El Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en el centro, abraza al dirigente venezolano Diosdado Cabello ante la mirada de la primera dama, Rosario Murillo, durante una celebración de la Revolución Sandinista en Managua, Julio 2013 (PA/Esteban Felix) En Nicaragua, el comienzo de 2016 ha sido muy duro para la democracia.
El 27 de enero, un informe de la ONG de libertades civiles Freedom House señaló enfáticamente a la “supremacía política e institucional del partido sandinista gobernante” como la “principal amenaza del país para la democracia”. Daniel Ortega, líder de del partido socialista desde la década de 1980 y presidente de Nicaragua desde el 2006 no debe haber apreciado las acusaciones relativas a una “íntima relación entre las élites políticas y las iniciativas económicas” y a una “intolerancia a las discrepancias”. Tan sólo una semana después, el director regional de Freedom House fue detenido por la noche en el aeropuerto de Managua, y expulsado a la mañana siguiente. La explicación oficial fue “razones administrativas”.
El 12 de febrero, el gobierno amonestó al Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP) por su “interferencia política… una agenda oculta… [y] una campaña continua para desacreditar el trabajo del gobierno”, en una mordaz carta en la que se explicaba la decisión de terminar con los generosos programas de ayuda a Nicaragua. El PNUD rechazó las llamadas “afirmaciones no sustanciales”; grupos de la sociedad civil y líderes de la oposición condenaron rotundamente la carta como otro intento de Ortega para controlar y centralizar.
