Pedro Sánchez en congreso de PSOE en 2017. Wikimedia Commons. Todos los derechos reservados.

Ocho meses ha durado el gobierno del socialista Pedro Sánchez. El gobierno más feminista de la historia española (10 ministras y 6 ministros) fue también el más corto de la democracia desde su restablecimiento, marcado por la aprobación en 1978 de una nueva constitución, tras 40 años de dictadura bajo el general Franco.

Y ha sido precisamente la crisis constitucional, abierta por el secesionismo en Cataluña, la que se ha llevado por delante a este gobierno, que nació casi por dejación de funciones del anterior presidente, Mariano Rajoy, líder del Partido Popular (PP).

El gobierno minoritario de Rajoy, que contaba con 134 escaños y el apoyo de los liberales de Ciudadanos (32 escaños) cayó inesperadamente, tras una moción de censura organizada por el socialista Pedro Sánchez, un líder de la oposición muy debilitado, que contaba con tan sólo 84 escaños en un parlamento de 350.

Y es que en Mayo de 2018, el PP, acosado por una larguísima lista de casos de corrupción y financiación ilegal, fue sentenciado por un tribunal como epicentro de una enorme trama corrupta. La sentencia hizo que la continuidad del gobierno fuese inviable. La moción de censura era así inevitable, pero Sánchez planteó que la salida a la crisis provocada por la sentencia era la dimisión de Mariano Rajoy y el nombramiento de un nuevo representante del PP al frente del gobierno.

Un gobierno inesperado

La negativa de Rajoy a dimitir propició que toda la oposición se uniera circunstancialmente para echarlo. Se organizó una heterodoxa mayoría, que incluía a Podemos, el partido de las nuevas izquierda (con 67 diputados) y a un grupo de diputados de las minorías nacionalistas vascas y catalanas, lo que hizo que la moción triunfara.

Nombrado presidente por sorpresa, Pedro Sánchez, consciente de su debilidad absoluta, planteó un gobierno en minoría. Sabía que tenía poco tiempo, y decidió no perderlo. Decidió, entre otras medidas, intentar revertir los aspectos más antisociales de los gobiernos anteriores y abrir un diálogo con los partidos independentistas catalanes, buscando una salida al bloqueo político existente, propiciado por el fracaso del gobierno anterior.

Pero la cuestión catalana llegaba muy envenenada. La negociación de acuerdos para gobernar, y sobre todo para aprobar la ley fundamental de presupuestos, ha marcado buena parte de su corto gobierno. A pesar del apoyo de Podemos, al final esa ley resultó inviable, gracias a que los partidos nacionalistas catalanes se unieron a sus archienemigos, los nacionalistas españoles del PP y Ciudadanos, para derrotarla.

Pedro Sánchez reabrió la comisión bilateral gobierno-Generalitat (gobierno atuonómico catalán), propuso inversiones sustantivas en el territorio largamente congeladas, se reunió con el presidente de la Generalitat, propició una "mesa de partidos" en Cataluña, incluso llevó a Barcelona una reunión del consejo de ministros, en un gesto de compromiso con la región. Todo fue inútil. La exigencia sí o sí del reconocimiento a la autodeterminación y de "relator” en la mesa de diálogo catalana resultó insostenible para el gobierno español. 

España ha pasado, en pocos años, de un sistema de bipartidismo imperfecto, a un sistema mucho más fragmentado y, por lo tanto, mucho más inestable.

Así, el gobierno de Sánchez, rota su precaria mayoría en el Congreso, se ha visto obligado a convocar nuevas elecciones, esta vez para el próximo 28 de Abril, a un mes escaso de las elecciones municipales, autonómicas (salvo en algunas regiones) y al parlamento Europeo, previstas para el 26 de Mayo.

Crisis, fragmentación, inestabilidad

Las del 28 de Abril serán las terceras elecciones generales en España en los últimos 4 años, y esto es prueba de la inestabilidad reinante en el sistema político. España ha pasado, en pocos años, de un sistema de bipartidismo imperfecto (dos grandes partidos, a derecha e izquierda, PP y PSOE) alternándose en el gobierno, a un sistema mucho más fragmentado y, por lo tanto, mucho más inestable.

Tradicionalmente, los gobiernos han gobernado o bien con mayoría absoluta o bien apoyándose, en las legislaturas en que no la alcanzaron, en los diputados nacionalistas vascos y catalanes, conservadores y generalmente pragmáticos. Éstos actuaban de “kingmakers” a cambio de condiciones ventajosas para sus respectivas comunidades, donde invertían en "nation building".

Esta hegemonía de los dos grandes partidos a nivel nacional se vio rota por el surgimiento de dos nuevos partidos, a la izquierda Podemos y al centro derecha Ciudadanos, que irrumpieron con fuerza en el Congreso en 2015 con 42 y 40 diputados respectivamente. Surgieron, en buena parte, como consecuencia de la deficiente gestión política de la gran recesión iniciada en el 2008 y la crisis social subsiguiente, y del desgaste de los partidos del establishment.

Pero en paralelo al surgimiento con fuerza de estos dos nuevos partidos, en Cataluña la situación política se deterioró muchísimo fruto de la radicalización de los nacionalistas de derechas, acuciados por la situación de tensión social que produjo la crisis, y por la amenaza de perder su hegemonía frente a sus competidores ”republicanos”, estos sí abiertamente independentistas.

