Ecuador está paralizado después de casi tres semanas de tumultuosas protestas fruto de una crisis social que ha tenido como catalizador la importante subida en los precios de los combustibles y de los alimentos, causada por un déficit en la gestión política sumado a la presión inflacionista general que azota América Latina y el mundo.
Las medidas de austeridad que tomó el gobierno conservador de Guillermo Lasso en su primer año de mandato incluyen subidas de impuestos y recortes en las subvenciones a los combustibles como parte de un acuerdo de 6.500 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI). A esto se han sumado las consecuencias económicas de la pandemia de Covid-19 y la espiral inflacionista que impacta especialmente sobre el precio de los combustibles, el aceite de cocina, el pan y los fertilizantes.
Empezando el 13 de junio, decenas de campesinos y trabajadores rurales descendieron de las laderas de los Andes y emergieron de las regiones amazónicas, creando bloqueos en las carreteras de todo el país y marchando en las ciudades provinciales, antes de converger en la capital. Con un efecto bola de nieve, en las ciudades se unieron a ellos trabajadores y estudiantes que también se enfrentan a la alta presión económica que vive el país. Desde el 21 de junio, Quito, la capital del país, está paralizada por los manifestantes, que bloquearon varias vías clave cerca del centro de la ciudad, y donde tienen lugar enfrentamientos continuos con los cuerpos antidisturbios de la policía, que se extienden a otros lugares de Ecuador.
