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Es cuestión de valores: las normas de derechos humanos y la tolerancia a la desigualdad

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Mediante el uso de los principios de no discriminación e igualdad de condición, los derechos humanos tienen el potencial para llenar el vacío ético en la economía. Una contribución al debate de openGlobalRights sobre la desigualdad económica y los derechos humanos. EnglishFrançais

Sakiko Fukuda-Parr
22 December 2015

Este debate sobre la desigualdad como una cuestión de derechos humanos se ha centrado hasta ahora en la importancia instrumental de los derechos humanos para la desigualdad y viceversa, y no en el valor intrínseco de la igualdad como una norma de derechos humanos. Mientras que Samuel Moyn sostiene que el régimen y el movimiento de derechos humanos tienen poco que aportar como medios para luchar contra la desigualdad, Philip Alston, Juan Pablo Jiménez, Radhika Balakrishnan y James Heinz argumentan que la desigualdad obstaculiza el ejercicio efectivo de los derechos humanos. Sin embargo, es mediante la articulación de la igualdad como una norma social valiosa (y la desigualdad como una injusticia) que los teóricos y profesionales de derechos humanos pueden aportar una contribución fundamental a estos debates sociales y políticos contemporáneos.

Las actitudes sociales hacia la desigualdad son un factor crucial para la política del cambio. Si la desigualdad no se percibe como un problema, no habrá apoyo para las medidas redistributivas. ¿La desigualdad es algo malo? ¿Cuánta desigualdad es aceptable? Pocos defenderían la noción de una sociedad completamente igualitaria. La desigualdad que resulta de las diferencias de esfuerzos y capacidades es una recompensa justa, y proporciona el incentivo necesario para el trabajo duro. ¿En qué momento cambia la opinión pública y percibe la desigualdad como “excesiva” o “extrema”? Las encuestas muestran grandes variaciones entre los distintos países e individuos respecto a sus actitudes hacia la desigualdad como un problema.

Los estudios sobre la tolerancia a la desigualdad han abordado el tema como inconformidades individuales ante la propia posición relativa de ingresos, dentro del marco de la teoría de la elección racional, y no como una cuestión ética y un interés social. Las teorías económicas principales (p. ej., el teorema del votante mediano o el “efecto de túnel” de Hirschman), desarrolladas a partir del supuesto de los individuos egoístas, proponen que las actitudes hacia la desigualdad y el apoyo a la redistribución dependen de la posición de la persona en la distribución general de ingresos/riqueza, y que la tolerancia depende de si se siente agraviada por dicha posición, ya sea en un momento dado o en términos de su movilidad futura. Por lo tanto, la intolerancia probablemente crecería al aumentar el nivel de desigualdad. Sin embargo, las investigaciones no han generado muchas evidencias empíricas que respalden estas proposiciones.

Las personas rechazan la desigualdad extrema como algo injusto, independien-temente de su propia posición económica e interés particular. Este enfoque no toma en cuenta la preocupación de las personas que perciben la desigualdad como una condición indeseable de la sociedad en la que viven: una preocupación que no nace de tener menos que otros, sino de adherirse a valores igualitarios. Como señala Amartya Sen, las actitudes hacia la desigualdad son parte de los valores éticos de una persona, de sus opiniones sobre lo que es moralmente correcto o incorrecto. Las personas rechazan la desigualdad extrema como algo injusto, independientemente de su propia posición económica e interés particular. Estas opiniones suelen construirse socialmente y estar moldeadas por las normas culturales, las cuales presentan considerables variaciones a través de las sociedades y los periodos históricos. Han surgido algunos estudios empíricos que demuestran que los valores culturales pueden explicar las diferencias respecto a la tolerancia a la desigualdad. Por ejemplo, Marc Suhrcke encontró diferencias importantes entre Europa Oriental y Occidental, atribuibles a las diferencias entre normas históricamente arraigadas sobre la desigualdad. Utilizando datos de 26 países, Malte Lübker considera que la intolerancia a la desigualdad y el apoyo público a la redistribución no están motivadas por el nivel de desigualdad. Sostiene que esto se puede atribuir a las normas de justicia social y concluye que “la teoría tradicional de la elección racional no está equipada para comprender un fenómeno que involucra juicios de valor y consideraciones morales”.

