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El Comisionado para los Derechos humanos necesita ponerse en el tema empresarial

Entre sus numerosas prioridades, el Alto Comisionado debe centrar su atención en el problema de garantizar que las empresas respeten los derechos humanos, en un momento en el que el consenso (tan difícil de alcanzar) sobre cómo lograrlo corre el riesgo de desintegrarse. English  

Scott Jerbi Salil Tripathi
28 July 2014

El mundo enfrenta una vertiginosa variedad de crisis de derechos humanos que afectan las vidas de millones de personas en todos los continentes. El nuevo Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el príncipe Zeid Ra’ad al-Hussein de Jordania, tiene responsabilidades a nivel mundial, y los defensores de derechos humanos esperarán que realice un activismo eficaz y tome medidas prácticas sobre varios desafíos temáticos y de países específicos, desde los problemas en Siria e Irak hasta otorgar poder a quienes viven en la pobreza extrema.  

Por lo tanto, puede parecer que nuestra esfera de interés particular, el programa relativo a las empresas y a derechos humanos, puede esperar, ya que hay muchos otros fuegos urgentes por apagar. Pero como bien sabe Zeid gracias al largo tiempo que ha trabajado con la ONU, la relación entre los actores comerciales y económicos y los derechos humanos es una relación profundamente enredada. Muchas de las crisis de derechos humanos actuales tienen raíces o soluciones económicas, y el sector empresarial puede mejorar o empeorar muchos de los problemas de derechos humanos más arraigados. 

Un ejemplo de lo anterior es la situación de la República Democrática del Congo, en donde el hambre de recursos y de riqueza ha impulsado el conflicto y causado violaciones masivas de derechos humanos. La incapacidad de varios gobiernos en garantizar progresivamente los derechos culturales, sociales y económicos provoca que personas de todo el mundo salgan de sus hogares para buscar una vida mejor, sólo para terminar sufriendo más abusos al trabajar en condiciones inseguras con pocas esperanzas de obtener un salario digno. Las inversiones comerciales en áreas con vulnerabilidad ecológica y condiciones políticas delicadas contribuyen con gran frecuencia a la desestabilización y generan más violaciones de derechos humanos.


Shafiqul Alam/Demotix (All rights reserved)

Migrant labours sleep on a footpath at Kawranbazar in Dhaka, Bangladesh. The labours often earn less then US$ 4 per day.


No existe una fórmula mágica que pueda resolver esos problemas. Pero lo cierto es que tanto presionar para que haya prácticas empresariales responsables como exigir que los gobiernos tomen más medidas para hacer que los actores corporativos rindan cuentas por su participación en las violaciones de derechos humanos son elementos esenciales de cualquier estrategia global para fortalecer el respeto a los derechos humanos en el mundo actual. 

Mientras el nuevo Alto Comisionado considera cuál es la mejor manera de contribuir al programa relativo a las empresas y derechos humanos en desarrollo, puede tomar como base la labor realizada por sus predecesores para involucrar directamente a la comunidad empresarial. Es importante que ayude a dirigir el debate sobre empresas y derechos humanos en un momento en el que parece que están surgiendo preocupantes divisiones entre los gobiernos y otros actores. 

Hace apenas tres años, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU respaldó unánimemente los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos como el marco internacional acreditado para promover los esfuerzos en este campo. Los Principios Rectores reafirman la obligación de los Estados en proteger contra las violaciones de derechos en las que participen actores no estatales. También establecen por primera vez la responsabilidad de todas las empresas, dondequiera que operen, de evaluar el riesgo de que sus actividades tengan efectos negativos en los derechos humanos y de incorporar políticas y procedimientos para garantizar que se eviten o atenúen estos efectos. Otro punto de igual importancia es que los Principios Rectores enfatizan la necesidad de contar con mecanismos judiciales y extrajudiciales eficaces de reparación de agravios para responder a las presuntas violaciones. 

