En América Latina, los impactos de la Covid-19 han tenido amplias repercusiones. Las medidas de confinamiento y distanciamiento físico destinadas a mitigar la propagación del virus han llevado a las economías al borde del colapso y han impactado de manera negativa en los medios de vida de las personas, poniendo a prueba el liderazgo de los gobiernos y exacerbando las desigualdades estructurales que históricamente han afectado a la región.
La población migrante y refugiada ha sido una de las más afectadas por la pandemia en América Latina. Como parte de un proyecto en curso, de carácter regional e interdisciplinario, dirigido a explorar los impactos de Covid-19 y las respuestas gubernamentales en la vida de las personas migrantes y refugiadas, sostenemos que las medidas tomadas, en particular el cierre de fronteras y el confinamiento, han exacerbado las condiciones de precariedad y vulnerabilidad experimentadas por muchas personas migrantes en la región.
Esto es así, en virtud de las altas tasas de informalidad e inseguridad laboral, condiciones de vida precarias y de hacinamiento y el acceso limitado a servicios de salud y seguridad social de estas poblaciones, entre otros[i]. Por lo tanto, la población migrante y refugiada no solo es más vulnerable a los riesgos asociados con el virus, sino que las respuestas gubernamentales frente a la crisis también han profundizado las desigualdades y brechas preexistentes entre ella y la población nativa en relación a los derechos laborales, de vivienda y de salud.