De hecho, los debates públicos actuales atacan la inmoralidad de los niveles de desigualdad que se han alcanzado hoy en día. La indignación se dirige al origen de la desigualdad extrema: las instituciones injustas que crean y recrean la desigualdad de ingresos y riqueza, así como de oportunidades y poder político. Los defensores de la reducción de la desigualdad, desde Joseph Stiglitz hasta Oxfam, no plantean que la desigualdad sea excesiva en un sentido abstracto, sino en contexto, según se relaciona con la captura de los procesos políticos democráticos y la competencia en el mercado.

La oleada de protestas en todo el mundo revela una queja contra la injusticia y los fracasos de la democracia que se manifiestan en la desigualdad extrema. Un estudio sobre las protestas mundiales (843 protestas en 84 países que cubren el 92 % de la población del mundo y en todas las regiones) ocurridas entre enero de 2006 y julio de 2013 concluye que: “la mayoría de las protestas mundiales a favor de la justicia económica y en contra de la austeridad ponen de manifiesto la indignación de las personas ante las grandes desigualdades entre las comunidades ordinarias y los individuos y corporaciones adinerados”. Incluso los ricos y poderosos están preocupados. Con base en una encuesta realizada en 2014 a 1,500 líderes de los negocios, la academia, el gobierno y la sociedad civil a nivel global, el Foro Económico Mundial informó que las crecientes disparidades de ingresos fueron identificadas como la segunda cuestión más apremiante a nivel mundial, después de las tensiones en el Medio Oriente.

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Flickr/Julien Lagarde (Some rights reserved)

Un estudio sobre las protestas mundiales ocurridas entre enero de 2006 y julio de 2013 concluye que: “la mayoría de las protestas mundiales a favor de la justicia económica y en contra de la austeridad ponen de manifiesto la indignación de las personas ante las grandes desigualdades entre las comunidades ordinarias y los individuos y corporaciones adinerados”.


La preocupación actual sobre la desigualdad tiene que ver con la injusticia de la misma, algo que la economía no está en condiciones de articular. Las herramientas del análisis económico ayudan a diseñar políticas eficaces para combatir la desigualdad. También pueden revelar los efectos destructivos de la desigualdad en el crecimiento económico y el desarrollo humano. Pero no dicen nada sobre el valor intrínseco de la igualdad como una norma social, ni sobre la desigualdad como injusticia. Las normas y principios de derechos humanos pueden ayudar a llenar este vacío ético en la economía. Los principios de igualdad de condición y no discriminación afianzan un marco alternativo para analizar la desigualdad, que está basado en el valor intrínseco de la igualdad como norma social y que explora las instituciones injustas como la fuente de la desigualdad.

Irónicamente, eso es lo que motiva este debate de openGlobalRights y la manera en que cada uno de los colaboradores percibe el problema, comenzando con Alston, cuya frase inicial afirma que el nivel actual de desigualdad es “indecente”. Sin embargo, procede a presentar un argumento a favor de la desigualdad como cuestión de derechos humanos con base en una justificación instrumental: que la desigualdad obstruye el ejercicio efectivo de los derechos. No se debe descartar el principio de la igualdad de condición (que todas las personas nacen libres e iguales en términos de dignidad y derechos) como la única referencia que hacen los derechos humanos a la desigualdad. Este principio tiene implicaciones de gran alcance para las políticas sobre una amplia variedad de temas: igualdad de derechos a la educación, a la salud, a la expresión, etc. Es una aportación esencial a estos debates actuales y a las investigaciones sobre la política y la economía de la desigualdad.

Lo que se necesita ahora es una articulación más coherente de las normas de derechos humanos y de la desigualdad como injusticia, la cual hasta el momento está poco desarrollada, si no es que falta del todo. Para reducir la desigualdad y obtener apoyo público para la redistribución, se requieren cambios en los valores sociales. La comunidad de derechos humanos tiene la crucial función de difundir la norma de la igualdad de derechos.

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