Local de la clausurada Radio Mandu'arä, en el este rural de Paraguay. Foto: Toby hill. Todos los derechos reservados.

Durante 14 años Juan Aveiro estuvo emitiendo desde Radio Mandu’arã para un grupo de comunidades de un lugar remoto del este de Paraguay. Aveiro y su equipo de periodistas voluntarios trabajaban desde un improvisado estudio pintado de rosa. En una de las paredes se puede ver un mural que muestra a los campesinos con los puños en alto y detrás una frase que reza “¡paz y justicia!”

Como muchas otras radios comunitarias de Paraguay, el contenido de Mandu’arã reflejaba los altibajos en la vida cotidiana de los campesinos locales.

En noviembre de 2015, ocho policías y seis funcionarios perpetraron una batida en el estudio de Mandu’arã. “Se lo llevaron todo”, afirma Aveiro.

Según Francisco Benítez de CODEHUPY (Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay), la experiencia de Mandu’arã forma parte de un patrón de represión que se repite a lo largo y ancho de Paraguay.

“El gobierno está llevando a cabo un proceso represivo con el único objetivo de erradicar voces de protesta alternativas”, afirma.

El gobierno de Paraguay está encabezado por el presidente Horacio Cartes, quien llegó al poder en 2013 al frente del Partido Colorado. Carlos Goncalvez, director del grupo de presión mediático DemInfo, explica por qué las radios comunitarias están en el punto de mira.

“Se trata de la participación en el proceso democrático,” afirma. “Las radios comunitarias dan voz a los ciudadanos rurales marginados. Para mejorar su situación, les ponen al corriente de sus derechos, de la política y de los movimientos populares activos en la región.”

Goncalvez cree que este último rol fue el que dio pie a las confiscaciones.

“El gobierno quiere silenciar a las organizaciones que luchan por la población rural pobre.”

Un concierto conmemorativo celebrado por las víctimas del general Stroessner en Asunción. Toby Hill. Todos los derechos reservados.

La distribución de tierra más desigual en toda América Latina

Esta lucha se centra en la propiedad de la tierra. Según un censo de 2008, un 1,6% de la población paraguaya controla el 80% de la tierra cultivable. Al mismo tiempo,  unas 300.000 familias campesinas no tienen acceso a la tierra. La consecuencia directa de esta situación es que un tercio de la población rural vive en condiciones de extrema pobreza.

Esta desigualdad es la herencia de los largos años de dictadura que sufrió el país. Durante los 35 años que estuvo en el poder, el general Stroessner torturó a sus oponentes en bañeras, los lanzó desde aviones, o los envolvió en alambre de espinos antes de lanzar sus cuerpos al Río Paraguay.

Como parte de las redes clientelistas a través de las cuales mantenía el poder, Stroessner dividió la tierra entre las élites políticas y militares del país. 10 millones de hectáreas (el 25% de toda la tierra de Paraguay) fueron regaladas o vendidas a precios irrisorios.

Aunque la democracia sustituyó a la dictadura de Alfredo Stroessner en 1989, la expansión del comercio agrario internacional ha apagado los ulteriores intentos de reclamar la tierra.

Como en el resto del sur americano, la gran culpable es la soja. Las gigantes multinacionales productoras de grano como Cargill, ADM y Bunge han arrasado con la franja del este de Paraguay. En la última década, tanto la tierra cultivada como las exportaciones del producto se han duplicado. Ahora mismo Paraguay es el cuarto mayor exportador de soja del mundo y su mayor mercado es la Unión Europea.

Aproximadamente la mitad de esta tierra estaba ocupaba anteriormente por pequeños agricultores y familias indígenas. Alrededor de 900.000 personas han emigrado desde las zonas rurales hacia la ciudad.

Luis Cubilla, economista de la asociación de comerciantes de soja CAPECO, argumenta que la soja “trae enormes flujos de riqueza al campo.” El éxodo de pequeños productores, añade, es parte de “una migración global del campo a la ciudad.”

Arantxa Guerena, autora de un estudio de Oxfam sobre la soja en Paraguay, nos ofrece un análisis alternativo: “Las personas tratan de dejar atrás las situaciones de extrema pobreza en la ciudad,” dice. “Es un proceso de expulsión. Las pequeñas comunidades rurales están rodeadas de plantaciones de soja. Los productos químicos destruyen sus cosechas y perjudican la salud de los residentes.”

El cultivo de la soja está altamente mecanizado; una plantación normal sólo necesita un trabajador por cada 480 hectáreas. La industria paga impuestos mínimos ya que, poco después de llegar al poder, Horacio Cartes vetó una propuesta que trataba de gravar las exportaciones de soja en un 10%.

Hay una clara falta de apoyo a los pequeños y medianos granjeros por parte del Estado.