Desastre en Cataluña

Esta deriva radical del nacionalismo catalán, con abiertos rasgos populistas, hizo saltar por los aires el consenso constitucional con la demanda, cada vez más exigente, de un referéndum para conseguir la independencia del territorio, algo explícitamente no contemplado por la constitución española (votada amplísimamente también por los catalanes).

Las consecuencias de la tensión territorial tan mal gestionada han sido desastrosas, han dividido la sociedad catalana y han radicalizado a la española. 

Aunque tampoco las constituciones de ningún Estado contemplan la secesión de uno de sus territorios, los nacionalistas catalanes hicieron de esta condición y de su auto-atribuido derecho a la autodeterminación (no contemplado por el derecho internacional más allá de los casos de descolonización de territorios) una condición irrenunciable, aún a sabiendas de que el Estado español no lo aceptaría en ningún caso. Muchos en el campo nacionalista argumentan que esto no era más que una medida de presión para conseguir mayores concesiones a la autonomía del territorio, pero que el argumento fue demasiado lejos y atravesó una linea de no retorno.

Así, a caballo de su radicalización populista, y con masivas demostraciones en las calles lideradas por el gobierno catalán, la televisión pública autonómica y la sociedad civil afín, el nacionalismo decidió unilateralmente llevar la cuestión del referéndum hasta sus últimas consecuencias.

El gobierno de Mariano Rajoy, ensimismado en la salida de la crisis económica y enrocado en su visión judicial del asunto, no anticipó la dimensión catastrófica que la situación encerraba y no supo gestionar el órdago independentista políticamente, y los nacionalistas catalanes acabaron celebrando -creando para la ocasión una legalidad paralela que rompía con la constitución- su referéndum el 1 de Octubre del 2017.

Y aunque se celebró fuera de la ley y sin garantías democráticas - y pese a las reiteradas advertencias del gobierno y requerimientos del Tribunal Constitucional -, el resultado animó a la subsiguiente declaración de independencia (aunque al final no se hiciera efectiva) y el gobierno acabó interviniendo la autonomía aplicando el artículo de la constitución previsto para ello.

Las consecuencias de esta tensión territorial tan mal gestionada han sido desastrosas para todos: han fracturado a la sociedad catalana y han radicalizado a la española. La represión policial de las votaciones populares fue un error gravísimo, al caer en la trampa que los nacionalistas habían plantado cuando buscaron la foto de la policía utilizando la fuerza antidisturbios para impedir la votación, consiguiendo así una imagen internacional devastadora para la democracia española.

La denuncia y posterior encarcelamiento -considerado abusivo por muchos- de los líderes nacionalistas (salvo unos cuantos, que huyeron de la justicia camino del “exilio”) ha llevado a la situación actual. Asistimos al lamentable espectáculo de un juicio por un delito de rebelión que, a pesar de la quiebra evidente de la legalidad, no parece que realmente existió. Aunque probablemente sí existieron otros delitos (malversación, desobediencia), la acusación por rebelión y las altas penas que conlleva es percibida como una “venganza” del Estado, y echa más gasolina al fuego emocional del nacionalismo populista, siempre alimentado por el agravio y la victimización.

Desestabilización

En parte como reacción nacionalista española a esta crisis planteada por la Cataluña independentista, en parte por razones de fondo, el PP sufre también, como otras derechas en Europa y en el mundo, un proceso de radicalización populista. Esto hace que se fragmente y derive hacia la ultraderecha, cuando ve surgir con mucha fuerza VOX, un partido hasta entonces muy minoritario.

Así, el panorama en España presenta mucha inestabilidad, a la que se añade la práctica imposibilidad de pactar con unos nacionalistas radicalizados, que tienen su propia agenda.

Las recientes elecciones regionales en la región de Andalucía han conformado una mayoría alternativa a la izquierda, formada por una coalición entre PP y Ciudadanos, que se apoya para gobernar en los 400.000 votos que obtuvo VOX, y que parece que anticipa lo que puede ocurrir en España a partir del 28 de Abril: un gobierno de "las tres derechas".

En pocos años habrán pasado en España de un sistema de bipartidismo imperfecto pero estable, apoyado por nacionalistas conservadores moderados, a un sistema de cinco partidos, con uno jalando hacia la extrema derecha y con otros nacional populistas periféricos, instalados en la radicalidad, el enfrentamiento y la descalificación.

Así, el panorama en España presenta mucha inestabilidad, a la que se añade la casi imposibilidad de pactar con unos nacionalistas radicalizados, que tienen su propia agenda.

Quienquiera que salga vencedor de las elecciones de Abril (y el resultado es ahora mismo impredecible), tendrá que enfrentarse a unas fuertes tensiones provocadas por la apuesta permanente del “Catexit” para la quebrar el país y a la reacción autoritaria de la extrema derecha.

Una reacción ultraderechista ante la amenaza -hoy cierta- de ruptura del Estado, que se aprovecha de manera ventajista de la situación de bloqueo para crear una situación muy peligrosa para España y, en consecuencia, para la Unión Europea, cuya desestabilización interna (desde el Brexit a Mateo Salvin,i pasando por Victor Orbán) provoca el delirio de Steve Bannon, el regocijo de los halcones de la Casa Blanca... y la secreta satisfacción del Kremlin.