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El asesinato del mapuche Catrillanca y el activismo solidario en Chile

El 14 de noviembre fuerzas especiales de Carabineros aesinaron al comunero mapuche Camilo Catrillanca. Distintos sectores de la sociedad chilena están reaccionando en solidaridad. English

Camila Ponce Miguel Leone
15 January 2019

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Retrato del comunero mapuche Camilo Castrillanca. Imagen: cortesía del autor. Todos los derechos reservados

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La serie openMovements invita a politólogos líderes en sus campos de investigación para compartir sus resultados y sus perspectivas sobre luchas sociales contemporáneas.

Los movimientos sociales en el Chile de la postdictadura presentan una diversidad interesante y variada.

El movimiento mapuche ha sido, en ese escenario, un actor siempre presente, que se ha destacado por su capacidad para institucionalizar buena parte de sus demandas políticas (vg. Acuerdo de Nueva Imperial -1989-; Ley Indígena 1993-; Ratificación Convenio 169 OIT -2008). Como también, por su habilidad para hacer resonar sus demandas dentro de las lógicas del discurso mediático.

Por su parte, en las últimas décadas, otros importantes movimientos sociales han demostrado una gran capacidad para intervenir en la agenda política nacional.

Tal vez el más destacado en ese sentido ha sido el movimiento estudiantil que, a partir del año 2006 y con mayor fuerza en 2011, se instaló como una usina de pensamiento y acción política como ningún otro en el país. Es igualmente destacable la trayectoria que el movimiento anti extractivista ha atravesado durante los últimos años.

Este movimiento se configuró al calor de las luchas contra Pascua Lama, las mareas rojas en Chiloé, o el Proyecto Portuario en Punta de Choros.

Algo más cerca en el tiempo, es la emergencia del movimiento NO+AFP y, en la actualidad resulta una referencia insoslayable el movimiento estudiantil feminista que, durante el primer semestre del 2018, consiguió paralizar universidades y liceos, como parte de una intensa lucha contra el patriarcado, los abusos y la violencia de género en el sistema educativo chileno.

Hasta el momento, las solidaridades entre el movimiento mapuche y los demás movimientos sociales no han sido muy estrechas.

Ahora bien, hasta el momento, las solidaridades entre el movimiento mapuche y los demás movimientos sociales no han sido muy estrechas. Tampoco ha sido intensa la capacidad de la sociedad chilena en general para entender y atender las demandas de ese pueblo originario, ni tampoco repudiar la fuerte represión estatal que sobre el mismo se aplica desde el año 2000 al presente.

Represión que cuenta –por cierto– ya bastante más de una decena de activistas asesinados a manos de fuerzas de seguridad.

Tales son los casos de Alex Lemún, quien murió asesinado a los 17 años en 2002, cuando realizaba una ocupación de terrenos; o Matías Catrileo, asesinado a los 23 años el año 2008, cuando también participaba en una ocupación junto a otros comuneros; por solo señalar algunos de los más renombrados.

Sin embargo, esta falta de articulación social es algo que actualmente parece estar revirtiéndose. El asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca el 14 de noviembre de 2018, se convirtió en foco de importantes muestras de solidaridad y apoyos políticos por parte de distintos sectores de la sociedad chilena y representó un punto de acercamiento entre diversos movimientos sociales.

Asimismo, las redes sociales han estado plagadas de posteos y tweets repudiando el caso, y fueron masivas e intensas las movilizaciones sostenidas por varios días en la capital del país (también fue intensa, por cierto, la represión policial sobre ellas).

En torno al caso del asesinato de Catrillanca, la sociedad chilena expresó, por medio de pancartas y banderas, una clara solidaridad con la causa mapuche y un fuerte rechazo a la violencia estatal sobre este pueblo originario.

Se realizaron cacerolazos en el centro de Santiago exigiendo que las autoridades políticas asuman las responsabilidades y contribuyan con el esclarecimiento de la verdad y la consecución de la justicia.

En torno al caso Catrillanca, la sociedad chilena expresó una clara solidaridad con la causa mapuche y un fuerte rechazo a la violencia estatal sobre este pueblo originario.

Ciertamente, el comportamiento del Poder Judicial, los medios de comunicación y el poder político frente a la situación resultó por demás escandaloso. En un comienzo, los fiscales y los medios de comunicación se limitaron a señalar que Camilo había recibido un impacto de bala en su cabeza mientras conducía un tractor en los alrededores de la comunidad de Temucuicui, en la Araucanía.