“Los dejan desamparados,” dice Guerena. “Es una decisión política guiada por las presiones de la industria agraria que se quiere hacer con el control de la tierra.”

Esta presión funciona a través de las mismas relaciones que unen a los propietarios con los poderes ejecutivos y judiciales en toda América Latina. Este tipo de relaciones están particularmente arraigadas en Paraguay. Stroessner forjó una estrecha alianza con el Partido Colorado del presidente Cartes; muchos de sus miembros se beneficiaron de su generosidad con los terrenos públicos.

Cristino Benítez, residente de Arsenio Vázquez. Toby Hill. Todos los derechos reservados.

La resistencia

A pesar de las presiones para emigrar algunos paraguayos de las zonas rurales están determinados a quedarse y luchar para conseguir sus propias tierras. Llenar el vacío que ha dejado el Estado es exactamente a lo que se dedica el sindicato de trabajadores agrícolas Federación Nacional de Campesinos (FNC). Este sindicato se vale de acciones directas para conseguir sus objetivos.

Una de las comunidades que han nacido de este proceso es Arsenio Vázquez, un asentamiento situado en el departamento de Caaguazu. Unas 80 familias viven en una serie de pequeñas aldeas dispersas en 1000 hectáreas de tierra rojiza y verdes campos de cultivo. Antes de 2004 todo esto pertenecía a un único propietario.

Cristino Benítez, residente de la comunidad, cultiva yuca, maíz, cacahuetes y, cuando el tiempo acompaña, patatas y algodón.

“Entramos de noche y montamos nuestras tiendas,” dice describiendo cómo se ganaron la tierra. “Tres días después vino la policía. Rompieron los brazos de algunos residentes, nos atacaron con caballos, dispararon pelotas de goma y llenaron el aire de gas lacrimógeno.”

Mientras ellos trataban de mantenerse en su nuevo asentamiento, la FNC coordinó protestas y bloqueos por todo Paraguay. Después de tres semanas de tensión, el gobierno se rindió. El propietario de un solar colindante estuvo dispuesto a venderlo y el Estado lo compró para los nuevos habitantes.

Conmovido por la brutalidad de la experiencia, Benítez retomó la pasión que había abandonado cuando era adolescente. Compone canciones en la lengua indígena guaraní, documentando la lucha política, la brutalidad de la policía y las dificultades de la vida de los campesinos.

“Estoy demasiado cansado para luchar,” dice mientras desayuna mbeju, una densa tortita hecha de harina de yuca y maíz. “Mi lucha está en mis canciones.”

Una masacre misteriosa

De acuerdo con el secretario general de la FNC, Marcial Gómez, el asentamiento de Arsenio Vázquez es parte de las 270.000 hectáreas que el movimiento campesino ha conseguido recuperar desde 1989. Se pagó un precio: más de 130 líderes campesinos fueron asesinados y miles de agricultores encarcelados.

El enfrentamiento más violento tuvo lugar en 2012 y propició el destitución de un presidente. Fernando Lugo había sido elegido en 2008, líder de la coalición de izquierdas Frente Guasu. Parecía un punto de inflexión para la democracia paraguaya: el primer gobierno no Colorado en 61 años.

El gobierno de Lugo extendió los beneficios sociales y prometió dedicarse a programas de reforma agraria. Fomentaron las negociaciones de la policía con los ocupantes de tierras en vez de recurrir a la violencia.

Mientras, se desencadenaba una disputa sobre una extensión de tierras en la frontera de la región de Curuguaty. Las tierras habían sido donadas al ejército paraguayo en 1967 y fueron designadas para su redistribución en 2004, pero la empresa Campos Morombí, cuyo propietario era el antiguo Presidente Colorado Blas Riquelme, también demandó la propiedad. Un interminable procedimiento legal hizo rugir los motores, con decisiones que rebotaban de acá para allá en los juzgados paraguayos. Granjeros sin terrenos ocupaban repetidamente tierras y Morombí se refugiaba en las autoridades para desalojarlos.

Este ritmo de ocupaciones y desalojos terminó abruptamente el 15 de junio de 2012. 324 policías, junto con una unidad Especial de Operaciones, acorralaron a sesenta ocupantes. Estos se negaron a dar marcha atrás. Se llegó a un punto muerto, con la policía apuntando a los campesinos con armas automáticas. Algunos campesinos apuntaban a la policía con escopetas.

Lo que siguió a continuación es muy polémico. Una vez el polvo se asentó, 11 campesinos y 6 policías resultaron muertos.

La oposición de Lugo actuó inmediatamente. Una semana después de la matanza, el Senado votó para impugnarle. Los países vecinos condenaron el proceso como un golpe constitucional y suspendieron a Paraguay del bloque comercial Mercosur.