Desde que fueron respaldados por el Consejo de Derechos Humanos en 2011, varios gobiernos han puesto en marcha planes de acción a nivel nacional para formalizar su compromiso con los Principios Rectores, y cada vez más empresas han buscado incorporar los principios a sus propias políticas y prácticas. Con el tiempo, es posible que los Principios Rectores generen un acuerdo más extendido sobre el comportamiento esperado de las empresas alrededor del mundo.

Pero ahora se está poniendo a prueba este consenso que fue tan difícil de alcanzar. Durante la reciente sesión del Consejo en Ginebra, se adoptaron dos resoluciones sobre las empresas y los derechos humanos; una de forma unánime y otra mediante un voto sumamente dividido. La resolución unánime afirmó la importancia de los Principios Rectores y extendió por otros tres años el mandato del grupo de expertos responsable de fomentar la implementación de los Principios Rectores a nivel mundial. La resolución también señala varias áreas en las que la Oficina del Alto Comisionado y su titular deben desempeñar un papel importante en el futuro. Solicita a este último facilitar un proceso de consulta para explorar “la gama completa de medidas de carácter práctico y jurídico para mejorar el acceso de las víctimas de violaciones de los derechos humanos relacionadas con actividades empresariales a la reparación”. También le pide elaborar propuestas y opciones concretas para crear un nuevo fondo mundial para reforzar la capacidad de los interesados en poner en práctica los Principios Rectores. 

Existe una necesidad apremiante de tener recursos adicionales para apoyar a la sociedad civil, a las instituciones de derechos humanos, a las pequeñas y medianas empresas y a otros actores para que lleven adelante los Principios Rectores.  Un informe reciente del Secretario General de la ONU también plantea la preocupación de que las Naciones Unidas “parecen estar a la zaga de otras organizaciones internacionales y regionales en la integración del programa relativo a las empresas y los derechos humanos” y que “se necesitan más esfuerzos coordinados al nivel ejecutivo de la Organización para que las Naciones Unidas enfoquen esta tarea de manera sistemática y estratégica”.

Estos temas apuntan a la vital importancia del liderazgo del Alto Comisionado. Esto es especialmente cierto porque en la misma sesión del consejo se aprobó otra resolución que crea un nuevo grupo de trabajo intergubernamental para explorar la necesidad de elaborar un tratado que regule la cuestión de las empresas y los derechos humanos a nivel global. La resolución pasó mediante un voto dividido, en el que la mayoría de los Estados se abstuvieron o votaron en contra. 

Esta segunda resolución, de alcance ambicioso y ambigüedad en los detalles, en parte surgió a partir de la realidad de que con frecuencia las víctimas de violaciones severas carecen de recursos de reparación adecuados. John Ruggie, ex Representante Especial del Secretario General de la ONU para la cuestión de las empresas y los derechos humanos, quien desarrollo los Principios Rectores, ha dicho que en esta etapa se debería considerar la creación de un instrumento jurídico nuevo, enfocado en la participación de las empresas en las violaciones masivas de derechos humanos, incluidas aquellas que pueden alcanzar el nivel de crímenes internacionales, como el genocidio, las matanzas extrajudiciales, la esclavitud y el trabajo forzoso. La Oficina del Alto Comisionado está dirigiendo un estudio para identificar los obstáculos y posibles acciones principales para abordar precisamente estas cuestiones. Ese trabajo merece ser ampliamente apoyado. 

Zeid tendrá que realizar esta labor casi imposible de promover la participación de las empresas al mismo tiempo que fortalece las medidas de rendición de cuentas.  Necesitará encontrar una manera de utilizar sus nuevas funciones no sólo para involucrar a más empresas en la conversación sobre derechos humanos, sino también para conseguir los recursos y la voluntad política necesarios para garantizar una adopción más rápida y más integral de los Principios Rectores. Y deberá hacer todo esto al mismo tiempo que fomenta un debate constructivo sobre el controvertido tema de la creación de un nuevo instrumento jurídico para enfrentar los vacíos de protección más urgentes y extendidos.  

Alcanzar estos importantes objetivos, además de tantas otras responsabilidades, no será tarea fácil. Pero el liderazgo del Alto Comisionado para promover el programa relativo a las empresas y los derechos humanos será un factor fundamental. 

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