dos candidatos indicados por Macri (Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti) no fueron sometidos a este procedimiento, contradiciendo su discurso pre electoral.

Macri prefirió nombrar en comisión, vía el Decreto 83/2015. La base jurídica para el decreto es el artículo 99, inciso 19 de la Constitución Nacional: “Puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”. Es decir, el presidente eligió a los ministros provisionalmente. Sólo permanecerán en el cargo hasta el próximo 30 de noviembre 2016, al finalizar las sesiones del Congreso, sin tener que pasar por la aprobación del Senado. El dispositivo constitucional fue utilizado una vez en la historia argentina: el año 1852. En ese entonces, la Argentina no tenía la organización nacional como la conocemos hoy y la provincia de Buenos Aires no era parte de la confederación Argentina. No es de extrañar, por tanto, que el decreto ha generado una reacción inmediata.

Por un lado, el Congreso solo retornará su actividad a inicio de marzo de 2016. Convocar sesiones extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo no es un evento excepcional dado la importancia de las designaciones. Sin embargo, Macri optó por no esperar la abertura del Congreso, o en su caso, llamar a sesiones extraordinarias. O sea, el líder del PRO decidió no pasar por el Senado, eligiendo no dotar de legitimidad ni estabilidad a los nuevos ministros. Por el otro, la utilización de los decretos de necesidad y urgencia es una prerrogativa constitucional que el Poder Ejecutivo tiene a su disposición. Pero ella debe estar fundada en la excepcionalidad: en la necesidad y la urgencia. Ninguna de ellas existe en el escenario actual. Según el Régimen Legal de los decretos, ley 26.122, una Comisión Bicameral Permanente de Congreso Nacional debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. Y estas aprobaran o rechazaran a los decretos. Por lo tanto, la constitucionalidad del medio utilizado puede ser atacada en el parlamento y en la Corte Suprema. El oficialismo cuenta con tan solo el 35% en la Cámara de Diputados y el 20% en el Senado aproximadamente. Y la Comisión Bicameral guardara relación de esas cantidades. Así, la unilateralidad es una atribución de doble filo. 

La falta de respeto a los mecanismos existentes para nombrar ministros, quebrando un pilar esencial de la división de poderes en el que se asienta la república, generó profundas reacciones en diversos sectores del espectro político nacional.  Diferentes personalidades indican que Macri utilizó los decretos como una estrategia para evitar pasar el Senado (donde la oposición de la base peronista tiene mayoría), y de este modo obtener una composición de ministros competentes para "resolver" cuestiones urgentes ante la Corte (como la Ley de Medios, entre otros). De forma antagónica a sus discursos pre electoral, Macri en la gestión viola la separación de poderes y perjudica la independencia judicial. Un claro retroceso institucional, rompiendo el sistema republicano.

Las críticas al decreto

En general, todo el espectro político despertó sorprendido por el Decreto. Nunca en los últimos 30 años un presidente pretendió semejante mutilación constitucional eligiendo a dedo, de forma unilateral, a miembros de la Corte Suprema. La legitimidad de los ministros designados para una Corte Suprema proviene exactamente de la confirmación del Senado, ausente en este proceso. Varios miembros del partido Unión Cívica Radical (UCR), que forma parte de la coalición oficialista, están en desacuerdo con la maniobra realizada por el presidente. El prestigioso Gil Lavedra (integrante del tribunal que condenó a los militares argentinos en 1985) llamó la atención sobre el error de no convocar las sesiones legislativas extraordinarias para apreciar las indicaciones. En la misma línea se sitúa el actual senador nacional por Mendoza de la UCR y el ex vicepresidente Julio Cobos. Margarita Stolbizer, del partido Generación para un Encuentro Nacional (GEN), partido que apoyó al PRO en la campaña presidencial, vio en el Decreto un retroceso legal e institucional.

También hubo un importante conjunto de organizaciones de diversas líneas ideológicas que expresaron su preocupación por la decisión de Macri. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Poder Ciudadano, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Unión de Usuarios y Consumidores, declararon conjuntamente que la independencia, la imparcialidad y la legitimidad de la Corte serían gravemente afectadas, pidiendo a los candidatos Rosenkrantz y Rosatti que rechacen las designaciones y que el gobierno reconsidere la controvertida forma de nombramiento.

El reconocido jurista Daniel Sabsay, contrario a sectores Kirchneristas, indicó que los nombramientos son de una inconstitucionalidad manifiesta y colocó una pregunta: “¿Qué grado de independencia pueden tener personas que solo dependen del dedo del Poder Ejecutivo?". El constitucionalista agrego que Macri “está creando un precedente nefasto para las instituciones que prometió mejorar”. En el otro campo del espectro ideológico, pero en la misma línea crítica, el ex ministro de la Corte Suprema y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Eugenio Raúl Zaffaroni declaró:”Este decreto determina que el Poder Ejecutivo nombra a sus jueces. Por sí y ante sí. Me parece una barbaridad directamente. Esto no afecta la democracia, afecta a la República directamente. Y la democracia sin República puede ser un caos”. 

