En la mayor parte de los países de Latinoamérica la población penitenciaria femenina representa menos del 10 % de los internos. La mayoría de ellas fueron condenadas por delitos no violentos, como el tráfico de drogas, más de la mitad tienen entre 20 y 35 años de edad y casi todas tienen hijos (algunos de ellos viven tras las rejas con sus madres).
Un problema clave que enfrentan estas mujeres es el disfrute de sus derechos a la sexualidad y a la maternidad. Este es un problema que casi no se menciona, sin embargo, ya que la sociedad, los políticos y los medios de comunicación asumen que este segmento de la población no tiene ningún derecho fundamental. Aunque no cabe duda de que hay ciertas restricciones que deben acompañar la vida en prisión, todas las limitaciones impuestas deben ser razonables y justificadas. Conforme a estos criterios, no es evidente por qué se deberían negar los derechos a la sexualidad y la maternidad.
Sin embargo, existen muchos “requisitos” que imponen las autoridades penitenciarias para que las internas puedan ejercer su sexualidad en las visitas íntimas. Por ejemplo, se requiere que tengan una relación estable, la cual debe comprobarse mediante un acta de matrimonio o el acta de nacimiento de un hijo en común. También se requiere que tengan un “comportamiento excelente” ininterrumpido durante un periodo de mínimo seis meses. Esos requisitos son comunes en muchos países latinoamericanos.
