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En vez de negar crímenes de lesa humanidad, México debe comprometerse a alternativas en políticas de drogas

Un informe de Open Society Foundations denuncia las atrocidades sistemáticas cometidas en México al amparo de la guerra contra las drogas. No reconocerlo dificulta acabar con este baño de sangre. English

Camila Ruiz Segovia
20 June 2016
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Soldados del ejército mexicano patrullan cerca del lugar del crimen tras una balacera en Tijuana, México, en Octubre 2008. (AP Photo / Cuillermo Arias)

A principios de este mes, la organización Open Society Foundations, publicó un informe sin precedentes, llamado “Innegables Atrocidades”, que acusa al gobierno mexicano de haber cometido crímenes de lesa humanidad durante la Guerra contra el Narcotráfico. El informe presenta evidencia compilada a lo largo de tres años por la Open Society Justice Initiative y cinco organizaciones mexicanas de derechos humanos. El reporte concluye que existen fundamentos razonables para creer que las fuerzas armadas del gobierno mexicano han cometido crímenes de lesa humanidad, incluyendo masacres, homicidios extrajudiciales y desapariciones forzadas. Publicado coincidiendo con el décimo aniversario del inicio de la Operación Michoacán, la ofensiva militarizada que oficialmente comenzó la Guerra contra el Narcotráfico en México, el informe es un oportuno recordatorio de los efectos devastadores del actual régimen prohibicionista en el país.

Enrique Peña Nieto, presidente de México, rechazó las conclusiones del informe a tan sólo un día de su publicación, a pesar de la evidencia indisputable que éste presenta, asegurando que México es un país comprometido con los derechos humanos. Pero para los miles de víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas del gobierno mexicano, los comentarios del Presidente resultan insultantes. En vez de rechazar las conclusiones del informe, México debería utilizar la evidencia presentada para reconsiderar las limitaciones del actual paradigma de drogas y comprometerse a políticas alternativas.

La llamada Guerra contra el Narcotráfico ha incrementado dramáticamente las violaciones a derechos humanos en México. Si bien el gobierno mexicano asegura que el crimen organizado es responsable por la ola de violencia que ha caracterizado la última década del panorama nacional, las violaciones por parte del Estado se han vuelto más difíciles de negar tras haber ocurrido hechos de la gravedad de los de Tlatlaya y Ayotzinapa. En junio de 2014, 22 civiles, supuestamente pertenecientes a un grupo criminal, fueron abatidos por miembros del ejército mexicano en el poblado de Tlatlaya. En septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron tras una confrontación con la policía municipal de Iguala. Como casos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, estas dos tragedias constituyen crímenes de lesa humanidad. Aunque Peña Nieto afirma que estos fueron casos excepcionales, múltiples evidencias recolectadas por diversas organizaciones y medios demuestran lo contrario.

En 2011, Human Rights Watch publicó un importante reporte concluyendo que las políticas de la Guerra contra el Narcotráfico han “resultado en un incremento dramático en violaciones de derechos humanos”. El mes pasado, The New York Times publicó un artículo que asegura que “el Ejército Mexicano asesina a ocho enemigos por cada uno que hiere”. El informe de Open Society Foundations es la más reciente pieza de evidencia que subraya la existencia de crímenes de Estado en México.

Sin embargo, el gobierno de Peña Nieto ha decidido mantener las políticas de militarización, pese a que existe una amplísima evidencia que corrobora el elevado costo humano de la Guerra contra el Narcotráfico. A una década de la implementación de estas políticas, México sigue sin explorar medidas alternativas para lidiar con el problema de tráfico de drogas en el país.

Irónicamente, Peña Nieto expresó interés por la reforma en materia de política de drogas durante la reciente Sesión Especial de las Naciones Unidas sobre Drogas (2016 UNGASS, por sus siglas en inglés). “Se debe enfocar el asunto mundial de las drogas desde la perspectiva de los derechos humanos... Este cambio de fondo implica modificar el enfoque eminentemente sancionador”, comentó el Presidente durante su discurso en las Naciones Unidas. Pero sin acciones, sus palabras carecen de valor alguno. Mientras continúe la Guerra contra el Narcotráfico, la posibilidad de que cuerpos del Estado cometan más crímenes no disminuye.

 La Guerra contra el Narcotráfico ha fracasado y ha costado la vida de decenas de miles de mexicanos. Peña Nieto ya ha reconocido las limitaciones del actual paradigma de drogas y ha presentado alternativas de política de drogas en la Sesión Especial de la Naciones Unidas sobre Drogas. Dada la larga lista de innegables atrocidades, es momento de que México se comprometa a dichas políticas.

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Este artículo apareció previamente en inglés en drugpolicy.org  

 

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