En el Palacio de la Justicia de la Asunción, 14 campesinos continúan hoy en día enjuiciados por los eventos de aquel día. Se enfrentan a condenas de hasta 30 años. Nadie ha sido acusado por las muertes de los ocupantes.

Gentes del lugar y grupos de derechos humanos señalan los vacíos que hay en la versión oficial de los eventos. La acusación no ha ofrecido pruebas de la conexión entre las armas que sostenían los campesinos y aquellas que mataron a los policías; de hecho, se han opuesto a las solicitudes de autopsia de la defensa. Un experto forense ha testificado que los primeros disparos que alcanzaron a los policías lo hicieron por la espalda, mientras que ellos miraban de frente a los ocupantes.

Esta laguna deja un amplio espacio para interpretaciones alternativas. Muchos están convencidos de que se trataba de un complot para generar el caso que se necesitaba para la destitución de Lugo.

“Todo estaba preparado”, afirma Santiago Goleame, que presenta un programa matutino en Radio Popular en Curuguaty. “Los matones que contrató Riquelme dispararon a la policía para dar inicio al tiroteo”.

Apunta al ulterior asesinato de Vidal Vega, un líder campesino que iba a ser testigo clave en el juicio: “Vega conocía el lugar, conocía a los matones de Riquelme y sabía lo que estaban haciendo”.

El gobierno tacha estas teorías de conspiración. Para la élite paraguaya, Lugo ha jugado durante mucho tiempo con fuego, fomentando la radicalización del campesinado del país. Como Aldo Zucolillo, propietario del diario más grande de Paraguay, dijo por aquel entonces: “Que los campesinos se armaran con escopetas y empezaran a acribillar a los policías no ocurrió repentinamente”.

Amnistía Internacional ha cuestionado la imparcialidad del juicio y ha demandado una investigación independiente de la masacre. Citan testimonios de detenciones arbitrarias, tortura y ejecuciones extrajudiciales. Pero la única investigación hasta la fecha fue disuelta poco después de la destitución de Lugo.

De regreso al Futuro

Lo que fuera que pasó realmente en Curuguaty tuvo el efecto de reiniciar la política paraguaya. En un año, los Colorados, el partido del General Stroessner, volvieron al poder.

Uno de los primeros actos del gobierno fue la implementación de un estado permanente de emergencia en el norte de Paraguay. La lógica detrás de esto radica en la eliminación de una guerrilla armada, el EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo), que ha matado a 25 personas en la región en los últimos dos años. Las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC) es una unidad especial creada para este trabajo.

Pero los continuos fallos para contener al grupo - que se estima contiene únicamente 50 miembros - ha levantado sospechas sobre sus verdaderas prioridades.

“Se ha convertido en un instrumento del Estado para reprimir cualquier proceso de organización de los campesinos”, dice Benítez de la CODEHUPY. “Ha conllevado tortura, malos tratos y violencia”. Señala que el estado de emergencia se aplica a los tres departamentos - San Pedro, Concepción y Amambay - donde se llevan a cabo las luchas más violentas por la tierra.

El Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura de Paraguay ha expresado su preocupación sobre los abusos registrados en las comunidades del campesinado. Pablo Cáceres, vicario general de la Concepción, condena en sus sermones los “espantosos crímenes cometidos contra campesinos inocentes”.

Para Marcial Gómez, de la FNC, el arrebato de violencia es una respuesta predecible al progreso que se llevó a cabo con su movimiento bajo el régimen de Lugo.

“Están sembrando el terror en nuestras comunidades”, dice. “Cuando Lugo estaba en el poder, se discutía en el parlamento la necesidad de una reforma agraria y también se admitía en el ámbito político general. Ahora, Cartes quiere matar esta discusión”.

En las radios que retransmiten para los asentamientos del campesinado paraguayo, esta discusión permanece tan febril como siempre. Mientras tanto, Cartes ha acaparado secciones de los principales medios paraguayos. En 2015 su grupo empresarial devoró los periódicos nacionales La Nación, Crónica y Popular; el servicio digital de noticias Hoy; y las estaciones de radio Montecarlo FM, 970 FM y Laser Stream. El principal competidor de Cartes en el panorama mediático es Aldo Zuccollini, que rápidamente acusó a Lugo por la masacre de Curuguaty.

Por otra parte, Radio Mandu’arã continúa fuera de antena:

“Para los pobres que viven por aquí, nuestra radio les proporcionaba la única información que tenían”, dice Aveiro, apoyándose en el mural fuera de su estudio vacío. “A los medios comerciales no les interesan los pobres, ni sus problemas o luchas. Y ahora nos han apagado”.

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Una versión más corta de este artículo apareció en inglés en The Guardian.

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Traducción de Victoria Gómez y Carmen Municio, miembros del Programa de Voluntariado de DemocraciaAbierta.