Ecuador está paralizado después de casi tres semanas de tumultuosas protestas fruto de una crisis social que ha tenido como catalizador la importante subida en los precios de los combustibles y de los alimentos, causada por un déficit en la gestión política sumado a la presión inflacionista general que azota América Latina y el mundo.

Las medidas de austeridad que tomó el gobierno conservador de Guillermo Lasso en su primer año de mandato incluyen subidas de impuestos y recortes en las subvenciones a los combustibles como parte de un acuerdo de 6.500 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI). A esto se han sumado las consecuencias económicas de la pandemia de Covid-19 y la espiral inflacionista que impacta especialmente sobre el precio de los combustibles, el aceite de cocina, el pan y los fertilizantes.

Empezando el 13 de junio, decenas de campesinos y trabajadores rurales descendieron de las laderas de los Andes y emergieron de las regiones amazónicas, creando bloqueos en las carreteras de todo el país y marchando en las ciudades provinciales, antes de converger en la capital. Con un efecto bola de nieve, en las ciudades se unieron a ellos trabajadores y estudiantes que también se enfrentan a la alta presión económica que vive el país. Desde el 21 de junio, Quito, la capital del país, está paralizada por los manifestantes, que bloquearon varias vías clave cerca del centro de la ciudad, y donde tienen lugar enfrentamientos continuos con los cuerpos antidisturbios de la policía, que se extienden a otros lugares de Ecuador.

Por lo menos cinco personas han muerto como consecuencia de la represión violenta de las manifestaciones en las que la policía ecuatoriana utilizó bombas lacrimógenas y ataques frontales contra las concentraciones de protesta.

Las marchas masivas detuvieron la maltrecha economía ecuatoriana, y la producción de petróleo se redujo a la mitad. Según representantes del Ministerio de Energía: "En 14 días de manifestaciones, el Estado ecuatoriano ha dejado de recibir unos 120 millones de dólares".

Las protestas se originaron desde la Conaie (La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), una poderosa federación indígena ecuatoriana, y tenían un marco de diez propuestas cuyo fin principal es intentar mitigar el alza en el costo de vida y el impacto de las políticas extractivistas para indígenas, agricultores, estudiantes y trabajadores. Entre las diez propuestas estaba congelar los precios del petróleo, una moratoria en las deudas bancarias, subsidios para fertilizantes y un no rotundo a la minería en los territorios indígenas.

Las partes intentaron crear una mesa de diálogo. Sin embargo, ante la persistencia de los enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes, los diálogos se suspendieron. El gobierno ecuatoriano afirma que no reconocerá al líder de la Conaie, Leónidas Iza, a quien detuvo en un inicio, como interlocutor en negociaciones futuras, y aunque la federación indígena se mantiene abierta al diálogo, la tensión entre las partes sigue creciendo.

Un régimen en crisis

Dos días antes de que se levantaran las negociaciones, Guillermo Lasso redujo los precios de los combustibles, aunque en un porcentaje mucho menor al que exigen los manifestantes, decretó una reducción de 10 centavos de dólar, que deja el precio del diésel en 1,80 dólares el litro y de la gasolina en 2,45. Las exigencias de los indígenas, en un país productor de petróleo como es Ecuador, son que el diésel quede en 1,50 y la gasolina en 2,10 dólares estadounidenses.

Si quiere sobrevivir, el gobierno tiene que ser más asertivo en sus decisiones y abrir un nuevo canal de diálogo con los líderes indígenas

Esta situación pone en evidencia a un régimen en crisis y refleja las divisiones dentro de la burguesía ecuatoriana sobre cómo “controlar” a una población cada vez más inquieta. Algunos sectores de la clase dirigente ecuatoriana están perdiendo la confianza en la capacidad del gobierno de Lasso para gestionar la situación. Las presiones de los congresistas de la oposición para forzar su sustitución aumentan -Lasso superó por poco las votaciones sobre su destitución-, pero las raíces de la crisis actual son profundas y no pueden resolverse con maniobras parlamentarias. Si quiere sobrevivir, el gobierno tiene que ser más asertivo en sus decisiones y abrir un nuevo canal de diálogo con los líderes indígenas.

Leónidas Iza, líder de la Conaie, ha dicho en diferentes declaraciones a medios ecuatorianos que "[El gobierno] ha pintado al movimiento indígena como el enemigo interno. (...) En lugar de dialogar hemos exigido que [Lasso] responda públicamente al pliego de peticiones".

Y aunque las exigencias son altas, hay algo en lo que tiene razón: Lasso y sus ministros han atacado sin miramientos al movimiento indígena de Ecuador, una asociación clave en la historia del país que, durante 33 años, ha liderado las movilizaciones indígenas de todo tipo que encarnan el malestar de un porcentaje grande de la población ecuatoriana.

Si Lasso no llega rápidamente a un acuerdo con la Conaie y con todos los ecuatorianos que han salido a protestar, puede agravarse la actual crisis de gobernabilidad que podría ser fatal para su ya impopular mandato.

