Han pasado más de 50 años desde que se firmó la Convención Única sobre Estupefacientes del año 1961, que marcó el camino de la aplicación agresiva de la ley contra las drogas que hemos padecido durante las últimas cinco décadas. Los gobiernos canalizan una suma que se estima en 100.000 millones de dólares anuales para combatir la producción, el tráfico y el uso de drogas. Con todo ese dinero invertido, cabría esperar por lo menos que observásemos algún indicio de éxito.

Los mercados de drogas continúan floreciendo con toda intensidad. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en los últimos años (entre el  2006 y el 2013), el número estimado de personas que han consumido drogas ha aumentado casi un 20%, de 206 millones a 246 millones a nivel mundial. Según esto, sólo se puede llegar a una conclusión lógica: la llamada 'guerra contra las drogas' ha sido un indudable fracaso, incluso dentro de sus propios parámetros.

Sin embargo, esto no quiere decir que no se haya conseguido nada. De hecho, la lista de sus 'logros' es larga. Pero en nombre del control de drogas continúan cometiéndose una letanía de abusos contra los derechos humanos.

Los innumerables daños de un enfoque punitivo sobre las drogas

Lo que sigue es un breve repaso de la serie de daños causados por las leyes punitivas de drogas. El impacto perjudicial de un estricto control de drogas tiene un gran alcance, que va desde alimentar las crisis de salud pública en forma de epidemias de VIH y de hepatitis C entre las comunidades más vulnerables, hasta la ejecución anual de centenares de pequeños delincuentes de la droga, en grave violación del derecho internacional sobre los derechos humanos, por lo menos . Tal vez lo que más prevalece en la mente del público es la violencia asociada con la prohibición agresiva. Como ejemplo de esto último, uno sólo necesita observar las decenas de miles de muertos que, desde el año 2006, se han producido en México como resultado de una estrategia de drogas militarizada en el país.

Estos ejemplos impactantes nada dicen de las consecuencias más directas de los enfoques punitivos sobre las drogas - es decir, los millones de personas atrapadas en el sistema de justicia criminal  de manera innecesaria. A pesar del objetivo declarado de los gobiernos de perseguir a los grandes actores del tráfico de drogas (los narcotraficantes), la guillotina cae más a menudo sobre la cabeza de los que se encuentran al final de la cadena de suministro de drogas: los usuarios.

Más del 83% de todos los delitos relacionados con las drogas en el mundo son de bajo nivel.  Son delitos de posesión, no violentos, y ejercen una fuerte presión sobre los sistemas carcelarios en muchos países de todo el mundo, en particular en América Latina, que sufre de tasas endémicas de detención preventiva y de hacinamiento en las prisiones. Lo que es más, incluso en los países que típicamente no encarcelan a personas por infracciones menores relacionadas con las drogas, el efecto de los antecedentes penales es un daño suficiente en sí mismo, reduciendo significativamente la capacidad de encontrar un empleo en el futuro, la educación y las oportunidades de acceder a una vivienda, y por lo tanto marginan al individuo de la sociedad.

Agravando esta situación, ,resulta incluso que las leyes de drogas están lejos de ponerse en práctica, y a menudo son impuestas a aquellos que ya están económicamente marginados o a las comunidades étnicas minoritarias. Por ejemplo, en Inglaterra y Gales, las personas de raza negra tienen seis veces más probabilidades de ser detenidas y registradas por drogas que las personas de raza blanca, a pesar de tener menores tasas de consumo de drogas, y son mucho más propensos a ser acusados de delitos de posesión que de recibir una advertencia. Esta desproporción se refleja en otras partes del mundo, particularmente en los Estados Unidos, donde ha dado como resultado el encarcelamiento masivo de los afroamericanos. Los enfoques policiales como éste tienen graves consecuencias para las relaciones policía-comunidad y pueden conducir a una ruptura de la confianza y del Estado de derecho.

Toda esta evidencia no ha pasado desapercibida, sin embargo, y hay un reconocimiento cada vez mayor de los enormes fracasos de la penalización, y una mayor llamada para que se adopte un nuevo enfoque del control de drogas.