Señalaron que Camilo quedó “en medio de” un operativo desplegado por Carabineros para recuperar tres vehículos que habían sido robados en la zona hacía algunas horas. Las autoridades gubernamentales, por su parte, imprudentemente, dieron por ciertas las versiones brindadas por Carabineros; aunque prontamente quedó en evidencia la responsabilidad de esa fuerza en el caso, así como lo desproporcionado del operativo desplegado (con helicópteros, tanques blindados y el despliegue del grupo especial de Carabineros “Comando Jungla”).

También se hizo público que un oficial de Carabineros destruyó intencionalmente la tarjeta de video que contenía la grabación del asesinato, aunque recientemente se conocieron videos que dejan en claro la responsabilidad de la fuerza en el hecho.

Frente a ello, las versiones del gobierno y la policía comenzaron a contradecirse mutuamente, intentando cada quien desmarcarse de las responsabilidades del caso. Como resultado de esto, la autoridad regional Luis Mayol terminó por renunciar ante una inminente acusación constitucional en su contra, y se dio de baja al General de Carabineros Cristian Franzani puesto que el sargento Alarcón, uno de los acusados por el homicidio a Catrillanca, declaró que había sido “inducido a la mentira y a dar declaraciones falsas”.

El Poder Ejecutivo nacional pidió la renuncia del General Director de Carabineros, Hermes Soto, quien se negó a hacerlo y obligó a que su destitución se hiciera mediante una sesión especialmente llamada para el caso en el Congreso. Por su parte, también se ha hecho masiva en las redes sociales la demanda por la renuncia del Ministro de Interior, Andrés Chadwick, quien (haciendo gala de una altanería casi criminal) no se ahorró declaraciones provocativas y faltas de todo respeto a las familias de la víctima.

Sin embargo, ese tipo de actuaciones no distan demasiado de las observadas en los casos anteriores de asesinatos de mapuches. De forma que las solidaridades brindadas por distintos espacios de la sociedad chilena para con la causa mapuche merecen ser explicadas por otros factores, tal vez más profundos y de una dimensión más estructural.

Estiste un proceso de acercamiento entre las demandas del movimiento mapuche con el movimiento estudiantil, por un lado, y con el movimiento ambientalista, por el otro.

Desde nuestro punto de vista, las referidas solidaridades son la expresión de un proceso de acercamiento entre las demandas y trayectorias del movimiento mapuche con el movimiento estudiantil, por un lado, y con el movimiento ambientalista, por el otro.

De hecho, el movimiento estudiantil de 2011 funcionó como un canal de aproximaciones entre las juventudes universitarias y las juventudes mapuche. Aunque es un asunto no suficientemente indagado, fueron muchos los estudiantes estudiantiles mapuche que nutrieron aquel épico movimiento estudiantil.

Desde los años ´90 en adelante, la figura del weichafe (guerrero) se ha convertido en el personaje principal de la historia mapuche, pero el perfil sociológico de esa figura ha sido principalmente la del joven (entre 17 y 30 años), masculino[1], y que, en muchos casos, es o ha sido estudiante universitario.

Como tales, rara vez los jóvenes activistas del movimiento mapuche se han mantenido ajenos a la movilización estudiantil chilena. El propio Camilo Carrillanca, en efecto, fue un dinámico vocero en los procesos de movilización estudiantil en la región de Ercilla durante aquellos politizados años de 2011 y 2012.

Al mismo tiempo, gracias a su carácter democrático y su apertura al diálogo, el movimiento estudiantil de 2011 generó canales de interlocución con las demandas del pueblo mapuche. La principal líder de aquel movimiento, Camila Vallejo, así lo expresó en diversas oportunidades.

Recientemente, incluso, se pronunció públicamente desde su rol de diputada, en contra de la militarización del territorio mapuche y “las políticas de exterminio” aplicadas contra ese pueblo. En ese contexto se entiende que, como parte del reclamo masivo por la muerte del comunero, se contabilizan tomas y paros en instituciones de educación superior. Son casos de ello los de la Universidad Austral de Valdivia, la Universidad Católica de Temuco, la Universidad de Chile y la Universidad de la Serena.

Paralelamente, en el marco de la expansión del modelo agroforestal y los problemas ambientales generados por la industria salmonera, el movimiento mapuche se ha convertido cada vez más en un campo de resonancia de la problemática ambiental.

La intensa deforestación producida en las regiones patagónicas y la carencia de agua que los cultivos exóticos están produciendo, llevan a que las demandas mapuche crecientemente hayan cobrado una dimensión de conservación del ambiente y lucha por los derechos ambientales.

