Madeleine Penman, investigadora de Amnistía Internacional; Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía; Byron Arellano, hijo de un sobreviviente de la tortura. Ciudad de México. 28 de junio de 2016. Imágenes/ AP Rebecca Blackwell

DemocraciaAbierta: Gracias, Erika, por aceptar nuestra invitación. Para iniciar nuestra conversación, quisiéramos poner la situación de América Latina en contexto: ¿Cuáles te parece que han sido los avances y los retos principales de la región en relación a los derechos humanos?

Erika Guevara: Yo empezaría con los avances. Sin duda alguna la región de las Américas ha pasado por una fase de consolidación de sus jóvenes democracias. Hoy día vivimos en una región que afortunadamente está dando fin a su último conflicto armado, el de Colombia. Es una región que ha crecido en términos de índices en sus economías, se ha consolidado en su relación con diversos mercados y se han establecido alianzas internacionales. Pero  lamentablemente también vivimos un retroceso en materia de derechos humanos. La región consolidó su sistema interamericano de protección de derechos humanos, precisamente como un pilar fundamental en la creación de estas jóvenes democracias. Ese sistema hoy se ve maltratado por los propios Estados, que se han vuelto más intolerantes a las críticas y, en particular, a las críticas relacionadas con los derechos humanos. 

La región de América Latina (AL) y el Caribe está llena de contradicciones. Por un lado tenemos la región más desigual y también la más violenta de todo el mundo. Es la región con mayor número de muertes violentas, como consecuencia de la posesión de armas. Es una región que, si bien ha tenido un avance en sus economías – con índices positivos –, lamentablemente no ha logrado reducir las grandes desigualdades entre ricos y pobres. Tenemos un país como México, que tiene la persona más rica del mundo, pero también la persona más pobre viviendo en algunas de las comunidades rurales e indígenas, que se encuentran totalmente marginalizadas. Y así a lo largo de toda la región… países como Brasil tienen unos índices de desigualdad tremendos. Y esta desigualdad no es solo una desigualdad económica: también se traduce en una desigualdad social y una desigualdad en el acceso a la justicia. Y de ahí que el contraste sea tan agresivo y violento, porque estamos hablando de la violación de los derechos humanos de las mayorías… una violación que termina siendo una política pública, una política de Estado. Esto tiene como consecuencia la falta de justicia y una justicia parcializada, que trabaja en beneficio de algunos intereses económicos predominantes.

En los últimos cinco años – con el gran avance de poderes económicos que buscan consolidarse, y con ello me refiero también al crimen organizado – la lucha por el fortalecimiento del Estado de Derecho se ha debilitado, y ello ha permitido que el crimen organizado avance, y que haya tomado el control de territorios en varias áreas de la región. Y también significa que las corporaciones internacionales terminan ocupando el espacio vacío del Estado. Y así comienzan a cometer abusos de los derechos humanos.

Entonces, en términos generales, y aun considerando las diferencias de cada sub-región y país, lamentablemente estos son los desafíos comunes que enfrenta la región: un sistema de justicia parcializado, utilizado por los poderes políticos y económicos que protegen a unos pocos; un Estado que ha comprometido principios e ideales a favor de los intereses económicos particulares frente al interés general de las mayorías y, además, una herencia de impunidad y corrupción que sigue ensombreciendo todas las posibilidades de realización de los derechos humanos.

DA: En este contexto, preocupa la relación entre desigualdad, violencia y seguridad. A partir de aquí, se debilita el Estado. Entonces, hablando de Amnistía Internacional (Amnistía) y su distinción por su capacidad de hacer campañas y sensibilizar… ¿Cómo anda AI en la cuestión de la incidencia política? ¿Cuál es la estrategia para que las campañas se conviertan en acciones?