Lasso, que accedió al poder después de pasar a la segunda vuelta de las elecciones de Mayo 2021 por un margen muy pequeño, que fue contestado como fraudulento, no ha sido exitoso en su país: Después de un año y un mes en el cargo, ha tenido reveses políticos como la frustrada Ley de Inversiones, ha asistido a un importante incremento del narcotráfico y a un aumento desmesurado de la violencia, ejemplificado en sangrientas matanzas dentro de las cárceles ecuatorianas. Además, ha antenido una dinámica de beligerancia política con quienes fueron sus aliados al comienzo de su gobierno, y con grupos opositores. Esto afectó su credibilidad política, ya que una de sus principales promesas de campaña fue un gobierno de encuentro y de despolarización. Sin embargo, cuando atacó a su mejor aliado, el abogado Jaime Nebot; se enfrentó al ex presidente Rafael Correa, que continúa maniobrando desde Bruselas, donde se encuentra huido de la justicia; y se enemistó con el movimiento indígena, al que calificó de golpista; perdió también la legitimidad que tenía ante sus votantes como líder que venía a traer la moderación y el reencuentro.

Pero el trasfondo del conflicto actual es más complejo. Es innegable que las necesidades de las población indígena son urgentes, pero la gestión de la Conaie, que recibe fondos públicos para ejecutar programas en temas de salud y educación, ha sido muy deficitaria. Además, la radicalidad y falta de flexibilidad de su líder, Leónidas Iza, quien se empeña en que los diez puntos que exige la Conaie sean aceptados sin ningún debate, menoscaba los procesos de generación de consenso y acuerdo imprescindibles en cualquier país democrático. Si bien el Estado ecuatoriano ha sido muy deficitario en cuanto a la política con los indígenas, éstos no pueden monopolizar cualquier negociación con el gobierno, dejando de lado al resto de la sociedad.

Lasso, un ex banquero multimillonario, fue elegido en abril de 2021 tras el fracaso de los gobiernos de Rafael Correa y su sucesor, Lenin Moreno, llamados progresistas pero que no cumplieron con sus promesas de reforma social, sino que dieron un fuerte bandazo a la derecha e impulsaron el extractivismo, provocando importantes protestas y un violento conflicto con los indígenas en Octubre del 2019, un serio precedente para la situación de estallido social actual.

Aunque fue elegido sobre la base de promesas económicas conservadoras para crear puestos de trabajo y elevar el nivel de vida, las políticas de mercado de Lasso, acordadas con el FMI, se han traducido en fuertes recortes del gasto social, reducciones de impuestos para los inversores de capital, el levantamiento de las restricciones a la minería y la extracción de petróleo, y la apertura de sectores clave de la economía ecuatoriana al capital privado.

Estas políticas, de corte neoliberal, han dado lugar a una bonanza para los inversionistas extranjeros beneficiando a la élite gobernante del país, pero las medidas de austeridad fiscal, combinadas con el impacto socioeconómico de la pandemia de Covid-19 y una inflación descontrolada, han sumido a miles de trabajadores y a la población rural pobre en una situación de penuria insoportable.

Angustia y desigualdad

En las ciudades, los precios de los productos de alimentación han subido considerablemente sin que esto se vea reflejado en el pago que reciben por ellos los indígenas agricultores. Actualmente, se pagan entre 5 y 6 dólares estadounidenses por un quintal (que equivale a 100 kilogramos) de papas en Ecuador; esta suma es irrisoria si se tiene en cuenta que un quintal puede significar un año de trabajo para un agricultor.

El otro gran problema es la falta de empleo formal. En Ecuador, la tasa oficial de desempleo está en un 4,3%, pero la recuperación tras la pandemia ha sido lenta con tan solo un 33,2% de los ecuatorianos empleados formalmente.

Según un informe de la ONG CARE, en 2022 los niveles de pobreza se dispararon en esta nación, ya muy desigual, con un 35% de la población viviendo con menos de dos dólares al día, y un 40% de los hogares con inseguridad alimentaria. En esta situación, es probable que un 8% de los niños se vean obligados próximamente a abandonar sus estudios para trabajar, en gran parte en labores de cuidado no remuneradas.

Los índices de delincuencia violenta, que habían disminuido durante años, se dispararon en 2021, alimentados por la violencia de las bandas y el crecimiento de las operaciones de tráfico de drogas.

Los motines en las superpobladas cárceles del país son frecuentes, y el último, en mayo, con 44 muertos, ha detonado la indignación de la población, con familiares angustiados que culpan al gobierno.

Desde febrero de 2021, casi 400 reclusos han sido asesinados en seis masacres distintas.

Con un panorama macroeconómico que apunta a que la espiral inflacionaria, producida por la inestabilidad de los mercados financieros mundiales y la interrupción de las cadenas de suministro internacionales provocada por la guerra de Rusia en Ucrania, seguirá creciendo en lo próximos tiempos, las políticas sociales son urgentes, sobre todo en un contexto regional donde América Latina es una región frágil, con la mayor deuda del mundo y desgarrada por la desigualdad social.

Sea cual sea el resultado inmediato de la crisis que enfrenta Ecuador, este gobierno o el que le suceda deberá hacer frente a esta situación límite generando diálogo y consenso entre los actores sociales y evitando que una espiral de violencia represiva suma al país, irremediablemente, en el caos y la destrucción.