Por su parte, el movimiento ambientalista ha presentado, durante el último tiempo, una serie de aproximaciones interesantes a la realidad que vive el pueblo y el movimiento mapuche.

El reciente asesinato del activista ambientalista Alejandro Castro puso a este movimiento frente a una situación particularmente semejante –aun cuando diferente– a la que desde hace tiempo viene enfrentando el movimiento mapuche. Allí asientan elementos relevantes para comprender las recientes solidaridades con el pueblo mapuche.

Para entender con mayor detalle estas cuestiones, proponemos hacer una rápida revisión de la trayectoria del movimiento mapuche durante las últimas décadas, así como de sus relaciones con el estado y el capital.

Movimientos que se trenzan

En el año 1977 la dictadura chilena emitió el decreto 701 destinado a impulsar el desarrollo de la industria forestal. Hoy esta industria mantiene niveles de facturación que representan alrededor del 2,5 % del PBI nacional.

Lo hace, no obstante, a costa de apropiarse de enormes extensiones territoriales, expulsar a las comunidades, destruir los ecosistemas y los bosques nativos, y utilizar enormes cantidades de agua, dejando a los pobladores con serios problemas para su acceso. Sólo dos empresas –Forestal Arauco y Mininco S.A– son dueñas de 2 millones de hectáreas concentradas fundamentalmente en el histórico territorio mapuche, al sur de Chile.

Como señala el historiador mapuche Fernando Pairican, durante los años noventa, el crecimiento de los bosques exóticos (eucaliptus y pinos) fue paralelo al crecimiento de una juventud militante y una organización mapuche consciente de la importancia de sus luchas y la defensa de sus territorios.

En ese clima emergió una militancia radicalizada que no dejó de recurrir a la quema de cultivos y camiones forestales como forma de expulsar a las empresas de sus territorios.

Históricamente, los gobiernos han optado por asumir la demanda mapuche como una “amenaza” al orden público y, consecuentemente, un problema de seguridad.

Lejos de entender la demanda mapuche como un reclamo legítimo, un derecho humano y una demanda histórica ante las expropiaciones y las violencias que el estado chileno ha realizado a ese pueblo desde la eufemísticamente denominada “pacificación de la Araucanía”; los gobiernos de la Concertación y los últimos gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera han optado por asumir esa demanda como una “amenaza” al orden público y, consecuentemente, un problema de seguridad.

El empresariado y el estado chileno rápidamente comprendieron que ello obstaculizaba las posibilidades de reproducción del capital y, en virtud de ello, no tuvieron prurito alguno en recurrir a la represión, la vigilancia, la persecución judicial e incluso la criminalizacón de la protesta social. Insistentemente se ha hecho uso de la legislación antiterrorista (también legada por la dictadura) para abordar acciones que, no sólo son actos políticos antes que criminales, sino que tampoco se inscriben en esa tipificación jurídica, pues no se orientan a generar temor.

Así, el estado chileno ha utilizado la conflictividad social generada en el marco del despojo del pueblo mapuche para producir un discurso afín a la doctrina de las “nuevas amenazas” impulsada por el Pentágono: una lógica militar, gubernamental y de seguridad direccionada a construir enemigos tan difusos como poco reales (terroristas, narcoterrorismo, crimen organizado) pero que –sin embargo–, en tanto son presentados como peligros inminentes a la “seguridad nacional”, justifican la creciente militarización de la vida ciudadana.

En ese marco, desde hace dos décadas se realizan, de forma continuada y sistemática, allanamientos violentos e intimidatorios en las comunidades, se implementan puestos fijos de control y vigilancia por toda la Araucanía y hasta se montan operaciones y acusaciones de los servicios de Inteligencia que acaban en escandalosos episodios de implantación de pruebas falsas (vg. las recientes Operación Huracán y Operación Andes).

El resultado de esa dinámica ha sido el arresto (muchas veces sin pruebas fehacientes) de activistas y referentes del movimiento mapuche, el asesinato de varios comuneros y la desaparición de otros tantos. En la mayoría de los casos se trata de jóvenes, hombres y activos defensores de la causa de su pueblo.

Es en esa trayectoria histórica que se enmarca el referido asesinato de Camilo Catrillanca; y es en este contexto que emergen las referidas convergencias con el movimiento ambientalista.

En efecto, a mediados de 2018 surgió con fuerza en los medios la noticia sobre los elevadísimos niveles de contaminación alcanzados en las comunas de Quintero y Puchuncaví, localizadas a unos 150 kilómetros al noroeste de Santiago. Se concentra allí el Complejo Ventanas, un denso nodo industrial que ha convertido a la región en una verdadera zona de sacrificio.