EG: Lo que se conoce de Amnistía es que documenta violaciones de derechos humanos a través de nuestras investigaciones y que formula acciones a través de las campañas. Tradicionalmente, Amnistía venía trabajando como un movimiento internacional que enfocaba esfuerzos de movilización de su membrecía en países fuera del país donde se cometían las violaciones de los derechos humanos, de modo que se ejercía presión desde fuera. Y principalmente se ejercían acciones de incidencia en países europeos y Estados Unidos… en países del Norte, porque tenían y tienen intereses políticos y económicos importantes. Entonces, creíamos que esa fuerza de presión externa generaba ciertos cambios en el interior de los países afectados. Es cierto que esto todavía es útil. Pero también es cierto que hoy día la incidencia tiene que venir desde las bases. Es el poder popular el que realmente puede lograr cambios.

Esto lo hemos visto en países como Guatemala, e incluso en Colombia –donde se preparan para llevar a cabo un referendo sobre la paz-: es el poder del pueblo el que decidirá, a final de cuentas. Y es ahí donde está la apuesta de Amnistía: por eso hemos desconcentrado el Secretariado Internacional, basado históricamente en Londres, y el poder de toma de decisiones hacia las regiones. Nuestro propósito es aumentar el poder político que tenemos a través de la membresía y el activismo en el Sur Global. Lo cierto es que los estados de AL y el Caribe no ven el costo político de no respetar los DDHH. Es decir, violentan los DDHH, corrompen las instituciones que protegen los DDHH y hay una total impunidad ante la violación de los DDHH… y sin embargo no pasa nada. Esto es debido a que el coste político no se ha elevado por parte de la población. La gente sigue votando a líderes que forman parte de este contexto de impunidad y corrupción. Entonces, la apuesta tiene que ser en la movilización y la concientización de las personas.

Estamos en un contexto bastante adverso en términos de incidencia con los Estados. Por ejemplo, nuestro sistema interamericano de DDHH se encuentra en una situación crítica a nivel financiero y político. La Comision Interamericana de DDHH ha sido el estandarte de defensa y promoción de los DDHH y representación de víctimas que no encuentran justicia en sus propios países. Pero parece que hoy día los estados juegan una especie de venganza en contra del sistema, no solo cortando el apoyo financiero a la organización, sino también a través del control político. Y esto es otro ejemplo claro de lo que sucede hoy cuando te movilizas y organizas en contra de estados que corrompen y violentan instituciones. Los estados reaccionan debilitando a las instituciones de defensa de los derechos humanos, intentando controlarlas en vez de fortalecer su independencia política y financiera.

El nivel de intolerancia, por ejemplo, en México, ha sido precisamente negar la existencia de la grave crisis de derechos humanos. A pesar de que hay cifras trágicas – como por ejemplo 28.000 personas desaparecidas, 170.000 que han perdido la vida en el contexto de guerra contra el narcotráfico, y miles y miles que se encuentran desplazadas forzosamente de sus hogares como resultado de la violencia, así como el documentado uso de la tortura generalizada; el Estado niega esa crisis y además se muestra totalmente intolerante ante las críticas constructivas hechas por la sociedad civil mexicana y cualquier organización internacional, inclusive de los propios mecanismos de Naciones Unidas. Frente a esta intolerancia, lo que queda es la apuesta por la movilización popular: que la gente sea la que exija el coste político frente a las atrocidades que se comenten.

DA: Es lo hemos estado viendo en varias circunstancias en la región. Lo de la Corte Interamericana de DDHH es dramático. La financiación es mínina sin embargo hay una selección de temas específicos y/o no pagan la cuota. El desprestigio de las instituciones de gobernanza y protección de los DDHH preocupa fuertemente. Yendo a la cuestión de la movilización: por un lado, vemos la impunidad de los violadores de los DDHH (asesinatos de periodistas en México, de activistas medioambientalistas en Centro América,  como en el caso de Berta Cáceres). En este contexto, la cuestión clave parece estar en cómo convertir las protestas en movimientos capaces de incidir políticamente. ¿Cómo lo ve esto AI, en su capacidad de movilización?

