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El financiamiento para derechos humanos en Brasil

Debido al reciente éxito económico brasileño, varios donantes extranjeros han retirado su apoyo a los grupos de derechos humanos; sin embargo, se requiere una importante campaña educativa para que los donantes brasileños los sustituyan. English, Portuguêsالعربية.

Ana Valéria Araújo
12 November 2013

La gran ironía del crecimiento acelerado de Brasil como una potencia emergente es que, como resultado, el mundo exterior decidió en gran medida que los grupos de derechos humanos brasileños ya no necesitan su ayuda. Tradicionalmente, los donantes internacionales proveían los fondos para la mayor parte del trabajo realizado en el país en materia de derechos humanos, pero durante la última década el financiamiento extranjero prácticamente ha desaparecido. Aunque los estudios disponibles no son exhaustivos, se estima, por ejemplo, que en 2003 cerca del 80% del presupuesto del 60 por ciento de las ONG brasileñas provenía del financiamiento extranjero. Las cifras disponibles sugieren que sólo en un año, es decir, de 2008 a 2009, el financiamiento extranjero se redujo en un 30 por ciento y que en 2010 disminuyó un 49 por ciento adicional.

Particularmente para los grupos de bases populares, la probabilidad de obtener una fuente constante de financiamiento en el futuro de pronto es muy baja.

Sin embargo, la sociedad brasileña aún dista mucho de estar preparada para llenar ese vacío. A menos que cambie la percepción del público sobre el trabajo de derechos humanos y que se descubran nuevas fuentes locales de financiamiento, los derechos humanos se quedaran atrás, independientemente de lo bien que marche la economía brasileña.

Algunas organizaciones han tenido que reducir su tamaño porque simplemente ya no pueden conseguir los fondos que necesitan. Éste es especialmente el caso de las organizaciones más pequeñas y remotas.

Los pocos fondos que siguen llegando se centran en las grandes organizaciones que tienen una sólida capacidad administrativa, que puede responder a las cada vez mayores exigencias administrativas y burocráticas. Un estudio interno reciente sobre las estrategias de recaudación de fondos realizado para el Fondo Brasil de Derechos Humanos demostró que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) de mayor tamaño aún dependen significativamente de los donantes internacionales. Otro estudio realizado por la Fundación Getulio Vargas (Fundação Getúlio Vargas) muestra una situación de dependencia similar. Pero incluso estas organizaciones se han encontrado con que el financiamiento disminuye.

Entonces, ¿por qué la grande y exitosa nación brasileña no puede mantener ahora a los grupos de su propia sociedad civil?

La respuesta es sencilla: la sociedad brasileña no ha cambiado tan rápidamente como su economía. Hace sólo 30 años, Brasil aún era una dictadura y su economía era un desastre. Durante los últimos 15 años, la economía se estabilizó, el país emergió como un actor importante y millones de personas salieron de la pobreza. Pero hoy en día, la corrupción y la desigualdad siguen siendo problemas enormes. Además, no se reconoce que la desigualdad es un problema estructural causado por un legado de discriminación social, racial y de género.

Brasil cuenta con una extensa historia de filantropía tradicional, a menudo con base en obras de caridad o en los valores religiosos de aliviar el sufrimiento de los pobres. Pero este tipo de filantropía no enfrenta las causas profundas de los problemas sociales. En la década de los 90, como resultado de la apertura de la economía a los mercados internacionales, emergió el concepto de la responsabilidad social de la empresa (RSE) y un gran número de institutos y fundaciones empresariales aparecieron como nuevos actores en el campo. Sin embargo, la idea de la filantropía de justicia social es algo aún muy reciente en el país. 

A partir del proceso de democratización, han surgido organizaciones dinámicas que tratan con diversos aspectos del desarrollo humano y social. Mientras que algunas de las organizaciones de derechos humanos (ODH) de mayor tamaño tienen su sede en las áreas metropolitanas del país, muchos de los grupos de bases populares que están diseminados por todo Brasil han defendido los derechos de minorías y grupos vulnerables, incluidos, entre otros: los indígenas y la población tradicional; los campesinos sin tierra; las mujeres y los niños; los menores y adultos encarcelados; los afrobrasileños, y la comunidad LGBT. 

Los donantes internacionales y las agencias de cooperación en el hemisferio norte han apoyado de forma significativa este proceso y fueron actores cruciales para la estructuración de una sociedad civil fuerte en el país. La diversidad y flexibilidad de las ODH, así como su conocimiento sobre las cuestiones locales, han contribuido de manera importante a fortalecer la democracia en Brasil.

