América Latina se enfrenta a la peor crisis sanitaria de su historia reciente, cuyas consecuencias aún no se pueden medir, ni siquiera imaginar.

Más allá del costo humano, los países de la región están lidiando con crisis económicas, migratorias y políticas, particularmente en Brasil, donde el gobierno de Jair Bolsonaro ha sido criticado internacionalmente por su conducta negacionista frente a la pandemia de la Covid-19, que a 26 de mayo ya ha causado más de 25.500 muertes en el país, según cifras oficiales.

Las regiones amazónicas en Brasil, Colombia y Perú se encuentran entre las más afectadas, y la propagación del nuevo coronavirus se sigue extendiendo entre comunidades aisladas y muy vulnerables.

Ante tanta tragedia, uno de los únicos consuelos parecían ser los vídeos y fotos virales de animales paseando por las ciudades, delfines nadando en bahías improbables y cielos más azules en ciudades habitualmente tomadas por la contaminación. La naturaleza parecía respirar mientras los humanos se encerraban en casa.

Desafortunadamente, el aislamiento no fue tan revitalizador para el medio ambiente como podría pensarse. Entre toda la desaceleración causada por el coronavirus, hay un fenómeno que la Covid-19 no pudo detener: el avance de la deforestación. Mientras que los activistas, los organismos gubernamentales y las ONG se alejan del terreno para mitigar la propagación de la pandemia, los caminos parecen quedar despejados para que continúen las actividades de deforestación, minería irregular y otras extracciones ilegales.

Brasil

La Amazonía brasileña este año ha registrado niveles de deforestación record. Pero estos datos son sólo el comienzo de la tragedia que se ha anunciado.

Cuando en abril se analizaron los datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe), que mostraban que la deforestación en Brasil había aumentado más del 50% en el primer trimestre de 2020 en comparación con 2019, los periodistas y expertos se preguntaron si la crisis del coronavirus estaba permitiendo actividades ilegales.

Pero lo que era incógnita se comprobó realidad el viernes pasado. En un video de una reunión ministerial del 22 de abril publicado la semana pasada, el ministro de Medio Ambiente Ricardo Salles dijo que el gobierno de Bolsonaro debería utilizar la tregua de los medios, preocupados por la cobertura de la pandemia por la Covid-19, para darse prisa en aprobar cambios en las leyes ambientales que, de otra manera, podrían ser cuestionados por los tribunales.

En sus palabras, dijo que el gobierno debería "aprovechar que la atención de la prensa está en la pandemia para aprobar reformas infralegales de desregulación en el ámbito del medio ambiente para pasar la manada," en relación con la Amazonía.

Según los datos obtenidos mediante el sistema de vigilancia desarrollado por el Inpe, los niveles de deforestación en los tres primeros meses del año ya superan todos los registros del mismo período desde que se aplicó la metodología actual hace cuatro años.

Entre enero y marzo se talaron casi 800 km2 de bosque primario en la Amazonia brasileña, territorio en el que acogería, con laxitud, a toda la ciudad de Salvador de Bahía o a casi cuatro Buenos Aires. La destrucción del bosque en abril aumentó un 64% en comparación con abril del año pasado.

Estas cifras son sorprendentes para el comienzo del año, que representa la temporada de lluvias en la región del Amazonas. Las fuertes lluvias y las inundaciones de los ríos dificultan la propagación de los incendios, así como la actuación del hombre.

En otras palabras, la tendencia es que los números aumenten y mucho de aquí al final del año. Con la llegada de la sequía, que dura hasta octubre, los incendios se propagan con peligrosa facilidad, como el mundo observó en julio y agosto del año pasado.

Las estimaciones basadas en los datos de los últimos cuatro años indican que el área de deforestación en 2020 debería estar entre 12.000 km2 y 16.000 km2, lo que representa un aumento de la destrucción del Amazonas comparable sólo a los peores momentos de su historia.

Y esta proyección se hizo antes de la publicación de las imágenes de la reunión ministerial que demuestra que el gobierno tiene toda la intención de actuar por detrás del telón, y podría exacerbar aún más un fenómeno que en sí mismo ya tiene posiblemente consecuencias irreversibles para ésta y las futuras generaciones en todo el mundo.

Con el estado de Amazonas sufriendo el mayor nivel de contagio del nuevo coronavirus en Brasil, en una de las regiones con menor inversión en salud, el escenario es propicio para que las actividades ilegales sigan aumentando.

"Eso es lo que me preocupa. Es la confluencia de varias cosas malas que suceden al mismo tiempo", dijo Sebastián Troeng, Vicepresidente Ejecutivo de Conservación Internacional.

Aunque la actual situación de Brasil representa la mayor amenaza para el futuro de la mayor selva tropical del planeta, la situación en la vecina Colombia también es alarmante.

Colombia

En el lado occidental del Amazonas, los ambientalistas advierten que las mafias traficantes y los garimpeiros (mineros ilegales) no se han sometido a la cuarentena decretada por el gobierno de Iván Duque, y aprovechan que el foco de atención se centra en la emergencia sanitaria para quemar el bosque sin ningún impedimento o restricción.

Los expertos temen que la pandemia pueda estancar, o incluso revertir, los avances realizados por el gobierno colombiano para controlar la deforestación, que han contado con el apoyo de Noruega, el Reino Unido y Alemania.

La deforestación se ha disparado en el país desde que el gobierno colombiano y las FARC firmaron el acuerdo de paz de 2016, lo que ha creado vacíos de poder en varias partes de la selva. En 2017, la deforestación alcanzó un pico de 220.000 hectáreas, el equivalente a un territorio mayor que las superficies de las ciudades Bogotá y Medellín juntas. Como reacción, se establecieron objetivos agresivos para reducir la pérdida territorial del Amazonas, sin resultados aparentes.

Pero la información oficial del Ministerio de Medio Ambiente sobre las cifras de la deforestación de este año aún no se ha producido, aunque las estimaciones sugieren que la deforestación de los primeros cuatro meses de este año podría ser mayor que la de todo el año pasado.

“Desafortunadamente, como el sistema es tan lento en su medición, vamos a estar recibiendo las señales de lo que pasó en el 2019 cuando en el 2020 estamos viendo este desborde”, dijo Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

Según el Instituto Sinchi, en marzo de este año se registraron 12.958 puntos de calor en la Amazonía colombiana. En el mismo período de 2019, esta cifra fue sólo de 4.691, lo que representa un aumento del 276%. Los puntos de calor no necesariamente se convierten en incendios, pero los científicos dicen que el 93% de los puntos de calor registrados se confirman más tarde como incendios forestales.

Mientras tanto, el pasado 21 de mayo la Cámara de Representantes colombiana rechazó, por 88 votos en contra y 74 a favor, la proposición que buscaba proteger a la Amazonia de la explotación de hidrocarburos, un paso más en el camino equivocado.

Mientras la Covid-19 se acelera en América Latina, declarada esta semana epicentro mundial de la pandemia, la agenda del extractivismo más feroz no se detiene. Privados del escrutinio de la prensa y de la sociedad civil y amparados por gobiernos que trabajan para los intereses de unos cuantos, madereros, ganaderos, mineros y traficantes de todo tipo proliferan sobre la ya disminuida reserva mundial de agua, oxígeno y biodiversidad.

Tarde o temprano, pero en un horizonte calculable, la pandemia habrá pasado, pero la crisis climática seguirá avanzando sin freno. Cuando se acerca la temporada de incendios en el Amazonas, y Brasil sigue incendiado por la política irresponsable y agresiva de su presidente, nos tememos que la catástrofe ambiental irá a peor. Ya se han encendido todas las alarmas.