Apoyo de alto nivel a la reforma de la política de drogas

La eliminación de las sanciones penales por posesión de drogas para uso personal (despenalización) ha ganado apoyo de alto nivel generalizado en los últimos años. La Comisión Global de Políticas de Drogas (The Global Commission on Drug Policy) - un organismo formado por ex jefes de Estado, expertos en derechos humanos y salud global, entre otros - ha llamado repetidamente a la despenalización desde el año 2011, y se le han unido varias agencias relevantes de la ONU, incluidas el ONUSIDA, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Además, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el organismo de la ONU responsable de coordinar el control internacional de drogas, abogó por la despenalización en un documento de posición en el año 2015, sin bien detuvieron su publicación poco antes de su emisión. A pesar de esto, la despenalización obtiene el respaldo público en las publicaciones de las otras agencias de la ONU.

La conclusión a la que se llega es que el consenso sobre lo que funciona en el control de drogas está verdaderamente fracturado. Esto quedó en evidencia en el año 2012, cuando un pequeño grupo de líderes latinoamericanos pidió la realización de una Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS) sobre drogas, programada para el año 2016, a fin de celebrar un debate abierto sobre nuevos enfoques de la política internacional de drogas, un debate que finalmente se llevará a cabo el próximo mes de abril.

De hecho, la despenalización no es un concepto limitado a la retórica, y una serie de países ya han comenzado a ponerla en práctica. 

El consenso sobre la despenalización de drogas

En reconocimiento de los daños que la penalización causa a las personas y sus familias, y los recursos del Estado perdidos en inútiles intentos gubernamentales para erradicar el consumo de drogas, muchas jurisdicciones en todo el mundo han respondido mediante la implementación de una respuesta de justicia no penal para aquellos que han sido capturados en posesión de drogas para su uso personal. Este cambio de penalización a despenalización está lejos de ser algo nuevo, y hay algunos países que han practicado estas políticas desde hace décadas. Además, la investigación ha demostrado que cuando la despenalización se aplica eficazmente, los resultados son enormemente positivos.

Quienes se oponen a poner fin a la penalización de las personas que consumen drogas argumentan que esto sería abrir la "caja de Pandora", lo que llevaría a mayores niveles de consumo de drogas y, por lo tanto, a un incremento en el daño social y a la salud pública. Sin embargo, cuando nos fijamos en las experiencias de los más de 25 países y jurisdicciones que han despenalizado la posesión de todas, o de algunas drogas, esta posición simplemente no encaja. De hecho, lo que las experiencias de estas jurisdicciones nos muestran es que un modelo de despenalización no conlleva a un aumento de consumo de drogas. Por el contrario, puede tener resultados positivos en la salud, en lo social y en lo económico, como es evidente en algunas partes del mundo.

Tal vez el ejemplo más conocido del éxito de la despenalización lo encontramos en en Portugal, que eliminó las sanciones penales por la posesión de todas las drogas en el año 2001 y ahora acumula 15 años de valiosa experiencia. La decisión del gobierno a la hora de implementar un nuevo modelo de política se produjo en respuesta a una crisis de salud pública entre las personas que se inyectaban drogas, que presentaban altos índices de transmisión de VIH y de muertes relacionadas con el SIDA, y ante una creciente presencia en las calles de personas que consumían drogas.

La nueva política de Portugal no sólo despenalizó la posesión de todas las drogas, sino que también invirtió mucho en la salud pública, incluyendo un aumento significativo de los programas de agujas y jeringas y de terapia de sustitución de opiáceos. El número de usuarios de drogas inyectables se redujo en un 40% durante los primeros siete años de la nueva política, y los casos de personas con diagnóstico reciente de VIH se redujo en un 91%, de 907 casos en el año 2001 a 78 en el año 2013. Las muertes relacionadas con el consumo de drogas se han desplomado: Portugal tiene ahora la segunda tasa más baja de Europa en 2.1 muertes por millón, en comparación con el promedio de 16 por millón de la Unión Europea.

Como evidencia de que los amplios beneficios sociales van más allá de la salud pública, uno puede mirar a Australia, donde dos territorios y un estado despenalizaron la marihuana en los años 1980s y 1990s. Ninguno ha experimentado aumentos en el consumo de marihuana desde la despenalización, y todos los territorios han reportado un nivel más bajo de consumo q ue el que existía  cuando las políticas empezaron a implementarse. De hecho, los investigadores han demostrado que la penalización tiene un impacto negativo significativo en las personas.

