Soldados del ejército mexicano patrullan cerca del lugar del crimen tras una balacera en Tijuana, México, en Octubre 2008. (AP Photo / Cuillermo Arias)
A principios de este mes, la organización Open Society Foundations, publicó un informe sin precedentes, llamado “Innegables Atrocidades”, que acusa al gobierno mexicano de haber cometido crímenes de lesa humanidad durante la Guerra contra el Narcotráfico. El informe presenta evidencia compilada a lo largo de tres años por la Open Society Justice Initiative y cinco organizaciones mexicanas de derechos humanos. El reporte concluye que existen fundamentos razonables para creer que las fuerzas armadas del gobierno mexicano han cometido crímenes de lesa humanidad, incluyendo masacres, homicidios extrajudiciales y desapariciones forzadas. Publicado coincidiendo con el décimo aniversario del inicio de la Operación Michoacán, la ofensiva militarizada que oficialmente comenzó la Guerra contra el Narcotráfico en México, el informe es un oportuno recordatorio de los efectos devastadores del actual régimen prohibicionista en el país.
Enrique Peña Nieto, presidente de México, rechazó las conclusiones del informe a tan sólo un día de su publicación, a pesar de la evidencia indisputable que éste presenta, asegurando que México es un país comprometido con los derechos humanos. Pero para los miles de víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas del gobierno mexicano, los comentarios del Presidente resultan insultantes. En vez de rechazar las conclusiones del informe, México debería utilizar la evidencia presentada para reconsiderar las limitaciones del actual paradigma de drogas y comprometerse a políticas alternativas.
