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El Poder Judicial en Argentina: una familia muy grande

En Latinoamérica, cada vez que generales y comandantes realizaban un golpe de estado, destituían primero al Poder Ejecutivo y después cerraban el Legislativo. Pero casí nunca tocaban al Poder Judicial. Publicado previamente en openDemocracy. English.

Fabián Rodríguez
3 March 2015
Demonstration in Buenos Aires, February, 2015.

Demonstration in Buenos Aires, February, 2015. Osvaldo Fantón, Télam. All rights reserved. En aquellos países latinoamericanos que durante el siglo XX sufrieron de manera frecuente la interrupción del orden democrático y el deterioro de sus instituciones, el Poder Judicial siempre tuvo un rol, como mínimo, de colaboracionismo con aquellos sectores conservadores y autoritarios que usurparon el poder por la fuerza.

Cada vez que generales y comandantes realizaban un Golpe de Estado, destituían primero al Poder Ejecutivo, cerraban el Legislativo después, pero mantenían intocable al Judicial. 

La Argentina es uno de esos países, y mientras que después de más de 31 años de democracia se produjo la renovación y depuración de distintas instituciones, que van desde los Partidos Políticos hasta las Fuerzas Armadas, en el Poder Judicial eso ocurrió a medias, y muchos de los jueces que hoy se encuentran en funciones fueron fiscales o funcionarios judiciales de alto rango en los años de la represión ilegal. 

Los jueces Luis María Cabral y Ricardo Recondo, quienes desde hace una década se alternan en la presidencia de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional (el ámbito gremial en el que se agrupan muchos de los funcionarios del Poder Judicial), representan el paradigma de esta relación, aunque hay muchos más. 

Otros, en tanto, que por una cuestión generacional no tuvieron relación directa con los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983, son familiares, vecinos o comparten ámbitos sociales con aquellos que sí fueron partícipes del Terrorismo de Estado, dado que tienen el mismo origen de clase.

Este es el caso del fiscal general Ricardo Sáenz, férreo defensor de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que buscaban asegurar la impunidad de los genocidas y que fueron anuladas por impulso del ex presidente Néstor Kirchner al comienzo de su mandato, en 2004.

Sobre este punto, la presidenta Cristina Fernández, esposa y sucesora de Néstor Kirchner, afirmó la semana pasada que muchos de los sectores que históricamente han enfrentado a su gobierno "no le perdonan" haber anulado esas leyes, y los indultos que servían para mantener impunes a los asesinos. 

En Argentina, la llamada "familia" Judicial, una casta formada por generaciones de magistrados que comparten apellidos, mantiene una serie de privilegios que resultan intolerables en cualquier sociedad democrática moderna, como por ejemplo el hecho de no estar obligados a presentar su declaración jurada patrimonial o la exención del pago de algunos impuestos que sí pagan el resto de los ciudadanos comunes.

Por supuesto, como se trata de un ámbito cerrado, el ingreso laboral a la carrera judicial no se realiza por concursos abiertos, sino que se accede por medio de familiares o amigos.

En 2013, Cristina Fernández envió al Congreso nacional un paquete de leyes que tenían como objetivo democratizar al Poder Judicial, impulsar la transparencia de sus actos y dotar de mayor legitimidad a su tarea. A partir de ese momento, la reacción de buena parte del Poder Judicial en contra del gobierno se volvió ostensible y violenta. 

A los fallos judiciales que habían trabado otras iniciativas presidenciales refrendadas por el Congreso, ahora se sumó un embate judicial contra los propios funcionarios. De repente, jueces y fiscales cuyo desempeño había sido muy cuestionado en los últimos años, decidieron activar denuncias -algunas de ellas anónimas- en perjuicio de la propia Cristina Fernández y de varios dirigentes del kirchnerismo. Desde ya, las leyes para democratizar al Poder Judicial que envió la Presidenta y votó el Congreso también fueron bloqueadas por los jueces hostiles al gobierno. 

Así como la discusión de la ley que buscaba evitar la concentración de los medios de comunicación puso en el centro del debate público el rol de los propietarios de las empresas  periodísticas, la discusión en torno al Poder Judicial obligó a muchos jueces y fiscales, en general cultores del bajo perfil, a tener que mostrarse para salir a explicar su oposición a las leyes que pretendían democratizar el ámbito en el que se desempeñaban. 

Esa mixtura entre la cohesión interna para desafiar a un gobierno democrático y la aparición pública de una corporación que durante décadas actuó en las sombras, es lo que se galvanizó la semana pasada con la irrupción en la escena política de una movilización que salió a la calle para "homenajear" al fiscal Alberto Nisman [1], fallecido en circunstancias que la Justicia aún no pudo aclarar.

Durante el siglo XX, en Argentina se llamó "Partido Militar" a la coalición formada por sectores de las clases dominantes y las Fuerzas Armadas que se dedicó a derrocar a casi la totalidad de los gobiernos elegidos mediante el voto popular.

Desarticulado por el repudio popular generado a partir de los crímenes cometidos durante la época de la guerra sucia y sepultado luego del juicio y  la condena a los principales responsables del genocidio de 30.000 personas, el "Partido Militar" dejó de existir.

Ahora, los sectores agroexportadores, el empresariado concentrado, el poder financiero y los grandes grupos mediáticos, encontraron en el "Partido Judicial" un nuevo ariete para desestabilizar a un gobierno que no han podido derrotar en las urnas.


[1] Alberto Nisman era el fiscal que investigaba el atentado terrorista a la sede de la mutual judía de Buenos Aires ocurrido en 1994. Al mando de una investigación muy cuestionada por los grupos de víctimas del atentado y sin resultados positivos para mostrar en los últimos  años, el fiscal se encontraba enemistado con el gobierno que le había proporcionado cuantiosos recursos para llevar adelante las pesquisas, y paradójicamente también estaba enfrentado con muchos de los colegas suyos que ahora dicen reivindicarlo.

 

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