EG: Ese es el gran desafío para AI y otras organizaciones como la nuestra. La crisis institucional que atraviesa AL y el Caribe –más allá de que es una crisis global- no solo golpea a las instituciones del Estado, sino también a las organizaciones de la sociedad civil organizada que por muchos años también hemos contribuido a que este sistema se vaya fragmentando. En particular, porque la gente no ve resultados inmediatos derivados de las acciones que hacemos. Y ahí la importancia de apostar a la movilización y a la alianza con otros movimientos sociales y de DDHH, sobre todo los de la base, los que están en la línea de fuego protegiendo y promoviendo los derechos de todas y todos, con todo el riego que conlleva.

Sin duda, el contexto es adverso para los que ejercen la protección de los DDHH, y especialmente aquellos que representan a comunidades marginalizadas y que históricamente han visto vulnerados en sus DDHH, como las comunidades indígenas, rurales y movimientos sociales que, por ejemplo, se enfrentan al avance de empresas transnacionales, particularmente las extractivas, que no solo los despojan de sus tierras sino que también de la posibilidad de acceder a recursos naturales, y esto con total impunidad. En ese sentido, la poca concienciación social que existe, y la normalización de la violencia –por el ejemplo en el caso del asesinato de Berta Cáceres – es alarmante. Parte de la tragedia de la muerte de Berta es la normalización de la violencia en Honduras. El número de asesinatos por el control de los territorios, de la tierra y los recursos naturales es algo que va en aumento. Y parece que no tiene punto final. Pero, lamentablemente se normaliza y justifica esa violencia. Y la situación de los medios de comunicación, muchas veces controlados por el Estado, está complicando la situación de los que están defendiendo los DDHH.

DA: Entonces, ¿esto significa que AI está realizando alianzas con movimientos sociales con el propósito de influir… y que no sea solo la membresía de AI la que esté trabajando, sino también la membresía trabajando con otros?

EG: Efectivamente. Amnistía siempre ha trabajado con otras organizaciones, con parcerías, en colaboración. Pero hoy día apostamos por conjugar esfuerzos, mientras nuestra membresía también crece en el Sur Global. Amnistía es un movimiento de 7 millones de personas que alrededor del mundo apoyan nuestro trabajo, ya sea financieramente o con sus acciones, pero la gran mayoría de ese grupo de miembros está todavía en el Norte Global. En la medida en que nosotros podamos aumentar ese poder político en el Sur podemos convertimos en una plataforma para los que se organizan espontáneamente para una manifestación puntual, pero que no encuentran un camino alternativo para que esa manifestación se convierta en acciones que generen cambios basados en el poder de los pueblos.

DA: Otro tema que preocupa en la región –además de la represión de la protesta social – es la militarización de la policía, el incremento de la violencia institucional y gubernamental. ¿Cuál es la estrategia de AI en este sentido?

EG: Sin duda. Yo creo que el tema de la militarización es uno de los ejes centrales de esta impunidad frente a las violaciones de los DDHH. Los Estados han apostado a una respuesta militarizada a los problemas sociales –y esto pasa de Norte a Sur y de Sur a Norte: no se escapan los países del Norte del continente, como los Estados Unidos. Esa respuesta militarizada a la acción social, sin duda alguna ha generado un aumento de las violaciones a los DDHH, en un contexto donde los estados justifican el accionar militar precisamente en respuesta a la creciente influencia del crimen organizado. Sin embargo, lo único que generan con esto es que se sigan violentando los DDHH y no se atiendan de raíz los problemas que genera la violencia.

Entonces tenemos situaciones como el caso de la tortura, donde suponíamos que habíamos hecho un avance significativo en la normatividad y también en la puesta en práctica de las leyes para su prevención y erradicación. Sin embargo, hoy día, nos encontramos con que el fenómeno de la tortura, no solo continúa sino que va en aumento. Este es el caso de México, que sin duda alguna ha sido uno de los casos más emblemáticos… pero sucede en toda la región. Si escuchas los casos de tortura y violación de DDHH que documentamos en la región, son tan similares que pareciera ser una tendencia generalizada. Éste es el caso de Venezuela: en el contexto de manifestaciones, tanto a favor como en contra del gobierno, se da una respuesta militarizada y luego una serie de casos de tortura en circunstancias muy similares. Eso pone de relieve que no importa el tinte o color político de los gobiernos sino que, lamentablemente, las respuestas siguen siendo significativamente comunes y basadas en la violación de DDHH.