Al comparar los resultados para las personas en el oeste de Australia, que estaban sujetas a sanciones penales por posesión de marihuana, con las personas en el sur de Australia que recibieron una sanción civil, los investigadores encontraron que aquellos que fueron penalizados como resultado de haber sido acusados por tenencia de marihuana fueron más propensos a sufrir consecuencias negativas en el empleo, las relaciones y la vivienda. Es importante destacar que hubo evidencia de que los que están en el oeste de Australia eran más susceptibles de entrar en contacto de nuevo con el sistema de justicia criminal, sugiriendo que quizás las leyes de drogas son una puerta de entrada a la reincidencia.

Además de los argumentos que señalan la mejoría de los resultados sociales y de la salud como resultado de la despenalización de los delitos de posesión de drogas, también hay dinero ahorrado por el Estado. En los 10 años posteriores a la despenalización en el año 1976 de la marihuana en el estado de California, se estima que el estado ahorró $ 1 billón de dolares en gastos de aplicación de la ley. Por otra parte, en Portugal, entre los años 2001 y 2011 se estima que los gastos sociales de las drogas se redujeron en un 18% como consecuencia de dos factores: los gastos de salud indirectos - en gran parte debido a la reducción de las muertes relacionadas con las drogas - y los gastos asociados con el sistema legal. Este último factor fue directamente atribuido a la despenalización. Vale la pena señalar que los gastos ahorrados al sistema legal están relacionados con la reducción de los procesos penales contra las personas que consumen drogas, así como los gastos indirectos ahorrados debido a que se evitó la pérdida de ingresos y la pérdida de producción, como consecuencia de no enviar a la gente a la cárcel o penalizarlos por su consumo de drogas.

Los gobiernos no pueden ignorar la evidencia

 A pesar de que más de 25 países tienen leyes de despenalización en vigencia, esto no quiere decir que todos las apliquen de forma efectiva. Algunos países aplican sanciones administrativas que pueden ser equivalentes, o incluso peores, que la penalización. Sin embargo, es imposible ignorar la evidencia de los países que han diseñado modelos de manera efectiva, hasta el punto que cabría imaginar que esto sería suficiente para persuadir a los políticos para que pusiesen fin inmediatamente a la penalización innecesaria de personas que consumen drogas. Pero, en un gran número de gobiernos, la ideología aún prevalece sobre la evidencia. Es preocupante que en el Reino Unido, el gobierno haya admitido que las sanciones severas no han disminuido el consumo de drogas, algo que el Ministerio del Interior del Reino Unido concluyó en un informe publicado en octubre del año 2014. Pero la retórica de 'severidad contra las drogas' ha continuado sin cesar mientras que las muertes relacionadas con las drogas han alcanzado su punto máximo, algo nunca antes visto.

Cuando se trata de establecer un modelo de despenalización efectivo, todavía queda mucho que aprender, aunque por suerte la evidencia principal, desde la cual se puede empezar a construir, está creciendo. Millones de personas en todo el mundo, sobre todo los jóvenes y vulnerables, siguen siendo encerrados, penalizados y están viendo como sus futuras oportunidades se reducen. Y todo en nombre de eliminar el consumo de drogas. Debemos mantener encendida una luz en aquellos países y jurisdicciones que han tomado medidas para aplicar políticas que se basan en los derechos humanos, la salud y la evidencia, para mostrar que existe una alternativa y que es posible un enfoque eficaz que beneficie a la sociedad y mitigue los daños desastrosos de la prohibición.

La despenalización de la posesión de drogas no es una panacea, y no pondrá fin a la "guerra contra las drogas". Pero es un paso fundamental hacia la dirección correcta.

 Lea el Informe del año 2016 de Release sobre las drogas y la despenalización aquí.

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Este artículo se publica como parte de una asociación editorial entre openDemocracy y CELS, una organización argentina de derechos humanos con una agenda amplia que incluye la promoción de políticas de drogas respetuosas de los derechos humanos. La asociación coincidió con la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre drogas.