Para el constitucionalista Andrés Gil Domínguez la decisión de Macri de nombrar jueces así "es de una gravedad institucional nunca vista en nuestro país desde 1983". Por su parte, Alejandro Carrió, ex presidente de Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y también constitucionalista, indicó sobre los decretos: "No veo la urgencia para hacerlo así. La Corte puede seguir funcionando perfectamente y si se requieren más votos se puede convocar a conjueces". Y agregó que la Constitución considera este tipo de decretos para "casos de absoluta urgencia, como cuando hay que nombrar a un embajador en el exterior en medio de un conflicto diplomático o a un general en medio de un conflicto con militares".

Las consecuencias del decreto

Las reacciones al procedimiento de nombramiento por decreto parecen haber generado efectos. Después de reunirse con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, el 16 de diciembre, Macri decidió postergar hasta febrero la jura de los ministros elegidos - pero sin cancelar el decreto. Al mismo tiempo, intentará avanzar con el plazo de impugnaciones y de audiencia pública como es requerido por el Decreto 222/03, que regula el proceso de designaciones para la Corte. Este fue un paso para calmar las críticas de la oposición, de la sociedad y de la propia coalición. Con esta maniobra, Macri espera poder contar con el aval y apoyo social, pero sin la aprobación del Senado como está establecido en la Constitución. Así, lejos de tratarse de un cambio de actitud, el Decreto 83/2015 sigue en vigencia y, en consecuencia, sus efectos también.

Como parte de las reacciones, más de veinte mil personas se manifestaron frente al Congreso Nacional en contra del paquete de medidas económicas, el nombramiento de los ministros de la Corte y en apoyo de la "Ley de Medios". En este escenario, Lilita Carrió, miembro de la Coalición Cívica (CC) y una de las arquitectas de la coalición que llevó a Macri a la presidencia, trató de reparar el error: anunció que presentaría un proyecto de ley que detalle las formas de designación de los ministros de la Corte Suprema. Pero el mismo día en que el proyecto se presentó, el 21 de diciembre el juez federal Alejo Ramos Padilla concedió una medida cautelar suspendiendo e invalidando las indicaciones de Macri, además de ordenar a la Corte Suprema a no aceptar la jura de los dos nuevos ministros. El juez declaró que si los dos ministros designados consiguen ser aprobados por el Senado, la medida cautelar dejará automáticamente de tener efecto. La judicialización de las designaciones ya está en pleno proceso.

El horizonte

En la última década, el Poder Judicial en general y la Corte Suprema en especial fueron objetos de profundas luchas políticas en argentina. Las reformas propuestas por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2013, promulgada por el Parlamento, criticadas por la oposición lideradas por Mauricio Macri y rechazadas en parte por la Corte Suprema de Justicia son una clara demostración de la dinámica institucional y de los desafíos existentes.

Con la llegada del nuevo presidente Mauricio Macri, los papeles se invirtieron: el Kirchnerismo en la oposición reclama el controvertido proceso elegido para nombrar unilateralmente a los nuevos ministros de la Corte Suprema. Y ese reclamo puede traducirse en una dura negociación en el Senado, donde la oposición tiene la mayoría necesaria para confirmar los nuevos candidatos. La unilateralidad va necesitar transformarse en consenso: en dos años Elena I. Highton de Nolasco, ministra de la Corte Suprema, va a llegar al límite de edad establecido por la constitución, abriendo una nueva vacante en el tribunal.

El discurso de Macri a favor de las instituciones y de la independencia judicial en los dos últimos años choca cuando se analizan las medidas unilaterales materializadas en su primer mes de mandato. Lejos de restituir la independencia judicial, la designación unilateral de ministros para la Corte Suprema violenta las instituciones, crea un problemático precedente y coloca en la mesa hasta cuando su luna de miel estará vigente. Una pregunta que está presente: ¿Por qué un presidente que pregonó la mejora de la democracia y la republica los viola por medios inconstitucionales e unilateralmente para construir tal fin?

 Muchos presidentes cambian su accionar, quebrando los discursos anteriores, cuando pasan a gobernar. La construcción de un presidente fuerte basado en la unilateralidad, el volátil apoyo social y contextual es un riesgo alto que Macri decidió tomar. Unilateralidad no significa necesariamente fortaleza. Por lo que estamos viendo en su primer mes de gestión, el discurso construido lejos está de sus preferencias y estilo de gobernar. Su vocación democrática parece que es solo eso, una vocación sin salir del papel. Hoy su discurso republicano está vacío de contenido.