A comienzos de septiembre de 2021 CIVICUS, la organización que monitorea lo que sucede con la sociedad civil en el mundo, publicó su informe anual sobre la situación del planeta donde señaló que, a pesar de la pandemia, las protestas han seguido teniendo lugar en todas las regiones del mundo.

Los ejes motores de las manifestaciones han sido diversos, empezando por la oposición al confinamiento relacionado con la Covid-19, especialmente por las respuestas estatales, percibidas en algunos casos como autoritarias, y las dificultades económicas que han supuesto, sobre todo para los más débiles y aquellos que dependen de la economía informal.

Según los datos que recopiló el CIVICUS Monitor, entre febrero de 2020 y enero de 2021 se produjeron manifestaciones relacionadas con la Covid-19 en 86 países, donde también se organizaron protestas sobre la justicia racial, los derechos de la mujer y la lucha contra la corrupción.

En más de una cuarta parte de todos los países, estas manifestaciones mostraron la existencia de profundas desigualdades, y sirvieron para exigir medidas gubernamentales para aliviar las cargas económicas que implican los confinamientos.

Latinoamérica fue, sin duda, uno de los grandes focos de manifestaciones en el mundo. A comienzos de octubre de 2019 Chile vivió multitudinarias marchas, en lo que se ha venido a llamar el estallido social, que empezó exigiendo justicia y acabó consiguiendo que se redactara una nueva constitución, desencadenando un proceso democrático innovador que hoy avanza.

En Perú, la fragilidad gubernamental teñida de corrupción también llevó a manifestaciones que tumbaron al presidente temporal.

Casi al mismo tiempo, en Colombia, la posibilidad de una reforma tributaria leonina fue el catalizador de un malestar social profundo al que se añadieron los efectos de la pandemia, factores que hicieron que sus ciudadanos salieran a la calle masivamente, durante dos meses seguidos, desafiando al virus y a las autoridades, que reaccionaron violentamente alimentando la indignación de la ciudadanía.

Lo que deja claro el informe de CIVICUS es que la pandemia puso al descubierto y agravó las profundas desigualdades que se vienen perpetuando en muchas partes del planeta.

Los líderes ambientales siguen muriendo

Casi simultáneamente al informe de CIVICUS, se publicó en septiembre de 2021 el último informe de Global Witness, que mostró que en 2020 hubo 227 asesinatos de líderes ambientales de los cuales 65 fueron en Colombia. Según la organización, una de las principales razones para esta violencia es la falta de implementación del Acuerdo de Paz, ya que en muchas zonas, donde el Estado perpetuó su ausencia, se incrementó el control de grupos paramilitares y de bandas criminales.

El informe señala que, de los 65 ataques en el territorio colombiano, "un tercio se dirigieron a personas indígenas y afrodescendientes, y casi la mitad fueron contra pequeños agricultores".

Otro dato importante del informe es el que señala que el 71% de los líderes que fueron asesinados estaban trabajando para defender los bosques.

Frente a este hecho, Global Witness afirma que la protección de los bosques es crucial por la situación mundial actual: la crisis climática está llegando a un punto de no retorno y se necesitan acciones drásticas y urgentes, como la protección de los bosques. Los bosques son fuentes importantes de absorción natural de carbono naturales, y son la tecnología más potente que tiene el planeta para absorber carbono. No es casual que los defensores más asesinados en el mundo son los que trabajan para mejorar la crisis ambiental incluida la deforestación. Hay una presión enorme sobre los terrenos boscosos para ser convertidos en terrenos agrícolas y ganaderos, o simplemente para extraer maderas preciosas, y la pelea por la tierra se extiende por el mundo.

Otro tema que implica a los líderes que protegen los bosques es que cumplen una función que nos concierne a todos: no sólo preservan el ecosistema y la biodiversidad, sino que presionan para legislar la salvaguarda de los territorios que más nos protegen contra la crisis climática.

Para elaborar el informe Global Witness se basa en fuentes públicas, aunque afirman que en muchos países es difícil acceder a la información, o que hay países, como Colombia, donde a veces no se saben bien las causas de los asesinatos, difuminados en un clima contaminado por la guerra constante.

Un ejemplo claro, sin embargo, de cómo la falta de implementación del Acuerdo de Paz afectó a los líderes ambientales es el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, en el que se promueven iniciativas de sustitución voluntarias familias campesinas cuyo sustento se deriva de los cultivos de uso ilícitos; para 2020 se registraron 17 asesinatos de personas que trabajaban para apoyar este programa de sustitución.

Al mismo tiempo, el informe destaca que las personas de comunidades indígenas parecen estar, a nivel global, particularmente expuestas a agresiones. De esto dan cuenta los seis asesinatos de líderes indígenas en Colombia solo en septiembre de 2021.

Estos dos reportes muestran que los gobiernos no están haciendo su trabajo, ni en temas sociales ni en temas medioambientales, mientras que las causas de la desigualdad, la corrupción y las causas subyacentes a la violencia no se abordan con la claridad, la determinación y la eficiencia debida en democracia.

El malestar y la inconformidad frente a la impunidad y el abuso de poder siguen siendo el motor para la protesta social y la gasolina para la violencia que la reprime, en la región latinoamericana, en especial, pero también en muchas otras regiones castigadas del planeta.