El escándalo de corrupción conocido como operación Lava Jato ha desatado la mayor crisis política no solamente en Brasil, donde empezó, sino en toda América Latina. Pero las revelaciones han sido particularmente impactantes en Brasil, porque han implicado a dos ex-presidentes y a muchos otros funcionarios de alto rango.

En 2018, el ex-presidente Lula fue sentenciado a 12 años de cárcel como parte de este escándalo. Desde entonces, muchos han acusado a Sergio Moro, ex-juez federal y actual Ministro de Justicia que estuvo a cargo del caso de usar Lava Jato como arma política para impedir la vuelta al poder del PT (Partido de los Trabajadores).

Lava Jato, una investigación que empezó en 2014 y que desembocó en más de 400 acusaciones de corrupción en Brasil, ha encarcelado al ex-presidente del PT Lula da Silva y ha destituido a una ex-presidenta, también del PT, Dilma Rousseff.

Por el contrario, muy poco se hizo para investigar al ex-presidente derechista Michel Temer, quien también está seriamente involucrado en el escándalo. En consecuencia, la tesis de que podríamos estar ante una persecución política se basa en parte en estas discrepancias.

Para muchos, los peores temores de que se tratara de un complot político para destruir al PT se confirmaron cuando Bolsonaro anunció este año que Sergio Moro sería su nuevo Ministro de Justicia.

Las actuaciones de Sergio Moro como juez llevaron al expresidente a la cárcel e impidieron que Lula, que tenía un índice de popularidad de casi el 80%, se presentara para la presidencia, facilitando la victoria de Bolsonaro cuando se vio que ninguna alternativa real a Lula podía prosperar.

Además, cuando a Sergio Moro le ofrecieron este puesto dentro del nuevo gobierno de Bolsonaro, todo apuntaba a la existencia de un acuerdo oscuro entre fuerzas políticas poderosas y la Justicia de Brasil para bloquear a la oposición política a cambio de un premio: una posición central en el círculo más íntimo del nuevo presidente.

Ahora, un gran volumen de información clasificada ha sido filtrado por The Intercept Brasil, siendo bautizada como #VazaJato. Los documentos ahora conocidos ponen en evidencia el complot político de Moro y los otros fiscales, revelando sus maquinaciones para acabar con el PT utilizando, abusivamente, todo el poder judicial a su alcance.

Esto es lo que tienes que saber para entender lo que está pasando en #VazaJato Brasil.

¿Qué sabemos de la información filtrada por The Intercept?

La ex-presidenta Dilma Rousseff, quien, según los críticos de Moro, también ha sido víctima de su complot político, dijo que las revelaciones hacen “explícitas las relaciones ilegales y espurias entre el juez Sergio Moro y los procuradores de Lava Jato, con destaque para Deltan Dallagnol”.

Las revelaciones publicadas por The Intercept evidencian que los fiscales a cargo del caso tenían dudas sobre la validez de las pruebas presentadas contra Lula, pero que trabajaron junto a Sergio Moro y Deltan Dallagnol, fiscal principal de Lava Jato, para construir un caso que lo pudiese condenar definitivamente a la cárcel.

También revelan las conversaciones por Telegram de los fiscales, que intentaron impedir que Lula concediese una entrevista desde la cárcel a la Folha de São Paolo antes de las elecciones presidenciales, en vista de que, si permitían que la entrevista se publicase, aumentaría la posibilidad de que el PT volviera a ser elegido, cosa que precisamente era lo que querían evitar.

Los fiscales y Sergio Moro manifestaron, durante años, que no tenían motivo político alguno, y que eran totalmente imparciales en su tratamiento de la instrucción de Lava Jato, una operación que solo tenía como objetivo (supuestamente) acabar con la corrupción en el país.

Sin embargo, la información filtrada por The Intercept apoya las teorías de los críticos de que esta operación siempre había tenido intención política y que Sergio Moro y los fiscales de Curitiba han utilizado Lava Jato para declarar una guerra política en contra del PT.

¿Cuáles podrían ser las implicaciones jurídicas de las filtraciones?

Las comunicaciones entre magistrados y la parte acusadora están prohibidas por la Constitución de Brasil, pero se teme que fueran permitidas por un Tribunal Federal de Brasil que es el mismo que ratificó la sentencia de Lula el año pasado, ratificando su condena de 8 años y 10 meses de cárcel.

Un reportaje de la Folha de São Paulo demostró que durante el 2018, el 60% de las decisiones tomadas por el Tribunal Federal de Brasil tenían un sesgo conservador, mientras y solo el 33% tenían una naturaleza progresista, lo que sirve pone en evidencia que la imparcialidad de este Tribunal en escenarios similares.

Ahora, el Tribunal Federal reabrirá el debate sobre la legitimidad de la condena a Lula y si se puede considerar a Sergio Moro como realmente imparcial, dada su aceptación del puesto como Ministro de Justicia en el gobierno de Bolsonaro.

Aún así, no está claro si el Tribunal actuará a partir de las revelaciones de The Intercept.

El Consejo Nacional del Ministerio Público abrió esta semana una investigación para determinar si hubo fallo de conducta en la actuación de los fiscales durante el caso, y la Orden de Abogados de Brasil emitió una recomendación para que Moro y Dallagnol sean suspendidos de sus cargos temporalmente, mientras una investigación imparcial determine si hubo colusión o no entre ellos.

Sin embargo, todo depende del Tribunal Federal y, por tanto, no podemos tener confianza absoluta en que se logrará justicia para Lula y las otras víctimas de lo que parece ser una flagrante persecución política, dado que el Tribunal ha tendido a tomar decisiones más conservadoras, apareciendo como cómplice de esta judicialización de la política que tanto daño le está haciendo a la separación de poderes y, por lo tanto, a la democracia brasileña y a toda la región.