Aunque el proyecto de ley 191/2020, propuesto por el presidente para liberar la exploración minera dentro de los territorios, todavía se está tramitando en el Congreso, en la práctica es como si ya estuviera en vigor, dice el líder de Munduruku: "El proyecto de ley ni siquiera está aprobado, pero los invasores ya están allí, con enormes máquinas, pistas y aviones clandestinos".
"Esto nos trae mucho sufrimiento. Han acabado con los ríos, los arroyos, es sólo barro. Ya no hay peces, y cuando los hay, están contaminados por el mercurio. Hay familias indígenas que compran agua, esto ocurre dentro de la Amazonía", añadió.
La escalada de violencia se traduce no sólo en la destrucción del entorno natural, sino también de quienes viven y cubren la región. En julio, la atención mundial se centró en el asesinato del activista indígena Bruno Araújo y del periodista británico Dom Phillips.
Pero este crimen no es una excepción en Brasil, que ocupa el cuarto lugar entre los países que más activistas medioambientales matan, según una encuesta de Global Witness. La organización contabiliza 317 muertes en la última década, una cifra subestimada.
"No nos cansamos de pedir justicia para los que lucharon por defender las políticas ambientales del país", dijo Auricelia Arapiun, una de las líderes de las comunidades ribereñas en las orillas de los ríos Tapajós y Arapiuns. "Ha habido muchas muertes, no sólo la de ellos [Bruno y Dom], sino que son un símbolo de la gravedad de la situación que vivimos hoy en la Amazonía".
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