Apostamos por la documentación de estos problemas, pero también por ir investigando soluciones. Cómo se puede ir avanzando en proponer recomendaciones que vayan más allá del fortalecimiento institucional y legislativo, porque para leyes e instituciones, nos sobran en toda la región. La cuestión está en cómo pones cambios en práctica, cómo generas condiciones de participación ciudadana para el monitoreo de estas realidades y para controlar directamente la aplicación de estas normas y la forma de operar de estas instituciones.

DA: En términos de “agenda setting”, en la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos,  pero también sobre la violencia y acoso sexual, incluyendo en el servicio público, hemos visto que ha habido una presión evidente para colocar este tema en la agenda. ¿Es este un tema que se ven realmente avances? ¿O es una burbuja de noticias, pero no se traduce en verdaderos avances?

EG: Yo creo que el tema de derechos sexuales y reproductivos es otra de las grandes contradicciones de la región. Por un lado, vemos avances legislativos e instituciones en materia de protección de DDHH de las mujeres y de comunidades lésbica, gay, bisexual y transexual, pero ello no se ha traducido en un cambio de vida significativo de estas comunidades cuyos derechos han sido tradicionalmente vulnerados. Es el caso de los DDHH sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas en el continente: somos la región que tiene el mayor número de países con prohibición total del aborto. Y no solo eso, sino también países que llevan a las mujeres a la cárcel inclusive con la sospecha de que una mujer se ha practicado un aborto, cuando en realidad enfrentan emergencias obstétricas que requieren atención inmediata. Es el caso de El Salvador, por ejemplo, donde las mujeres no solo son acusadas de aborto sino también de homicidio agravado, de modo que puedan recibir la peor pena de hasta cincuenta años de prisión… como si fuera una sanción ejemplar para cualquier mujer que quiera ejercer una decisión autónoma sobre su propio cuerpo.

En el Caso de las comunidades LGTB, lamentablemente, el avance legislativo e institucional, como en algunos países donde se reconoce el matrimonio igualitario, no se ha traducido necesariamente en la protección de la vida de estas personas. Aún sigue existiendo un alto índice de crímenes de odio, asesinatos, una persecución atroz en contra de los activistas de las comunidades LGTB, en países como Honduras, por ejemplo, donde el número de homicidios va aumentando. Existen avances normativos e instituciones de protección, pero continuamos con una cultura sumamente machista y patriarcal, con una influencia religiosa que sigue teniendo una retórica de odio. Seguimos escuchando, en varios países de la región, expresiones de discriminación que no son perseguidas por el Estado… la propia jerarquía de la Iglesia Católica sigue diciendo que la comunidad LGTB son pecadores o enfermos mentales… y no hay quién pueda contener este tipo de expresiones, que solo generan odio.

DA: Una última pregunta: ¿cuál sería el asunto más determinante, el  asunto “flagship”, capaz de provocar un cambio? ¿Existe una prioridad,  o continúa siendo un puzle de varios elementos?

EG: Las respuestas tienen que ser integrales, diversas, multifacéticas. Por un lado apostamos a nuevas estrategias –como por ejemplo el uso de la tecnología e innovaciones para proteger y defender los DDHH– pero también volver a las viejas estrategias de movilización y organización comunitaria, sobre todo. La apuesta es generar mecanismos de protección a las defensoras y defensores de DDHH, que al fin de cuentas son quienes se encuentran en el frente de batalla, poniendo en riesgo sus vidas. Estos defensores apuestan por proteger diversos DDHH y también luchan por la justicia social…  incluyendo la lucha contra las desigualdades económicas y a favor del acceso a la justicia. Entonces, el foco es generar condiciones de protección de los defensores y defensoras, hacer que los estados rindan cuentas sobre cómo están protegiendo a los defensores y defensoras para que puedan hacer su labor, sin tener que jugarse la vida con ello. Pero, repito que las estrategias deben ser multidimensionales, porque los retos también lo son.