Pero, como en muchas democracias emergentes, el fin de la dictadura no acabó con las violaciones de derechos humanos. Las amplias políticas sociales de apoyo al ingreso han rescatado a millones de personas de la pobreza, lo que ha contribuido a crear la imagen de un país que rápidamente está superando la injusticia social por medios democráticos. Sin embargo, a pesar de todos los indicadores positivos, Brasil sigue siendo uno de los países con mayor inequidad en el mundo, en donde los factores políticos y culturales refuerzan las divisiones sociales y económicas. El 10% más rico de la población recibe la mitad de los ingresos totales del país, mientras que el 10% más pobre sólo recibe el 1.1%. Más de la mitad de la población brasileña es dueña de menos del 3% de sus terrenos rurales, y los indígenas y las comunidades locales se perciben con frecuencia como obstáculos hacia el progreso. 

Aunque la Constitución brasileña de 1988 tenía el respeto por los derechos fundamentales como uno de sus principios centrales, el aparato estatal no ha sido eficaz en la prevención de abusos de derechos humanos contra los grupos vulnerables, y la impunidad sigue existiendo como parte intrínseca de la vida brasileña. Los disturbios recientes en las principales ciudades de Brasil mostraron que la población cada vez está más inconforme con la persistencia de las violaciones de derechos humanos y la injusticia social. 

Sin embargo, actualmente sólo hay unas pocas fuentes locales de financiamiento para las actividades de derechos humanos, como los fondos independientes, algunas fundaciones empresariales y familiares, y donantes individuales. La mayoría de ellos centran su atención en la educación y los niños. También se puede obtener financiamiento del gobierno, pero eso significa que las organizaciones perderían su independencia, así que no es lo ideal. Aunque algunos activistas de derechos humanos suelen considerar que los fondos del gobierno son fondos públicos, por lo general no existe un proceso formal o transparente para acceder a ellos. Además, probablemente es más fácil que las ONG de mayor tamaño puedan obtenerlos, debido al alto grado de requisitos burocráticos para hacerlo. Una de las cosas que pueden hacer las organizaciones como el Fondo Brasil de Derechos Humanos es acceder estos fondos y ponerlos a la disponibilidad de los grupos de bases populares. 

Educar a la sociedad sobre el trabajo de derechos humanos para que se pueda generar más financiamiento nacional será una tarea ardua. Las organizaciones como el Fondo Brasil de Derechos Humanos, fundado hace siete años, están a la vanguardia en esta materia, al tratar de crear un grupo local de donantes en materia de derechos humanos. En 2012, creamos una

Red de fondos independientes para la filantropía de justicia social (Network of Independent Funds for Social Justice Philanthropy), que reúne nueve fondos y fundaciones comunitarias que están trabajando para diversificar la cultura filantrópica e incrementar el financiamiento para la justicia social en Brasil. 

Algunos activistas de derechos humanos crearon el Fondo Brasil de Derechos Humanos para salvar la distancia entre los grupos de base locales y los donantes en Brasil o a nivel internacional que desean apoyarlos. Nuestros fondos provienen de fuentes internacionales, como fundaciones en Europa y EE. UU., así como de donantes corporativos e individuales locales. También contamos con una pequeña asignación que cubre algunas subvenciones y parte de nuestros costos operativos. Cada año, emitimos una convocatoria por todo el país e invitamos a las ODH a que envíen su propuesta y soliciten financiamiento. Recibimos un promedio de 700 propuestas al año y podemos elegir y potenciar organizaciones de primera línea a lo largo del país. Hasta la fecha, hemos distribuido más de 2 millones de dólares estadounidenses en subvenciones pequeñas. 

Aunque el Fondo Brasil ha enfrentado dificultades para recaudar fondos a nivel local, logró involucrar a algunos donantes individuales y corporaciones, los cuales eligieron de entre los proyectos que seleccionamos para financiar algunas de nuestras subvenciones. Los proyectos que eligieron pertenecen a siete categorías principales: derechos de la mujer; derechos de los niños y adolescentes; ejercicio del estado de derecho y lucha contra la violencia institucional; lucha contra el racismo y otros tipos de discriminación; libertad de orientación sexual, derecho a la tierra y a un trabajo digno, y derechos socio-ambientales e impacto de grandes proyectos de infraestructura. Los empresarios y los grandes donadores parecen estar más cómodos al delegar la administración de proyectos a una organización transparente y capacitada, como el Fondo Brasil, así que nuestro modelo está empezando a funcionar. A largo plazo, esperamos establecer de esta manera un movimiento de filantropía en materia de justicia social en Brasil. Estamos planeando una campaña masiva de recaudación de fondos y comunicación, para despertar la conciencia del público e involucrar a los donantes individuales y el apoyo de las corporaciones. También estamos comenzando un programa para ayudar a las entidades subvencionadas a mejorar su comunicación y para apoyar las campañas educativas y las iniciativas para dar visibilidad a los casos y causas de derechos humanos a lo largo de Brasil. 

Las ODH han desempeñado un papel fundamental en el proceso de democratización de Brasil y debemos asegurarnos de que sigan existiendo. Hay una mayor posibilidad de que esto ocurra si la sociedad del país comienza a entender de qué se trata el trabajo de derechos humanos.

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