Un estudio realizado por el Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico, da cuenta que los habitantes de la zona están expuestos a distintas sustancias tóxicas, como el nitrobenceno, el metilcloroformo (tricloroetano), el nitrobenceno, el tolueno y el isobutano. El contacto con estas sustancias, incrementa el riesgo de desarrollar distintos tipos de cáncer, tales como broncopulmonar, de vejiga, renal, de vías urinarias, hígado o piel, como también riesgo de infarto al miocardio y accidentes cerebrovasculares.

El movimiento anti extractivista y local alzó fuertemente su voz en contra de estas violaciones al derecho ambiental de los ciudadanos. Poderes tan fuertes como oscuros dejaron ver sus efectos. El 4 de octubre de 2018, en los alrededores de Valparaíso, apareció ahorcado el pescador, dirigente sindical y líder de las protestas en Quintero, Alejandro Castro. Su muerte aún no ha sido aclarada.

Los primeros días de noviembre, una serie de organizaciones socioambientales de las comunas de la Región de Valparaíso –entre las que se destacaba particularmente el Cabildo Abierto Quintero-Puchuncaví– convocaron una movilización para el día 15 de ese mes, bajo el lema “No más zonas de sacrificio. Que los territorios se levanten y ejerzan soberanía”. El objetivo de la movilización era exigir la recuperación del territorio y frenar los mega proyectos contaminantes como las iniciativas de explotación ambiental, pero también retomaba algunas de las demandas del movimiento mapuche.

Aun así, el asesinato de Camilo Catrillanca el día 14 cambió el escenario. A partir de allí, la movilización originalmente programada asumió con mucha mayor fuerza las reivindicaciones contra la militarización de la Araucanía y el fin de la violencia y criminalización del pueblo mapuche, adquiriendo éstas una importancia igual o mayor a la de los reclamos frente a la contaminación en Quintero y Puchuncaví.

Según declaraciones del Cabildo Abierto Quintero-Puchuncaví, sus referentes realizaron las gestiones pertinentes para que “la movilización fuera de carácter pacífica y familiar”, pero la Intendencia de Santiago denegó el permiso y, por lo tanto, la multitud que se congregó a las seis y media de la tarde en Plaza Italia, no pudo marchar.

La represión policial, mediante gases lacrimógenos y “guanacos”[2] se desplegó cuando apenas corría la primera hora de la movilización. Muchos manifestantes corrieron por el Parque Bustamante y realizaron barricadas en las calles aledañas. Fueron quemadas bicicletas de uso público y un bus del Transantiago.

Cientos de personas quisieron demostrar su malestar frente a la impunidad del asesinato de Camilo Catrillanca. Muchos vistieron trajes mapuche.

Fueron cientos de personas las que quisieron demostrar su malestar frente a la impunidad del asesinato de Camilo Catrillanca. Muchos vistieron trajes mapuche, otros portaron banderas; la mayoría eran jóvenes, pero también había adultos mayores y niños. Así, la movilización social estudiantil, ambientalista y mapuche parecen estar confluyendo en la actualidad, generando con ello un efecto expansivo sobre el conjunto de la sociedad chilena.

Mirando hacia adelante

Frente a este escenario, creemos que estamos ante un momento de clivaje en la historia de los movimientos sociales de la sociedad chilena. Un tiempo en el que, finalmente, parecen articularse de formas sinérgicas las distintas luchas que este pueblo ha estado construyendo y reconstruyendo de manera continuada a lo largo de las casi tres décadas que transcurrieron desde el fin de la dictadura.

Al fin pareciera suceder que las reivindicaciones históricas del pueblo mapuche comienzan a ser comprendidas por una sociedad que hasta hace muy poco se mostraba incapaz de escuchar los gritos del pueblo mapuche; montándose, no pocas veces, en la reproducción de la falacia gubernamental y de los medios de comunicación, sobre la condición terrorista de ese activismo.

En definitiva, estas son solidaridades y apoyos políticos tan necesitados por el movimiento mapuche como por la sociedad en general que, sin un abanico amplio de alianzas, difícilmente consiga superar los enclaves autoritarios, neoliberales e individualistas que los casi veinte años de dictadura le legaron.


[1] Millaleo, Ana (2014), “Mujer y sexualidad mapuche, la cotidianeidad olvidada tras la identidad weichafe”, Mapuexpress, disponible en: http://www.mapuexpress.org/?p=195

[2] Se conoce con ese nombre a los carros hidrantes de la policía utilizados en las movilizaciones para dispersar a los manifestantes.

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